La politica familiar en España (recensión)
| Autor | Luis Ayuso Sánchez |
| Páginas | 151-153 |
La institución familiar –es junto con el estado, el mercado y el tercer sector– uno de los cuatro pilares básicos de la configuración actual de los sistema de bienestar en las sociedades desarrolladas. Sin embargo, y a pesar del importante papel que ha tenido la familia en la sociedad española, tanto en épocas de mayor necesidad (asegurando el sustento y cubriendo las necesidades básicas de sus miembros), como en momentos de mayor desahogo (completando el bienestar a través de la red familiar, o siendo un importante protector psicológico y sentimental de las personas que la componen), la política familiar ha sido hasta épocas muy recientes una de las cuestiones más olvidadas en las políticas sociales desarrolladas en España y apenas ha entrado en la agenda de nuestros políticos.
Sólo recientemente los responsables de llevar a cabo políticas públicas han empezado a desarrollar medidas de protección y apoyo a la familia (Plan Integral de Apoyo, de carácter nacional 2001/2004), respondiendo con esto a una significativa parte de la población que las venía reivindicando desde hace tiempo. Estos cambios que afectan a la política familiar actual vienen motivados por factores que están amenazando la actual conformación de nuestro Estado de bienestar, como las restricciones financieras, el creciente número de formas de vida familiar o el declive de la población. Transformaciones que pueden acentuarse en los próximos años y ante las cuales la familia juega un papel crucial.
El libro que presentan los profesores Iglesias de Usell y Meil Landwerlin realiza un recorrido por las diversas acciones políticas que en materia de familia se han llevado a cabo en nuestro país desde los orígenes de la protección social, analizando la evolución y el tratamiento que esta institución básica de la sociedad ha recibido por parte del Estado. Los autores comienzan por realizar una delimitación conceptual de lo que se entiende por política familiar recogiendo las aportaciones de Zimmerman, Dumon, Kellerhals o Alwin. En general, puede considerarse que toda política pública beneficia de forma directa o indirecta a la familia, pero de lo que se trata con este tipo de medidas es poner el enfoque familiar en las políticas sociales «orientando a éstas a responder a las necesidades de las familias y a fortalecer la vida familiar». La forma de llevar a la práctica estas medidas da lugar a políticas familiares implícitas o explícitas.
Por otro lado, también se hace referencia a los diferentes instrumentos que pueden utilizar los gobiernos para desarrollar una política familiar íntegra, interviniendo de forma legal, económica o mediante servicios sociales. La promoción de este tipo de políticas no deben ser exclusivas de un solo grupo político y menos propiedad de una sola ideología, pues su contenido depende de los responsables que las lleven a cabo. Realizar políticas familiares no es incompatible con la liberación de la mujer, ni exige una orientación necesariamente natalista, se pueden realizar políticas familiares más progresistas o más conservadoras. De hecho –afirman los autores– «la protección familiar no se fundamenta en una cuestión de ideologías sino de hechos objetivos».
Las primeras medidas relacionadas con la política familiar en España se dieron en el primer tercio del siglo XX. Y a diferencia de algunos países europeos como Francia, Bélgica o Italia, apenas tuvieron influencia en la protección real de la familia, bien motivadas por su fuerza extremadamente limitada, como las reducciones fiscales desarrolladas durante la dictadura de Primo de Rivera o bien por el marcado carácter legal y el escaso tiempo en que estuvieron vigentes, como ocurrió con la II República. No será hasta la primera etapa del franquismo cuando se empiece a articular una política familiar que tenga más calado en la sociedad. El encargado de desarrollar estas primeras medidas sería Severino Aznar, catedrático de Sociología, y que recogió muchos de los principios de la doctrina nacional católica que, posteriormente, Falange incluiría en su ideario y que el régimen franquista aplicaría en parte. Durante la autarquía se intentará instaurar un orden tradicional donde la proyección de la «salud de la familia» y la restitución del modelo tradicional eran dos aspectos básicos que había que vigilar.
La primera medida que se llevó a cabo fue la implantación de los subsidios familiares, que eran «asignaciones monetarias mensuales por cada hijo o asimilado a cargo del asegurado», y que poco a poco fue cubriendo a casi todos los grupos profesionales. Posteriormente se instauraron los premios de la natalidad y los subsidios de viudedad y orfandad, aunque la medida que más nos diferenció con respecto al resto de países europeos fue el plus familiar, que era el complemento que el empresario añadía al salario de los trabajadores con cargas familiares. Debido a la situación en la que se encontraba España, este tipo de medidas puede considerarse más de lucha contra la pobreza que propiamente familiares.
Aunque el gasto familiar representara más de la mitad del gasto total de la seguridad social (existiendo en España ayudas superiores a las de países de la UE), se daban numerosas deficiencias de cobertura, pues importantes colectivos se quedaban desprotegidos y mostraban «un carácter profundamente irracional y con efectos marcadamente contradictorios por la desigualdad en la intensidad protectora». Por todo ello se puede decir que esta primera etapa del franquismo se caracteriza por la idea de salario familiar y por la defensa de la familia tradicional, pasando muy pronto los objetivos familiares a un segundo plano.
A partir de 1960 se van a producir en España una serie de cambios que van a afectar a las estructuras e instituciones generales de la sociedad, acercándola poco a poco a la realidad europea. En la familia empezarán a manifestarse transformaciones muy importantes, tanto a nivel externo (desciende la edad media al matrimonio, y comienza la caída de la fecundidad, etc.), como interno (modificándose la estructura de autoridad y la toma de decisiones dentro de la familia, existiendo mayor permisividad). Uno de los cambios que comenzará en esta época y de mayores efectos será la secularización de los españoles que, de manera lenta pero continua, será aceptada por la Iglesia asumiendo al final de la dictadura una actitud comprensiva y tolerante (salvo excepciones) que sería crucial durante todo el proceso de la transición política.
En lo que se refiere a la política familiar, en 1963 empieza a desarrollarse el sistema de seguridad social, lo que trae consigo la puesta en marcha del impuesto general sobre la renta, y la reorientación de la política familiar, «abandonándose la idea de salario familiar, a favor de un modelo que respetara la diferenciación funcional de la sociedad y no vulnerara la autonomía de la economía». Poco a poco la familia fue perdiendo importancia en la agenda política, suprimiéndose las ayudas a la familia nuclear ampliada y reduciéndose
RECENSIONES
éstas a la familia nuclear. Durante esta segunda etapa «el franquismo centró la protección social de la familia fundamentalmente en las prestaciones directas a la seguridad social, que consistían en asignaciones por matrimonio, por esposa a cargo (cuando ésta no realizase trabajo extradoméstico alguno); asignaciones por nacimiento, por hijos a cargo y los famosos premios de natalidad».
La transición traerá consigo una reforma escalonada de la legislación familiar y el abandono de la ya de por sí escasa protección a la familia. Los diferentes grupos políticos no presentaron una alternativa a la política familiar franquista (al considerar ésta un tema estrechamente relacionado con el régimen), por lo que, al igual que ocurrió con los temas más polémicos tratados en esta época, se optó por no darle relevancia pública y dejarla a su suerte. En un rápido periodo de tiempo (1976-1985), las prestaciones familiares públicas se redujeron un 78%, recayendo sobre todo los costes derivados de la crianza de los hijos sobre las propias familias, siendo su situación tributaria muy similar a la de los solteros (si tenían los mismos ingresos).
Con el cambio político en 1982, se intenta racionalizar la seguridad social y la ayuda a la familia, pero el gobierno socialista concibió la protección a la familia como «un instrumento al servicio de la redistribución vertical de la renta, sin apenas renta que redistribuir debido a la inflación y a la caída de la natalidad». Por ello se sigue sin reconocer el importante papel de la familia, realizando medidas hacia las personas individuales y no considerando a éstas como miembros del hogar. A partir de 1990 se produce un aumento apreciable en las prestaciones sociales, motivado principalmente por el desarrollo de los servicios sociales por parte de las comunidades autónomas. Se aumentan las transferencias directas y las desgravaciones fiscales por motivos familiares pero, a pesar de todo, no llega a representar una parte apreciable del conjunto de recursos destinados a redistribuir la renta con arreglo a criterios sociales.
España se sigue caracterizando por el bajo gasto que destina a la protección social de la familia y donde más se han privatizado los costes de socialización de los hijos. Es junto con Grecia el país de la UE donde en menor medida se reconocen las cargas familiares y, pese a la nueva regulación del IRPF y el mínimo personal familiar, su situación sigue sin equipararse a la de los países de nuestro entorno. Las medidas llevadas a cabo para proteger las diversas realidades familiares se antojan a todas luces deficientes. Así, la protección a las familias monoparentales es muy escasa e insuficiente para prevenir la pobreza de esta forma familiar, las actuaciones sobre las familias numerosas no sirve para aumentar la renta disponible de éstas al mismo nivel que tienen países que no protegen específicamente la familia numerosa como Dinamarca, Portugal o Reino Unido; y no ha existido un cambio sustancial en los últimos años en el reconocimiento del cuidado familiar de ancianos y minusválidos.
Uno de los cambios más importantes que se han producido en la familia española es el nuevo papel que desempeña la mujer tanto dentro como fuera de la familia. Destaca su incorporación al trabajo remunerado que, pese a su lentitud, ha ido aumentando paulatinamente compatibilizando trabajo doméstico y extradoméstico. España sin embargo se caracteriza por la baja tasas de actividad femenina condicionada por el número de hijos y la edad de estos. Las medidas que se han llevado a cabo para proteger el trabajo de la mujer han consistido en: permisos laborales cada vez más largos para el cuidado de los niños, la mejora del salario de sustitución percibido, o la proporción de mayor seguridad en la reincorporación a supuesto de trabajo. También se han ampliado los servicios de guarda y educación de los niños, ampliándose la escolarización a edades cada vez más tempranas. En este apartado la situación de nuestro país es intermedia con respecto al resto de países de la UE. Aunque hay que destacar las importantes dificultades existentes todavía y la amplia gama de estrategias que deben desarrollar las familias para compatibilizar vida familiar y laboral, apoyándose en muchas ocasiones en redes informales productoras de bienestar.
A lo largo de esta obra, los autores ponen de manifiesto la escasa presencia que han tenido las políticas familiares en el desarrollo de los sistemas de protección social en España. Hay muchas causas que pueden explicar este menosprecio, pero lo más importante es que esta tendencia ha empezado a cambiar. Muestra de ello es la aprobación por parte del PP de un Plan Integral de Apoyo a la Familia (2001-2004) durante esta legislatura. En él se coordinan acciones entre diversos ministerios para concretar diez líneas estratégicas de acción entre las que destacan: una política fiscal y de rentas, la conciliación de la vida familiar y laboral, una política de vivienda, el apoyo a las familias en situaciones especiales, o la revisión del derecho de familia y la aprobación de la nueva ley de familias numerosas. Todas estas líneas de trabajo se concretan en una amplia gama de medidas con un calendario para su puesta en vigor, estableciéndose al final una fase de evaluación y seguimiento que permita conocer el grado de cumplimiento de los objetivos fijados.
Mucho más novedoso que el plan aprobado es el interés que han suscitado recientemente los temas familiares en la agenda pública. Así, la oposición ha presentado también su propio plan de apoyo y, junto con comunidades autónomas como Galicia, País vasco o Cataluña que llevaban algún tiempo apostando por la familia, otras regiones como Navarra, Madrid, Andalucía o Valencia, están elaborando o desarrollando sus primeros planes. Esto supone un avance en busca de un «compromiso abierto para suprimir el larvado menosprecio de esta esfera de la protección social. Si se consolida el cambio de orientación, la protección familiar puede entrar en un rápido proceso de consolidación».
Por último, ha de reconocerse y agradecer a los profesores Iglesias y Meil el estudio que han realizado, poniendo de manifiesto las deficiencias y en muchos casos indiferencia con la que ha sido tratada la familia en nuestro país. Este trabajo debe servir de referencia a los responsables políticos para futuras intervenciones, pues es responsabilidad suya cuidar de una de las instituciones que mayor bienestar produce y que es la más valorada y protegida por los españoles.
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