Jurisprudència ambiental a Galícia
| Jurisdicción | España |
| Fecha | 01 Julio 2011 |
| Autor |
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La present crònica informa de les sentències més rellevants del Tribunal Superior de Justícia de Galícia dels últims set mesos (de l’abril al novembre de 2011). Les sentències més interessants es refereixen a l’ordenació preventiva d’activitats industrials o potencialment contaminants i a la protecció d’hàbitats de Xarxa Natura de caràcter prioritari.
Cal destacar que les sentències en matèria de medi ambient emeses en els últims mesos, pels temes analitzats, no tenen especial interès jurídic. No obstant això, destaquen algunes qüestions tractades pel Tribunal, com la vigència de la regla de les distàncies mínimes del RAMINP a Galícia; les conseqüències derivades de la falta de consulta a la Comissió Europea sobre la realització de projectes amb incidència en hàbitats prioritaris; el dret a obtenir resposta a les al·legacions presentades en el marc del procediment de concessió de l’autorització ambiental integrada; o la naturalesa de l’informe de compatibilitat urbanística emès en el marc del procediment esmentat.
En la Sentència de 23 de juny de 20117, el Tribunal Superior de Justícia de Galícia analitza la validesa de la resolució de concessió d’autorització ambiental integrada per a l’explotació d’una fàbrica de clor-àlcali, situada a l’Ajuntament de Pontevedra.
La part demandant ("Asociación pola Defensa da Ría") al·lega que la resolució infringeix el que disposen els articles 3.2.d) de la Llei 27/2006, de 18 de juliol, per la qual es regulen els drets d’accés a la informació, de participació pública i d’accés a la justícia en matèria de medi ambient8, i l’article 86.3 de la Llei 9/2002, de 30 de desembre, d’ordenació urbanística i protecció del medi rural de Galícia, perquè no
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respon a les al·legacions formulades per l’associació demandant en el procediment administratiu.
El Tribunal resol que "las normas alegadas no reconocen el derecho de las personas jurídicas legitimadas en los términos de la Ley 16/2002 a obtener de la Administración una respuesta a las alegaciones formuladas, y no se discute que se informó de los motivos y consideraciones en los que se basa la decisión adoptada" (FJ 3r). "Una cosa [sigue diciendo el Tribunal] es el derecho de la persona jurídica demandante de acceso a la información medioambiental relevante en materia de medio ambiento; otra, distinta, el derecho, en el expediente de otorgamiento" (FJ 3r).
Una altra qüestió que es planteja en la sentència és la incidència de l’anul·lació judicial de l’informe de compatibilitat urbanística, adjuntat pel promotor a la sol·licitud d’autorització ambiental integrada, en la validesa de la resolució de concessió de l’autorització esmentada. El Tribunal afirma sobre aquesta qüestió que:
"Lo que la Ley dice es que la solicitud de la autorización ambiental integrada contendrá informe del Ayuntamiento en cuyo territorio se ubique la instalación acreditativo de la compatibilidad del proyecto con el planeamiento urbanístico, y que, si este informe fuera negativo, siempre que se haya recibido en la Comunidad Autónoma con anterioridad al otorgamiento de la autorización ambiental integrada, el órgano competente para otorgar dicha autorización dictará una resolución motivada poniendo fin al procedimiento y archivará las actuaciones. La ley dice que si el informe fuera negativo es vinculante; no dice que el informe es preceptivo o necesario para resolver" (FJ 4t).
La Sentència de 21 de juliol de 20119resol el recurs contenciós administratiu en què es dilucida la legalitat de la resolució de concessió d’autorització ambiental integrada per a la fàbrica de cel·lulosa del "Grupo Empresarial Ence, S.A.", situada a l’Ajuntament de Pontevedra.
L’entitat actora addueix, entre altres, com a causes de nul·litat de la resolució:
- Que no es respon les al·legacions que es van formular a l’Administració en el marc del procediment autoritzatori.
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- Que no hi ha cap informe de compatibilitat urbanística emès per l’Ajuntament de Pontevedra.
- Que les instal·lacions litigioses no mantenen la distància de 2.000 metres al nucli de població més proper exigida per l’article 4 del Decret 2414/1961, de 30 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses (RAMINP).
Pel que fa a la primera al·legació, el Tribunal resol, en la línia de la sentència apuntada de 23 de juny de 2011, que aquesta causa de nul·litat no pot ser acollida "pues no cita precepto alguno de la Ley 16/2002 que imponga que se haya de dar una respuesta concreta e individualizada a toda alegación que se presente durante la tramitación del expediente de autorización" (FJ 3r).
En segon lloc, sobre l’absència de l’informe de compatibilitat urbanística, el Tribunal declara que:
"según determina el artículo 24 de la 10/1995, de Ordenación Territorial de Galicia, las determinaciones de los...
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