STS, 23 de Octubre de 2003
| Jurisdicción | España |
| Emisor | Tribunal Supremo, sala tercera, (Contencioso Administrativo) |
| Fecha | 23 Octubre 2003 |
D. RAMON TRILLO TORRESD. JOSE MANUEL SIEIRA MIGUEZD. ENRIQUE LECUMBERRI MARTID. AGUSTIN PUENTE PRIETOD. SANTIAGO MARTINEZ-VARES GARCIAD. FRANCISCO GONZALEZ NAVARRO
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a veintitrés de Octubre de dos mil tres.
Visto por la Sala Tercera del Tribunal Supremo, constituida en Sección por los Señores reseñados al margen, el recurso de casación, que con el número 1558/1999, ante la misma pende de resolución, interpuesto por el Procurador de los Tribunales Don Isacio Calleja García, en nombre y representación de Doña Nieves , contra la Sentencia de fecha 30 de octubre de 1998, dictada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso-administrativo número 654/96, sobre indemnización por daños y perjuicios como consecuencia de demolición de caseta en playa, habiendo comparecido en calidad de recurrido la Administración General del Estado, representada y defendida por el Abogado del Estado
Con fecha 30 de octubre de 1.998, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso- Administrativo de la Audiencia Nacional, ha dictado Sentencia en el recurso contencioso- administrativo número 654/96, cuya parte dispositiva literalmente dice: "FALLAMOS: Que desestimamos el recurso contencioso administrativo interpuesto por la representación de DOÑA Nieves , contra el acto a que estas actuaciones se contraen, actos que confirmamos por ser ajustados a derecho; sin costas."
Notificada la anterior resolución la representación procesal de Doña Nieves , presenta escrito preparando recurso de casación contra la referida Sentencia, solicitando de la Sala de instancia tenga por preparado el recurso y en su virtud remita a la Sala Tercera del Tribunal Supremo las actuaciones y el expediente administrativo, previo emplazamiento de las partes para comparecer, en el plazo de treinta días, ante dicho Tribunal. Lo que así acuerda la Sala de instancia mediante providencia de fecha 19 de enero de 1.999.
Recibidas las actuaciones y el expediente administrativo procedentes de la Sala de instancia, la representación procesal de Doña Nieves , presenta escrito formalizando el recurso de casación preparado en la instancia, contra la referida sentencia de la Audiencia Nacional, suplicando a la Sala tenga por interpuesto en tiempo y forma el recurso de casación, y previo los trámites legales, dicte sentencia estimando los motivos formulados, casando y anulando la recurrida, pronunciando otra de acuerdo al suplico de su escrito.
Admitido el recurso a trámite, se concede al Abogado del Estado, personado en el presente recurso en concepto de recurrido, el plazo de treinta días a fin de que formalice su escrito de oposición, lo que verifica con fecha 30 de mayo de 2000, en el que tras exponer los motivos de oposición que considera oportunos, suplica a la Sala dicte Sentencia declarando no haber lugar al recurso e imponiendo las costas al recurrente.
Conclusas las actuaciones, quedan pendientes de señalamiento para votación y fallo, cuando por su turno corresponda, fijándose posteriormente, a tal fin el día 21 de octubre de 2.003, fecha en la que ha tenido lugar el acto.
Articula la recurrente un primer motivo de casación por infracción de los artículos 358 y 359 del Código Civil y 208 de la Ley Hipotecaria.
El motivo no puede prosperar por cuanto los artículos invocados del Código Civil ninguna relación guardan con la cuestión debatida, la existencia o inexistencia de un título legítimo del recurrente para construir en terrenos de dominio público y el derecho de propiedad que pretende sobre la construcción en cuestión.
Decimos que ninguna relación guardan por cuanto el primero de ellos se refiere a la accesión de inmuebles estableciendo como principio general el de que lo edificado, plantado o sembrado en predio ajeno, -en nuestro caso la recurrente admite de manera reiterada en los distintos escritos dirigidos a la Administración el carácter de dominio público del suelo ocupado-, pertenecen al dueño de los mismos, en tanto que el 359 establece que todas las obras, siembras y plantaciones se presumen hechas por el propietario y a su costa mientras no se demuestre lo contrario; sin que en ningún momento ni la sentencia de instancia ni la Administración nieguen que la obra haya sido realizada por la recurrente y a su costa.
La sentencia de instancia encuentra su fundamento básico en una afirmación fáctica que esta Sala debe asumir atendiendo la naturaleza del recurso de casación, tal es el que la recurrente no disponía de título válido y vigente que justifique la ocupación, fundamento jurídico VI párrafo quinto y fundamento VII párrafo segundo.
Tampoco cabe entender infringido el artículo 208 de la Ley Hipotecaria ya que ello supondría otorgar a la inscripción en el Registro de la Propiedad un efecto del que carece, cual es el valor constitutivo del derecho inscrito, lo que por otra parte reafirma en casos como el de autos el artículo 8 de la Ley 22/85.
Por otra parte la inscripción no hace fe ni de las características físicas de la finca ni de la validez del título del trasmitente, máxime cuando en el caso de autos la finca accede por primera vez al Registro.
Igual suerte deben correr los motivos segundo, tercero y cuarto en los que el recurrente invoca la doctrina de los derechos adquiridos, la doctrina del Tribunal Supremo sobre concesiones y autorizaciones administrativas, -de manera específica sobre concesiones en precario- y finalmente los artículos 33 y 106 de la Constitución, así como el 139 y siguientes de la Ley 30/92.
Sin perjuicio de resaltar la improcedencia de la referencia al artículo 139 y siguientes de la Ley 30/92 por cuanto el recurso de casación exige para la correcta articulación de los motivos la cita de los específicos preceptos que se consideren infringidos, lo que hace que la referencia genérica a "siguientes" sea suficiente para la desestimación del así articulado, lo cierto es que el recurrente basa toda motivación en la existencia de un título válido de ocupación, lo que la Sala de instancia niega y su declaración vincula a esta Sala al no haberse articulado un motivo por infracción del artículo 9.3 de la Constitución o de los preceptos que regulan la valoración de determinados medios de prueba. En efecto, en el motivo segundo la recurrente afirma en el último párrafo del mismo que "sí existía un título válido y vigente que legitimaba la ocupación...", en tanto que en el motivo tercero la recurrente se refiere a "una facultad reconocida y garantizada por el ordenamiento jurídico" o a reconocimiento de una situación jurídica individualizada o, a cláusula de precario incorporada a las concesiones de dominio público. Con todas estas referencias la recurrente en definitiva lo que sostiene es la existencia de un título válido en el que basar su tesis, título que la Sala "a quo", decimos, niega y al ser esto una declaración de hecho que vincula a esta Sala el motivo decae por falta del fundamento fáctico en que se basa.
En cuanto a la infracción de los artículos 33 y 106 de la Constitución y 139 y 141 de la Ley 30/92 a que se refiere en el desarrollo del motivo, esta Sala no puede sino asumir la tesis de la Sala de instancia en cuanto a lo dispuesto en el artículo 31.2 de la Ley 22/88 y en los artículos 7 y 8 de la misma, en relación a una hipotética situación de tolerancia, de la que tampoco cabe deducir el derecho a una indemnización en base a lo dispuesto en tales preceptos, lo que hace que el daño no pueda considerarse antijurídico.
Rechazados los motivos de casación procede la condena en costas al recurrente en base al artículo 102.3 de la Ley Jurisdiccional.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.
No haber lugar al recurso de casación interpuesto por el Procurador de los Tribunales Don Isacio Calleja García, en nombre y representación de Doña Nieves , contra la Sentencia de fecha 30 de octubre de 1998, dictada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso- Administrativo de la Audiencia Nacional, con expresa condena en costas al recurrente.
Así por esta nuestra sentencia, firme, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACION.- Leída y publicada ha sido la anterior Sentencia por el Magistrado Excmo. Sr. Don José Manuel Sieira Miguez, estando la Sala celebrando audiencia pública el día de la fecha, de todo lo cual, yo, el Secretario, certifico.
-
STSJ Galicia 766/2009, 23 de Septiembre de 2009
...correctoras que se adopten en el proyecto, y a tal efecto hace alusión a las sentencias del Tribunal Supremo, de 31 de mayo de 2004, 23 de octubre de 2003 y 24 de abril de 2005 , entre Similar oposición le merece el cuarto de los motivos esgrimidos, pues entiende, aludiendo al efecto a las ......
-
STSJ Comunidad Valenciana 2707/2006, 14 de Septiembre de 2006
...En el primer motivo, con cita de la sentencia del TSJ de Madrid de 21-10-03 , que no conforma jurisprudencia, y de las Sentencias del Tribunal Supremo de 23-10-03 y 8-6-04 , sostiene el recurrente que ha existido mobbing y, vulneración del articulo 10 de nuestra la Carta Magna. Y en el segu......
-
STSJ Andalucía 1403/2004, 30 de Septiembre de 2004
...de la resolución de la Delegación del Gobierno en Melilla, de fecha 7/05/04. SEGUNDO Se basa la apelante en sentencia del Tribunal Supremo de 23 de Octubre de 2.003 la cual interpreta en el sentido de que el Alto Tribunal admite que basta con que exista un principio de prueba de los perjuic......
-
STSJ Andalucía 1401/2004, 30 de Septiembre de 2004
... ... administrativo contra Resolución del Delegado del Gobierno de fecha 23 de Febrero de 2.004 recaída en el expediente de expulsión número 250/04 ... - Se basa la apelante en sentencia del Tribunal Supremo de 23 de Octubre de 2.003 la cual interpreta en el sentido de que el Alto Tribunal admite ... ...