Las politicas de empleo como refuerzo de la precariedad y la division sexual del trabajo: el papel del personal tecnico.

AutorMartín Herreros, Vicky
CargoMONOGR

Sumario: 1. Introducción. 2. Cuestiones claves abordadas. 2.1. Las políticas activas de empleo. 2. La Unión Europea y la activación de las políticas sociolaborales. 2.3. La división sexual del trabajo. 2.4. La precarización del empleo. 3. La investigación sobre las PAE. 3.1. Contexto sociolaboral de las PAE. 3.2. Metodología. 4. Análisis de las PAE. 4.1. El personal técnico de base y las PAE. 4.2. Construcción y legitimación de la precariedad. 4.3. La tecnología del género. 5. Conclusiones. 6. Bibliografía.

[en] Employment policies to reinforce precariousness and the sexual division of labor: the role of technical personnel

  1. Introducción

    Los cambios sociales y laborales experimentados a escala internacional exigen una adaptación continua de las y los profesionales para conseguir lo que la Estrategia Europea 2020 (Comisión Europea, 2010) señala en sus orientaciones: la necesidad del aumento de la participación de mujeres y hombres en el mercado de trabajo, la reducción de la desocupación estructural y el fomento del empleo de calidad, entre otros. Ante los nuevos desafíos, la Unión Europea (UE) necesita poder contar con todo el talento disponible. Durante las últimas décadas, tanto desde la UE como desde otras instancias, se ha defendido la necesidad de la incorporación de un mayor número de mujeres al empleo. Es fácil defender esta apuesta, dados los beneficios que dicha incorporación aporta a la sociedad: aumento de mano de obra, aumento de capital humano altamente cualificado o mantenimiento del actual sistema de bienestar. Es una visión economicista (Serrano Pascual, 2016: 141) que pone la mirada en los beneficios económicos que aportaría a la Unión, instrumentalizándolos a la hora de afrontar el gran reto de mantenerse entre las sociedades líderes a nivel mundial.

    Así, se hace necesario averiguar cómo se llevará a cabo el aumento de la población activa femenina. Se debe tener en cuenta que el mercado laboral está fuertemente marcado por el género, persistiendo la segregación vertical y horizontal, así como la brecha salarial o las altas tasas de desempleo, donde la temporalidad y la parcialidad no deseada siguen teniendo rostro de mujer (Santamaría, 2016). Desigualdades en el mercado que se han de analizar a la par de las desigualdades que se mantienen en el espacio doméstico (Prieto y Pérez de Guzmán, 2013). Espacio en el que el trabajo de cuidados sigue estando mayoritariamente a cargo de las mujeres, y en el que el incipiente reparto del mismo reproduce la división sexual del trabajo que tiene lugar también en el mercado laboral (Carrasquer, 2002; Carrasquer y Torns, 2007).

    Y esto se produce en un contexto en el que el empleo sigue siendo un elemento central para la identidad de la ciudadanía (Yàniz, 2014). Según la OIT (2004), la empleabilidad es uno de los resultados fundamentales de una educación y formación de alta calidad: abarca las cualificaciones, los conocimientos y las competencias que aumentan la capacidad de los trabajadores para conseguir y conservar un empleo. Al mismo tiempo, el desempleo constituye un problema importante, que insta con urgencia a conocer las variables que mejoran las condiciones de las personas para encontrar empleo y a desvelar las estructuras y demás condiciones que generan la escasez de empleo. El desarrollo de la empleabilidad es, de esta manera, una pieza clave en la construcción de la ciudadanía.

    Para entender el origen, evolución y diseño institucional de las políticas activas de empleo (PAE de ahora en adelante) es necesario considerar el desempleo como problema clave: las PAE tratan de incidir en el mercado contribuyendo a mejorar el engranaje entre oferta y demanda, e intentando acelerar ciertas dinámicas de creación de empleo.

    La investigación que presentamos en este artículo analiza el papel de las personas que desarrollan las acciones derivadas de las PAE, es decir, el personal técnico de las entidades públicas que las llevan a cabo. Y lo hacemos en un marco muy específico, como son los servicios municipales de empleo y los programas y acciones que implementan. Las PAE se desarrollan fundamentalmente por programas de temporalidad limitada, la mayoría de ellos de un año o menos de duración. Además, la mayor parte de las acciones las llevan a término entidades locales, que no tienen competencias directas sobre las mismas. De esta manera, el personal técnico que implementa las PAE tiene contratos laborales temporales adscritos a los programas de empleo que ejecutan, con las derivaciones que conllevan (Darmon et al. 2006; Martínez López, 2009).

    Este artículo propone una reflexión sobre la situación de precariedad en que se encuentra el personal técnico que ejecuta las PAE y la influencia que ejerce como transmisor de la aceptación de un nuevo modelo laboral basado en la flexibilidad y la precariedad laboral. Dicha flexibilización fue exigida tanto desde la regulación europea de empleo, ya desde los años 90 al incorporar el concepto de flexiseguridad, como por el propio sistema productivo, y dio lugar a la precarización generalizada de las condiciones de trabajo de la parte más frágil de un mercado cada vez más fragmentado (Serrano Pascual, 2016; Pozo Cuevas, 2019).

    El análisis que aquí se presenta incorpora también la perspectiva de género, de manera que nos cuestionamos si esta transmisión de la tolerancia hacia la precariedad se hace reforzando la actual división sexual del trabajo (Carrasco, 2011). Esto posicionaría a las mujeres y a los hombres en un mercado laboral atravesado por la desigualdad de género de manera diferente, tanto en el punto de partida como en las expectativas (Alfama, Cruells y de la Fuente 2014; Medina-Vicent, 2018; Ezquerra y Mansilla, 2019).

  2. Cuestiones abordadas

    2.1. Políticas activas de empleo

    Siguiendo a Alujas (2003), consideramos las PAE como un conjunto de medidas que pretenden potenciar la adaptación de los trabajadores y las trabajadoras a las exigencias cambiantes del mercado, incidiendo especialmente en sus capacidades para estar en disposición de incorporarse al circuito del empleo.

    En España las PAE quedan enmarcadas en el artículo 149.1.7 de la Constitución de manera que es el Estado el que legisla para todo el territorio y establece uniformidad, dejando a las Comunidades Autónomas (CC.AA.) la organización de las PAE. Así, las CC.AA. tienen las competencias relativas a la ejecución de la legislación laboral al respecto, que normalmente llevan a cabo a través de los servicios autonómicos de empleo. Las PAE trasladan a las entidades públicas--municipales y supramunicipales--y a las entidades privadas colaboradoras, el diseño y la ejecución de las acciones derivadas de dichas políticas, en aras de una mejor adecuación a la realidad territorial. Todo ello en coherencia con la reestructuración y modernización de los servicios públicos de empleo y para favorecer la intermediación (Martín, 2014:153).

    A nuestro entender, las PAE resultan herramientas políticas en manos de los diferentes niveles territoriales de gobierno, bajo el modelo de descentralización de los políticas de bienestar y de empleo, que se concretan en el reparto de funciones a nivel de decisión, financiación, e implementación, lo que les haría--supuestamente--incidir mejor en los elementos que conforma el mercado de empleo (Hernández-Moreno y Ramos, 2017: 7). Estas políticas forman parte del segundo orden de las políticas socioeconómicas específicas fundadas en diagnósticos referidos a los mercados de trabajo y la economía europea. Las de primer orden son las políticas encaminadas a modificar la regulación laboral. Las de segundo orden, entre ellas las PAE, promueven actuaciones que se enfrentan a los desequilibrios de los mercados de trabajo, y se justifican en la medida que sirven para paliar situaciones de desigualdad que tienen su origen en fallos del mercado (Barbier, 2006). Es decir, tienen como objetivo mejorar el funcionamiento del mercado de trabajo y comparten con el resto de las políticas laborales el objetivo último del incremento de la eficiencia en la utilización de la mano de obra y de la competitividad del sistema productivo. Lo hacen, dada la activación que han sufrido, desde una aproximación individualizada al desempleo, que incide especialmente en modular las conductas y en los colectivos más desfavorecidos (Sanz de Miguel, 2013: 234).

    Las PAE cobran importancia en la medida que deben facilitar la empleabilidad en un contexto económico extremadamente débil La persistencia de elevadas tasas de desempleo, unidas al aumento del paro de larga duración y a la existencia de colectivos específicos con dificultades de empleabilidad, suponen retos a los que dar respuesta (Dahan y Di Nardo, 2010; Fernández Rodríguez, 2014; García Palma, 2019).

    La Estrategia Española de Activación para el Empleo 2017-2020 (4) (EEAE) pone a disposición de todos los agentes del Sistema Nacional de Empleo nuevas herramientas, infraestructuras y sistemas de información, concediendo especial relevancia a la planificación, evaluación y seguimiento de las políticas de activación para el empleo en base a resultados Esto se incardina dentro de las reformas de los servicios públicos de desempleo que están asumiendo esa transformación hacia nuevas formas de organización y de gestión de las mismas: nuevas formas que ponen el foco más en los efectos y en los resultados que en los procesos (Martín, 2014: 145). La EEAE centra sus objetivos en los servicios públicos de empleo, eludiendo incidir en aquellas cuestiones estructurales del mercado de trabajo desde una perspectiva integracionista, que no incorpora una crítica--ni explícita ni implícita--a las causas que generan el desempleo (Mimbrero et al., 2016: 57).

    2.2. La Unión Europea y la activación de las políticas sociolaborales

    Ante los desafíos que supone abordar las altas tasas de desempleo que padece el mercado, el reto demográfico derivado del envejecimiento de la población y las bajas tasas de actividad que...

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