Proyecto de Ley de Cajas y Fundaciones Bancarias

AutorAndrés Recalde
Páginas19-21

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El Gobierno, después de un largo proceso que comenzó en enero cuando el Ministerio de Economía y Competitividad sometió a audiencia pública un borrador de Anteproyecto de ley, ha remitido finalmente al Congreso el Proyecto de Ley de Cajas de Ahorro y Fundaciones Bancarias. Es sabido que en España la crisis financiera ha tenido una particular incidencia en las

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Cajas de Ahorro. De todas las que existían antes de 2008 sólo sobreviven dos pequeñas cajas. Las demás o bien han sufrido su reestructuración y compra por otras entidades de crédito, o se han fusionado y sobreviven desarrollando indirectamente su actividad a través de bancos. Son conocidas las razones de esta crisis, que sobre todo se ha debido al abandono de una actividad prudente y de limitado alcance. A ello contribuyó también su asimilación a los bancos, la politización de sus órganos gestores y una excesiva asunción de riesgos focalizada en el sector inmobiliario. Los sucesivos pasos en el proceso de reforma de las entidades de crédito (en particular, Real Decreto Ley 11/2010, de 9 de julio, de órganos de gobierno y otros aspectos del régimen jurídico de las Cajas de Ahorro) se dirigieron, fundamentalmente, a la profesionalización de la gestión, al incremento de su tamaño (a través de procesos de integración) y al reforzamiento financiero a través de recursos propios "de calidad", sobre la base de exigencias de capital. Indefectiblemente ello llevaba a la "bancarización" de las cajas, es decir, a su transformación en sociedades anónimas que desarrollaban su actividad financiera tradicional a través de bancos.

Sin embargo, estos pasos no siempre dieron los resultados esperados. La intervención de varias entidades ya fusionadas y la necesidad de acudir al Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera, en junio de 2012, encontró su respuesta en el Memorandum de Entendimiento. Este condicionó la aportación de recursos destinados al salvamento del sistema financiero español a diversas condiciones. Algunas se referían al sector de las Cajas de Ahorro. En concreto se preveía la necesidad de aprobar "normas que aclaren la función de las cajas de ahorro en su calidad de accionistas de entidades de crédito, para, en último término, reducir su participación en las mismas hasta un nivel no mayoritario", así como el reforzamiento de "las normas de idoneidad de los órganos de gobierno de las cajas de ahorros y (...) requisitos de incompatibilidad para los órganos de gobierno...

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