Residuos: aceleración de cambios y de progreso, mantenimiento de las controversias
| Autor | Julia Ortega Bernardo |
| Páginas | 895-923 |
OBSERVATORIO DE POLÍTICAS AMBIENTALES 2022
JULIA ORTEGA BERNARDO, “Residuos…”
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XXXV
Residuos: aceleración de cambios y de progreso,
mantenimiento de las controversias
Julia Ortega Bernardo
SUMARIO: 1. NOVEDADES NORMATIVAS Y DE PRÁCTICA
ADMINISTRATIVA. 1.1. Nivel europeo. 1.2. Nivel estatal. 1.3. Nivel
autonómico. 2. NOVEDADES JURISPRUDENCIALES. 2.1. Nivel
europeo. 2.2. Nivel estatal. 2.2.1 Cuestiones competenciales. Competencia
autonómica y no estatal para acreditar las entidades colaboradoras
encargadas de la inspección y vigilancia de vertederos. 2.2.2 Cuestiones
sustantivas: alcance del concepto de traslado de residuos. 2.3. Nivel
autonómico .2.3.1. Cuestiones competenciales. A) Competencias estatales
en relación con los objetivos de responsabilidad ampliada del productor.
B) competencia para excluir el requisito de autorización previa en ciertas
operaciones de tratamiento de residuos. 2.3.2. Cuestiones relativas a la
condición de residuo. 2.3.3. Cuestiones relativas al planeamiento de
residuos. 2.3.4 sobre los traslados de residuos entre comunidades
autónomas. 2.3.5. Cuestiones relativas a las instalaciones de residuos. A)
Sobre la influencia de las decisiones de ubicación de las infraestructuras
de residuos en el marco de la contratación pública. B) Sobre los controles
para instalación de un vertedero. C) sobre los controles en la explotación
de un vertedero. D) Sobre el sellado de un vertedero. 2.3.6. Cuestiones
relativas a los sistemas integrados de gestión. A) No cabe modificación de
las condiciones de la autorización a un sistema integrado de gestión sin
audiencia. b) Corresponde a la concesionaria los beneficios que se
obtienen con la valorización de los residuos objeto del contrato de gestión
de servicios de recogida y tratamiento. c) No cabe obligar a un sistema
integrado de gestión a financiar campañas de sensibilización sobre gestión
de residuos. 2.3.7. Imposición de sanciones. A) sanciones por el desarrollo
de actividades sin la autorización correspondiente o por incumplimiento
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de la misma. A) Sanciones impuestas por la CNMC. 2.3.8 Otras medidas
no sancionadoras. 2.4. Nivel local. 2.4.1. Competencias municipales. A)
Subrogación provincial de servicios municipales. B) Sobre la atribución
de competencias a los municipios en el ámbito de las instalaciones de
compostaje. c) Problemas derivados del sistema colectivo de gestión de
residuos domésticos promovido en Galicia con la entidad SOGAMA.
2.4.2. Vulneración de derechos fundamentales por un ayuntamiento al no
proporcionar información a concejal sobre servicio de limpieza municipal.
2.4.3. Residuos y ordenanzas locales. A) Obligación dispuesta por
ordenanza de adhesión de la gestión de residuos no domésticos al servicio
público local. B) Invalidez de la asignación por ordenanza de la potestad
de inspección a personal no funcionario. C) Nulidad de ordenanzas fiscales
que regulan la tasa por recogida de residuos domésticos por insuficiencias
de la memoria económica.
RESUMEN: En este ámbito de la protección ambiental se advierte un reforzamiento de
los objetivos de reducción de la producción de residuos y de reciclado.
Como se sabe, estos objetivos son inherentes a los fines de la economía
circular derivados del paquete de medidas de la Unión Europea. Este nuevo
impulso del sector tiene claras consecuencias; una de ellas es que el marco
regulatorio europeo ha sufrido reformas de gran trascendencia en los
últimos años. Una parte de ellas aún está pendiente de transposición en el
ordenamiento interno español. En relación con la práctica en materia de
gestión de residuos un reciente informe de la Comisión Nacional de la
Competencia avisa de un claro déficit a la hora de permitir que las
autorizaciones autonómicas de los Sistemas integrados de Gestión
desplieguen eficacia en todo el territorio nacional. Este problema está
causado por la falta de desarrollo reglamentario estatal de la ley de residuos
con respecto a cierto tipo de desechos. Por otro lado, hay una proliferación
de nuevos planes autonómicos de residuos y a la revisión de los ya
existentes. Esto último es consecuencia de los requerimientos procedentes
de la Comisión europea, que han llegado incluso a ser objeto de recursos
en sede jurisdiccional. Asimismo, en relación con la práctica en materia de
gestión de residuos, las controversias no solo no se han rebajado en los
últimos años, sino que se han incrementado. Al margen de conflictos
sociales, los numerosos litigios en este ámbito pueden deberse al amplio y
complejo conjunto de instrumentos jurídicos propios de este sector. Se
cuenta en este ámbito con instrumentos en el plano normativo, con
instrumentos de planeamiento y otros de mera ejecución administrativa.
Esta conflictividad lleva a plantearse si resulta suficientemente bien
conocido este instrumental jurídico. También cabe preguntarse si los
problemas surgen por una cuestión de diseño, de si está bien definido el
engranaje de este sector en el sistema de fuentes, o su articulación con el
esquema administrativo de distribución de competencias, así como su
compenetración con otros niveles de regulación urbanística y
medioambiental.
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