Medidas cautelares de carácter penal y medidas de naturaleza civil que pueden adoptarse durante el proceso penal y que pueden afectar a personas menores de edad o con discapacidad necesitadas de especial protección
| Autor | M. Cinta Caminals |
| Cargo del Autor | Caminals & Abogados |
| Actualizado a | Septiembre 2021 |
Nota aclaratoria: La nomenclatura de órganos judiciales se efectúa en consideración a la regla general establecida en la Disposición adicional primera de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia. Sin embargo, debe tenerse en cuenta la previsión de la Disposición transitoria primera de la misma ley sobre la “Constitución de los Tribunales de Instancia”, en la que se programan tres fases sucesivas de constitución: la primera a fecha 1 de julio de 2025: solo se transforman los partidos judiciales en juzgados mixtos y VIDO, la segunda a 1 de octubre de 2025: se transforman los partidos con jurisdicción separada –primera instancia, instrucción más VIDO- y que no tengan jurisdicciones especiales- y a 31 de diciembre de 2025: el resto, incluidos los Juzgados Centrales de la Audiencia Nacional, en función de la dimensión de los respectivos partidos judiciales no se convierten en Tribunales de Instancia hasta el 31 de diciembre de 2025.
«Este documento está siendo objeto de revisión para evaluar la necesidad de actualización conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
Todas las referencias a Juzgados contenidas en este documento se entenderán sustituidas por Tribunales de Instancia.»
Comentario:
La Ley 4/2015 de 27 de abril sobre la víctima del delito, modificó la Ley de Enjuiciamiento Criminal ajustando la norma procesal para completar la regulación de los derechos recogidos en el estatuto de la víctima que traspone la Directiva 2012/29/UE.
La referida ley introdujo el artículo 544 quinquies de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece que, en los casos en los que se investigue un delito de los mencionados en el artículo 57 del Código Penal, el Juez o Tribunal, cuando resulte necesario al fin de protección de la víctima menor de edad o con la capacidad judicialmente modificada, en su caso, adoptará motivadamente alguna de las medidas de índole civil en el proceso penal, tales como la suspensión de la patria potestad de alguno de los progenitores, la suspensión de la tutela, curatela, guarda o acogimiento, o la suspensión o modificación del régimen de visitas hasta que concluya el procedimiento, o alzará las medidas de protección que hubieren sido adoptadas. El Ministerio Fiscal y las partes afectadas podrán solicitar al Juez su modificación o alzamiento conforme a lo previsto en el artículo 770 de la LEC.
La reciente Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, se relaciona con los referentes normativos anteriores y también con los compromisos y metas del Pacto de Estado contra la violencia de género, así como de la Agenda 2030, de forma muy específica con la meta 16.2: “Poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y tortura contra los niños”. Se trata...
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