Propuestas de rediseño institucional para la elaboración y evaluación de la política criminal por parte del gobierno

AutorJosé Becerra Muñoz
Páginas141-176
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Propuestas de rediseño institucional para la elaboración y evaluación de la política...
CAPÍTULO V
PROPUESTAS DE REDISEÑO INSTITUCIONAL
PARA LA ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN
DE LA POLÍTICA CRIMINAL POR PARTE
DEL GOBIERNO
José BECERRA MUÑOZ
1. INTRODUCCIÓN
Podría af‌irmarse que en los últimos años prácticamente todas las pro-
puestas de reforma penal que han salido del despacho de un ministro de
justicia se han centrado en el endurecimiento de la ley 1.
Habiendo alcanzado ya los límites de la cadena perpetua, podría pensar-
se que esta dinámica puede estar llegando al f‌inal de un callejón que en la
actualidad no tiene salida conocida para nuestros gobernantes. Sin embargo,
aún queda recorrido en la línea actual: prisión perpetua no revisable, medi-
das de seguridad postdelictuales, penas infamantes, penas corporales, etc.,
y, además, la evolución de la política criminal comparada nos proporciona
ejemplos de otros ámbitos a los que acudir para buscar nuevas formas de
punición 2.
1 Véase un análisis cualitativo pormenorizado de las reformas penales desde 1996 a 2011 en
J. L. DÍEZ RIPOLLÉS, «Rigorismo y reforma penal. Cuatro legislaturas homogéneas (1996-2011),
Parte I», en Boletín criminológico, núm. 142, 2013, y J. L. DÍEZ RIPOLLÉS, «Rigorismo y reforma
penal. Cuatro legislaturas homogéneas (1996-2011), Parte II», en Boletín criminológico, núm. 143,
2013. En este último (p. 4) concluye que «[...] una de las cualidades que mejor caracteriza el de-
senfrenado proceder legislativo penal de los últimos 16 años es la cada vez más acentuada tendencia
hacia la expansión y endurecimiento del sistema penal español».
2 En relación con la privación de derechos políticos, civiles y sociales no relacionados, o solo
escasamente, con el delito cometido, véase un análisis de la situación en Estados Unidos y los países
nórdicos europeos en J. L. DÍEZ RIPOLLÉS, «Sanciones adicionales a delincuentes y exdelincuen-
tes», en Indret: Revista para el Análisis del Derecho, núm. 4, 2014, p. 5.
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A pesar de ello, la doctrina penal y criminológica no ha sido capaz de
ofrecer alternativas convincentes para el poder político en esta reciente era
punitivista que culmina con la reinstauración expresa de la cadena perpe-
tua, lo que indica que tal vez haya que afrontar el futuro con una estrategia
diferente.
En el ámbito académico y profesional relacionado con la política crimi-
nal, ya se empiezan a ver indicios de esta nueva estrategia, como el papel
jugado recientemente por algunos de ellos como grupo de presión experto 3.
A mi juicio, a estas labores de presión externa han de añadirse otras que inci-
dan, no solo en los contenidos de la política criminal, algo fundamental, sino
también en el continente. En tal línea se enmarca este trabajo, en el que pre-
tendo discutir en parte cómo se aborda la política criminal en nuestro país
pero, sobre todo, cómo podría hacerse de una forma que, previsiblemente,
pudiera dar unos resultados mejores. Mi objetivo es llegar en ello a cierto ni-
vel de detalle, proponiendo quién debería hacerlo, cuándo y de qué manera.
Defenderé la idoneidad que, en mi opinión, tienen los conocimientos
relacionados con la evaluación para la mejora de la política criminal 4. Re-
sulta cada vez más evidente que los aspectos jurídicos de la política crimi-
nal pueden benef‌iciarse profundamente de otros conocimientos 5 y no es
casualidad que, en nuestro país, algunos de los académicos interesados en
esta materia hayan dado f‌irmes pasos para adentrarse en disciplinas más o
menos alejadas del Derecho, como la Economía, la Criminología o la Cien-
cia Política.
Efectivamente, el estudio de las decisiones públicas que rigen la creación
de políticas penales requiere de una aproximación holística, única forma de
comprender las dinámicas que las condicionan. Se puede optar por aten-
der aspectos específ‌icos, como el estudio de los actores que participan en
las políticas, por ejemplo, pero sin el conocimiento de otras fases previas y
3 Si bien no se trata de algo enteramente nuevo, sí me parece de una especial intensidad la
labor de presión protagonizada recientemente por el Grupo de Estudios de Política Criminal
que, especialmente en relación a la reforma del Código Penal presentada en el Parlamento en
septiembre de 2013, ha articulado una estrategia combinada de presencia en los medios de co-
municación, reuniones con los grupos parlamentarios, comparecencias en la Comisión de Justicia
del Congreso de los Diputados, elaboración de documentos, así como organización de actos
simultáneos en diversas universidades de lectura de un manif‌iesto y explicación de su punto
de vista acerca de la reforma. Véase como ejemplo la noticia «Juristas contra el Código Penal»
(http://cadenaser.com/ser/2015/03/04/tribunales/1425425154_088827.html), consultado el 5 de
marzo de 2015.
4 En el mismo sentido, véase D. P. MEARS, American Criminal Justice Policy: An Evaluation
Approach to Increasing Accountability and Effectiveness, Cambridge University Press, 2010, pp. 44
y 45.
5 Véase el informe de la comisión para el estudio y creación de una agencia estatal de evalua-
ción de la calidad de los servicios y de las políticas públicas (p. 21). Disponible en http://www.aeval.
es/export/sites/aeval/comun/pdf/agencia/Informe_comision_expertos_esp.pdf. Consultado por últi-
ma vez el 2 de marzo de 2016.
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posteriores o de las competencias de los diferentes órganos e instituciones
públicas que participan en el proceso, difícilmente se podrán interpretar
correctamente los hallazgos 6.
Este trabajo pretende contribuir a completar un mapa que nos permita
entender y manejar mejor las dinámicas que gobiernan la política criminal
española, para lo cual propondré reformas específ‌icas gracias a las cuales las
instituciones españolas estarían, creo, en una mejor posición para afrontar
los retos de naturaleza criminal.
2. PROPUESTAS DE REDISEÑO INSTITUCIONAL
Mi intención en las próximas páginas es proponer reformas específ‌icas
gracias a las cuales las instituciones de nuestro país estarían en una mejor
posición para afrontar los retos de naturaleza criminal. Tales reformas se
centrarán en los organismos que conf‌iguran la política criminal y en los apor-
tes que a ellos se puede hacer desde diversas disciplinas, especialmente desde
la perspectiva de la evaluación de las políticas públicas.
En el ámbito penal, la evaluación de las políticas se encuentra en nuestro
país en una situación de abandono absoluto y las interesantes iniciativas que
se han desarrollado en los últimos años sobre evaluación de políticas no han
alcanzado aún a las intervenciones de naturaleza criminal.
Como Medina Ariza manif‌iesta, al hilo del análisis de la implantación de
políticas de prevención situacional en España:
«Nuestra sociedad, en general, no evalúa o evalúa poco. La mayor parte
de las actuaciones y reformas políticas que se llevan a cabo están inspiradas en
experiencias comparadas, en criterios de tipo ideológico, o en teorías populares
de la realidad social» 7.
Es por ello que mis propuestas se centrarán en intentar dar acomodo es-
tructural a la tarea de la evaluación en aquellos organismos que se deberían
encargar de ello, concretamente durante la fase gubernamental o prelegis-
lativa, que normalmente toma la forma de un proyecto de ley, aunque no
siempre.
Por tanto, dejaré fuera de consideración en este trabajo tanto el proce-
so sociológico previo a la intervención del Gobierno en el que medios de
comunicación, ciudadanos y diferentes actores ref‌lejan una preocupación
6 Ibid., p. 24.
7 J. MEDINA ARIZA, Políticas de prevención del delito e inseguridad ciudadana, Actualidad Cri-
minológica, España y Argentina, BdeF, 2011, p. 372. La obra de MEDINA ARIZA está plagada de
referencias concretas a carencias importantes en la evaluación de diferentes modelos de prevención
de la delincuencia, una situación especialmente grave en nuestro país.

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