STS, 7 de Julio de 2005
| Ponente | ENRIQUE CANCER LALANNE |
| ECLI | ES:TS:2005:4565 |
| Número de Recurso | 77/2002 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 7 de Julio de 2005 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
MARIANO DE ORO-PULIDO LOPEZPEDRO JOSE YAGÜE GILJESUS ERNESTO PECES MORATESEGUNDO MENENDEZ PEREZRAFAEL FERNANDEZ VALVERDEENRIQUE CANCER LALANNE
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a siete de Julio de dos mil cinco.
Visto por la Sala Tercera (Sección Quinta) del Tribunal Supremo, constituida por los Magistrados Excmos. Sres. anotados al margen, el presente recurso de casación, que, con el nº 77/2002, pende ante ella de resolución, interpuesto por el Procurador D. MANUEL JOAQUÍN BERMEJO, en nombre y representación de Dª. Carmela, contra la sentencia pronunciada, con fecha 26 de septiembre de 2001, por la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el recurso contencioso-administrativo nº 852 de 2000, sobre inadmisión a trámite de la solicitud para la concesión del derecho de asilo en España. En este recurso de casación ha comparecido, en calidad de recurrido, el Abogado del Estado, en la representación que le es propia.
La Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional dictó, con fecha 26 de septiembre de 2001, sentencia en el recurso contencioso-administrativo seguido ante dicha Sección con el nº 852 de 2000, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: «FALLAMOS: PRIMERO.- DESESTIMAR el recurso contencioso administrativo interpuesto por el Procurador D. MANUEL BERMEJO GONZÁLEZ, en nombre y representación de Dª Carmela, contra Resolución del Ministerio del Interior de 1 de Junio de 2000, por ser la misma ajustada a derecho. SEGUNDO.- No haber lugar a la imposición de una especial condena en costas.»
Notificada la referida sentencia a las partes, la representación procesal del demandante presentó ante la Sala de instancia escrito solicitando que se tuviese por preparado contra ella recurso de casación, a lo que aquélla accedió por providencia de 10 de diciembre de 2001, en la que se ordenó emplazar a las partes para que, en el término de treinta días, pudiesen comparecer ante este Tribunal de Casación.
Dentro del plazo al efecto concedido comparecieron ante esta Sala del Tribunal Supremo, como recurrido, el Abogado del Estado, en la representación que le es propia, y, como recurrente, Dª. Carmela al mismo tiempo que presentó escrito de interposición de recurso de casación; terminando con la súplica de que se anule la sentencia recurrida y se dicte otra reconociendo a la recurrente su derecho a que se admita a trámite su solicitud y posteriormente se le reconozca la condición de refugiado y el derecho de asilo, imponiendo las costas a la Administración.
Admitido a trámite el recurso de casación interpuesto, se dio traslado por copia al Abogado del Estado para que, en el plazo de treinta días, formalizase por escrito su oposición, lo que llevó a cabo con fecha 6 de mayo de 2004, terminando con la súplica de que se declare no haber lugar a éste y que se impongan las costas al recurrente.
Formalizada la oposición al recurso de casación, quedaron las actuaciones pendientes de señalamiento cuando por turno correspondiese, a cuyo fin se fijó para votación y fallo el día 5 de Julio de 2005, en que tuvo lugar con observancia en su tramitación de las reglas establecidas por la Ley.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Enrique Cancer Lalanne, Magistrado de Sala
Se impugna en este recurso de casación nº 77/02 la sentencia que la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional (Sección 8ª) dictó en fecha 26 de septiembre de 2001 y en su recurso contencioso administrativo nº 852/00, por medio de la cual se desestimó el formulado por Dª. Carmela, nacional de Cuba, contra la resolución del Ministerio del Interior de 31 de mayo de 2000 (confirmada en reexamen por ulterior resolución de 1 de junio de 2000), que inadmitió a trámite su solicitud de asilo en España.
La inadmisión a trámite de la solicitud de asilo presentada por la ahora recurrente en casación se basó en la circunstancia contemplada en la letra b) del art. 5.6. ley 5/84, "por cuanto la solicitante no alega en su petición ninguna de las causas previstas en la Convención de Ginebra sobre el Estatuto del Refugiado de 1951 o en la ley 5/84.... como determinantes para el reconocimiento de la protección solicitada, no estando los motivos invocados incluidos dentro de las causas de reconocimiento del derecho de asilo y el Estatuto del Refugiado señaladas en los mencionados textos legales".
A su vez, la sentencia de instancia basa su pronunciamiento desestimatorio en la siguiente fundamentación jurídica:
" La actora alega que ha sido arrestada por motivos políticos por participar hace tres años en una manifestación. Que tiene miedo de volver pues tendría problemas, quedándose sin empleo, por estar marcada para siempre. Añade que pertenece a la Iglesia Evangélica y que en Cuba no se puede vivir, porque el régimen cubano no respeta los derechos humanos. ....
En el caso de autos, ninguna prueba hay que acredite, ni aún con el carácter meramente indiciario exigido por la jurisprudencia del Tribunal Supremo en materia de derecho de asilo, una concreta persecución sufrida por la Sra. Carmela, única que justificaría la concesión del asilo, pues las situaciones genéricamente consideradas que puedan darse en Cuba, y la naturaleza del régimen castrista, objeto siempre de controversia para los analistas políticos no permiten deducir, ni aún en la forma indiciaria expresada, esa necesaria persecución individualizada. Por tal razón deviene ajustada a derecho la Resolución impugnada amparada en el apartado b) anteriormente mencionado, debiendo señalarse a mayor abundamiento que la reforma introducida por la Ley 9/94 impide que "razones humanitarias" que son las que en esencia aduce la actora, al hablar de las mejores posibilidades laborales existentes en España, puedan justificar la concesión del derecho de asilo, sin perjuicio del tratamiento que las mismas puedan tener en el marco genérico de la legislación de Extranjería, según estable el Art. 17.2 de la Ley de reguladora del Asilo, y donde deberían tenerse en cuenta las especiales circunstancias de arraigo de la Sra. Carmela en Montemolin (Badajoz)"
El recurso de casación promovido contra esta sentencia se basa en dos motivos, el primero al amparo del apartado c) del artículo 88.1 de la Ley de esta Jurisdicción, y el segundo al del apartado d) del mismo precepto.
Alega, como primer motivo de casación, la representación procesal de la recurrente la conculcación del artículo 359 de la Ley de Enjuiciamiento civil, aplicable supletoriamente en el proceso contencioso-administrativo. Sostiene la recurrente que tal vulneración se produce por no ser la sentencia recurrida clara y precisa, ya que esgrime unos argumentos muy genéricos, no hace referencia alguna en los "antecedentes de hecho" a los hechos objeto de debate, y tampoco su fundamentación jurídica aclara nada. Seguidamente, reproduce de forma prácticamente literal, su demanda, y termina apuntando que existen indicios suficientes de la persecución invocada.
Para rechazar este motivo de casación basta la lectura de los fundamentos jurídicos de la sentencia, donde la Sala de instancia, primero, resume los hechos expuestos por la recurrente en su solicitud; segundo, recoge el marco normativo aplicable a la controversia; y tercero, sobre la base de esos datos, realiza una valoración del caso examinado, sirviéndose de unos argumentos de los que se desprenden con manifiesta claridad las razones fácticas y jurídicas por las que el Tribunal a quo desestima la pretensión de la demandante, sin que las consideraciones del Tribunal sean genéricas sino, por el contrario, referidas al concreto objeto del pleito. El parecer de la Sala de instancia podrá o no ser compartido por la representación procesal de la parte recurrente, pero lo que no cabe es aducir, como motivo de casación, que la sentencia recurrida es oscura o imprecisa.
Contiene también este primer motivo, a continuación de esa inconsistente denuncia de la infracción del artículo 359 LEC, una reiteración -más bien, en su mayor parte, una transcripción literal- de la demanda. La argumentación así expuesta es rechazable, por dos razones: primero, porque es ajena al motivo casacional empleado, a través del cual sólo cabe plantear el quebrantamiento de las formas esenciales del juicio y no cuestiones sustantivas referidas al objeto del litigio; y segundo, porque es muy reiterada la doctrina jurisprudencial que ha declarado que la reiteración de los argumentos expuestos en la instancia, resulta incompatible con la técnica procesal de la casación, cuyo objeto es la impugnación de la resolución judicial recurrida y no el acto administrativo, y en el que el debate y consiguiente examen del litigio por el Tribunal Supremo queda limitado a la crítica de las eventuales infracciones jurídicas en que pudiera haber incurrido la resolución judicial que pretende ser casada, y no la resolución administrativa precedente
En el segundo motivo de casación se reprocha a la Sala sentenciadora haber conculcado lo dispuesto en los artículos 13 y 14 de la Constitución, en relación con el artículo 24 de la misma, al no haber declarado el derecho de la recurrente a ser reconocida como refugiada en España y su consiguiente derecho de asilo.
Transcribe la recurrente fragmentos de diversas sentencias de esta Sala Tercera, para añadir a continuación que la resolución administrativa impugnada presenta una fundamentación estereotipada, al igual que la sentencia ahora recurrida en casación, que no valora los concretos hechos expuestos en la solicitud de asilo. Aduce la recurrente, en fin, que no puede dejar de tenerse en cuenta la situación socio-política de Cuba, donde los derechos humanos son frecuentemente violados, y concluye señalando que si la Sala de instancia entendía que no existían indicios suficientes para la concesión del asilo, debió acordar, como diligencia para mejor proveer, la prueba que hubiera considerado necesaria para justificar los motivos de la solicitud de asilo.
Este segundo motivo tampoco puede prosperar. Ante todo, ni se razona ni se alcanza a comprender en qué consiste la infracción del artículo 14 de la Constitución (principio de igualdad).
Por lo que respecta al supuesto carácter estereotipado e inmotivado de la resolución administrativa impugnada, la alegación carece de consistencia, primero, porque la recurrente, ignorando de nuevo la peculiar naturaleza y significación del recurso de casación, no cita la norma jurídica que reputa infringida como consecuencia de esa supuesta irregularidad, y además olvida que en el recurso de casación la crítica debe centrarse en la sentencia recurrida y no en el acto administrativo impugnado en la instancia.
De cualquier forma, la resolución administrativa impugnada no adolece de esa supuesta falta de motivación que ahora se le reprocha. Esta Sala ha declarado, v.gr., en sentencias de 10 y 27 de mayo de 2005 ( recursos de casación nº 1234/2002 y 2/2002, respectivamente), que el empleo de modelos normalizados, en que aparezcan ya incorporados determinados textos o argumentos de común aplicación, responde a una técnica de racionalización del trabajo que no puede calificarse apriorísticamente de reprobable, siempre y cuando dé respuesta a las cuestiones planteadas en el expediente; resultando que la ahora recurrente no dice con la imprescindible concreción cuáles son esos extremos expuestos en su solicitud que considera no valorados por la Administración en su resolución, ni esta Sala Tercera del Tribunal Supremo aprecia ninguna irregularidad invalidante desde esta perspectiva, pues aun siendo cierto que la resolución administrativa se sirve de algunos razonamientos redactados conforme a un formulario aplicado en otros casos, aun así, su conclusión es el fruto de un análisis y valoración específica de la situación personal de la recurrente. Por lo demás, la sentencia de instancia no tiene una fundamentación jurídica estereotipada e inmotivada sino referida al caso concernido, bastando su lectura para corroborarlo.
En cuanto a la invocación del artículo 13 de la Constitución, bien puede decirse que se trata de una invocación genérica y no susceptible de fundamentar, por sí sola, este motivo casacional, por cuanto en su apartado cuarto dicho precepto se limita a señalar que la Ley establecerá los términos en que los ciudadanos de otros países podrán gozar el derecho de asilo en España; y en este caso la Sala de instancia ha concluido, en aplicación de la Ley 5/84, de Asilo, que fue correcta y ajustada a Derecho la resolución de inadmisión a trámite de la petición de asilo, por las razones que en dicha sentencia se exponen y que antes se han transcrito; resultando que la recurrente no cita como infringido ningún precepto de la Ley 5/84. Más concretamente, no denuncia la indebida o incorrecta aplicación del precepto en que se basó esa inadmisión -el artículo 5.6,b) de dicha Ley-, ni aduce la infracción por inaplicación de otros preceptos de la misma Ley que pudieran sustentar el motivo, como el art. 3 ó el art. 8.
Tampoco pueden fundamentar este segundo motivo los fragmentos de sentencias del Tribunal Supremo que ahí se incluyen ya que reiterada doctrina de esta Sala viene manteniendo que en una materia tan casuística como es la que nos ocupa, el motivo de casación consistente en la infracción de la jurisprudencia tiene escasa virtualidad , de manera que para que tal motivo pueda ser tomado en consideración no basta la mera cita e incluso la transcripción parcial de varias sentencias de este Tribunal, sino que es necesario que se relacionen las circunstancias concurrentes en los precedentes citados con el caso examinado, lo que en este caso se ha omitido.
Pudiera entenderse, tal vez, que en este segundo motivo de casación se quiere reprochar a la Sala sentenciadora no haber desplegado una actividad procesal eficaz para demostrar la realidad de la persecución invocada. Pues bien, si es eso lo que la recurrente quiere alegar a través de este segundo motivo, debería haber canalizado su impugnación a través del apartado c) del mencionado artículo 88.1 de la Ley Jurisdiccional, pero en todo caso se trata de una alegación carente del menor fundamento, porque al hallarnos ante una declaración de inadmisión a trámite de una solicitud de asilo por aplicación de la circunstancia prevista en el subapartado b) del artículo 5.6 de la Ley de Asilo, el dato relevante no es la prueba de la persecución invocada, sino más bien el hecho de que aquella ha fundado su petición de asilo en unos hechos que no son determinantes para su concesión. Pudiéndose añadir, por cerrar el examen de la cuestión, que es muy reiterada la doctrina jurisprudencial que ha declarado que las diligencias para mejor proveer no pueden utilizarse para suplir las omisiones de las partes, pues no constituyen un derecho de las partes sino una facultad del Tribunal.
La declaración de no haber lugar al recurso comporta la imposición de costas al recurrente, según establece el artículo 139.2 de la vigente Ley Jurisdiccional, si bien procede limitar su cuantía, por el concepto de minuta de Letrado de la parte recurrida, a la cifra de doscientos euros, a la vista de las actuaciones procesales.
Por todo ello, en nombre de S.M. el Rey y en el ejercicio de la potestad que, emanada del pueblo español, nos concede la Constitución.
Que declaramos no haber lugar al recurso de casación nº 77/02 interpuesto por Dª. Carmela, contra la sentencia pronunciada, con fecha 26 de septiembre de 2001, por la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el recurso contencioso-administrativo nº 852 de 2000, e imponemos a la referida recurrente las costas procesales causadas con el límite expresado en el fundamento jurídico 5º de esta sentencia.
Así por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando , lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Magistrado Ponente, Excmo. Sr. D. Enrique Cancer Lalanne, estando constituida la Sala en Audiencia Pública, de lo que certifico.
