STS, 4 de Julio de 1995

Ante el Juzgado de 1ª Instancia nº 8 de Madrid, fueron vistos los autos de juicio ordinario declarativo de menor cuantía, instados por Dª Elenay Talleres Arevalillo, S.A., contra Arevalillo Hermanos, S.A., sobre declaración de uso exclusivo de la denominación "Arevalillo", modificación de su razón social e indemnización por daños y perjuicios.

Por la parte actora se formuló demanda con arreglo a las prescripciones legales, alegando los hechos y fundamentos de derecho que tuvo por conveniente, suplicando se dictase sentencia por la que: " 1) se declarase el derecho exclusivo de Dª Elenay la Sociedad demandante "Talleres Arevalillo" a utilizar la denominación "Arevalillo", frente a la Sociedad demandada; 2) se condenase a la Sociedad demandada a cesar de modo inmediato en el uso de su razón social como marca, nombre comercial y rótulo de establecimiento por ser incompatible con los derechos industriales prioritarios y preexistentes de los demandantes; 3) se condenase a la Sociedad demandada a modificar su razón social, sustituyéndola por otra en la que se elimine el vocablo "AREVALILLO", absteniéndose de utilizar dicha denominación en el futuro; 4) se condenase a la Sociedad demandada al pago de la indemnización de daños y perjuicios por la cuantía que en su día se fijase, y con expresa imposición de las costas del procedimiento a la Sociedad demandada" .-Admitida a trámite la demanda y emplazada la mencionada demandada, la contestó oponiéndose a la misma, en base a los hechos y fundamentos de derecho que tuvo por conveniente y terminó suplicando "se dictase sentencia desestimando por completo la demanda y absolviendo libremente de la misma a sus representada, reconociendo así el derecho que asiste a esta parte al uso de su razón social, nombre comercial, marca y rótulo de establecimiento e imposición al demandante de todas las costas causadas". Convocadas las partes a la comparecencia establecida en el artículo 691 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, esta se celebró el día señalado, con asistencia de las partes sin avenencia.- Recibido el pleito a prueba se practicó las que propuestas por las partes fue declarada pertinente.-Unidas a los autos las pruebas se convocó a las partes a comparecencia poniéndolas mientras tanto de manifiesto en secretaría para que hicieran un resumen de las mismas lo que verificaron en tiempo y forma, quedando los autos en poder del Sr. Juez para dictar sentencia.- El Sr. Juez de 1ª Instancia nº 8 de Madrid, dictó sentencia de fecha 7 de mayo de 1990, con el siguiente FALLO: "Que desestimando la excepción de Litisconsorcio Pasivo Necesario aducida, y estimando la demanda formulada por el Procurador de los Tribunales, D. Eduardo Codes Feijoo, en nombre y representación de Dª Elenay Entidad Mercantil "Talleres Arevalillo, S.a." contra la Sociedad "Arevalillo Hermanos, S.A.", debo: 1) Declarar el derecho exclusivo de Dª Elenay la Sociedad "Talleres Arevalillo, S.a." a utilizar la denominación AREVALILLO, frente a la Sociedad demandada.- 2) Condenar a la Sociedad demandada a cesar de modo inmediato en el uso de su razón social como marca, nombre comercial y rótulo de establecimiento por ser incompatible con los derechos industriales prioritarios preexistentes de las demandantes.- 3) Condenar a la Sociedad demandada a modificar su razón social, sustituyéndola por otra en la que se elimine el vocablo "AREVALILLO", absteniéndose de utilizar dicha denominación en el futuro.-4) Condenar a la Sociedad demandada al pago de la indemnización de daños y perjuicios.

Interpuesto recurso de apelación contra la sentencia de 1ª Instancia por la representación de "Arevalillo Hermanos, S.A."y tramitado el recurso con arreglo a derecho, la Sección 14ª de la Audiencia Provincial de Madrid,dictó sentencia con fecha 12 de noviembre de 1991, con la siguiente parte dispositiva.- FALLAMOS: "Estimando en parte el Recurso de Apelación, deducido por el Procurador D. Juan A. García San Miguel, en nombre y representación de la entidad demandada "Arevalillo Hermanos, S.a.", contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia número ocho de Madrid, con fecha siete de mayo de mil novecientos noventa, debemos revocar y revocamos parcialmente la citada resolución, y de conformidad con lo expuesto en la fundamentación jurídica de la presente, debemos dejar y dejamos sin efecto el pronunciamiento cuarto de la misma relativa a la indemnización de daño y perjuicios y consiguientemente el de costas, sin hacer especial declaración respecto de las costas correspondientes a la alzada que por la presente se resuelve".

Contra la anterior sentencia se han interpuesto dos recursos de casación respectivamente por:

1. El Procurador D. Juan Antonio García San Miguel y Orueta, en representación de la entidad "Arevalillo Hermanos, S.A.", con apoyo en los siguientes motivos.- PRIMERO: Al amparo del art. 1692.4º LEC, por error en la apreciación de la prueba basada en documentos que obran en autos , demostrativos de la equivocación del Juzgador, sin que resulten contradichos por otros documentos probatorios.- SEGUNDO: Al amparo del art. 1692.5º LEC, denuncia infracción por no aplicación de los arts. 1, 12, párrafo 1º, y 14, párrafo 1º, del Estatuto de la Propiedad Industrial, texto refundido de 30 de abril de 1930.- TERCERO: Al amparo del art. 1692.5º LEC, infracción por interpretación errónea de los arts. 124, números 1º y 3º; 201 letras b) y d); y 212, todos ellos del Estatuto de la Propiedad Industrial, texto refundido de 30 de abril de 1930.- CUARTO: Al amparo del art. 1692.5º LEC, infracción por interpretación errónea del art. 2 de la Ley de Sociedades Anónimas de 1951, pues se le otorga mayor rango normativo a los arts. 124, 2201 b) y c) y 212 del Estatuto de la Propiedad Industrial.- QUINTO: Al amparo del art. 1692.3ºº LEC; infracción de la doctrina jurisprudencial de litis consorcio pasivo.- SEXTO: Al amparo del art. 1692.5º LEC, infracción del apartado 1 del art. 24 de la Constitución.

2. El Procurador D. Eduardo Codes Feijoo, en representación de la entidad "Talleres Arevalillo, S.A. y de Dª Elena, interpuso recurso de casación , con base en los siguientes motivos.- "PRIMERO: Autorizado por el nº 4º del art. 1692 de la LEC; Error en la apreciación de la prueba, que se desprende de los documentos que figuran en autos aportados por mi mandante con el escrito de demanda bajo en nº 17 y con los escritos 12 de mayo de 1986 y 10 de septiembre de 1986.- SEGUNDO: Autorizado por el nº 5º del art. 1692. Infracción del art. 455 del C.c. en relación con el 1902".

Admitido el recurso y evacuado el trámite de instrucción, se señaló para la celebración de vista pública el día 20 de junio de 1995.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. ANTONIO GULLÓN BALLESTEROS

El motivo primero, al amparo del art. 1692.4º LEC (antes de su reforma por Ley de 30 de abril de 1992), acusa a la sentencia recurrida de haber roto la conexión causal existente entre la empresa denominada "Gabriel Arevalillo Hermanos" y la sociedad "Arevalillo Hermanos, S.A.", reduciendo el supuesto fáctico del litigio a esta última entidad, negando toda relación tanto jurídica como de hecho entre aquella empresa y Arevalillo Hnos., S.A.y por eso se dice en el fundamento jurídico cuarto de la sentencia de primera instancia, aceptado por la de apelación que: "la sociedad demandada no ha acreditado su derecho a ese nombre comercial, rótulo de establecimiento o marca que no ha conseguido inscribir en el Registro de la Propiedad Industrial". Entiende la recurrente, a través de la cita de los documentos que juzga oportunos, que Arevalillo Hermanos, S.A. es DIRECCION000de la empresa constituida por D. Jorgey D. Jose Ramónen la década de los años 40, pues la aportaron a la constitución de la sociedad, y es ésta la que ostenta el derecho a utilizar el apellido "Ángela", al haber sido autorizado con su transmisión por sus DIRECCION000legítimos, D. Jorgey D. Jose Ramón.

Expuesta sucintamente la línea argumental del extensísimo fundamento del motivo primero, ha de quedar clara una cuestión por la que es desestimable, y es la de que se apoya en documentos aportados en el período expositivo del pleito, valorados por las sentencias de instancia, por lo cual carecen de aptitud para fundar sobre ellos un motivo de casación al amparo del ordinal cuarto del art. 1692 LEC. Esta es una doctrina reiteradísima, sin fisuras, expuesta por esta Sala en cientos de sentencias cuya enumeración sería interminable, declarando también esta Sala que los documentos de ser litero-suficientes, es decir, que sin necesidad de interpretaciones, deducciones o en relación con otras pruebas demuestren de una manera palmaria e inequívoca el error padecido en la sentencia que se recurre, pues la casación no es una tercera instancia en la que puedan enjuiciarse y valorarse de nuevo todas las pruebas, y si el recurrente entiende que en esa labor se han infringido las normas que regulan tal actividad procesal, deben ser citadas concreta y expresamente a través del ordinal quinto del art. 1692 LEC, manifestando y fundamentando por qué se han infringido (sentencias de 29 de marzo de 1986, 10 de junio de 1986, 18 de julio de 1991, 4 de noviembre de 1992, 17 de diciembre de 1992, 31 de diciembre de 1994, entre otras).

En realidad, todo el motivo, que es más bien un alegato de instancia, no constituye más que una exposición de complicadas deducciones y conexiones argumentales para soslayar la única base en que podía sustentarse en casación, cual es la cita de un documento en que de una manera clara, evidente, palmaria (litero-suficiente en doctrina ya expuesta de esta Sala) revelase el derecho de la recurrente al uso de la denominación "Arevalillo", ni tampoco puede soslayarse invocando el uso que han hecho del mismo los fundadores de la sociedad demandada antes de su constitución, pues se trata de un uso que no está protegido ni permitido frente a los DIRECCION000de signos distintos registrados, una vez que D. Jorgey D. Jose Ramóndejaron caducar los suyos propios, habiendo transcurrido con exceso hasta la fundación de la sociedad el plazo de protección que les daba el art. 160 del Estatuto de la Propiedad Industrial y sin hacer uso de la facultad de rehabilitación prevista en el art. 161 del mismo Estatuto. En estas circunstancias, es extravagante que se impute un error a la sentencia recurrida porque no se ha tenido en cuenta el uso del apellido "Arevalillo" por parte de los fundadores de la entidad recurrente.

El motivo segundo, al amparo del art. 1692.5º LEC, denuncia infracción por no aplicación de los arts. 1, 12, párrafo 1º, y 14, párrafo 1º, del Estatuto de la Propiedad Industrial, texto refundido de 30 de abril de 1930. Su abundante y prolija fundamentación persigue como objeto negar a la parte actora el derecho en exclusiva a utilizar en el tráfico comercial el apellido "Ángela", porque D. Jorgey D. Jose Ramónlo utilizaron en uso del derecho que habían adquirido al registrar sin ninguna oposición los signos distintivos de su empresa y los siguieron utilizando pese a su caducidad registral. Al constituirse en sociedad anónima con la denominación "Arevalillo Hermanos, S.A." nada cambió respecto de aquella utilización. En consecuencia, si durante tantísimo tiempo la actora Dª Ángelaconsistió el uso por D. Jorgey D. Jose Ramóndel apellido "Ángela" en sus negocios, no puede ahora impedirlo cuanto actúan bajo forma societaria.

El motivo que ahora se juzga parte de una base táctica innegable, cual es que D. Ildefonsono se opuso en ningún momento a que sus hermanos D. Jorgey D. Jose Ramónutilizasen también el apellido Ángelacomo signo distintivo de su empresa y actividad en el mercado, y por ello pudieron adquirirlo, con la consiguiente protección registral, en virtud de las normas del Estatuto de la Propiedad Industrial que se citan como infringidas, interpretadas por la jurisprudencia, que también se cita.

Pero también es innegable que actuaron en el mercado bajo las denominaciones "Lunauto" "Cristalauto" y "Cristalcar" (folio 183).

Así las cosas, se impone como lógico corolario que D. Jorgey D. Jose Ramónno utilizaron en el tráfico los signos registrados a su favor y cuya titularidad habían adquirido de acuerdo con el Estatuto de la Propiedad Industrial, y por si alguna prueba más si necesitase está el hecho de que los dejasen caducar en 1975, perdiendo la importantísima protección jurídica que otorga la normativa legal, cosa incomprensible según las reglas de la común experiencia, de lo que puede deducirse sin mayores profundidades el nulo interés que para ellos tenían. Por tanto, carece de toda consistencia la afirmación de la recurrente de que la actora Dª Ángelahubiese consentido, lo mismo que su causante, el uso del apellido "Ángela" en el tráfico mercantil por D. Jorgey D. Jose Ramón; lo verosímil es que nada perturbaba a los signos registrados en su favor las denominaciones "Lunauto", "Cristalcar" y "Cristalauto", y que cuando sus tíos empiezan a utilizar, además, el apellido "Ángela" (hecho que fija la demanda a partir de la muerte de D. Ildefonsoen 1975 sin que la demandada haya probado convincentemente lo contrario, aparte de la alusión a la fecha de registro de los signos en favor de D. Jorgey D. Jose Ramón), es cuando se producen las confusiones en el mercado, que la lleva desde 1983 a oponerse y, finalmente a este pleito.

A todas las razones antes consignadas, hay que agregar las que se derivan del hecho cierto e indubitable de la caducidad de los signos distintivos de D. Jorgey D. Jose Ramón, no rehabilitados.

Carece de lógica pretender que, pese a ello, los mismos adquirieron ya una propiedad industrial porque D. Ildefonsoy su heredera no se opusieron al registro de dichos signos. La caducidad y la no rehabilitación originó una situación jurídica completa y absolutamente nueva en cuanto al uso del apellido "Ángela" por D. Jorgey D. Jose Ramón, una situación fáctica con perjuicio para los signos registrados de Dª Ángela, que frente a ellos tenía ya derecho a la protección que le brindaba el Estatuto de la Propiedad Industrial.

El motivo tercero, al amparo del art. 1692.5º LEC, cita como infringidos por interpretación errónea los arts. 124, números 1º y 3º; 201 letras b) y d); y 212, todos ellos del Estatuto de la Propiedad Industrial, texto refundido de 30 de abril de 1930, si bien se advierte que "está en lo cierto la Audiencia cuando todos los preceptos que ahora señala como infringidos los reconduce al artículo 124, números 1º y 3º del Estatuto de la Propiedad Industrial porque de modo expreso o tácito tanto el artículo 201 como el 212 de la referida norma se remiten al citado artículo 124. Pero ambas instancias y en diferentes aspectos yerran a la hora de aplicar e interpretar el referido artículo al supuesto litigioso".

En la fundamentación del motivo, desmesuradamente larga, se enumeran y explican esos errores interpretativos, que en síntesis se sustancian; a) en que no se amparan términos homogéneos, es decir, entre marcas o entre nombres comerciales o entre rótulos de establecimientos, sino entre términos heterogéneos como son un signo distintivo y una razón social; b) Que la sociedad recurrente tenía derecho a utilizar el apellido "Ángela" porque era continuadora de la empresa que hasta el momento de su constitución ejercían D. Jorgey D. Jose Ramón; c) Que el cotejo se ha realizado desde la vertiente auditiva o fonética exclusivamente y no desde la vertiente visual y gráfica. Concluye la fundamentación de este modo: "En definitiva, no es de aplicación el número 1º del artículo 124-1º del Estatuto de la Propiedad Industrial porque la sociedad demandada tiene derecho al uso del apellido "Ángela" pues en virtud de lo establecido en el mismo 3º del citado artículo 124 fue autorizada para el uso del apellido "Ángela" porque quienes según nuestro Ordenamiento Jurídico estaban facultados para ello; D. Jorgey D. Jose Ramón, DIRECCION000legítimos del signo distintivo Gabriel Arevalillo Hermanos".

El motivo se desestima porque la actora Dª Ángelatiene derecho a la protección de sus signos frente a la razón social y nombre comercial, cuya inscripción se pretende como tal en el Registro de la Propiedad Industrial, "Arevalillo Hermanos, S.A.", competitiva en el mismo segmento del mercado donde se utilizan aquéllos signos. Cae fuera de la más elemental lógica que ni la marca ni el rótulo comercial de la actora Dª Ángelacarezca de protección frente a una sociedad, dedicada al mismo negocio, que utiliza una razón social y pretende ampararla con un nombre comercial que se confunde en el mercado con aquellos signos. Aunque se admitiese hipotéticamente la peregrina tesis que se examina, lo que no hay duda es que las sentencias de instancia también han comparado la razón social y nombre comercial registrado de la actora "Talleres Arevalillo, S.A." con la razón social y pretendido nombre comercial "Arevalillo Hermanos, S.A.".

No menos infundada es la creencia en el derecho al uso del apellido "Ángela" por concesión de sus DIRECCION000legítimos, pues D. Jorgey D. Jose Ramónperdieron todos los derechos que les concedía el Registro según se ha dicho al rechazar los motivos anteriores.

Por último, es peregrino el recurso al cotejo visual y gráfico en el caso de autos, pues lo único que se enfrente a los signos de los actores es una razón social que se pretende proteger como nombre comercial, "Arevalillo Hermanos, S.A.". Con toda razón las sentencias de instancias enfocan el problema desde la perspectiva del uso del apellido "Ángela".

No se trata, pues, de ninguna comparación entre los signos que en su momento se concedieron a D. Jorgey a D. Jose Ramón, pues caducaron y no se rehabilitaron, y por ello no puede oponerse su alegado uso fáctico a la protección registral de que gozan los actores. En el entender lo contrario reside el error de planteamiento de este recurso de casación.

El motivo cuarto, al amparo del art. 1692.5º LEC, denuncia como infringido, por interpretación errónea, el art. 2 de la Ley de Sociedades Anónimas de 1951, pues se le otorga mayor rango normativo a los arts. 124, 124, 201 b) y c) y 212 del Estatuto de la Propiedad Industrial, y por ello se condena a la recurrente a modificar su razón social, sustituyéndola por otra en la que se elimine el vocablo "Arevalillo", absteniéndose de utilizar dicha denominación en el futuro.

Las sentencias de instancia, según el motivo, confunden los conceptos de nombre comercial y razón social cuando son distintos, pues el primero atiende a la defensa o protección de los consumidores y el segundo, en cambio, tiene por finalidad identificar e individualizar al DIRECCION000de la empresa. Los precitados artículos del Estatuto no tienen por finalidad regular la denominación o razón social. Si los derechos enfrentados son heterogéneos, como es el supuesto que nos ocupa, no es posible aplicarlos, el conflicto ha de dirimirse según la normativa del abuso del derecho (art. 7.2 Cc.), y la condena que se impone a la recurrente en las sentencias de instancias estaría justificada si Arevalillo Hermanos, S.A. hubiese procedido con abuso del derecho en la fijación de su denominación social.

Expuestas las líneas esenciales por la que discurre la extensa fundamentación del motivo, éste debe desestimarse, pues comparando la denominación social y nombre comercial registrado de la actora (Talleres Arevalillo, S.A.) con la razón social y nombre comercial que pretende registrar la demandada (Arevalillo Hermanos, S.A.) no se percibe ninguna clase de heterogeneidad que impide, según la tesis de esta última, la aplicación de las normas protectoras de la propiedad industrial a la primera.

Tampoco hay obstáculo para la protección de las marca y rótulo comercial de Dª Ángelaen aplicación de la doctrina de esta Sala recogida en las sentencias de 27 de diciembre de 1954, 11 de marzo de 1977, 16 de julio de 1985, 12 de septiembre de 1985 y 24 de julio de 1992. En todas ellas se protege al DIRECCION000de los signos registrados frente a una razón social, cuando hay un riesgo evidente y cierto de confusión en el mercado por la coincidencia de actividades, que es lo que ocurre en este caso.

El motivo quinto, al amparo del art. 1692.3º LEC, alega infracción de la doctrina jurisprudencial del litis consorcio pasivo necesario, pues la relación procesal está mal constituida al no haberse traído al proceso a D. Jorgey a D. Jose Ramón, que son los que, según la parte actora, perturban su derecho a los signos distintivos que tienen registrados. Aquéllos ostentan un derecho dominical sobre el signo distintivo "Gabriel Arevalillo Hermanos", así como sobre la empresa que ese signo significa y que fue aportada a la sociedad (ahora recurrente) por ellos fundada, y esa titularidad es la que de modo directo e inmediato, no mediato o reflejo, se ve afectada por ambos fallos.

El motivo se desestima porque está construido sobre la premisa que hemos refutado falsa en todo lo que hasta ahora se lleva dicho. Ni D. Jorgeni D. Jose Ramónera titulares de ningún signo distintivo en el momento de la constitución de la sociedad demandada, por lo que nada pudieron aportar a ésta. Eran unas personas que usaban el apellido "Ángela" en contra de los derechos de los actores que registralmente les corresponden y merecen toda protección legal. Por otra parte, no se adivina qué interés jurídico hay en el fundamento del motivo, desde el momento en que por la composición del accionariado al fundarse la sociedad recurrente Arevalillo Hermanos, S.A. se deduce con claridad meridiana que es un mero ropaje formal de D. Jorgey D. Jose Ramónpara el ejercicio de sus actividades industriales y comerciales, DIRECCION000cada uno nada menos que de 99 acciones de las 200 representativos del capital social. Raya en los insólito que además se pretenda la presencia en el proceso dichas personas como si la sociedad en cuestión fuese algo distinto a ellos.

El motivo sexto, al amparo del art. 1692.5º LEC, denuncia la infracción del apartado 1 del art. 24 de la Constitución en cuanto se ha producido indefensión, pues en la contestación a la demanda la parte recurrente solicitó que el Juzgador se pronunciase sobre su derecho al uso en el tráfico mercantil del apellido "Ángela", y ni la sentencia de primera instancia ni la apelación lo han hecho, ni han motivado de forma razonable su decisión.

El motivo se desestima. En primer lugar, por su incorrecta formulación en cuanto a la incongruencia que denuncia, ya que debió hacerse citando la norma infringida (que sería el art. 359 LEC), al amparo del ordinal tercero del art. LEC. En segundo lugar, porque es falso su punto de apoyo. Basta para ello leer el suplico de la contestación a la demanda, en el que se pide la desestimación de ésta, "reconociendo así el derecho que asiste a esta parte al uso de su razón social, nombre comercial, marca y rótulo de establecimiento". En otras otras palabras, que la desestimación de la demanda implicaba esas consecuencias (reconociendo así), no que se formulase ninguna reconvención sobre la que el órgano judicial tuviera que pronunciarse. Hasta tal punto es ello cierto, que la parte recurrente no ha protestado en ningún momento del procedimiento que no se hubiese tramitado como tal reconvención esa petición que ahora dice que es de trascendental importancia.

Por último, en lo que respecta a la falta de motivación razonable de la sentencia, es correcta la vía elegida para denunciar la indefensión.

Pero es totalmente incorrecto el ataque a la sentencia por esta causa; basta leer la de primera instancia y la de apelación, que acoge también los razonamientos de aquélla, para darse cuenta de que el juzgador ha centrado acertadamente el tema litigioso, prescindiendo de ramificaciones retóricas de los escritos expositivos del pleito, y le ha dado una adecuada respuesta, valorando el material probatorio y de acuerdo con los preceptos legales aplicables.

La desestimación de los motivos del recurso lleva consigo su desestimación con la preceptiva condena en costas (art. 1715.3 LEC).

2. RECURSO DE Dª ElenaY TALLERES AREVALILLO, S.A.

El motivo primero, al amparo del art. 1692.4º LEC, combate la sentencia recurrida por error en la apreciación de la prueba, basado en los documentos que cita, aportados a la demanda. La Audiencia revocó la condena contenida en la sentencia de primera instancia al pago por la demandada de los daños y perjuicios a cuantificar un período de sentencia, absolviendo a esta última en este aspecto, porque nada se ha probado en su existencia y cuantía. En contra, argumentan los recurrentes, los documentos que citan demuestran que ha habido perjuicios por el número de errores padecido por los clientes y proveedores que obligan a la demandante Talleres Arevalillo, S.A. a una carga administrativa adicional encaminada a comprobar en cada caso si se trataba o no de un error en la reclamación o en el ofrecimiento de un pago o pedido; a comunicar el error al interesado con las consiguientes explicaciones y el descrédito en las relaciones comerciales y, por último, a subsanar el error mediante la anulación, en su caso, del pedido o devolución del importe recibido. En algún caso, como en los documentos que presentó la parte actora con escrito de 12 de mayo de 1986, son perjuicios cuantificados.

El motivo ha de ser estimado, pues la Audiencia no ha valorado en absoluto los documentos que se citan, que impiden que la cuestión planteada en el litigio se resuelva con un simple "nada se ha probado". En contrario, existen esas pruebas -los documentos que reseña el motivo- que debieron ser examinados y valorados, exponiendo la motivación del juicio que merecen para no dejar en clara indefensión, prohibida por el art. 24.1 de la Constitución, a los actores ahora recurrentes.

El motivo segundo, al amparo del art. 1692.5º LEC, alega infracción del art. 455 del Código civil en relación con el art. 1902. En su defensa, se dice que "la constitución de la sociedad demandada con la razón social Arevalillo ha perjudicado y perjudica extraordinariamente a la entidad demandante, Talleres Arevalillo, S.A.; que buena muestra de ello son los gastos en que ha incurrido como consecuencia de errores sufridos reiteradamente por clientes y proveedores; y la existencia de lucro cesante ha sido acreditada por medio de las facturas relativas a pedidos y servicios realizados a la sociedad demandada y a los servicios prestados por la misma".

El motivo pretende la estimación de la petición de la demanda de que se condene a la sociedad demandada al pago a los actores, como daños y perjuicios, de las ganancias obtenidas por el empleo de la denominación Arevalillo. Sin embargo, en toda la tramitación del pleito no se han fijado las bases para hacer posible la cuantificación de esos daños y perjuicios, y esta Sala carece de elementos ciertos y seguros para acometer esta tarea al faltar la aportación de las partes interesadas en que se les indemnice.

La particularidad del caso litigioso reside en que durante largo tiempo tanto D. Ildefonsocomo sus hermanos, aunque por separado, han trabajado en el mismo ramo, adquiriendo obviamente una reputación. Es arbitrario decir entonces que lo ganado por Arevalillo Hermanos, S.A. correspondía a Dª Ángelao a Talleres Arevalillo, pues D. Jorgey D. Jose Ramónno son unos intrusos en el ramo que hayan empezado a beneficiarse de unos signos registrales que no le corresponden. Mucho antes de perder la protección registral de los suyos eran ya industriales como su hermano D. Ildefonso, y no hay en autos la más mínima prueba de que clientes de los citados D. Jorgey D. Jose Ramónlo fuesen por confundirlos con Dª Ángelao con Talleres Arevalillo.

En consecuencia, el motivo se desestima.

La admisión del motivo primero obliga a casar y anular la sentencia recurrida en cuanto absuelve de la condena de daños y perjuicios a la entidad demandada, y a confirmar el pronunciamiento de la sentencia de primera instancia en este punto no aceptado por la Audiencia, si bien limitando la condena a los daños y perjuicios producidos exclusivamente por la confusión en facturas, pedidos, etc, entre Talleres Arevalillo, S.A. y Arevalillo Hermanos, S.A., de acuerdo con los documentos obrantes en autos.

Al haber sido estimado en parte este recurso de casación, no procede la condena en costas (art. 1715.3 LEC).

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo españolFALLAMOS

Que debemos declarar y declaramos NO HABER LUGAR al recurso de casación interpuesto por Arevalillo Hermanos, S.A. contra la sentencia dictada por la Sección Decimocuarta de lo Civil de la Audiencia Provincial de Madrid de fecha 12 de noviembre de 1991, condenando en costas a la entidad recurrente. Asimismo, declaramos que HA LUGAR EN PARTE al recurso de casación interpuesto por Dª Elenay Talleres Arevalillo, S.A. contra la referida sentencia, la cual casamos y anulamos en los términos explicitados en el fundamento de derecho tercero de esta sentencia, en la parte que estudia el recurso de casación estimado parcialmente. Sin hacer pronunciamiento en cuanto a la condena en costas, por no proceder.

Sin hacer declaración sobre el depósito al no haberse constituido.

Comuníquese esta resolución a la mencionada Audiencia con devolución de los autos y rollo que remitió.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Antonio Gullón Ballesteros, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.