Presentación
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¿Evolución o transformación? A nuestro parecer, éste es el interrogante que nos tenemos que plantear hoy cuando reflexionamos sobre la incidencia de Internet y de las TIC sobre las instituciones públicas y sobre el derecho que las regula. Éste es también el interrogante que planteamos a los autores de este nuevo monográfico de la Revista y al cual pensamos que todos ellos responden, ya sea de forma explícita, ya sea por otros caminos y senderos.
Los cambios de todo tipo que vivimos tienen que exigir, siempre, la atención de la clase política y de los responsables públicos y el análisis de los que se dedican a la academia. Sin embargo, la reacción de nuestro sistema jurídico ante el fenómeno de las TIC no ha sido, hasta fechas bien recientes, suficientemente satisfactoria, ni en el ámbito legislativo, ni en la acción de los gobiernos, ni —señaladamente— en los ámbitos de la reflexión teórica y de la formación jurídica.
Este número monográfico sobre la incidencia de las TIC en el derecho público se enmarca, precisamente, en un cambio de etapa, en un momento en que la situación descrita empieza a cambiar y ya se ha tomado conciencia de la magnitud del fenómeno. Como se ha dicho con toda la razón, la solución a todos estos cambios no vendrá de insistir que todo es igual, ni que todo es diferente; sino que nos llevará, seguramente, bastante más trabajo.
La atención que dispensan los nuevos estatutos de autonomía a estas tecnologías y la aprobación de la primera ley reguladora de la Administración electrónica constituyen unos signos bastante claros de este cambio de etapa, de esta nueva perspectiva, más atenta y más global. Con respecto a la primera cuestión, nos parece muy relevante la fuerte presencia que han tenido las TIC ente los diversos procesos de reforma estatutaria, tanto en relación con los derechos de la ciudadanía como en relación con al reparto del poder público. La reivindicación de un mayor poder autonómico en el ámbito de las telecomunicaciones y de la sociedad de la información ha quedado solemnemente planteado, aunque el éxito alcanzado haya sido más bien escaso. También ha sido ésta la primera vez que expresiones como sociedad de la información, tecnologías de la información y la comunicación, comercio electrónico o protección de datos han sido incorporadas a las normas de cabecera de nuestro ordenamiento jurídico, a normas de rango (casi) constitucional.
Nos parece también relevante, como decíamos, que este año 2007 se haya promulgado la Ley de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. Claro está que esta norma tienePage 2sus insuficiencias —empezando el título con que ha sido obsequiada—, tanto desde la perspectiva de sus soluciones materiales, como si nos fijamos en su difícil encaje con el nuevo entendimiento de las competencias básicas estatales que se ha planteado desde Cataluña. Estas insuficiencias ya se abordan en los trabajos de este monográfico, elaborados en paralelo a la tramitación de la Ley. Pero también podemos reconocer que esta norma contribuye a iniciar y a certificar la llegada de un nuevo tiempo para nuestras instituciones públicas y, en particular, para el conjunto de administraciones. En fin, quizás nos convendría actualizar la cláusula constitucional del Estado social y democrático de derecho y reconocer que nos encontramos, más bien, en un Estado social, democrático, autonómico y electrónico de derecho.
Fue, precisamente, a la vista de la gran diversidad de cuestiones afectadas por las TIC, que nos pareció conveniente orientar este monográfico desde una perspectiva tendencialmente completa de las relaciones entre estas tecnologías y el derecho público. Este planteamiento se puede deducir del conjunto de temáticas y de enfoques escogidos para componer este número de la Revista, pero también late, a nuestro juicio, en las diversas contribuciones que reúne. Algunas se centran en los derechos de los ciudadanos, desde una perspectiva preferentemente constitucional, mientras que otras observan las nuevas formas de organización y de actuación de las administraciones públicas y unas últimas se plantean todas estas cuestiones desde la óptica del pluralismo territorial. Unos campos con unos vínculos mucho más estrechos de lo que acostumbramos a admitir.
Presentamos este monográfico con la voluntad de que sea una buena herramienta para responder a las evoluciones y a las transformaciones que experimenta el derecho público a consecuencia del avance tecnológico. Como una contribución a la delimitación y el estudio de un muy renovado derecho público de la información. Cada lector juzgará libremente el resultado.
