Prólogo
| Autor | Mariano Yzquierdo Tolsada |
| Páginas | 13-24 |
PRÓLOGO
A nadie debería caberle la más mínima duda de que la de las Administra-
ciones es una responsabilidad civil, especial por razón del sujeto responsable.
Sometida a reglas de Derecho administrativo, desde luego, pero que en lo que es
toda su edifi cación dogmática, cuantas nociones se manejen son absolutamente
tributarias de la tradición del Derecho de daños más común: daño, causalidad,
reparación, negligencia, lucro cesante, restitución... A nadie debería caberle
la más mínima duda, en fi n, aunque sigue habiendo quien disimula con eso
de que la responsabilidad civil es «la de las leyes civiles» pero que lo que
tenemos en las leyes administrativas es responsabilidad «patrimonial». Como
ha dicho recientemente ese gran administrativista que es Germán G
F, la responsabilidad patrimonial de la Administración «bien podría
denominarse responsabilidad civil extracontractual de la Administración»
(Sistema de Derecho administrativo, II, ed. Thomson Reuters Civitas, Cizur
Menor, 2016, pg. 404).
No querer reconocer algo tan obvio solo puede ser fruto de un gremialismo
verdaderamente singular. Además, ¿qué se añade con eso de patrimonial?
¿Acaso no es patrimonial la responsabilidad del conductor de un vehículo, la de
los padres por los daños causados por sus hijos menores o la del fabricante de
un producto defectuoso? El adjetivo se utiliza para justifi car el tratamiento del
instituto desde el Derecho administrativo, así como para justifi car que la com-
petencia jurisdiccional resida en los jueces de lo contencioso-administrativo.
Y ello es por completo innecesario: para lo primero, porque los civilistas jamás
hemos dicho que los administrativistas no tengan completa y total legitimación
para ocuparse de la responsabilidad civil de la Administración, como la tienen
–¡faltaría más!– para ocuparse de cualquier cuestión atinente a un ordenamiento
de tan marcado carácter estatutario como es el administrativo.
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