STS, 7 de Noviembre de 2008
| Jurisdicción | España |
| Emisor | Tribunal Supremo, sala tercera, (Contencioso Administrativo) |
| Fecha | 07 Noviembre 2008 |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a siete de Noviembre de dos mil ocho.
Visto por la Sección Séptima de la Sala Tercera del Tribunal Supremo el recurso de casación número 1463/2005 interpuesto, por la Tesorería General de la Seguridad Social, contra los Autos de 21 de septiembre de 2004 y 20 de diciembre de 2004, dictados en la pieza separada de extensión de efectos de la Sentencia de fecha 24 de julio de 2003 dictada, por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en el recurso 1451/00, sin que haya comparecido la parte recurrida, pese a estar emplazada en forma.
El Auto de 21 de septiembre de 2004 de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco acordó extender los efectos de la sentencia dictada, el 24 de julio de 2003, en el recurso contencioso- administrativo número 1451/00.
Por Auto de 20 de diciembre de 2004 la misma Sección desestimó el recurso de súplica interpuesto contra el Auto primeramente citado.
El Letrado de la Tesorería General de la Seguridad Social interpuso recurso de casación y la Sala de instancia lo tuvo por preparado, emplazando a las partes, sin que la recurrida se haya personado.
El Letrado de la Tesorería General de la Seguridad Social interpuso recurso de casación por un único motivo: 1) Infracción del artículo 110.1.a) de la Ley de la Jurisdicción, al amparo de los artículos 87.2 y 88.1.d) del mismo cuerpo legal.
Cumplidas las prescripciones legales, se señaló para votación y fallo el día cinco de noviembre de dos mil ocho.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Ramón Trillo Torres, Presidente de la Sala
La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en fecha 24 de julio de 2003, en el recurso contencioso-administrativo número 1451/00, dictó sentencia del siguiente tenor literal:
"Que estimamos el recurso contencioso- administrativo número 1.451 de 2.000 interpuesto en su propio nombre y representación por Dª. María Teresa, frente a la Resolución de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad de fecha 13 de abril de 2.000, por la que se liquida el complemento de productividad del personal que presta servicios en Unidades de Recaudación Ejecutiva (URE), correspondiente al ejercicio de 1.999, que declaramos disconforme a Derecho y anulamos, por proceder la inclusión en el cómputo de la recaudación del total de lo relativo a "aplazamientos", sin el límite de cinco mil millones de pesetas aplicado, y sin hacer imposición de costas."
Doña Gabriela solicitó la extensión de los efectos de dicha sentencia y el Letrado de la Tesorería General de la Seguridad Social se opuso a la misma.
Los Autos de 21 de septiembre de 2004 y 20 de diciembre de 2004 reconocieron la extensión de efectos de la sentencia a favor de doña Gabriela.
El único motivo de casación del Letrado de la Tesorería General de la Seguridad Social se basa en la infracción del artículo 110.1.a) de la L.J.C.A., al amparo de los artículos 87.2 y 88.1.d) del mismo texto legal, señalando que el primero de los requisitos para extender los efectos de la sentencia es la identidad de la situación jurídica entre los interesados y los favorecidos por el fallo de aquélla, supuesto que no concurre en este caso pues la solicitante de la extensión de efectos no impugnó en vía administrativa el acto de asignación de la liquidación de la productividad correspondiente al ejercicio de 1999, que debe considerarse acto firme y consentido.
En el caso examinado, el primer requisito exigido por el artículo 110.1 de la Ley de la Jurisdicción para que pueda acordarse la extensión de los efectos de una sentencia firme es que hubiere reconocido una situación jurídica individualizada en favor de una o varias personas a otras distintas y que consiste en "que los interesados se encuentren en idéntica situación jurídica que los favorecidos por el fallo". El texto de la norma es claro y no necesita interpretarse a la vista del primitivo proyecto.
Las situaciones jurídicas deben ser no iguales o equivalentes sino idénticas y no son idénticas dichas situaciones cuando la favorecida por la sentencia cuyos efectos se pretenden extender, doña María Teresa, interpuso recurso contencioso-administrativo en tiempo contra un determinado acto administrativo (la Resolución de 13 de abril de 2000, por la que se le liquidó el complemento de productividad correspondiente al ejercicio de 1999), mientras que la solicitante de la extensión, la Sra. Gabriela, consintió la mencionada Resolución y, cuando conoce que el recurso promovido por la Sra. María Teresa había prosperado, trata de prescindir de ese consentimiento prestado a la resolución administrativa, al no recurrirla, pretende reabrir el plazo para conseguir los mismos efectos que si la hubiese impugnado en tiempo y acude para ello al artículo 110 de la Ley de la Jurisdicción, obteniendo una Resolución del Director General de la Tesorería General de la Seguridad Social de 10 de febrero de 2004 que subraya: "en el caso que nos ocupa no existe, a juicio de esta Entidad, una perfecta identidad de situaciones jurídicas entre los interesados, ya que la solicitante jamás accionó (ni en vía administrativa ni en vía judicial) contra el acto de asignación de la liquidación de productividad que le fue debidamente notificado y que, por tanto, ha de considerarse firme y consentido. Por contra, la parte actora de dicho recurso impugnó el acto tanto en vía administrativa como judicial."
El artículo 110 de la Ley 29/98 tiene por finalidad evitar la multiplicación de procesos sobre idénticas situaciones jurídicas en materia tributaria y de personal al servicio de la Administración Pública y tiene su aplicación, en cuestiones de personal, cuando un determinado colectivo o grupo de funcionarios se encuentra en idéntica situación respecto a sus retribuciones, encuadramiento en un Grupo de clasificación, niveles que se les asignan, complementos a los que se creen con derecho, igualdad que reclaman respecto a otro grupo o colectivo de funcionarios por la igualdad de sus servicios, u otros supuestos semejantes que pueden presentarse en el desarrollo de la relación estatutaria, pero sin que haya existido previamente un acto administrativo que les haya exigido una conducta determinada que ha realizado sin interponer recurso contra el acto en cuestión, consistiéndolo y determinando su firmeza.
Es principio fundamental que preside el recurso contencioso-administrativo, nacido de una exigencia ineludible de seguridad jurídica, la imposibilidad de recurrir contra actos consentidos por no haber sido impugnados en tiempo y forma y nada autoriza a entender que este principio básico del orden jurisdiccional contencioso-administrativo haya quedado sin efecto en el supuesto del artículo 110 de la citada Ley Jurisdiccional. El mencionado precepto tiene un amplio campo de aplicación para conseguir la extensión de los efectos de una sentencia a funcionarios del mismo colectivo o grupo cuando no han consentido un acto expreso que les exige una determinada conducta y se trata de restablecer situaciones idénticas, evitando procesos innecesarios.
En suma, el artículo 110 de la Ley 29/ 98, en su redacción originaria -que es, según el criterio sostenido por la Sala de Instancia y que este Tribunal comparte, la aplicable al presente supuesto atendida la fecha (anterior a la entrada en vigor de la modificación operada en el artículo 110 de la L.J.C.A. por la L.O. 19/2003 ), en que la Sra. Gabriela dedujo la solicitud de extensión de efectos a la Administración competente, trámite administrativo de carácter preceptivo, en aquel momento, para el inicio del procedimiento jurisdiccional de extensión de efectos- no permite considerar que se encuentran en idéntica situación jurídica los funcionarios que han recurrido en tiempo un acto administrativo expreso que les exigía determinada conducta y aquellos otros que lo han consentido, al no impugnarlo en tiempo, por lo que existe infracción del artículo 110 de la Ley de la Jurisdicción y el motivo debe ser estimado.
Los razonamientos expuestos conducen a declarar haber lugar al recurso de casación, sin costas.
Por todo lo expuesto, en nombre de su Majestad el Rey y por la autoridad que nos confiere la Constitución,
En el recurso de casación número 1463/2005 interpuesto, por la Tesorería General de la Seguridad Social, contra los Autos de 21 de septiembre de 2004 y 20 de diciembre de 2004, dictados en la pieza separada de extensión de efectos del recurso 1451/2000, seguido ante la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, procede efectuar los siguientes pronunciamientos:
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Casar, anular y dejar sin efecto los Autos recurridos, que reconocieron la extensión de efectos de la sentencia de 24 de julio de 2003, dictada en el recurso contencioso-administrativo número 1451/2000.
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Desestimar la reclamación formulada por Doña Gabriela ante la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.
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Sin costas.
Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la Colección Legislativa,, lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACION.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Magistrado Ponente, el Excmo. Sr. D. Ramón Trillo Torres, en audiencia pública, celebrada en el mismo día de su fecha, lo que Certifico. Rubricado.
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