STSJ Murcia 512/2005, 27 de Junio de 2005
| Ponente | ABEL ANGEL SAEZ DOMENECH |
| ECLI | ES:TSJMU:2005:2861 |
| Número de Recurso | 1490/2002 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Número de Resolución | 512/2005 |
| Fecha de Resolución | 27 de Junio de 2005 |
| Emisor | Sala de lo Contencioso |
SENTENCIA nº 512/05
En Murcia a veintisiete de junio de dos mil cinco.
En el recurso contencioso administrativo nº 1490/02, tramitado por las normas ordinarias, en cuantía de 12.001.535 ptas., y referido a: liquidación de Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y resoluciones sancionadoras.
Parte demandante:
D. Alvaro y Dª. Frida , representados por el Procurador D. Fernando García Morcillo y dirigido por el Abogado D. Inmaculada Font Salinas.
Parte demandada:
La Administración Civil del Estado representada y defendida por el Sr. Abogado del Estado.Acto administrativo impugnado:
Resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de Murcia de 30 de enero de 2002, que estima en parte la reclamación económico administrativa nº. NUM000 interpuesta contra el acuerdo del Inspector Jefe de la Dependencia de Inspección de la AEAT, Delegación de Murcia que aprueba la liquidación contenida en el acta de disconformidad NUM001 , relativa al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del ejercicio 1991, que determina una disminución de la base imponible de 42.489 ptas. declarada en concepto de rendimientos de inmuebles no arrendados y una serie de incrementos patrimoniales en concepto de capital inmobiliario (146.258 ptas.), capital mobiliario (770.000 ptas.), actividad profesional (9.144.966 ptas.). Asimismo se modifican las reducciones en la base imponible excluyendo
1.080.000 ptas. de pensiones compensatorias/anualidades y 406.788 ptas. en concepto de aportaciones a planes de pensiones, resultando una base liquidable regular comprobada de 21.496.129 ptas., determinando una cuota de 7.024.018 ptas. e intereses por 4.680.580 ptas. (deuda tributaria: 12.001.535 ptas.) y contra los acuerdos del mismo órgano que resuelven sendos expedientes sancionadores incoados en relación con el acta referida a cada uno de los reclamantes, tramitados bajo los números A51-71152664 y A51-71152673, que acuerdan la imposición de sanciones por importe de 29.080, 93 euros (4.838.659 ptas.) al Sr. Alvaro y 503,26 euros (83.736 ptas.) a su cónyuge; ordenando la retroacción de actuaciones al momento inmediatamente anterior a la firma de las actas, a fin de que en su caso se subsane la falta de competencia jerárquica advertida.
Pretensión deducida en la demanda:
Que en su día se dicte sentencia por la que estimando el presente recurso contencioso administrativo se declare nula y no conforme a derecho la resolución del TEARM en la reclamación NUM000 .
Siendo Ponente el Magistrado Ilmo. Sr. D. Abel Ángel Sáez Doménech , quien expresa el parecer de la Sala.
El escrito de interposición del recurso contencioso administrativo se presentó el día 3-9-02, y admitido a trámite, y previa reclamación y recepción del expediente, la parte demandante formalizó su demanda deduciendo la pretensión a que antes se ha hecho referencia.
La parte demandada se ha opuesto pidiendo la desestimación de la demanda, por ser ajustada al Ordenamiento Jurídico la resolución recurrida.
Ha habido recibimiento del proceso a prueba, con el resultado que consta en las actuaciones y cuya valoración se hará en los fundamentos de Derecho de esta sentencia.
Después de evacuarse el trámite de conclusiones se señaló para la votación y fallo el día 17-6-05.
Las cuestión litigiosa planteada en el presente recurso consiste en determinar si la resolución del TEARM impugnada es conforme a derecho en cuanto estimando en parte la reclamación económico administrativa formulada repone las actuaciones al momento inmediatamente anterior a la firma del acta levantada por la Dependencia de Inspección de la AEAT, Delegación de Murcia, relativas al IRPF de 1991, y expedientes sancionadores iniciados contra cada uno de los actores, derivados del acta referida, por haber dejado de ingresar parte de la deuda tributaria en el plazo reglamentariamente establecido (art. 79 a) LGT ), a las que se ha hecho referencia en el encabezamiento de la presente resolución, para que se subsane la falta de competencia jerárquica advertida.
La parte actora plantea tres cuestiones a resolver en el presente recurso:
1) Si la incompetencia del Subinspector actuante conlleva la de todas las actuaciones practicadas por suponer una causa de nulidad de pleno derecho, en la medida de que las disposiciones aplicables señalan un límite a tal intervención consistente en que el volumen anual de las operaciones inspeccionadas al actor en su calidad de profesional (arquitecto), no rebase la cifra de 30.000.000 ptas.
2) Si deben considerarse caducados los procedimientos de inspección y sancionadores que dieronlugar a los actos impugnados.
3) Y por último si es procedente girar intereses de demora teniendo en cuenta la tardanza de la Administración en resolver dichos procedimientos.
La Sala se ha pronunciados sobre las cuestiones planteadas en sus sentencias 686 y 687/04, de 19 de noviembre . Decía la Sala en dichas sentencias que el TEARM había resuelto de forma adecuada en la resolución impugnada la cuestión relativa a la incompetencia del Subinspector actuante para firmar las actas teniendo en cuenta que el volumen de las operaciones comprobadas era superior a
30.000.000 ptas., al haberlo hecho sin intervención del Jefe de Unidad, tal y como exige el número 10 de la resolución de 24 de marzo de 1992, en relación con el art. 63 RGI, así como cuando entiende que el resto de las actuaciones inspectoras comprendidas en los capítulos V y VI del título I de dicho Reglamento son válidas, al haberse constatado que la actuación del Subinspector fue llevada a cabo con carácter subsidiario a las disposiciones y ordenes de la actuaria Inspectora de Hacienda Dª. Gabriela (como resulta de la comunicación de inicio de actuaciones de comprobación e investigación de 3-6- 97 suscrita por la misma, en la que aparece como Jefa de la Unidad nº. 6 y se identifica como Subinspector actuante a D. Humberto ), y ello aún cuando las diligencias de constancia de hechos y propuestas de resolución dictadas en los procedimientos sancionadores aparezcan firmadas solamente por dicho Subinspector.
El defecto formal de falta de competencia jerárquica apreciado en la resolución del TEARM (no es cierto que no se haya observado el procedimiento legalmente establecido) no determina la nulidad absoluta de todas las actuaciones inspectoras como afirma la actora con base en los arts. 53 y 62 de la Ley 30/92 (aplicables con carácter supletorio), ya que por su propia naturaleza dicho defecto de forma es subsanable, bastando con reponer las actuaciones al momento en que se cometió la falta para que sea subsanado. Hay que tener en cuenta que el TEARM al apreciar dicho defecto anula las resoluciones que ponen término al expediente de inspección y a los procedimientos sancionadores, que por cierto fueron dictadas por el Inspector Jefe Adjunto competente y solamente entiende que las actuaciones restantes anteriores a las actas, incluidas en los capítulos V y VI del título I del RGI, son válidas al haber sido bajo la dirección de la Jefe de Unidad antes referida. No puede decirse por tanto que se ha prescindido del procedimiento legalmente establecido o que dichas actuaciones estén viciadas por una causa de nulidad absoluta o de pleno derecho como alega la actora con base en lo dispuesto en los preceptos antes citados. En consecuencia basta con que las actuaciones referidas (que no ponían fin al a los procedimientos de inspección y...
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