La privación de libertad y de dignidad en Mali
| Autor | Françoise Bastien-Rabner |
| Cargo | Magistrada y antigua Profesora de universidad. Directora de proyectos en Abogados sin fronteras-Francia |
| Páginas | 138-145 |
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La idea de la creación de una ONG tal y como es hoy en día Abogados sin fronteras (ASF) tuvo su origen en la necesidad de organizar, por parte de abogados extranjeros, la defensa de los imputados y de las víctimas del genocidio que tuvo lugar en Ruanda en 1994. Esta experiencia fundacional iniciada por Bélgica, tuvo como resultado, la emergencia de otras muchas asociaciones nacionales de naturaleza similar. De este modo, en 1998 se creó en Francia la ONG Abogados sin fronteras. Esta idea se replicó en otros países como en Dinamarca, en los Países Bajos, en Italia, en Mali, en Mauritania, en Suecia y en Suiza.
El objetivo de nuestra asociación de solidaridad internacional es actuar en aquellos lugares donde la defensa no tiene voz y contribuir al respeto de los derechos humanos. Porque el acceso al derecho y a la justicia es una condición fundamental de la dignidad humana, la ONG interviene en todo el mundo en apoyo al Estado de derecho, a la institución judicial y al derecho a un juicio justo. De este modo, ASF tiene por vocación, desarrollar en el ámbito local, una sólida armadura judicial protectora de los derechos y de la dignidad humana. Sus actuaciones se centran en fortalecer a los agentes locales en el ámbito judicial, respondiendo a sus necesidades y actuando a su lado.
Nuestras estrategias de intervención están ampliamente reconocidas y nos facilitan la confianza de los principales donatarios institucionales cuando nuestras actividades coinciden a su vez, con la voluntad política de las fuerzas presentes.
Desde el año 2000, ASF-Mali venía organizando las "caravanas jurídicas" que garantizaban de ciudad en ciudad, y de forma totalmente voluntaria, jornadas de consultas gratuitas destinadas a suplir la falta de asistencia letrada.
Más adelante (2008) y en colaboración con ASF-Francia, nacieron las "giras jurídicas en Mali". Éstas operaron por vez primera en las ciudades de Segou, Sikasso y Koulikoro, y consistían como su propio nombre lo indica, en tournées jurídicas. También incluían actividades de formación en materia de sensibilización de los instrumentos de protección de los derechos humanos para los agentes del ámbito judicial.
El gran éxito de estas actividades llevó a ASF-Francia a presentar el 12 de octubre de 2011 dentro de la Iniciativa Europea para la Democracia y los Derechos Humanos ( IEDDH ) , una nueva propuesta titulada " Dignidad" respeto de los derechos de las personas privadas de libertad1 ".
Ésta fue el resultado de las constataciones y los análisis llevados a cabo durante las consultas que se realizaron en los centros de detención malienses, y que revelaban la clara falta de conocimiento de los textos jurídicos y de los compromisos internacionales del país por parte de su población.
Con una duración de 24 meses, el proyecto, dirigido a implementarse en colaboración con los abogados de ASF-Mali en las ciudades de Bamako, Kati y Kayes, tenía como objetivo, "contribuir al fortalecimiento del sistema judicial maliense", y más concretamente, a " incrementar el cumplimiento de las normas y de las garantías mínimas que se deberían de respetar en las personas privadas de libertad en el seno del mundo penitenciario".
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Los resultados esperados eran:
Permitir a los detenidos más vulnerables, tener un mejor conocimiento de sus derechos tras haber recibido asistencia jurídica gratuita;
Mejorar las capacidades de los agentes judiciales instruyéndoles sobre las leyes nacionales e internacionales de Mali;
Promover, entre los responsables del cuerpo jurídico, el compromiso de un diálogo sobre cuestiones relacionadas con las detenciones, las violaciones de los derechos humanos y con el desarrollo de las buenas prácticas.
La propuesta fue estudiada y considerada en función de las necesidades locales y por ende, fue seleccionada. El inicio de las actividades comenzaron en enero de 2013. Una docena de voluntarios de ASF-Francia concretamente de Marsella , Burdeos, Toulouse , Poitiers , Lyon , París, la Rochelle y Bastía mostraron su interés por el programa.
Debido a la guerra de independencia contra el gobierno de Mali (2012) que tuvo lugar en la región de Azawad (norte de Mali), el país se vio sumido en una profunda crisis que llevó al aplazamiento del inicio de las actividades de ASF-Malí. De enero a abril (2012), la rebelión Tuareg, encabezada por el Movimiento Nacional para la Liberación del Azawad (MNLA) y aliada al movimiento islamista Ánsar Diñe, atacaron distintos campamentos militares y tomaron las tres principales ciudades del norte de Mali (Gao, Kidal y Tombuctú) poniendo la unidad nacional del país en peligro.
En marzo de 2012, aprovechando la situación de inestabilidad, el capitán Amadou Sanogo perpetró un golpe de Estado provocando el derrocamiento del gobierno presidido por el presidente de la República, Toumani Touré.
A pesar de que se restablecieron las instituciones democráticas, los territorios del norte quedaron, unas semanas más tardes, bajo el control exclusivo de los movimientos islamistas que impusieron la sharia (ley islámica).
La impotencia del gobierno en transición, provocó una solicitud de intervención a Francia, que lo llevó a cabo en enero de 2013. La operación Serval , reemplazada por la operación Barkhane, permitió contener el avance de los yihadistas y la reconquista del norte de Mali2.
En el seno de ASF, nuestro equipo apodado "grupo Mali", al ver que las actividades sobre el terreno se encontraban suspendidas por razones de seguridad, aprovechó este plazo de tiempo para diseñar lo mejor posible y en contacto con nuestros socios malienses, los instrumentos necesarios para la realización de nuestras misiones.
Nuestra primera actividad consistió en recopilar, con mucha dificultad, las legislaciones nacionales e internacionales aplicables en el país africano. Los abogados malienses nos ayudaron a completar nuestra base de datos, concretamente con el envío de textos que no estaban incorporados en el Código Penal, como por ejemplo, la legislación sobre armas3 o sobre estupefacientes4. En la gran mayoría de los casos, son ellos mismos los que tienen
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que hacer frente a la dispersión de los textos, a una codificación poco actualizada y a trabas burocráticas.
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