Políticas generales: de la emergencia sanitaria a las reformas Next Generation
| Autor | Gerardo García Álvarez |
| Páginas | 213-228 |
OBSERVATORIO DE POLÍTICAS AMBIENTALES 2022
GERARDO GARCÍA ÁLVAREZ, “Políticas generales…”
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XI
Políticas generales: de la emergencia sanitaria a las
reformas Next Generation
Gerardo García Álvarez
SUMARIO: 1. «POLÍTICAS GENERALES» OBJETO DE IMPULSO POLÍTICO. 2.
DESARROLLOS EN LAS «POLÍTICAS JURISPRUDENCIALES»
GENERALES. 3. SALVAR VENECIA: LA NECESARIA
ARTICULACIÓN CONJUNTA DE MEDIDAS AMBIENTALES Y
SOCIALES.
1. «POLÍTICAS GENERALES» OBJETO DE IMPULSO
POLÍTICO
La creciente preocupación pública por las cuestiones ambientales –
especialmente por el cambio climático- experimentó un cierto parón durante
al año 2020, en el período más duro de la pandemia que todavía nos asola,
pero ha retomado protagonismo durante el año 2021, tanto por la propia
iniciativa de las distintas instancias internas españolas como por el programa
Next Generation de la Unión Europea, que pone en un lugar destacado las
cuestiones ambientales, aunque todavía no haya hecho sentir plenamente sus
efectos. Por supuesto, dentro de las Políticas Generales las hay más sensibles
la ciclo político y económico, mientras que otras tienen una dinámica
completamente propia e independiente, como son todas las relativas al
PGC2018-099237-B-I00: Bancos de conservación y otras medidas de compensación
ambiental.
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desarrollo de la jurisprudencia de los distintos órdenes jurisdiccionales y del
Tribunal Constitucional. Cabe por tanto distinguir las «políticas generales»
producto más o menos directo del impulso político de aquellas otras en los
que existen dinámicas propias y endógenas, fundamentalmente en los
ámbitos jurisdiccionales.
Como instrumento de referencia en la ejecución del programa Next
Generation durante el periodo 2021-2023, el Gobierno estableció en octubre
de 2020 el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y aprobó el
Real Decreto Ley 36/2020, de 30 de diciembre, creando un instrumento de
colaboración público-privada, los denominados PERTE o Proyectos
Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica. Para
percibir ayudas de un PERTE los proyectos deben respetar el principio de
«no causar un perjuicio significativo al medio ambiente» («Do no Significant
Harm» o DNSH), conforme a lo establecido en el Reglamento UE 2021/241,
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021.
Como destaca Blanca LOZANO, en 2021 se aprobaron tres PERTE
ambientalmente muy relevantes: para el desarrollo del vehículo eléctrico
conectado, con una inversión público-privada de 24 mil millones de euros;
Energías Renovables, Hidrógeno renovable y Almacenamiento (ERHA), con
una inversión público-privada prevista de 16,3 miles millones de euros; y
digitalización del ciclo del agua, para la modernización del ciclo de agua a
través de tres herramientas (digitalización, innovación y formación), con una
inversión público-privada de más de 3 mil millones de euros.
En el plano normativo, en lo relativo a la actuación sobre el clima, en
el nivel supranacional se ha aprobado el Reglamento (UE) 2021/1119 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de junio de 2021, por el que se
adopta la nueva “Legislación Europea del Clima”, mientras que España ha
aprobado la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición
energética (en adelante también “Ley de Cambio Climático”), una norma que
había generado considerables expectativas al ser la primera que en nuestro
país se centra específicamente en la evolución y estabilización del clima,
pero que en general ha sido considerada insatisfactoria.
En esta Ley se contempla la creación de la Asamblea Ciudadana de
Cambio Climático como vía de participación ciudadana, que es analizada por
Carmen PLAZA. Este tipo de iniciativas no sólo entroncan con la
importancia que se ha dado a la participación en diversos instrumentos
internacionales de promoción de la protección ambiental, sino que han sido
utilizados en varios países de nuestro entorno (Francia, Irlanda o Reino
Unido entre ellos) con la finalidad específica de estudiar medidas concretas
de estabilización climática. Como señala PLAZA, este tipo de asambleas
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