Prólogo
| Autor | Jordi Sevilla Segura |
| Cargo del Autor | Ministro de Administraciones Públicas |
| Páginas | 9-12 |
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La múltiple aparición de programas políticos de carácter interguberna-mental, los procesos de integración internacional y de descentralización territorial, y la exigencia de participación de agentes no públicos en la gestión de lo público, han dado lugar a un debate social sobre el nuevo rol de los Estados y los impactos sociales de la acción política.
En este contexto, la organización del Estado, como formación orientada a la consecución de fines u objetivos concretos de índole social, económica y ciudadana, no puede estar basada exclusivamente en la legitimación institucional, que proviene de la observancia y cumplimiento del marco legal, sino que también precisa de la legitimación por los rendimientos, entendida ésta como la valoración de la acción gubernamental por los resultados tangibles que se ofrecen a los ciudadanos.
Esta perspectiva, además, supone una renovación del concepto de ciudadanía, pues se potencia el papel de los ciudadanos como receptores y usuarios de la acción del Estado y, al mismo tiempo, como agentes de control de la eficacia, eficiencia, calidad y pertinencia de los servicios. Se trata de poner el acento en la necesidad de una mayor regulación democrática del orden social y económico, así como de ofertar a la ciudadanía un mayor protagonismo en el conocimiento y en el control de los beneficios tangibles resultantes de las políticas públicas.
La preocupación social porque se consigan mejores resultados en la acción del sector público es hoy considerable. De modo progresivo, ha ido aumentando en las últimas décadas la sensibilización social hacia la gestión del dinero público y la aspiración creciente de mejores resultados en el funcionamiento de la Administración. Una respuesta que estimamos adecuada consiste en la adopción de programas gubernamen-tales para una mayor eficiencia que permita optimizar los recursos, con nuevas disciplinas de la actividad pública dirigidas hacia la fijación y consecución de objetivos, hacia la obtención de mejores rendimientos y hacia la introducción de modelos de gestión y evaluación de la calidad.
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El rendimiento de lo público es, por tanto, a mi juicio, una prueba fundamental. Cuando el Estado no la supera, se debilita su legitimidad, y su competencia puede ser puesta en cuestión, de tal forma que los ciudadanos y los grupos de interés pueden buscar otros agentes y fórmulas sustitutivas, así como nuevas ofertas que prometan obtener los resultados deseados.
Los...
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