Generalidades

AutorCarmen Muñoz García
Páginas43-50
GENERALIDADES
En el art. 1903 CC se contemplan los supuestos en los que una persona está
llamada a responder por los daños causados por otra: los padres o tutores por
los actos de sus hijos o tutelados, los empresarios por los actos de sus emplea-
dos, y los Centros de Enseñanza no superior por su profesorado. Atribución
directa de la responsabilidad que encuentra un tratamiento distinto cuando esa
misma responsabilidad, la civil, nace de la comisión de un delito por el tercero
por el que se está llamado a responder. Así, en el art. 120 CP se proclama la
responsabilidad civil subsidiaria para el caso en el que no pueda responder el
responsable criminalmente.
No son estos los únicos modelos de responsabilidad por hecho ajeno. Tam-
bién lo es la denominada responsabilidad patrimonial de las Administraciones
Públicas, que bien podría designarse responsabilidad civil extracontractual17
de la Administración. Una responsabilidad que desde 1991 se desplazó del
Código civil (art. 1903, pº 5º) para residenciarse en las normas del Derecho
administrativo, y que hoy día es un régimen de responsabilidad por el hecho
propio, pues quien causa el daño es una Administración Pública (arts. 106. CE
17 En el terreno de la responsabilidad del Estado por daños a terceros que resulten del
incumplimiento del ordenamiento europeo, empleo el término “extracontractual” por ser el utilizado
en el art. 340 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) para la responsabilidad
de la Unión. A falta de regulación expresa para los supuestos en los que los daños a los particulares
sean imputables al Estado miembro, el Tribunal de Justicia ha dejado bien claro que: (i) el principio
de responsabilidad del Estado es “inherente al sistema del Tratado” y asegura el cumplimiento de las
obligaciones del DUE, según fi ja el art. 4.3 TUE, y (ii) que la “responsabilidad extracontractual”
es la “expresión del principio general conocido en los ordenamientos jurídicos de los Estados
miembros, conforme al cual una acción u omisión ilegal produce la obligación de reparar el perjuicio
causado”, extensible a todos los poderes públicos por los daños causados en el ejercicio de sus
funciones (así será desde la Sentencia del TJUE de 5 de marzo de 1996 asunto Brasserie, apartado
29 y 41). Me aparto así, de la denominación utilizada por nuestro Derecho administrativo interno
como “responsabilidad patrimonial del Estado”.

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