STSJ Canarias 490/2007, 28 de Septiembre de 2007
| Ponente | FRANCISCO JOSE GOMEZ DE LORENZO-CACERES |
| ECLI | ES:TSJICAN:2007:4442 |
| Número de Recurso | 441/2006 |
| Número de Resolución | 490/2007 |
| Fecha de Resolución | 28 de Septiembre de 2007 |
| Emisor | Sala de lo Contencioso |
SENTENCIA nº 490/07
Ilmos. Srs.:
Presidente:
Don Francisco José Gómez Cáceres
Magistrados:
Don Jaime Borrás Moya
Don Javier Varona Gómez Acedo
En la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, a veintiocho de septiembre del año dos mil siete.
Visto el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la entidad "Transportes Cerrillal, S.L.", representada por el Procurador don Tomás Ramírez Hernández, bajo la dirección del Letrado don Francisco González Jaber; siendo parte demandada la Administración General del Estado, representada y defendida por el Sr. Abogado del Estado. La cuantía del recurso es de 39.398 euros.
Iniciado procedimiento de inspección tributaria, finalizó por liquidación dictada por el Inspector Jefe de la Dependencia Regional -Delegación Especial de Canarias de la Agencia Estatal de Administración Tributaria- que arrojó una deuda total de 39.398 euros. La revisión se proyectó sobre las operaciones de liquidación tributaria practicadas por el sujeto pasivo respecto al Impuesto de Sociedades, período impositivo de 1999.
Incoado procedimiento sancionador, culmina con la imposición a la actora de una multa por importe de 25.782 euros.
Interpuesta contra ambos actos reclamación económico-administrativa, es desestimada por el Tribunal Económico- Administrativo Regional de Canarias, reunido en Sala, en sesión celebrada el día 28 de abril del año 2.006 .
La representación de la parte actora interpuso recurso contencioso-administrativo contra la citada resolución del TEAR de Canarias, formalizando demanda con la súplica de que se dicte sentencia por la que se anulen la deuda y sanción impugnadas.
El Sr. Abogado del Estado contestó la demanda, oponiéndose a las pretensiones formuladas por la parte actora. En el suplico del escrito de contestación a la demanda solicitó, concretamente, que la sentencia que se dicte desestime el recurso e imponga las costas a la parte recurrente.
El recurso no se recibió a prueba. Tampoco se celebró vista ni se formularon conclusiones escritas, de manera que sin más trámites que los correspondientes a la fase de alegaciones se declaró concluso el pleito para sentencia.
Para la votación y fallo del recurso el Presidente de la Sala fijó la audiencia del día 28 de septiembre del año 2.007 , en el transcurso de la cual tuvo lugar efectivamente su realización.
Siendo Ponente el Ilmo. Sr. don Francisco José Gómez Cáceres, Presidente de la Sala.
Plantea la actora, en primer lugar, la caducidad del procedimiento tributario de inspección, por infracción de lo dispuesto en el artículo 60.4 del Reglamento General de Recaudación . Partiendo de la base que no se discute la violación del plazo de un mes previsto en el precepto citado, adelantamos que la tesis de la actora lo es también de este Tribunal y conducirá a anular la resolución recurrida. Así hicimos, por ejemplo, en las sentencias de 16 de septiembre y 28 de julio de 2006 , a las que han seguido otras muchas.
El art. 60.4) del Reglamento General de la Inspección de los Tributos dispone que "Cuando el acta sea de disconformidad, el Inspector-Jefe, a la vista del acta y su informe y de las alegaciones formuladas, en su caso, por el interesado, dictará el acto administrativo que corresponda dentro del mes siguiente al término del plazo para formular alegaciones".
El Sr. Abogado del Estado se opone a que el mero transcurso del plazo de un mes que establece el art. 60.4 del Reglamento General de la Inspección de Tributos, aprobado por RD de 25 de abril de 1986 , lleve consigo la caducidad del acto de liquidación. Argumenta el Sr. Abogado del Estado que aunque, en efecto, el acuerdo de liquidación se dictó en un plazo superior al mes, contado desde la fecha de las alegaciones del recurrente al acta de disconformidad, tal exceso no lleva aparejada la caducidad.
Para la resolución de la cuestión hemos de partir del hecho de que las liquidaciones se aprobaron durante el año 2002 y, en consecuencia, vigente la Ley 1/98 (Estatuto del Contribuyente), reseña histórica crucial que conduce a declarar la nulidad de la resolución impugnada. Ello es así, en primer lugar, porque el art. 13 de la ley 1/98 refiere la obligación de resolver que tiene la Administración tributaria, excepto cuando se produce la caducidad, con lo que efectivamente da a ésta plena virtualidad en el ámbito de los procedimientos tributarios. Y la consecuencia de la caducidad asociada al vencimiento del plazo para resolver cuando se trata de procedimientos iniciados de oficio no susceptibles de producir actos favorables para los ciudadanos, está ubicada en la Ley 30/92, de 26 de noviembre , en el ámbito propio del régimen jurídico de las Administraciones Públicas, es decir, fuera del Título relativo a las disposiciones generales...
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