SAN, 30 de Mayo de 2007
| Ponente | JESUS NICOLAS GARCIA PAREDES |
| Emisor | Audiencia Nacional. Sala Contencioso Administrativo, Sección 2ª |
| ECLI | ES:AN:2007:2554 |
| Número de Recurso | 302/2004 |
SENTENCIA
Madrid, a treinta de mayo de dos mil siete.
Vistos los autos del recurso contencioso-administrativo 302/04 que ante esta Sección Segunda de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, ha promovido el Procurador Dª
MARINA QUINTERO SANCHEZ, en nombre y representación de VALENCIA CLUB DE FUTBOL,
S.A.D., frente a la Administración del Estado, representada por el Sr. Abogado del Estado, contra
el acuerdo del Tribunal Económico Administrativo Central, de fecha 13/02/04 sobre IMPUESTO
SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS (que después se describirá en el primer
Fundamento de Derecho), siendo Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. D. Jesús Nicolás García
Paredes.
Por el recurrente expresado se interpuso recurso contencioso-administrativo mediante escrito presentado en fecha 05/04/04 contra la resolución antes mencionada, acordándose su admisión a trámite por Providencia de fecha 14/04/04 con reclamación del expediente administrativo.
En el momento procesal oportuno la parte actora formalizó demanda mediante escrito presentado en fecha de 01/12/04, en el cuál, trás alegar los hechos y los fundamentos de derecho que estimó oportunos, terminó suplicando la estimación del recurso, con la consiguiente anulación de los actos recurridos.
El Sr. Abogado del Estado contestó a la demanda mediante escrito presentado en fecha 07/02/05 en el cual, trás alegar los hechos y los fundamentos jurídicos que estimó aplicables, terminó suplicando la desestimación del presente recurso, y confirmación del acto impugnado.
Solicitado el recibimiento del procedimiento a prueba con el resultado obrante en autos, se dió traslado a las partes para conclusiones.
Por providencia de esta Sala de fecha 03/05/07 se señaló para votación y fallo de este recurso el día 24/05/07 que se deliberó y votó, habiéndose observado en la tramitación las prescripciones legales.
Se impugna en el presente recurso contencioso administrativo la resolución del Tribunal Económico Administrativo Central de 13.2.2004, desestimatoria de la reclamación formulada contra el acuerdo de liquidación dictado por el Inspector Jefe Adjunto-Jefe de la Oficina Técnica de la Oficina Nacional de Inspección de fecha 11 de octubre de 2002, relativo a liquidación por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas, obligación real, expediente nº 46/3-02- 14/02, correspondiente al ejercicio 1997, por importe de 118.083,84 euros (19.647.498 pts), según Acta de disconformidad de fecha 26 de junio de 2002, en la que se regularizaba el concepto de los pagos efectuados por el Club recurrente por adquisición de los derechos federativos atribuibles al jugador D. Narciso, y que según la Inspección constituyen rentas obtenidas en España y sometidas a la obligación real de contribuir en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
La actora funda su pretensión impugnatoria en el presente recurso contencioso administrativo en las siguientes cuestiones: 1º) Vulneración del derecho constitucional de igualdad y de unidad del mercado. 2º ) Exceso de duración de las actuaciones inspectoras, con infracción del art. 29 de la Ley 1/98, de Derechos y Garantías de los Contribuyentes. Y 3 ) Improcedente calificación de los derechos federativos.
El Abogado del Estado apoya los argumentos de la resolución impugnada.
Aduce, en primer término la actora la vulneración del principio de igualdad y de unidad de mercado reconocida en el art. 193.2 CE, argumentando que la AEAT procedió mediante una operación a gran escala a desarrollar actuaciones de comprobación respecto de todos los clubes integrantes de la Primera División del Campeonato Nacional de Liga, a excepción de los domiciliados en el Pais Vasco, al objeto de regularizar su situación tributaria por lo que al tratamiento de los pagos realizados por los inspeccionados por la cesión de los derechos de imagen obtenidos de sociedades, que entiende como rendimientos del trabajo personal de los deportistas cuya imagen explotan las sociedades, obligando a los clubes inspeccionados a ingresar la retención a cuenta del IRPF.
Añade, que dichas actuaciones no se han realizado respecto del clubes domiciliados en territorio foral vasco que, además, pese a aplicar la misma normativa tributaria, disfrutan de un régimen tributario distinto debido a que la Administración Tributaria Foral entiende que tales rendimientos constituyen renta empresarial de las sociedades explotadoras, que tributarán por el régimen pertinente del Impuesto de Sociedades, y no sujetas, en consecuencia, a ninguna retención a cuenta del IRPF.
Hemos de comenzar señalando que conforme al art. 41 de la Ley Orgánica 3/1979, del Estatuto de Autonomía del Pais Vasco, la exacción, gestión recaudación y liquidación de todos los Impuestos es una competencia de las respectivas Diputaciones Forales de cada Territorio Histórico y asi lo recoge tambien el art. 2.2 del Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del Pais Vasco, aprobado por la ley 12/1981 de 13 de mayo, que añade en su art. 22 que las competencias gestoras e inspectoras corresponden a la Diputación Foral competente por razón del territorio.
Sin perjuicio de la exclusividad de las instituciones del Pais Vasco para la gestión y liquidación de toda clase de impuestos, tambien el Concierto Económico anteriormente citado hace referencia a los principios de coordinación, armonización fiscal y colaboración con el Estado, lo cual es una consecuencia directa del contenido del art. 156.1 de la CE, si bien con el límite de la autonomia financiera de las Comunidades Autónomas que se recoge en el art. 157.2, según el cual " Las Comunidades Autónomas no podrán en ningún caso adoptar mediadas tributarias sobre bienes situados fuera de su territorio o que supongan obstáculos para la libre circulación de mercancías o servicios".
Dicha autonomía financiera ha sido reconocida por el Tribunal Supremo que en sentencia de 19 de julio de 1991 indica que la potestad tributaria de las Diputaciones Forales implica la posibilidad de diferenciación respecto a la normativa de territorio común.
Así se ha pronunciado tambien esta Sala, que en una serie de recursos interpuestos por supuesta vulneración del derecho fundamental de igualdad, ya declaraba en sentencia de 18 de enero de 2007 (recurso 5/2006 ).
"Finalmente, por lo que se refiere al diferente trato de las rentas percibidas por los trabajadores residentes en el País Vasco, el Concierto Económico con dicha Comunidad, aprobado por Ley 12/1981, de 13 de mayo, permite la regulación autónoma de los tributos cedidos, exigiendo tan sólo mantener una presión fiscal global equivalente a la que exista en territorio común. Por tanto, cada concepto impositivo puede tener una distinta regulación en los dos territorios, foral y común, y precisamente este régimen diferenciado derivado del Concierto impide apreciar la identidad de situaciones exigible para la aplicación del artículo 14 CE ".
Aplicando estos mismos criterios, se ha de declarar, en consecuencia, que no existe en el presente caso la denunciada vulneración de los preceptos constitucionales invocados, no siendo necesario, de la misma manera, el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad en relación con las normas fiscales aplicadas por infracción de aquél precepto.".
El criterio expuesto es de aplicación al presente supuesto, en que nos encontramos con Administraciones Tributarias de distintas Comunidades Autónomas que en virtud de su autonomía tributaria han adoptado determinadas resoluciones administrativas que ponen de manifiesto una divergencia en el tratamiento de un mismo concepto impositivo entre la normativa de derecho común y foral, pero que como tales decisiones administrativas no vinculan a esta Sala, sin perjuicio de que en su momento el Tribunal Supremo pudiera pronunciarse al respecto.
En definitiva, entiende la Sala que no existe una vulneración del principio de igualdad en el sentido propugnado por el Tribunal Constitucional.
El segundo de los motivos es el exceso de duración de las actuaciones inspectoras, con infracción del art. 29 de la Ley 1/98, de Derechos y Garantías de los Contribuyentes, al no concluir en el plazo de 12 meses.
.Esa nulidad deriva, a juicio de la actora, de su falta de motivación, requisito éste exigible tanto respecto de la propuesta de ampliación como del acuerdo en que se dispone la misma, dado que la prórroga del plazo previsto en el artículo 29 de la Ley 1/1998, no es automática, sino que su aplicación es una excepción a la regla general. También se viene a censurar la existencia misma del precepto reglamentario que autoriza la prórroga, al que desacertadamente se denomina "autoconcesión", afirmación que tal vez habría sido omitida en la demanda ante la simple lectura del artículo 29 de la Ley 1/1998, de 26 de febrero, de Derechos y Garantías de los Contribuyentes, que permite con toda claridad la posibilidad de prórroga del plazo máximo, habilitando por tanto al órgano de decisión para acordarla, a la vez que autoriza, en su apartado segundo, la exclusión en el cómputo del plazo máximo de sustanciación del procedimiento inspector de determinados lapsos temporales en que se hubieran producido dilaciones o periodos de interrupción justificada, en estos términos "2. A los efectos del plazo previsto en el apartado anterior, no se computarán las dilaciones imputables al contribuyente, ni los períodos de interrupción justificada que se especifiquen reglamentariamente".
No cabe hablar de "autoconcesión" cuando la posibilidad de prórroga no surge de la mera voluntad del órgano administrativo ni de una norma interna que contenga la habilitación de potestad, sino de la propia Ley...
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