Presentación
| Autor | Mª Consuelo Rumí Ibáñez |
| Cargo | Secretaria de Estado de Inmigración y Emigración |
| Páginas | 07-14 |
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El Parlamento Europeo y el Consejo decidieron establecer el año 2007 como Año Europeo de la Igualdad de Oportunidades para Todas las Personas. El objetivo esencial del Año es lanzar un amplio debate sobre los beneficios de la diversidad para las sociedades europeas. Quiere, al mismo tiempo, que la ciudadanía europea sea más consciente de sus derechos y disfrute de la igualdad de trato y una vida libre de discriminación.
En este contexto, considero oportuno formular algunas reflexiones que sirvan de marco de referencia a las actividades desarrolladas dentro de la estrategia española, elaborada para impulsar los objetivos del Año Europeo a través de un conjunto de medidas de difusión para favorecer la comprensión del fenómeno de la diversidad y la interiorización de las políticas de no discriminación en todos los ámbitos, tanto públicos como privados, entre ellas la creación de un portal interactivo sobre todos los ámbitos de discriminación del Año Europeo en España; el desarrollo de un programa de celebración de jornadas para impulsar la sensibilización frente a la discriminación en distintas Comunidades Autónomas; la promoción de políticas de no discriminaci ón e igualdad de trato en el ámbito empresarial, a través de un Plan de Gestión de la Diversidad en las empresas; la elaboración de un informe sobre los factores que inciden y provocan la discriminación múltiple; la puesta en marcha de un programa de sensibilización sobre la diversidad intercultural dirigido a las escuelas, que incluya distribución y divulgación de materiales para el fomento de la igualdad, y la organización de talleres para el uso de guías didácticas sobre no discriminación y materiales sobre educación intercultural.
La primera tiene que ver con la pertinencia de la declaración del Año de la Igualdad de Oportunidades para un país como el nuestro que esta experimentando un verdadero ensanchamiento de sus derechos ciudadanos. La actual legislatura está conociendo avances de mucha relevancia en distintos ámbitos que afectan de manera muy importante a millones de ciudadanos. Las mujeres, los jóvenes, las personas con discapacidad, los ciudadanos que residen en el exterior, entre otros colectivos, han visto realizarse o están próximos a ver la materialización de avances legislativos de un alcance muy profundo que garantizan en unos casos y amplían en otros el ejercicio efectivo de sus derechos como ciudadanos, y que reconocen nuevos derechos dirigidos, de manera inequívoca, hacia una mayor igualdad de oportunidades lo que, en suma, equivale a vivir con cada vez mayor plenitud la ciudadanía, un objetivo que forma parte esencial del proyecto político del Gobierno, y que se alinea con la celebración del Año Europeo.
Al tiempo, quiero además expresar mi convicción acerca de que los cambios que estamos viviendo y el impulso modernizador de la vida colectiva, muestran un país maduro, que ha sabido afrontar en las tres últimas décadas con éxito procesos históricos muy complejos y que quiere seguir avanzando en esa dirección; a mi modo de ver, ponen de relieve la confianza de la sociedad española en las posibilidades que ofrece la convivencia democrática y civilizada. La celebración del Año Europeo de la Igualdad de Oportunidades para todos ha llegado, por tanto, en un excelente momento y nos ofrece la excusa perfecta para avanzar mucho en un corto periodo de tiempo. Ahora, más que en el plano legislativo, o de gestión de Gobierno, centrando también nuestros esfuerzos en el terreno de la sensibilización y la participación más amplias posibles.
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La segunda reflexión tiene que ver con la naturaleza misma de la discriminación. Durante los últimos años, hemos ido comprendiendo cada vez con mayor certeza el alcance de la discriminaci ón en nuestras sociedades. Hemos entendido que detrás de cada persona discriminada, se encuentra también la discriminación que padecen todos los que la acompañan. Es así como cada acto discriminatorio se cobra muchas discriminaciones; hace sufrir a muchos la desigualdad, la marginación, la desventaja a la que se somete al familiar, al amigo o al compañero. Los efectos de la discriminación son siempre mayores de los que enumera el simple recuento de sus victimas directas.
Y junto a ello, no podemos olvidar lo que es casi una certeza; que a comienzos del siglo XXI, y a pesar de todos los avances sociales de las últimas décadas, cada individuo concreto sigue estando en riesgo permanente, en cualquier de los ámbitos de su vida, de ser víctima directa de la discriminación. También, me parece oportuno resaltar que las instituciones democráticas, y más en concreto los gobiernos, pueden y deben liderar los procesos de cambio, los avances sustanciales hacia un horizonte de mayor igualdad para el conjunto de la sociedad. Sin embargo, el éxito de estos procesos, la mayor garantía de su avance descansa en la responsabilidad compartida, en la confluencia del mayor numero de actores, públicos y privados, para combatir la discriminación y los riesgos de regresión y consolidar los avances hacia sociedades en las que la igualdad de oportunidades se viva con plenitud en el día a día de su ciudadanía. Ya para acabar, quiero manifestar una convicción más: la cohesión de una sociedad, es decir su fortaleza, se mide en primer lugar por la capacidad para integrar a todas las personas desde el principio de la igualdad de oportunidades y por su determinación para erradicar todas las formas de discriminación.
Confío sinceramente en que al finalizar el año nuestro esfuerzo habrá merecido la pena. Seremos, entonces, un país mejor. En este espíritu, para favorecer la comprensión del fenómeno de la diversidad y de la necesidad de prevenir y combatir la discriminación, en todas sus causas y manifestaciones, entre las actividades programadas en el ámbito de la formación y la información, merece destacarse el esfuerzo editorial realizado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, al dedicar tres números de la Revista, uno ordinario y dos extraordinarios, a temas relacionados con la igualdad de oportunidades. Los dos primeros se ocupan monográficamente a la igualdad entre mujeres y hombres, el número 67, dentro de la serie «Derecho social, Internacional y Comunitario» de la Revista, trata de la igualdad de trato y oportunidades, en el ámbito internacional, con atención preferente al Derecho Comunitario, y el primero de los números extraordinarios, en el ámbito nacional, de la igualdad efectiva de mujeres y hombres, con ocasión de la aprobación y entrada en vigor de la Ley Orgánica 3/2007 de este mismo título.
El segundo número extraordinario, que ahora presentamos, se dedica a la igualdad de oportunidades para todos, desde una perspectiva más global, a través de los nueve estudios que incluye. El primero de ellos, realizado por Manuel María Zorrilla, catedrático emérito de la Universidad de Deusto y ex presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, aborda el tema de la igualdad y la no discriminación desde la perspectiva internacional, a partir de la Declaraci ón Universal de derechos humanos y hasta la recientemente adoptada Convención sobre derechos de las personas discapacitadas, en el seno de la Organización de Naciones Unidas, siguien- Page 9 tia, profesora de la Universidad del País Vasco, se centra, en el marco de la Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, en el sistema de acreditación de la condición de víctima de la violencia de género como cuestión esencial en relación con la asistencia sanitaria, determinante en la fase de detección que activa los mecanismos de tutela jurídica, respecto de las víctimas trabajadoras por cuenta ajena a que opten por permanecer en el puesto de trabajo, en los ámbitos de la relación laboral y de la relación de seguridad social, concluyendo con la necesidad de un mayor desarrollo normativo, que favorezca la conservación del puesto de trabajo y la permanencia de la víctima en el mismo y la consideración de la violencia de género como una contingencia específica para su más completa protección por el sistema de la seguridad social.
El sexto estudio recoge la colaboración de Ana María Pérez Castillo, Abogada, en forma de análisis crítico de la prestación por paternidad, sea biológica, por adopción o acogimiento, a partir de la institución de la suspensión del contrato de trabajo por este motivo, abordando las cuestiones de la titularidad del derecho, de especial trascendencia desde la perspectiva de la corresponsabilidad entre mujeres y hombres de las cargas familiares, de su disfrute, a propósito del momento y la duración, de las garantías procesales en los casos de negativa empresarial a su reconocimiento y/o ejercicio y de la coincidencia con el periodo de vacaciones, con particular atención a los trabajadores autónomos dependientes, concluyendo con la constatación de las realidades que dan lugar a un trato discriminatorio o diferenciado de unos colectivos frente a otros, sin que se aprecien razones de política legislativa o social que amparen estas discrepancias, que la autora señala como notables en algunos casos.
Una estimación del coste para España de la política comunitaria contra la discriminación de género en los planes y fondos de pensiones, realizada por los profesores Miryam de la Concepci ón González Rabanal y Luís María Sáez de Jáuregui Sanz, es el tema que se desarrolla en el séptimo estudio en el que se analiza el impacto sobre los costes derivados de la aplicación de la igualdad de trato y la no discriminación entre mujeres y hombres en el acceso a los servicios y suministros, en particular en el ámbito de los seguros, que deberá ser asumido por toda la sociedad. El octavo estudio, que trata de la relación entre la igualdad de los ciudadanos y la solidaridad, realizado por Silverio Barriga, Catedrático de Sociología Social de la Universidad de Sevilla, partiendo de los valores de libertad, igualdad y fraternidad, se centra en la igualdad, en la diversidad y en la igualdad de acceso a los recursos como reto de una sociedad justa, de modo que a pesar de la diversidad de origen se logre la igualdad de posibilidades y se llegue a la instauraci ón y consolidación de la ciudadanía social a través de la solidaridad, para lo cual se ha de disminuir cualquier tipo de discriminación y perseguir la igualdad, entre géneros y en la familia; intergeneracional y por edad; con independencia del origen social o étnico; cualquiera que fuera la opción religiosa, por religión o convicciones; para las personas con discapacidad y con diferente orientación sexual; así como la igualdad territorial.
El noveno y último estudio se ocupa también de la ciudadanía y la igualdad, esta vez a propó- sito de los servicios sociales, desde el enfoque del discurso neoliberal y de los límites de éste. Su autor, Antonio López Peláez, profesor titular de Sociología de la UNED, desde la perspectiva de la sociología y de la metodología del Trabajo Social, partiendo de las relaciones entre la ciudadan ía y la acción comunitaria en el Estado de bienestar, se interna en el tema de la lucha por la igualdad en un entorno globalizado, para hacer frente al nuevo reto de las sociedades avanzadas, el del individualismo extremo y el relativismo moral, analizando la relación existente entre cultura, valores y bienestar, y trata de cómo afrontar comunitariamente las causas estructura- Page 10 tia, profesora de la Universidad del País Vasco, se centra, en el marco de la Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, en el sistema de acreditación de la condición de víctima de la violencia de género como cuestión esencial en relación con la asistencia sanitaria, determinante en la fase de detección que activa los mecanismos de tutela jurídica, respecto de las víctimas trabajadoras por cuenta ajena a que optan por permanecer en el puesto de trabajo, en los ámbitos de la relación laboral y de la relación de seguridad social, concluyendo con la necesidad de un mayor desarrollo normativo, que favorezca la conservación del puesto de trabajo y la permanencia de la víctima en el mismo y la consideración de la violencia de género como una contingencia específica para su más completa protección por el sistema de la seguridad social.
El sexto estudio recoge la colaboración de Ana María Pérez Castillo, Abogada, en forma de análisis crítico de la prestación por paternidad, sea biológica, por adopción o acogimiento, a partir de la institución de la suspensión del contrato de trabajo por este motivo, abordando las cuestiones de la titularidad del derecho, de especial trascendencia desde la perspectiva de la corresponsabilidad entre mujeres y hombres de las cargas familiares, de su disfrute, a propósito del momento y la duración, de las garantías procesales en los casos de negativa empresarial a su reconocimiento y/o ejercicio y de la coincidencia con el periodo de vacaciones, con particular atención a los trabajadores autónomos dependientes, concluyendo con la constatación de las realidades que dan lugar a un trato discriminatorio o diferenciado de unos colectivos frente a otros, sin que se aprecien razones de política legislativa o social que amparen estas discrepancias, que la autora señala como notables en algunos casos.
Una estimación del coste para España de la política comunitaria contra la discriminación de género en los planes y fondos de pensiones, realizada por los profesores Miryam de la Concepci ón González Rabanal y Luís María Sáez de Jáuregui Sanz, es el tema que se desarrolla en el séptimo estudio en el que se analiza el impacto sobre los costes derivados de la aplicación de la igualdad de trato y la no discriminación entre mujeres y hombres en el acceso a los servicios y suministros, en particular en el ámbito de los seguros, que deberá ser asumido por toda la sociedad. El octavo estudio, que trata de la relación entre la igualdad de los ciudadanos y la solidaridad, realizado por Silvano Barriga, Catedrático de Sociología Social de la Universidad de Sevilla, partiendo de los valores de libertad, igualdad y fraternidad, se centra en la igualdad, en la diversidad y en la igualdad de acceso a los recursos como reto de una sociedad justa, de modo que a pesar de la diversidad de origen se logre la igualdad de posibilidades y se llegue a la instauraci ón y consolidación de la ciudadanía social a través de la solidaridad, para lo cual se ha de disminuir cualquier tipo de discriminación y perseguir la igualdad, entre géneros y en la familia; intergeneracional y por edad; con independencia del origen social o étnico; cualquiera que fuera la opción religiosa, por religión o convicciones; para las personas con discapacidad y con diferente orientación sexual; así como la igualdad territorial.
El noveno y último estudio se ocupa también de la ciudadanía y la igualdad, esta vez a propó- sito de los servicios sociales, desde el enfoque del discurso neoliberal y de los límites de éste. Su autor, Antonio López Peláez, profesor titular de Sociología de la UNED, desde la perspectiva de la sociología y de la metodología del Trabajo Social, partiendo de las relaciones entre la ciudadan ía y la acción comunitaria en el Estado de bienestar, se interna en el tema de la lucha por la igualdad en un entorno globalizado, para hacer frente al nuevo reto de las sociedades avanzadas, el del individualismo extremo y el relativismo moral, analizando la relación existente entre cultura, valores y bienestar, y trata de cómo afrontar comunitariamente las causas estructura- Page 11 les de discriminación, para hacer frente a los procesos de desigualdad que no pueden ser abordados desde una perspectiva exclusivamente individual.
Sin duda, este ramillete de estudios representa, en el conjunto de las actividades del Año Europeo de la Igualdad de Oportunidades para todos (2007), una aportación más al debate sobre las ventajas de la diversidad para las sociedades europeas y para sus ciudadanos, en relación con el objetivo específico de sensibilizar mejor al público respecto del derecho a la igualdad de trato y a una vida sin discriminación por las causas que enumera el artículo 13 del Tratado de la Comunidad Europea, y a los grupos en posición de formar o influir en las políticas de no discriminaci ón y de igualdad (responsables políticos, agentes sociales, autoridades administrativas, empresarios, trabajadores, organismos de promoción de la igualdad de trato, medios de comunicación, etc.), que deberá tener su continuación, en los próximos meses y años, en la respuesta a las invitaciones que el Consejo, en su Resolución de 5 de diciembre de 2007, relativa a las actividades consecutivas al Año Europeo de la Igualdad de Oportunidades para todos (2007), dirige a los Estados miembros, la Comisión, la sociedad civil y los interlocutores sociales.
