Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Valladolid), de 27 de octubre de 2022 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente: María encarnación Lucas Lucas)
| Fecha | 01 Febrero 2023 |
| Autor |
Recopilación mensual – n. 131, febrero 2023
108
Publicado en Actualidad Jurídica Ambiental el 14 de febrero de 2023
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Valladolid), de 27 de
octubre de 2022 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente: María
encarnación Lucas Lucas)
Autora:Dra. Eva Blasco Hedo, Responsable del Área de Investigación y Formación del
Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: STSJ CL 4129/2022 - ECLI:ES: TSJCL: 2022:4129
Palabras clave:Avifauna. Zonas de protección. Tendidos eléctricos. Disposición
reglamentaria. Acto administrativo. Procedimiento administrativo.
Resumen:
En este caso concreto, la mercantil “I-DE REDES ELECTRICAS INTELIGENTES,
S.A.U” interpone recurso contencioso-administrativo frente a la Orden de la Consejería de
Fomento y Medio Ambiente FYM/79/2020, de 14 de enero, por la que se delimitan las zonas
de protección para avifauna en las que serán de aplicación las medidas para su salvaguarda
contra la colisión y la electrocución en las líneas eléctricas aéreas de alta tensión (BOCyL de
fecha 13 de febrero de 2020).
Son codemandadas la Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, la
mercantil Unión Fenosa Distribución, la Sociedad Española de Ornitología y la Federación
Ecologistas en Acción Castilla y León.
A través de la Orden impugnada, la Administración autonómica delimita como zona de
protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta
tensión todo el territorio de la Comunidad de Castilla y León, en cumplimiento de lo previsto
en el Real Decreto 1432/2008, de 29 agosto, por el que se establecen medidas para la
protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta
tensión.
La parte recurrente pretende que se declare la nulidad de la resolución recurrida y que se
reconozca su derecho a ser indemnizada en los daños sufridos derivados de la aplicación de
la Orden impugnada.
En primer lugar, sostiene que la Orden es nula por haber sido dictada en un procedimiento
administrativo caducado al haber transcurrido más de tres meses desde su incoación
excediendo el plazo previsto en el art. 25.1 b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas, respecto a la
tramitación de los procedimientos iniciados de oficio por la Administración susceptibles de
producir efectos desfavorables o de gravamen como es el que nos ocupa.
Subsidiariamente, y para el supuesto de no estimar aplicable el plazo de caducidad por
considerar que lo impugnado es una disposición de carácter general y no un acto
administrativo, nulidad de la Orden por haber sido dictada sin haberse seguido ninguno de
los trámites propios del procedimiento reglamentario.
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