ORDEN BEF/12/2005, de 31 de enero, por la que se aprueban las bases para la concesión de prestaciones económicas para las familias con hijas e hijos a cargo y se abre la convocatoria para el año 2005.
| Sección | Disposiciones Generales |
| Rango de Ley | Orden |
ORDEN
BEF/12/2005, de 31 de enero, por la que se aprueban las bases para la concesión de prestaciones económicas para las familias con hijas e hijos a cargo y se abre la convocatoria para el año 2005.
El Departamento de Bienestar y Familia, a través de la Secretaría de Familias y de Infancia, creada por el Decreto 93/2000, de 22 de febrero, posteriormente modificado por el Decreto 448/2004, de 30 de noviembre, por el que se cambia la denominación y se reestructura parcialmente la Secretaría de la Familia, tiene, entre otras, la competencia de dar apoyo a las familias. En el desarrollo de esta labor, se tiene en cuenta la evolución del concepto de familia hacia otro más amplio que incluye diversas tipologías de familias, así como la protección específica que han de recibir las familias con niños.
La regulación de la protección a las familias está recogida, de forma explícita o implícita, en varios textos de nivel internacional y comunitario, así como en la Constitución española y el Estatuto de autonomía.
En el ámbito internacional destacan la Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la Convención sobre los derechos del niño adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, que habla de interés primordial del niño como consideración principal en todas las acciones que le afecten. Dicha Convención también incide en la necesidad de que los estados miembros se comprometan a asegurar a los niños toda la protección y la atención necesarias para su bienestar.
También debe citarse en el ámbito comunitario la Carta de derechos fundamentales de la Unión Europea, que en su artículo 33.1 contiene una previsión equivalente al artículo 39 de la Constitución española, que prevé que los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia, así como la protección integral de los hijos, iguales ante la ley con independencia de su filiación.
En el ámbito autonómico, el artículo 8.2 del Estatuto de autonomía de Cataluña establece que corresponde a la Generalidad, como poder público y en el ámbito de su competencia, promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que este se integra sean reales y efectivas y remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud. Igualmente, el artículo 9.25 del Estatuto establece que la Generalidad de Cataluña tiene competencia exclusiva en materia de asistencia social.
En esta línea de apoyo a las familias y de protección a los niños, conviene destacar la Ley 18/2003, de 4 de julio, de apoyo a las familias, cuya aprobación y entrada en vigor ha supuesto un paso importante en el establecimiento de las bases y las medidas para una política de apoyo y protección a las familias. Esta Ley determina los derechos y las prestaciones destinados a dar apoyo a las familias, a fin de mejorar su bienestar y su calidad de vida y la protección de sus miembros.
En concreto, el título II regula las prestaciones económicas, entre las que cabe destacar, a los efectos de la presente Orden, la prestación económica de carácter universal por niño a cargo, contemplada en el artículo 10, y la prestación económica de carácter universal por parto o adopción múltiple, recogida en el artículo 11. Por otro lado, y en lo que se refiere a la prestación económica a familias en situación de especial vulnerabilidad con parto, adopción o acogida múltiple de tres o más niños, también debe tenerse en cuenta lo que prevé el artículo 40, relativo a los principios informadores de las medidas de protección de familias con personas en situación de riesgo de exclusión social.
Igualmente, la Ley recoge diversas disposiciones que conviene tener en consideración: la disposición adicional tercera, que prevé que, en el desarrollo reglamentario, se tenga en cuenta la problemática específica de las familias monoparentales y las familias numerosas, a fin de hacer efectivo el principio de igualdad establecido por el artículo 8.2 del Estatuto de autonomía de Cataluña; la disposición adicional quinta, sobre la extensión de las prestaciones económicas a otros colectivos familiares y a otras franjas de edad, de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias y, finalmente, la disposición adicional cuarta, relativa a la perspectiva de sexo, perspectiva que debe introducirse en el desarrollo reglamentario de la ley, atendiendo especialmente a las necesidades de las mujeres en las medidas de protección a las familias.
La protección económica familiar se configura como un elemento para afrontar las nuevas necesidades que la llegada de un hijo o hija implica para la familia, así como para ayudar a conciliar la vida familiar y la laboral. En algunos supuestos, además, las familias deben recibir protección para poder reducir las situaciones de pobreza infantil y evitar el peligro de exclusión social. A lo largo de estos últimos años, se ha constatado que existe una relación significativa entre el número de niños nacidos y el aumento, en el seno de las familias, de las dificultades económicas. Así, cuantos más niños, las familias indican más problemas de carácter económico.
Considerando el Decreto 324/2001, de 4 de diciembre, relativo a las relaciones entre los ciudadanos y la Administración de la Generalidad de Cataluña a través de Internet, el Acuerdo del Gobierno de la Generalidad de 13 de julio de 1999, mediante el que se encauzó el proyecto de la Administración Abierta de Cataluña, con la finalidad de acercar sus servicios al ciudadano mediante la utilización de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, que se incardinan en el plan de actuación e-Europe 2002 de las Comunidad Europeas, y el Acuerdo de Gobierno de 13 de mayo de 2003, de establecimiento de criterios funcionales que faciliten el desarrollo de un nuevo sistema de relación con los ciudadanos;
Considerando la Ley 11/2004, de 27 de diciembre, de presupuestos de la Generalidad de Cataluña para 2005;
Considerando el Decreto legislativo 3/2002, de 24 de diciembre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña;
En uso de las facultades que me otorga la Ley 13/1989, de 14 de diciembre, de organización, procedimiento y régimen jurídico de la Administración de la Generalidad de Cataluña,
Ordeno:
Objeto
1.1 Se abre la convocatoria para la concesión de prestaciones económicas para las familias con hijas e hijos a cargo y se aprueban las bases que han de regir dicha convocatoria, que figuran en el anexo 1 de la presente Orden.
1.2 Las prestaciones económicas para las familias con hijas e hijos a cargo contempladas en esta Orden son:
a) Prestación económica de carácter universal por niño a cargo.
b) Prestación económica de carácter universal por parto, adopción o acogida múltiple.
c) Prestación económica a familias en situación de especial vulnerabilidad con parto, adopción o acogida múltiple de tres o más niños.
1.3 Para la concesión de la prestación económica de carácter universal por niño a cargo y de la prestación económica de carácter universal por parto, adopción o acogida múltiple no se tendrán en cuenta los ingresos económicos de la unidad familiar.
Partida presupuestaria y cuantía
2.1 La partida del presupuesto de la Generalidad para el año 2005 a cuyo cargo se imputan las prestaciones económicas para las familias con hijas e hijos a cargo es BE05 D/480210200/3132.
2.2 La cuantía inicial disponible es de 145.934.900 euros.
2.3 El crédito inicial disponible podrá ampliarse con sujeción a la normativa vigente.
Plazo
El plazo de presentación de las solicitudes se inicia el 7 de febrero de 2005 y finaliza el 31 de diciembre de 2005. Excepcionalmente, para las familias con niños nacidos, adoptados o acogidos durante el mes de diciembre de 2005, el plazo de presentación de las solicitudes finaliza el 31 de enero de 2006.
Tramitación y resolución
4.1 La tramitación de las solicitudes corresponde a la Secretaría de Familias y de Infancia, y la resolución, a la persona titular de la Secretaría de Familias y de Infancia.
4.2 El plazo máximo para emitir y notificar la resolución es de seis meses a contar desde el día siguiente a la fecha de presentación de las solicitudes.
4.3 Transcurrido el plazo fijado sin que se haya notificado resolución expresa, se entenderá desestimada la solicitud de otorgamiento de las prestaciones económicas.
4.4 La prestación económica de carácter universal por niño a cargo y la prestación económica de carácter universal por parto, adopción o acogida múltiple pueden tramitarse telemáticamente de acuerdo con el procedimiento establecido en el anexo 2 de la Orden BEF/34/2003, de 28 de enero, publicada en el DOGC núm. 3812, de 31.1.2003.
Notificación
La resolución se notificará a las personas interesadas por correo certificado. Contra la resolución, que no agota la vía administrativa, puede interponerse un recurso de alzada en el plazo de un mes ante el órgano que ha dictado el acto o la persona titular del Departamento de Bienestar y Familia, en los términos que establecen los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.
.1 La Secretaría de Familias y de Infancia revisará de oficio si las personas receptoras de la renta mínima de inserción reúnen las condiciones necesarias para acceder a las prestaciones económicas reguladas en la presente convocatoria y, en su caso, procederá a su concesión.
.2 Al final del ejercicio se dará publicidad de las prestaciones económicas otorgadas exponiéndolas en los tablones de anuncios de la sede central del Departamento de Bienestar y...
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