Sentencia del Tribunal Supremo (Pleno) de 4 de Octubre de 2018, Rec. 3882/2016
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La cuestión que se plantea en el recurso consiste en determinar si el orden social es competente para enjuiciar la pretensión de abono de una mejora voluntaria de la
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acción protectora del Régimen General de la Seguridad Social pactada en un acuerdo regulador de las condiciones de trabajo del personal funcionario laboral de un Ayuntamiento, formulando la reclamación un agente del cuerpo de policía local incluido en el Régimen General. La sentencia del Juzgado de lo Social rechaza la excepción de incompetencia de jurisdicción invocada por el Ayuntamiento y con estimación de la demanda condena a la Administración a abonar al actor la cantidad reclamada en concepto de mejora para los supuestos de incapacidad permanente, total hasta alcanzar la edad de jubilación forzosa. Recurrida dicha sentencia por el Ayuntamiento la Sala de lo Social declara la incompetencia de este orden jurisdiccional para conocer del fondo del asunto, previniendo al actor que pueda hacer uso de su derecho ante los órganos de la jurisdicción contencioso administrativa.
Formalizado recurso de casación unificadora la Sala lo estima, declarando la competencia de la jurisdicción social para conocer de la reclamación formulada, con devolución de las actuaciones a la Sala de suplicación para que dicte nueva sentencia en la que, partiendo de la competencia del orden social, resuelva los restantes motivos del recurso.
Recuerda el TS su doctrina anterior, en aplicación de la ya derogada Ley de Procedimiento Laboral, en la que se había declarado la incompetencia de la jurisdicción social para conocer de reclamaciones sobre mejoras de Seguridad Social con cargo a la Administración, que afectaban a quienes no eran empleados de la misma, sino beneficiarios con derecho a tales mejoras cuyo pagador era una Administración pública, siendo ejemplo de tal jurisprudencia la SSTS de 10 de julio de 2006, rec. 2235/2005 y 27 de enero de 2005, rec. 3184/2004, en las que se resuelve la pretensión de trabajadores tripulantes de barcos de pesca que reclaman el pago de indemnizaciones por accidentes de trabajo, en base al contenido de una póliza de seguros suscrita por la Administración, sin que ninguno de los beneficiarios de tales mejoras tuvieran la condición de personal al servicio de la Administración; de forma que estos supuestos presentaban la particularidad de que la mejora de Seguridad Social reclamada no emanaba de un pacto o acuerdo colectivo suscrito entre empresa y...
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