Ley 1/2023, de 27 de enero, de Medidas Administrativas, Financieras y Tributarias de Castilla-La Mancha.
| Fecha de publicación | 31 Enero 2023 |
| Fecha | 27 Enero 2023 |
| Número de registro | 2023/709 |
| Número de Gaceta | 21/2023 |
| Emisor | Cortes de Castilla-La Mancha |
| Sección | I.- DISPOSICIONALES GENERALES |
I.- DISPOSICIONES GENERALES
Presidencia de la Junta
Ley 1/2023, de 27 de enero, de Medidas Administrativas, Financieras y Tributarias de Castilla-La Mancha. [2023/709]
Las Cortes de Castilla-La Mancha han aprobado y yo, en nombre del Rey, promulgo la siguiente Ley.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I
El Tribunal Constitucional ha venido precisando el posible contenido de la ley anual de los presupuestos generales
y ha manifestado que existe un contenido necesario, constituido por la determinación de la previsión de ingresos y
la autorización de gastos que se pueden realizar. Junto al mismo, cabe la posibilidad de que se añada un contenido
eventual, aunque estrictamente limitado a las materias y cuestiones que guarden directa relación con las previsiones de
ingresos, las habilitaciones de gasto o los criterios de política económica general.
En estos momentos, es necesario acometer una serie de modicaciones legislativas que, aun regulando algunos aspectos
que pudieran acometerse en la Ley de Presupuestos Generales, en otros podrían rozar los límites establecidos por el
Tribunal Constitucional. Se ha optado, por tanto, por una Ley de Medidas Administrativas, Financieras y Tributarias,
dejando a la Ley de Presupuestos Generales de Castilla-La Mancha la regulación del contenido necesario, propiamente
dicho.
La presente ley viene a regular las diversas medidas de naturaleza administrativa, nanciera y tributaria vinculadas a la
consecución de los objetivos de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
para 2023, a la que acompañarán y complementarán, con el objetivo general de dinamización de la economía, el
incremento de la eciencia y la ecacia en la prestación de servicios de la Administración Pública castellanomanchega
en diversos ámbitos, así como, la mejora de la distribución más equitativa de las obligaciones tributarias competencia
de la Comunidad Autónoma y de eciencia en su gestión.
II
La ley se estructura en tres capítulos, el primero de ellos, titulado «Medidas Administrativas», a través del cual se
adoptan un conjunto de medidas administrativas de diversa índole para garantizar un funcionamiento más eciente
de la Administración Regional. El segundo capítulo, titulado «Medidas Financieras», contiene una amplia modicación
del texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2002, de 19
de noviembre, con el objetivo de agilizar los procedimientos de ejecución presupuestaria. Por último, el tercer capítulo,
titulado «Medidas Tributarias», a través del cual se modica la Ley 8/2013, de 21 de noviembre, de Medidas Tributarias
de Castilla-La Mancha, con el objetivo de la dinamización de la economía aliviando la carga tributaria a las personas con
menos recursos en un entorno, como el actual, con alta inación.
III
El artículo 1 modica la Ley 2/2002, de 7 de febrero, por la que se establecen y regulan las diversas modalidades de
viviendas de protección pública en Castilla-La Mancha, añadiendo una disposición adicional segunda, como medida
excepcional, para hacer frente a la situación en la que se encuentran diversas promociones de viviendas de protección
pública integradas, principalmente, en el patrimonio de la empresa pública Gicaman, para permitir hacer un pago en
especie, más concretamente pagar con bienes inmuebles que obren en los inventarios de los patrimonios de los dos
órganos gestores que pueden ejercer competencias en la materia. Esto es, la Consejería de Fomento con respecto a su
patrimonio de gestión separada, y la empresa pública Gicaman con respecto a su patrimonio societario. De esta manera
se evita la nanciación de la obra directamente por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en un escenario
de contención del gasto, a la par que se persigue un compromiso, por parte del contratista, mayor tanto en la diligencia
de la ejecución de los contratos que estén por licitarse, como en las calidades de la obra que nalmente se recepcione.
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Asimismo, se modica la disposición transitoria primera de la precitada ley, con el objetivo de mejorar la ecacia
de la acción administrativa en la persecución de actuaciones dirigidas a defraudar la nalidad de la regulación de
la vivienda protegida, así como mejorar la seguridad jurídica de un régimen sancionador que actualmente está
residenciado en normas preconstitucionales: Real Decreto-ley 31/1978, de 31 de octubre, sobre política de viviendas
de protección ocial, desarrollado por los artículos 56 a 59 del Real Decreto 3148/1978, de 10 de noviembre.
Esta modicación se fundamenta en la competencia exclusiva que, en materia de vivienda, tiene atribuida la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha, en virtud de lo dispuesto en el artículo 31.1.2ª de su Estatuto de Autonomía.
El artículo 2 modica diversos preceptos de la Ley 14/2005, de 29 de diciembre, de ordenación del transporte
de personas por carretera en Castilla-La Mancha, al objeto de adaptar su contenido a los cambios normativos
experimentados en el régimen sancionador del transporte terrestre, tanto en el ámbito nacional como en el de
la Unión Europea. Particularmente, debe destacarse, que el artículo 53 c) del Real Decreto 1211/1990, de 28 de
septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, tras su
modicación operada por el Real Decreto 70/2019, de 15 de febrero, establece que deberán utilizar los programas
y aplicaciones informáticas diseñados por la Ocina Central del Registro de Empresas y Actividades de Transporte
para su gestión todos aquellos órganos administrativos que, ya sea en el ejercicio de competencias propias o
delegadas, tramiten el procedimiento de instrucción y resolución de procedimientos sancionadores por la comisión
de infracciones tipicadas en los artículos 197, 198, y 199.
En denitiva, con la modicación efectuada, se evita que un mismo hecho sancionado lleve aparejadas sanciones
diferentes y que además tenga que ser tramitada por aplicaciones informáticas diferentes, dependiendo de si el
transporte de viajeros transcurre o no íntegramente por el territorio de Castilla-La Mancha, al establecerse que, a
partir de ahora, la totalidad de las infracciones cometidas en Castilla-La Mancha a la normativa reguladora de los
transportes terrestres se rija, independientemente del ámbito territorial del transporte, por el régimen sancionador
contemplado tanto en la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres como en el Real
Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Ordenación de los
Transportes Terrestres.
Esta modicación se efectúa en ejercicio de la competencia de función ejecutiva prevista en el artículo 33.15 del
Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha respecto el transporte de mercancías y viajeros que tengan su origen
y destino en el territorio de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y de las competencias delegadas por la
Ley Orgánica 5/1987, de 30 de julio, de Delegación de Facultades del Estado en las Comunidades Autónomas en
relación con los transportes por carretera y por cable.
El artículo 3 modica varios preceptos de la Ley 10/2007, de 29 de marzo, de Medios Audiovisuales de Castilla-
La Mancha, por razones de seguridad jurídica, al objeto de concretar la atribución legal de la competencia para
determinar el número de canales que se reserva a los entes locales en cada demarcación y el número de licencias
disponibles que debe sacar a licitación la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en la persona titular de
la consejería competente en materia de medios audiovisuales. Esta misma exigencia de seguridad jurídica hace
necesario precisar, en la regulación autonómica de la materia, que el número de licencias a licitar dentro de los
canales o programas habilitados en el Plan Técnico Nacional de Televisión Digital Local, se determinará por esta
consejería.
Por otro lado, la adjudicación de nuevas licencias de TDT local, en un momento en el que se está tramitando una
modicación del Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Local en la que se ha propuesto la modicación de
las demarcaciones de Castilla-La Mancha, tendría como resultado una conformación de este servicio televisivo no
ajustada a la planicación, por lo que es necesario suspender la convocatoria de estas nuevas licencias en tanto se
aprueba la nueva conguración de las demarcaciones en el nuevo Plan Técnico Nacional.
La circunstancia descrita hace oportuno y urgente, en favor de la seguridad jurídica y la adecuación a la planicación
en proceso de revisión del concurso a convocar por el Consejo de Gobierno de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha en ejecución de varias sentencias del Tribunal de Justicia de Castilla-La Mancha, suspender
su convocatoria en tanto se revise el Plan Técnico Nacional, a través de una nueva redacción de la disposición
transitoria única, y cancelar el concurso convocado en 2007 pendiente de resolver a través de una nueva disposición
adicional, todo ello sin perjuicio de la posterior tramitación de una nueva Ley de Medios Audiovisuales de Castilla-La
Mancha acorde con la nueva legislación básica contenida en la recientemente aprobada Ley 13/2022, de 7 de julio,
General de Comunicación Audiovisual.
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Esta modicación se fundamenta en la competencia de desarrollo legislativo y de ejecución en materia de radio
y televisión que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha tiene atribuida, en virtud de lo establecido en el
artículo 32.9 del Estatuto de Autonomía.
El artículo 4 suprime los puntos 2 y 3 del artículo 1 de la Ley 1/2012, de 21 de febrero, de Medidas Complementarias
para la Aplicación del Plan de Garantías de Servicios Sociales. Estos preceptos concretaron el artículo 94.1 de la
Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Público de Castilla-La Mancha, estableciendo un sistema de cálculo de
la deducción de haberes basado en el número de horas efectivas dejadas de trabajar, que es distinto del sistema
de cálculo que se aplica para el pago de retribuciones que se basa en días naturales en activo, lo que ha venido
provocando que, para un mismo periodo de referencia, la cantidad que resulta como deducción de haberes fuese
más elevada que la resulta para el pago, generando resultados injustos. Tras esta supresión, seguirá vigente el
precitado artículo 94.1, que establece el carácter proporcional de la deducción de haberes que se ha de practicar por
la parte de la jornada no realizada, lo que permite aplicar una deducción de haberes basada en un criterio análogo
al establecido para el pago.
Esta modicación se efectúa al amparo del artículo 39.3 del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, que
atribuye a la Comunidad Autónoma el establecimiento del régimen estatutario de sus funcionarios, conferida en
ejercicio de la competencia de organización, régimen y funcionamiento de sus instituciones de autogobierno prevista
en el artículo 31.1.1ª del mismo.
El artículo 5 añade un artículo 2 bis a la Ley 3/2016, de 5 de mayo, de Medidas Administrativas y Tributarias de
Castilla-La Mancha, al objeto de establecer en el ámbito de la Administración de la Junta de Comunidades los
órganos administrativos que tienen atribuidas las facultades de los órganos de contratación. Con ello se dota de
una mayor seguridad jurídica pues, hasta ahora, se venía aplicando supletoriamente el régimen de competencias
previsto para los órganos administrativos de la Administración General del Estado. Esta modicación se efectúa en
base a las competencias exclusivas que en materia de organización, régimen y funcionamiento de las instituciones
de autogobierno tiene atribuidas la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, mediante el artículo 31.1.1.ª de
su Estatuto de Autonomía.
El artículo 6 modica el apartado 1 del artículo 29 de la Ley 4/2018, de 8 de octubre, para una Sociedad Libre de
Violencia de Género en Castilla-La Mancha, relativo a las ayudas económicas a las víctimas de violencia de género,
con el objetivo de ampliar el número de mujeres beneciarias de estas ayudas, eliminando el requisito de que las
lesiones, secuelas o daños físicos o psicológicos sufridos por la mujer deban ser graves e incluyendo la necesidad
de que se trate de mujeres con escasos recursos económicos. Asimismo, se modica, el apartado 3 del precitado
artículo 29, para establecer que las bases reguladoras de las ayudas sean aprobadas por orden de la persona
titular de la consejería con competencias en materia de igualdad entre mujeres y hombres, para permitir reducir los
trámites en el establecimiento o modicación de las bases reguladoras.
Esta modicación se fundamenta en el artículo 4.3 del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha y en ejercicio
de las competencias exclusivas, reconocidas en el artículo 31.1, 20ª del referido Estatuto de Autonomía.
El artículo 7 modica el apartado 1 de la disposición adicional primera de la Ley 8/2020, de 16 de octubre, por la que
se crea la reserva estratégica de productos sanitarios en Castilla-La Mancha, ampliando hasta el 31 de diciembre de
2024 los supuestos de contratación de emergencia destinados al tratamiento y la prevención de la COVID-19 o de
emergencias de salud pública de similar naturaleza, al persistir todavía la situación de pandemia.
Esta modicación se efectúa al amparo de la competencia de la función ejecutiva prevista en el artículo 33.1 del
Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha respecto la gestión de la asistencia sanitaria de la Seguridad Social.
El artículo 8 modica la Ley 2/2021, de 7 de mayo, de Medidas Económicas, Sociales y Tributarias frente a la
Despoblación y para el Desarrollo del Medio Rural en Castilla-La Mancha, incluyendo una disposición adicional
sexta, que permitirá que los municipios de las zonas rurales intermedias con predominio de la actividad agrícola,
con población inferior a 2.000 habitantes, que hayan perdido población durante los últimos cinco años, disfruten de
las medidas de incentivación positiva y medidas de apoyo especíco que se destinen a las zonas rurales en riesgo
de despoblación. Con ello, se evita la distorsión que se produce en estos municipios que, al poder estar en la misma
Zona Básica de Salud que un municipio con una densidad alta, provocaba que la categorización de la zona sea de
intermedia con predominio de la actividad agrícola, quedando excluidos de la aplicación de medidas de incentivación
positiva y medidas de apoyo especíco.
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Esta modicación se efectúa al amparo del amplio marco competencial en el que se desenvuelve esta ley y atendiendo
a su carácter transversal, son múltiples los títulos competenciales que habilitan a la Comunidad Autónoma.
El artículo 9 modica la disposición adicional primera de la Ley 4/2021, de 25 de junio, de Medidas Urgentes de
Agilización y Simplicación de Procedimientos para la Gestión y Ejecución de los Fondos Europeos de Recuperación
por la que se creó la Agencia de la Energía y del Cambio Climático de Castilla-La Mancha, como una entidad de
derecho público, con personalidad jurídica propia, patrimonio propio y autonomía en su gestión, con el objetivo
principal de fomentar las políticas sectoriales en el ámbito de la transición energética. Queda modicada la
naturaleza jurídica de la Agencia de la Energía y del Cambio Climático de Castilla-La Mancha, que pasa de entidad
de derecho público a organismo autónomo, al objeto de mejorar su capacidad de actuación, evitando duplicidades
de competencias con respecto a la Dirección General competente en la materia; nutriéndose de personal empleado
público de la Administración regional; recibiendo ingresos directamente de los presupuestos regionales; ejerciendo
ecazmente las competencias, incluso con funciones de autoridad y actividades de fomento de la Administración
como la gestión de subvenciones y ayudas.
Esta modicación se fundamenta en la competencia exclusiva de organización, régimen y funcionamiento de sus
instituciones de autogobierno que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha tiene atribuida, en virtud de lo
establecido por el artículo 31.1.1ª del Estatuto de Autonomía.
El artículo 10 añade una disposición adicional duodécima al Decreto 3/2004, de 20 de enero, de Régimen Jurídico
de las Viviendas con Protección Pública, para ajustar su contenido a las necesidades de creación de dos nuevos
tipos de vivienda protegida:
a) Las viviendas objeto del programa de ayuda a la construcción de viviendas en alquiler social en edicios
energéticamente ecientes, regulado en el capítulo VII del Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre, por el que se
regulan los programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia.
b) Las viviendas objeto del programa de incremento del parque público de viviendas, regulado en el capítulo VII del
título II del Real Decreto 42/2022, de 18 de enero, por el que se regula el Bono Alquiler Joven y el Plan Estatal para
el acceso a la vivienda 2022-2025.
El régimen jurídico de ambos tipos de vivienda protegida se realiza por remisión a las viviendas de protección ocial
de régimen general y de régimen especial respectivamente, estableciendo ciertas especicidades exigidas por la
legislación estatal o por las necesidades de la propia calicación del nuevo tipo de vivienda protegida.
En el caso de las viviendas objeto del programa de incremento del parque público de viviendas del Plan Estatal para
el acceso a la vivienda 2022-2025, las especialidades de régimen ya vienen establecidas en el propio Real Decreto
42/2002; mientras que en el caso de la vivienda protegida del programa de ayuda a la construcción de viviendas
en alquiler social en edicios energéticamente ecientes, es necesario introducirlas para determinar el universo de
personas a las que se dirigen y la renta máxima mensual del alquiler o cesión de uso.
Esta modicación se fundamenta en la competencia exclusiva en materia de vivienda, que la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha tiene atribuida, en virtud de lo dispuesto en el artículo 31.1.2ª de su Estatuto de Autonomía,
por lo que debe establecer sus propios instrumentos normativos tendentes a garantizar el acceso a la vivienda para
dar cumplimiento al mandato que la Constitución Española dirige a los poderes públicos en su artículo 47.
El artículo 11 modica diversos preceptos del texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado
por el Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, en base al ejercicio de las competencias exclusivas que en
materia de organización, régimen y funcionamiento de las instituciones de autogobierno tiene atribuidas la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, mediante el artículo 31.1.1.ª de su Estatuto de Autonomía.
En concreto, por razones de seguridad jurídica, se suprime el apartado g) del artículo 7, que atribuía al Consejo
de Gobierno la función de constituir empresas públicas como medio de ejecución de las funciones que sean de
su competencia, puesto que, la más reciente regulación contenida en el artículo 135.1 de la Ley 9/2020, de 6 de
noviembre, de Patrimonio de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, atribuye dicha función al titular de
la consejería competente en materia de hacienda, a iniciativa propia o a propuesta motivada de la consejería u
organismo o entidad interesado, previa autorización del Consejo de Gobierno mediante decreto.
Respecto a la modicación que afecta al apartado e) del citado artículo 7 y a los artículos 9, 10, 58, 61, 66 y 72,
tiene por denominador común, establecer las condiciones legales para agilizar los procedimientos de ejecución
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presupuestaria mediante la simplicación de los mismos por medio de la identicación de las competencias de
ejecución presupuestaria con las propias de la gestión administrativa de la que derivan. Con ello, se elimina no solo
la necesidad de rmar los documentos contables que reejen la ejecución presupuestaria, sino también los propios
actos de ejecución presupuestaria en sentido estricto, cuya ecacia quedará subsumida en los actos de gestión que
la conlleven. El impacto de esta modicación se traduce, en la práctica, en una reducción signicativa del número
de rmas de actos especícos de ejecución presupuestaria y de documentos contables que se estima en varios
centenares de miles al año.
En un momento en el que la Administración regional está ejecutando los fondos del instrumento europeo de
recuperación en los que se exige una mayor eciencia en los procesos de gasto, resulta una oportunidad adaptar
el texto legal a un rediseño procedimental ya efectuado por la Orden 12/2020, de 30 de enero, de la Consejería de
Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se modica la Instrucción de operatoria contable a seguir en la
ejecución del presupuesto de gastos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y que ahora, con la puesta
en marcha del sistema de información de control interno ha podido materializarse.
Asimismo, se establece una variación del régimen de autorización previa a la aprobación de actos o negocios
jurídicos por parte del Consejo de Gobierno, simplicando el contenido del artículo 58. A tal n, se contemplan límites
más amplios y uniformes, para que sean las propias leyes de presupuestos generales las que determinen, en su
caso, los supuestos en que pueda resultar necesaria la autorización previa del Consejo de Gobierno en orden a la
aprobación de determinados expedientes, en función de las circunstancias concurrentes en cada momento. Con
el mismo propósito de unicar y simplicar el régimen de autorización previa del Consejo de Gobierno, se suprime
el apartado segundo del artículo 72, relativo a la autorización previa a la concesión de subvenciones cuya cuantía
individual superen los umbrales establecidos, al efecto, en las leyes de presupuestos.
Otro de los artículos afectados por la modicación es el artículo 31, que versa sobre la exigibilidad de las obligaciones.
La regla general sobre la exigibilidad de las obligaciones de pago, cuando tengan por causa prestaciones o servicios
a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, es que el pago no podrá efectuarse si el acreedor no ha cumplido
o garantizado su correlativa obligación. No obstante, dicha regla general cuenta con varias excepciones, una de las
cuales es la prevista a efectos de que los órganos competentes para efectuar encomiendas de gestión o encargos
a medios propios del sector público regional puedan efectuar anticipos del pago a estos últimos para que no tengan
que adelantar recursos propios a propósito del inicio de la ejecución de dichos encargos o encomiendas. Hasta
ahora, los pagos en concepto de anticipos estaban limitados legalmente hasta el diez por ciento del precio de la
prestación o servicio a realizar, límite que la modicación amplía hasta el setenta por ciento.
Se modica el apartado 3 del artículo 48, al objeto de extender los supuestos exentos de las limitaciones relativas a
los compromisos de gastos de carácter plurianual a las aportaciones económicas que, en cumplimiento de encargos
de los previstos en la legislación de contratos del sector público, pudiera realizar la Administración de la Junta de
Comunidades no solo a los medios propios que se integren en el sector público regional como era la situación hasta
ahora, sino también a aquellos medios propios que se integren en otras Administraciones públicas.
El último de los preceptos afectados por la modicación del texto refundido de la Ley de Hacienda, es el artículo
84, al cual se da una nueva redacción con la nalidad de permitir que la caja general de depósitos se pueda regular
por orden del titular de la consejería competente en materia de hacienda; establecer la posibilidad de realizar
depósitos ante otros órganos administrativos cuando su peculiaridad así lo exija; y, por último, habilitar la posibilidad
de constituir las garantías de las entidades del sector público regional ante la propia caja general.
El artículo 12 modica la Ley 8/2013, de 21 de noviembre, de Medidas Tributarias de Castilla-La Mancha, incorporando
una serie de deducciones scales en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), que favorecen a
la familia, a las personas menores de 40 años y el fomento a la inversión no empresarial, tanto en sociedades de
nueva creación como en entidades de la economía social.
Se modica el artículo 3 de la Ley 8/2013, de 21 de noviembre, incrementando las cuantías de la deducción ya
existente por la adquisición de libros de texto y enseñanza de idiomas. Además de ello, se amplía su ámbito de
aplicación a todos los niveles educativos y se incorporan nuevos conceptos relacionados con los gastos en educación.
En el artículo 3 bis se duplica la deducción existente por las cantidades satisfechas por custodia de hijas o hijos
menores de 3 años en centros de educación infantil, pasando del 15 por ciento al 30 por ciento y aumentando,
también en el doble, los límites máximos de deducción de 250 euros a 500 euros.
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Respecto de los artículos 7 y 18, se modican para adaptar las denominaciones de las modalidades de acogimiento
familiar de menores de edad a las señaladas en el artículo 173 bis del Código Civil, introducido por la Ley 26/2015,
de 28 de julio, de modicación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.
Se introduce una nueva deducción en la cuota íntegra autonómica del IRPF dirigida a las personas menores de 40
años con rentas inferiores de hasta 36.000 euros, para compensar el incremento del tipo de interés de los préstamos
hipotecarios relacionados con la adquisición de la primera vivienda habitual.
Especial interés presenta la nueva deducción dirigida a paliar los mayores gastos que en el ejercicio 2022 han
sufrido los contribuyentes como consecuencia del alza de los precios.
Siendo cierto que este incremento de precios tiene carácter general, no lo es menos que sus efectos sobre los
contribuyentes son signicativamente distintos, al incidir muy especialmente en aquellos con menor nivel de renta,
por ser estos los que porcentualmente están obligados a destinar una mayor parte de su renta, si no toda, a satisfacer
las necesidades básicas que concentran una parte muy importante de la subida de precios.
Esta incidencia dispar del alza de los precios en la ciudadanía, justica que esta Comunidad Autónoma, en el
ejercicio de sus competencias normativas en el IRPF, adopte esta medida aplicable únicamente para el periodo
impositivo de 2022, especialmente dirigida a aquellos de nuestros conciudadanos más intensamente afectados por
el alza de los precios, satisfaciéndose así el principio de solidaridad que debe informar toda actuación administrativa.
Los contribuyentes podrán deducirse de la cuota íntegra autonómica las cantidades satisfechas en la adquisición de
los bienes y servicios que integran la cesta de la compra a que se reere el Instituto Nacional de Estadística (INE),
con los siguientes límites: 200 euros para rentas inferiores a 12.500 euros, 150 euros para rentas inferiores a 21.000
euros y 100 euros para rentas inferiores a 30.000 euros.
La cesta de la compra del Índice de Precios de Consumo (IPC), calculado por el INE, está constituida por 955
artículos, que se agrupan en 199 subclases, que a su vez se agrupan en 92 clases de artículos, y estos se agrupan
en 41 subgrupos y 12 grupos. Para la aplicación de esta deducción sólo se tomará en consideración aquellos grupos
en los que el incremento de los precios ha afectado de forma considerable en los hogares más vulnerables: alimentos
y bebidas no alcohólicas; vestido y calzado; vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles y sanidad.
También se incorporan a la Ley 8/2013, de 21 de noviembre, relacionadas con la actividad económica, dos
deducciones del 20 por ciento cada una de ellas, con un límite de 4.000 euros, por inversiones no empresariales.
La primera de ellas por la adquisición de acciones y participaciones sociales como consecuencia de acuerdos de
constitución de sociedades o ampliación de capital para favorecer el emprendimiento y la segunda por inversión en
entidades de economía social.
Y, por último, se modica técnicamente el artículo 18 para evitar problemas de interpretación en la aplicación de los
incentivos scales en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones por parte de las parejas de hecho.
El ejercicio de esta competencia viene determinado por el artículo 31.1.12ª del Estatuto de Autonomía que recoge
entre las competencias exclusivas otorgadas a Castilla-La Mancha, la referida a la planicación de la actividad
económica y fomento del desarrollo económico regional; el artículo 41.1 dispone que la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha orientará su actuación económica al aumento de la calidad de vida de los castellano-manchegos
y la solidaridad regional; el artículo 42.1 señala que la Comunidad Autónoma, con sujeción a los principios de
coordinación con las Haciendas estatal y local y de solidaridad entre todos los españoles, tiene autonomía nanciera
de acuerdo con la Constitución, con este Estatuto y con la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades
Autónomas; y el artículo 44 especica que la Hacienda de la Comunidad Autónoma se constituye con los rendimientos
de los tributos cedidos por el Estado a que se reere la disposición adicional primera y de todos aquellos cuya cesión
sea aprobada por las Cortes Generales.
Por lo que respecta a las disposiciones transitoria, derogatoria y nales, cabe aludir a la disposición sobre el régimen
transitorio en el ámbito de las competencias en materia de gestión de gastos como consecuencia de la modicación
del artículo 61 del texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, así como a la disposición nal
primera que establece un mandato de adaptación de la normativa reglamentaria en el ámbito de las competencias
en materia de gestión del gasto público de las distintas consejerías, organismos autónomos y entidades del sector
publico regional, como consecuencia de la modicación del precitado artículo.
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Respecto la disposición derogatoria, además de contener la cláusula genérica de derogación de todas las normas
de igual o inferior rango, también deroga expresamente, por razones de seguridad jurídica, el Decreto 38/2002, de
12 de marzo, para la aplicación de la Ley 5/2001, de 17 de mayo, de prevención de malos tratos y de protección a
las mujeres maltratadas.
Por último, la disposición nal tercera sobre la entrada en vigor de la ley, aunque establece con carácter general
una entrada en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Ocial de Castilla-La Mancha, exceptúa las
deducciones scales sobre el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas previstas en su artículo 12, que
serán de aplicación a hechos imponibles producidos a partir del periodo impositivo iniciado el 1 de enero de 2022.
CAPÍTULO I
Medidas administrativas
Artículo 1. Modicación de la Ley 2/2002, de 7 de febrero, por la que se establecen y regulan las diversas modalidades
de viviendas de protección pública en Castilla-La Mancha.
La Ley 2/2002, de 7 de febrero, por la que se establecen y regulan las diversas modalidades de viviendas de
protección pública en Castilla-La Mancha, se modica en los siguientes términos:
Uno. Se renumera la disposición adicional única como disposición adicional primera y se introduce una disposición
adicional segunda, con la siguiente redacción:
“Disposición adicional segunda. Medidas de impulso para la promoción pública de viviendas.
1. De acuerdo con el artículo 102.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que
se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE
y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en los procedimientos de contratación de las obras que sean necesarias
para la nalización de promociones públicas de vivienda pertenecientes al patrimonio de gestión separada de la
Consejería de Fomento, o al de su empresa adscrita, Gestión de Infraestructuras de Castilla-La Mancha, S.A., el
pago del precio podrá estipularse que se haga mediante la entrega de contraprestaciones consistentes en bienes
inmuebles que obren en dichos patrimonios.
2. La valoración de la contraprestación se determinará en los pliegos y, en todo caso, con arreglo a las siguientes
normas:
a) Cuando se trate de la entrega de viviendas en régimen de venta, sujetas a alguno de los tipos de protección
pública de los artículos segundo y tercero de la presente ley, se atenderá:
1.º A los precios máximos establecidos en la calicación provisional o denitiva, reguladas en el capítulo II del título
I del Decreto 3/2004, de 20 de enero, de Régimen Jurídico de las Viviendas con Protección Pública.
2.º Subsidiariamente, se valorarán conforme al Módulo Básico Estatal, los ámbitos territoriales de precio máximo
superior y demás reglas aplicables del Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre, por el que se regula el Plan
Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012.
b) Cuando se trate de la entrega de suelos, se valorarán mediante tasación pericial independiente.
3. La presente medida solo será aplicable a aquellas promociones de viviendas que, a 1 de enero de 2023, no sean
susceptibles de ser habitadas conforme a la normativa vigente”.
Dos. Se modica la disposición transitoria primera, que queda redactada de la siguiente forma:
“Disposición transitoria primera. Régimen sancionador.
En tanto no se apruebe la Ley reguladora del régimen sancionador en materia de vivienda, será de aplicación a las
viviendas protegidas ubicadas en el territorio de Castilla-La Mancha el régimen sancionador siguiente:
1. Son infracciones administrativas en materia de vivienda protegida, las acciones u omisiones tipicadas y
clasicadas en leves, graves y muy graves siguientes:
a) Infracciones leves:
El incumplimiento del deber de colaboración con la labor de inspección.
AÑO XLII Núm. 21 31 de enero de 2023 3990
b) Infracciones graves:
1.º La obstrucción de las actividades de inspección desarrolladas por los órganos competentes.
2.º No visar ante el órgano competente de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha los
contratos de compraventa o de arrendamiento de las viviendas protegidas.
3.º El incumplimiento de los deberes de uso, conservación o mantenimiento de las viviendas protegidas y de los
elementos comunes del edicio.
4.º No destinar la vivienda protegida a domicilio habitual y permanente, o mantenerla deshabitada sin autorización
de la Administración por causa justicada.
5.º El incumplimiento por parte del promotor de la obligación de formalizar los contratos de compraventa de viviendas
protegidas en escritura pública o de la obligación de hacer constar en la escritura pública el clausulado obligatorio
de los contratos.
6.º No obtener la calicación denitiva de vivienda protegida por no ajustarse la construcción al proyecto aprobado
en la calicación provisional o su posterior modicación.
7.º En las viviendas protegidas de promoción pública, la realización por las personas usuarias de actividades molestas
o ilícitas, prohibidas en los estatutos o que infrinjan los acuerdos adoptados por la comunidad de propietarios del
edicio o por el propietario único, así como causar daños o deterioros graves en la vivienda o en el edicio, en sus
instalaciones o en los servicios complementarios.
8.º La percepción de sobreprecio, prima o cantidad en concepto de compraventa o arrendamiento en las viviendas
protegidas, que sobrepasen los precios y rentas máximas establecidas en la legislación aplicable.
9.º La ocupación de más de una vivienda protegida.
10.º La falta de comunicación a la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha de la transmisión
de una vivienda protegida, a los efectos del ejercicio de los derechos de adquisición preferente y retracto.
11.º La falsedad en los hechos, documentos o certicaciones aportadas a la Administración para la adjudicación de
la vivienda protegida de promoción pública.
c) Infracciones muy graves:
1.º El destino de la vivienda protegida a usos distintos al residencial sin contar con la preceptiva autorización
autonómica, así como el destino de la vivienda protegida a usos distintos de los establecidos en la resolución de
calicación denitiva.
2.º La falsedad en los hechos, documentos o certicaciones cometida para obtener la calicación provisional o
denitiva de vivienda protegida.
3.º La transmisión inter vivos de la vivienda protegida, en segunda o sucesivas transmisiones, antes del transcurso
de los plazos mínimos establecidos en su normativa reguladora.
2. Serán sancionadas por los hechos constitutivos de las infracciones previstas en la presente disposición, las
personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que resulten responsables de estas, por acción u omisión, de
acuerdo al siguiente régimen sancionador:
A) Con carácter general:
a) Las infracciones leves, con multa de 300 hasta 3.000 euros.
b) Las infracciones graves, con multa de 3.001 hasta 15.000 euros.
c) Las infracciones muy graves, con multa de 15.001 hasta 60.000 euros.
No obstante, si el benecio económico de la comisión de la infracción superare los límites máximos establecidos
para la sanción, el importe de la sanción se incrementará hasta la cuantía equivalente al benecio obtenido por la
comisión de la infracción.
B) En la graduación de la cuantía de la sanción se tendrá especialmente en cuenta el grado de culpabilidad o la
existencia de intencionalidad, la continuidad o persistencia en la conducta infractora, la naturaleza de los perjuicios
causados, el enriquecimiento injusto obtenido por la persona infractora o por terceros y la reincidencia por la
comisión, en el plazo de un año, de más de una infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado
por resolución rme.
Se considerará circunstancia atenuante el cese de la conducta de modo voluntario tras la oportuna inspección o
advertencia, así como la realización de obras de subsanación antes de la resolución del procedimiento sancionador.
C) Las responsabilidades administrativas que se deriven del régimen sancionador regulado en la presente disposición
serán compatibles con la exigencia a la persona infractora de la reposición a su estado originario de la situación
alterada, con el cumplimiento de la norma que le sea de aplicación, así como con la indemnización por los daños y
perjuicios causados y la exigencia de la devolución de las cantidades que hubieran sido cobradas indebidamente,
incluidos los intereses de demora correspondientes.
AÑO XLII Núm. 21 31 de enero de 2023 3991
Los plazos otorgados para el cumplimento de las obligaciones impuestas deberán ser sucientes y adecuados a la
naturaleza de la obligación, pudiendo ser prorrogados por causa justicada y por un período no superior a la mitad
del inicialmente establecido. En caso de incumplimiento de estas obligaciones en los plazos señalados, se podrán
imponer, de forma reiterada y consecutiva, multas coercitivas de entre 300 y 6.000 euros, con periodicidad mínima
mensual, en tanto la persona infractora no cumpla con la obligación impuesta, incrementándose en un 50% para la
segunda multa coercitiva y en un 100% para la tercera y sucesivas”.
Artículo 2. Modicación de la Ley 14/2005, de 29 de diciembre, de ordenación del transporte de personas por
carretera en Castilla-La Mancha.
La Ley 14/2005, de 29 de diciembre, de ordenación del transporte de personas por carretera en Castilla-La Mancha,
se modica en los siguientes términos:
Uno. Se modica el penúltimo párrafo de la Exposición de Motivos, que queda redactado de la siguiente forma:
“Por último, el Título V, se dedica íntegramente al régimen sancionador, remitiéndose las infracciones y sanciones
administrativas a la normativa estatal prevista en la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes
Terrestres y en el Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de
Ordenación de los Transportes Terrestres”.
Dos. Se modica el artículo 54, que queda redactado de la siguiente forma:
“Artículo 54. Normativa de aplicación.
Se aplicará la normativa estatal sobre infracciones y sanciones administrativas en materia de transportes terrestres,
prevista tanto en la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres como en el Real
Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Ordenación de los
Transportes Terrestres”.
Tres. Se suprimen los artículos 55, 56 y 57, quedando sin contenido.
Cuatro. Se suprime el capítulo III del título V (artículos 58 a 65), que queda sin contenido.
Artículo 3. Modicación de la Ley 10/2007, de 29 de marzo, de Medios Audiovisuales de Castilla-La Mancha.
La Ley 10/2007, de 29 de marzo, de Medios Audiovisuales de Castilla-La Mancha, se modica en los siguientes
términos:
Uno. Se modica el artículo 5, que queda redactado como sigue:
“Artículo 5. Planicación y asignación de frecuencias de dominio público radioeléctrico y determinación de las
licencias a licitar.
1. La convocatoria del procedimiento de adjudicación de las licencias para la prestación de los servicios de
comunicación audiovisual radiofónicos y televisivos por ondas hertzianas terrestres que se regula en este capítulo
se ajustará al contenido de los respectivos Planes Técnicos Nacionales de Radio y Televisión e irá precedida de la
oportuna reserva de frecuencias acordada por el órgano competente de la Administración General del Estado.
2. Una vez habilitados por los Planes Técnicos Nacionales de Radio y Televisión los correspondientes canales
digitales o programas, corresponderá a la consejería competente en materia de medios audiovisuales determinar
el número de licencias que sacará la Junta de Comunidades a licitación en cada múltiple, en los distintos canales o
programas habilitados”.
Dos. Se da nueva redacción al segundo párrafo del apartado 2, del artículo 20, en los siguientes términos:
“La consejería competente en materia de medios audiovisuales determinará en cada demarcación el número de
canales que se reserva a los entes locales que así lo hubieran solicitado, garantizándose, al menos, un canal por
demarcación”.
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Tres. Se renumera la disposición adicional única como disposición adicional primera y se introduce una disposición
adicional segunda, con la siguiente redacción:
“Disposición adicional segunda. Adjudicaciones provisionales decaídas.
Se declaran decaídas las adjudicaciones provisionales de concesiones para la explotación, en régimen de gestión
indirecta, de programas de televisión digital terrestre de ámbito local en Castilla-La Mancha, acordadas por el
Consejo de Gobierno el 23 de junio de 2009 (DOCM n.º 128, de 3 de julio) y, en consecuencia, se tiene por concluido
el concurso público convocado por acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 11 de septiembre de 2007 (DOCM
n.º 193, de 17 de septiembre)”.
Cuatro. Se da nueva redacción a la disposición transitoria única:
“Disposición transitoria única. Suspensión de convocatorias.
Hallándose en tramitación la modicación del Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Local, se suspende la
convocatoria de todo concurso para la adjudicación de licencias para la prestación del servicio de comunicación
televisiva por ondas hertzianas hasta la publicación de la aprobación del referido plan técnico nacional de televisión
digital local y, si dicha publicación no se produjera en el plazo de un año a contar desde la entrada en vigor de la
presente ley, hasta la referida fecha del año posterior a la entrada en vigor”.
Artículo 4. Modicación de la Ley 1/2012, de 21 de febrero, de Medidas Complementarias para la Aplicación del
Plan de Garantías de Servicios Sociales.
Se suprimen los puntos 2 y 3 del artículo 1 de la Ley 1/2012, de 21 de febrero, de Medidas Complementarias para
la Aplicación del Plan de Garantías de Servicios Sociales, que quedan sin contenido.
Artículo 5. Modicación de la Ley 3/2016, de 5 de mayo, de Medidas Administrativas y Tributarias de Castilla-La
Mancha.
Se añade un artículo 2 bis a la Ley 3/2016, de 5 de mayo, de Medidas Administrativas y Tributarias de Castilla-La
Mancha, con el siguiente contenido:
“Artículo 2 bis. Órganos de contratación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
1. Las personas titulares de las consejerías son los órganos de contratación de la Administración de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha y, en consecuencia, están facultadas para celebrar en su nombre los contratos
en el ámbito de su competencia.
2. Las personas titulares de los órganos de dirección de los organismos autónomos y de las entidades públicas
integrantes del sector público regional son los órganos de contratación de unos y otras, a falta de disposición
especíca sobre el particular recogida en las correspondientes normas de creación o reguladoras del funcionamiento
de esas entidades.
3. Reglamentariamente se determinará el órgano de contratación del sistema de contratación centralizada de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y las funciones del mismo.
4. Las competencias en materia de contratación podrán ser desconcentradas por Decreto del Consejo de Gobierno
en cualesquiera órganos, sean o no dependientes del órgano de contratación.
5. Cuando el contrato resulte de interés para varias entidades o consejerías y la tramitación del expediente deba
efectuarse por un único órgano de contratación, los demás interesados podrán contribuir a su nanciación, con
respeto a la normativa presupuestaria, en la forma que se determine en convenios o protocolos de actuación.
6. La capacidad para contratar de los representantes legales de las sociedades y fundaciones del sector público
regional se regirá por lo dispuesto en los estatutos de estas entidades y por las normas de derecho privado que sean
en cada caso de aplicación”.
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Artículo 6. Modicación de la Ley 4/2018, de 8 de octubre, para una Sociedad Libre de Violencia de Género en
Castilla-La Mancha.
Se modican los apartados 1 y 3 del artículo 29 de la Ley 4/2018, de 8 de octubre, para una Sociedad Libre de
Violencia de Género en Castilla-La Mancha, que quedan redactados en los siguientes términos:
“1. Las víctimas de violencia de género serán beneciarias de:
a) Una ayuda económica directa consistente en un pago único a las mujeres con escasos recursos económicos,
que sufran lesiones, secuelas o daños físicos, psicológicos o sociales como consecuencia de la violencia de género.
b) Una ayuda económica directa consistente en un pago único a familiares en situación de dependencia, que
conviviesen en el mismo domicilio que la mujer víctima de homicidio o asesinato como consecuencia de la violencia
de género.
c) Una ayuda económica directa a menores de edad en situación de orfandad en caso de homicidio o asesinato de
sus madres como consecuencia de la violencia de género.
d) Una ayuda económica para el fomento de la autonomía que facilite el desarrollo del itinerario de inserción y
autonomía de la mujer víctima de violencia de género, consistente en una ayuda de bolsillo durante la estancia en
el recurso de acogida y una ayuda a la salida del mismo”.
“3. Las bases reguladoras de las ayudas se aprobarán por Orden de la persona titular de la consejería con
competencias en materia de igualdad entre mujeres y hombres.
Cuando entre los requisitos para tener derecho a alguna de las ayudas se incluya un nivel máximo de rentas de la
unidad familiar se excluirá para su determinación los ingresos obtenidos por el maltratador que ejerce la conducta
violenta sobre la mujer”.
Artículo 7. Modicación de la Ley 8/2020, de 16 de octubre, por la que se crea la reserva estratégica de productos
sanitarios en Castilla-La Mancha.
Se modica el apartado 1 de la disposición adicional primera de la Ley 8/2020, de 16 de octubre, por la que se crea la
reserva estratégica de productos sanitarios en Castilla-La Mancha, que queda redactado en los siguientes términos:
“1. Para el tratamiento y la prevención de la COVID-19 o de emergencias de salud pública de similar naturaleza, el
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha podrá llevar a cabo mediante contratación de emergencia, hasta el 31 de
diciembre de 2024:
a) La adquisición de equipos de protección individual.
b) El equipamiento de las infraestructuras sanitarias existentes, así como la construcción de nuevas infraestructuras
sanitarias y su equipamiento.
c) El material sanitario de la reserva estratégica.
d) Los servicios complementarios indispensables para el correcto cumplimiento de las prestaciones indicadas en los
tres apartados anteriores”.
Artículo 8. Modicación de la Ley 2/2021, de 7 de mayo, de Medidas Económicas, Sociales y Tributarias frente a la
Despoblación y para el Desarrollo del Medio Rural en Castilla-La Mancha.
Se incluye una nueva disposición adicional sexta en la Ley 2/2021, de 7 de mayo, de Medidas Económicas, Sociales
y Tributarias frente a la Despoblación y para el Desarrollo del Medio Rural en Castilla-La Mancha, que queda
redactada en los siguientes términos:
“Disposición adicional sexta. Ampliación del destino de las medidas de incentivación positiva, de las medidas de
apoyo económico y de las medidas tributarias.
Los municipios de las zonas rurales intermedias con predominio de la actividad agrícola, con población inferior a
2.000 habitantes, que hayan perdido población durante los cinco años anteriores a 1 de enero de 2021, disfrutarán
de las medidas de incentivación positiva, de las medidas de apoyo especíco y de las medidas tributarias que se
destinen a las zonas rurales en riesgo de despoblación, en aplicación del artículo 22.1 de esta ley y del artículo 12
bis de la Ley 8/2013, de 21 de noviembre, de Medidas Tributarias de Castilla-La Mancha”.
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Artículo 9. Modicación de la Ley 4/2021, de 25 de junio, de Medidas Urgentes de Agilización y Simplicación de
Procedimientos para la Gestión y Ejecución de los Fondos Europeos de Recuperación.
Se modica la disposición adicional primera de la Ley 4/2021, de 25 de junio, de Medidas Urgentes de Agilización y
Simplicación de Procedimientos para la Gestión y Ejecución de los Fondos Europeos de Recuperación, que queda
redactada en los siguientes términos:
“Disposición adicional primera. Agencia de la Energía y del Cambio Climático de Castilla-La Mancha.
1. Se crea la Agencia de la Energía y del Cambio Climático de Castilla-La Mancha, como organismo autónomo, con
personalidad jurídica propia, patrimonio propio y autonomía en su gestión, dependiente de la Administración de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a través de la consejería competente en materia de energía.
2. La Agencia de la Energía y del Cambio Climático de Castilla-La Mancha se rige por lo establecido en la presente
ley, sus estatutos y el resto de normas de derecho administrativo general y especial que le sea de aplicación. En
defecto de norma administrativa, se aplicará el derecho común.
3. El objetivo principal de la Agencia de la Energía y del Cambio Climático de Castilla-La Mancha, es el fomento
de las políticas sectoriales en el ámbito de la transición energética, a efectos de propiciar la descarbonización de
la economía regional a través de la diversicación energética basada en el desarrollo de las energías renovables,
el impulso de nuevas tecnologías energéticas y la incentivación del ahorro y la eciencia energética, integrando la
protección del medio ambiente y la óptima gestión de los recursos energéticos en el territorio regional, sirviendo de
soporte para el impulso y la ejecución de la política energética de la Comunidad Autónoma, a cuyo efecto tendrá los
siguientes nes:
a) En materia de energía:
1.º El estudio, propuesta y seguimiento de la ejecución de la política energética.
2.º El ejercicio de las competencias atribuidas en materia de régimen energético.
3.º El ejercicio de las competencias que corresponden a la Comunidad Autónoma en materia de infraestructuras e
instalaciones eléctricas, en sus distintas fases y modalidades, así como las actuaciones administrativas vinculadas
en general a la energía eléctrica.
4.º El ejercicio de las competencias que corresponden a la Comunidad Autónoma en materia de hidrocarburos, en
sus distintas fases y modalidades, de conformidad con la legislación vigente.
5.º La información sobre los programas y planes que elabore la Administración General del Estado en materia de
energía, siempre que la legislación atribuya audiencia e informe a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
6.º La elaboración, control, seguimiento y coordinación de planicaciones y desarrollos energéticos en la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha, así como la colaboración con otros organismos en el estudio, denición,
implementación y seguimiento de políticas dirigidas al impulso y desarrollo del sector energético en Castilla-La
Mancha.
7.º El desarrollo de programas de fomento de las energías renovables e incentivación del ahorro y la eciencia
energética en Castilla-La Mancha.
8.º El ejercicio de las competencias que correspondan a la Comunidad Autónoma en materia de certicación energética
de edicios relativas a la supervisión de los aspectos relacionados con las instalaciones y dotaciones energéticas
del mismo, sin perjuicio de las actuaciones que correspondan al resto de consejerías de la Administración Regional.
9.º La elaboración de propuestas e informes técnicos sobre proyectos energéticos a desarrollar en el ámbito de la
Administración regional.
10.º La elaboración, control, seguimiento y coordinación de planicaciones industriales vinculadas al sector
energético, así como la colaboración con otros organismos en el estudio, denición y seguimiento de políticas
dirigidas al impulso y desarrollo de dichos sectores industriales en Castilla-La Mancha.
11.º La realización de estudios y estadísticas energéticas.
12.º Cualquier otra acción dirigida a la innovación tecnológica y transición en el sector energético en Castilla-La
Mancha.
b) En materia de cambio climático:
1.º Fomentar las políticas en materia de cambio climático y emisión de gases de efecto invernadero, tanto las de
adaptación como de mitigación.
2.º Aplicar la legislación básica reguladora del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.
3.º Realizar estudios y análisis especializados para el desarrollo de medidas sectoriales de cambio climático.
AÑO XLII Núm. 21 31 de enero de 2023 3995
4.º Ejercer de punto focal con órganos nacionales y europeos para la transmisión de información, asistencia a grupos
de trabajo y cuantas tareas de coordinación y seguimiento deriven de las políticas y medidas de cambio climático.
5.º Impulsar los planes de descarbonización, la I+D+i y la colaboración público-privada para la implantación de
acciones y proyectos.
6.º Cualquier otra competencia relacionada con las anteriores, así como otras que le puedan ser atribuidas.
4. Los estatutos serán aprobados por Decreto de Consejo de Gobierno y publicados en el Diario Ocial de Castilla-
La Mancha, con carácter previo a la entrada en funcionamiento efectivo de la entidad.
Los estatutos regularán, al menos, los siguientes extremos:
a) Las funciones y competencias de la Agencia, con indicación de las potestades administrativas que pueda ostentar.
b) La determinación de su estructura organizativa, con expresión de la composición, funciones, competencias y rango
administrativo que corresponda a cada órgano. Asimismo, se especicarán aquellos de sus actos y resoluciones que
agoten la vía administrativa.
c) El patrimonio que se les asigne y los recursos económicos que hayan de nanciarlos.
d) El régimen relativo a recursos humanos, patrimonio, presupuesto y contratación.
5. El personal de la Agencia de la Energía y del Cambio Climático de Castilla-La Mancha estará integrado por:
a) El personal funcionario o laboral de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que
pase a prestar servicios en la Agencia.
b) El personal funcionario o laboral que se incorpore de acuerdo con la normativa vigente.
El personal al servicio de la Agencia de la Energía y del Cambio Climático de Castilla-La Mancha se seleccionará y
regirá por las normas aplicables al personal de la Administración regional según su régimen especíco, de acuerdo
con los principios de mérito y capacidad.
6. La Agencia de la Energía y del Cambio Climático de Castilla-La Mancha aplicará el régimen presupuestario,
económico-nanciero, de contabilidad y de control establecido en el texto refundido de la Ley de Hacienda de
Castilla-La Mancha.
7. La creación efectiva de la Agencia de la Energía y del Cambio Climático de Castilla-La Mancha conllevará el inicio
del procedimiento para la integración de la empresa pública Instituto de Sistemas Fotovoltaicos de Concentración,
S.A.U.”.
Artículo 10. Modicación del Decreto 3/2004, de 20 de enero, de Régimen Jurídico de las Viviendas con Protección
Pública.
Se añade la disposición adicional duodécima al Decreto 3/2004, de 20 de enero, de Régimen Jurídico de las
Viviendas con Protección Pública, con la siguiente redacción:
“Disposición adicional duodécima. Viviendas protegidas derivadas del Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre,
por el que se regulan los programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia y del Plan Estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025, regulado por
1. Se declaran expresamente como viviendas protegidas, las viviendas objeto del programa de ayuda a la construcción
de viviendas en alquiler social en edicios energéticamente ecientes, regulado en el capítulo VII del Real Decreto
853/2021, de 5 de octubre, cuyo régimen jurídico se ajustará al establecido para las viviendas de protección ocial
de régimen general, regulado en este decreto y en el Decreto 173/2009, de 10 de noviembre, por el que se aprueba
el V Plan Regional de Vivienda y Rehabilitación de Castilla-La Mancha 2009-2012, salvo las siguientes reglas
especícas:
a) Podrán ser inquilinas, las personas con ingresos familiares corregidos no superiores al límite determinado conforme
al artículo 68.2 del Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre, el cual gurará necesariamente en la resolución de
calicación provisional indicada en el artículo 10 de este decreto.
b) La duración mínima del régimen de alquiler será de 50 años, que deberá gurar en la calicación o declaración
provisional.
AÑO XLII Núm. 21 31 de enero de 2023 3996
c) La duración del plazo mínimo de protección será de 50 años.
d) El precio máximo mensual de la renta o precio de cesión de uso será el establecido conforme al artículo 66.1 del
Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre, el cual gurará necesariamente en la resolución de calicación provisional
indicada en el artículo 10 de este decreto.
2. Se declaran expresamente como viviendas protegidas, las viviendas objeto del programa de incremento del
parque público de viviendas, regulado en el capítulo VII del título II del Real Decreto 42/2022, de 18 de enero, por el
que se regula el Bono Alquiler Joven y el Plan Estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025, cuyo régimen jurídico
se ajustará al establecido para las viviendas de protección ocial de régimen especial, regulado en este decreto y en
el Decreto 173/2009, de 10 de noviembre, salvo las siguientes reglas especícas:
a) Podrán ser inquilinas, las personas con ingresos familiares corregidos no superiores a 3 veces el IPREM.
b) La duración mínima del régimen de alquiler será de 50 años, que deberá gurar en la calicación o declaración
provisional.
c) La duración del plazo mínimo de protección será de 50 años.
d) El precio máximo de la renta o precio de cesión de uso será de 5 euros mensuales por metro cuadrado de
supercie útil de vivienda, más en su caso, un 60% de dicha cuantía por metro cuadrado de supercie útil de plaza
de garaje, de trastero o de cualquier otra supercie adicional anexa a la vivienda sin inclusión, en ningún caso, de
supercies de elementos comunes. Dicho precio habrá de gurar en la calicación provisional de la vivienda y se
actualizará anualmente en función de la evolución del índice de precios de consumo”.
CAPÍTULO II
Medidas nancieras
Artículo 11. Modicación del texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por el Decreto
Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre.
El texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2002, de 19
de noviembre, se modica en los siguientes términos:
Uno. Se modica el artículo 7, que queda redactado de la siguiente forma:
“Artículo 7. Competencias del Consejo de Gobierno.
En las materias objeto de esta ley, corresponden al Consejo de Gobierno las siguientes funciones:
a) La determinación de las directrices básicas de la política económica y nanciera de la Administración Regional,
de acuerdo con el Estatuto de Autonomía.
b) El ejercicio de la potestad reglamentaria dentro del marco establecido por la Ley.
c) La aprobación del proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha y su remisión a las Cortes de Castilla-La Mancha.
d) La aprobación de los proyectos de Ley que impliquen aumento del gasto público o disminución de los ingresos
correspondientes al mismo ejercicio presupuestario.
e) Las demás funciones y competencias que le atribuyan las leyes”.
Dos. Se modica el artículo 9, que queda redactado de la siguiente forma:
“Artículo 9. Competencias de las consejerías y resto de órganos con dotación diferenciada en los presupuestos.
Dentro de su respectivo ámbito competencial y en los términos previstos en la presente ley, corresponde a las
personas titulares de las consejerías y del resto de órganos con dotaciones diferenciadas en los Presupuestos
Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:
a) Formular sus propuestas de gastos y estimaciones ingresos, en orden a la elaboración del anteproyecto de Ley
de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
b) Administrar los créditos para gastos consignados en el Presupuesto en sus distintas fases.
c) Las demás que le sean atribuidas por las leyes”.
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Tres. Se modica el artículo 10, que queda redactado de la siguiente forma:
“Artículo 10. Competencias de los organismos autónomos y entidades de derecho público.
Corresponde a las personas titulares de la dirección de los organismos autónomos y entidades de derecho público,
en el ámbito de sus respectivas competencias y conforme a lo dispuesto en esta ley:
a) La administración, gestión y recaudación de los derechos económicos.
b) Administrar los créditos para gastos consignados en el Presupuesto en sus distintas fases.
c) Elaborar el anteproyecto de presupuesto anual del organismo autónomo o entidad de derecho público.
d) Las demás que les sean atribuidas por las leyes”.
Cuatro. Se modica el apartado 2 del artículo 31, que queda redactado en los siguientes términos:
“2. Si dichas obligaciones tienen por causa prestaciones o servicios a la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, el pago no podrá efectuarse si la persona acreedora no ha cumplido o garantizado su correlativa obligación,
con excepción de aquellos casos en que la legislación vigente en materia de contratos del sector público determine
lo contrario, así como de lo establecido en materia de pagos a justicar y en relación con la utilización de medios
electrónicos de pago en las condiciones previstas en la ley.
Asimismo, los órganos competentes para efectuar encomiendas de gestión o encargos a medios propios podrán
exceptuar el principio general establecido en el párrafo anterior, en el supuesto de que la persona acreedora sea una
Administración pública o una entidad instrumental, previo informe favorable de la consejería competente en materia
de hacienda en el que se establecerá el porcentaje máximo de los pagos que pueden efectuarse en concepto de
anticipo y sin que dicho porcentaje pueda superar en ningún caso el setenta por ciento respecto del precio de la
prestación o servicio a realizar”.
Cinco. Se modica el apartado 3 del artículo 48, que queda redactado de la siguiente forma:
“3. El número de ejercicios a los que pueden aplicarse los compromisos de gasto de carácter plurianual, no será
superior a cuatro. Asimismo, el gasto que en tales casos se impute a cada uno de los ejercicios posteriores no podrá
exceder de la cantidad que resulte de aplicar al crédito inicial a que corresponda la operación, denido a nivel de
vinculación, los siguientes porcentajes: en el ejercicio inmediato siguiente, el 70 por ciento, en el segundo ejercicio,
el 60 por ciento, y en los ejercicios tercero y cuarto, el 50 por ciento.
En los contratos de obras de carácter plurianual, con excepción de los realizados bajo la modalidad de abono
total del precio, se efectuará una retención adicional de crédito del 10 por ciento del importe de adjudicación, en el
momento en que esta se realice. Esta retención se aplicará al ejercicio en que nalice el plazo jado en el contrato
para la terminación de la obra o al siguiente, según el momento en que se prevea realizar el pago de la certicación
nal. Estas retenciones computarán dentro de los porcentajes establecidos en este artículo.
Las limitaciones contenidas en el presente apartado no serán de aplicación:
a) A los conciertos educativos que se formalicen por la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha con las personas físicas o jurídicas de carácter privado titulares de centros educativos.
b) A los compromisos derivados de la carga nanciera de la deuda.
c) A los compromisos derivados de los arrendamientos de inmuebles, incluidos los contratos mixtos de arrendamiento
y adquisición.
d) A las aportaciones económicas que, en cumplimiento de encargos de los previstos en la legislación de contratos
del sector público, pudiera realizar la Administración de la Junta de Comunidades a cualquiera de sus medios
propios.
Cuando no exista crédito inicial y haya de realizarse algún gasto que no pueda demorarse hasta el ejercicio
siguiente y del mismo se deriven compromisos que se extiendan a ejercicios futuros, los porcentajes anteriores
se aplicarán sobre el crédito que se dote mediante cualquiera de las modicaciones de crédito previstas en la
presente ley”.
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Seis. Se modica artículo 58, que queda redactado de la siguiente forma:
“Artículo 58. Procedimiento de gestión de los gastos.
1. La gestión del presupuesto de gastos se realizará a través de las siguientes fases:
a) Aprobación de la realización de gasto. Se corresponde con el acto o negocio jurídico que conlleva la realización
de un gasto determinado por una cuantía cierta o aproximada, reservando a tal n la totalidad o parte de un crédito
presupuestario.
b) Disposición del gasto. Se corresponde con el acto o negocio jurídico del que se deriva un compromiso del gasto
con relevancia jurídica para con terceros, que vincula a la Hacienda Pública regional a la realización del gasto a que
se reera en la cuantía y condiciones establecidas.
c) Reconocimiento de la obligación. Declara la existencia de un crédito exigible contra la Hacienda Pública regional
y comporta la propuesta de pago correspondiente.
El reconocimiento de obligaciones con cargo a la Hacienda Pública regional se producirá previa acreditación
documental ante el órgano que haya de reconocerlas de la realización de la prestación o del derecho del acreedor
de conformidad con los acuerdos de los que en su día derivó la aprobación y el compromiso del gasto.
d) Ordenación del pago y pago material conforme a lo dispuesto en el artículo 62.
2. La sucesión de las fases de gestión del presupuesto de gastos requerirá, en todo caso, de la materialización de
los actos o negocios jurídicos que las generen de acuerdo con lo dispuesto en la normativa aplicable. Atendiendo a
la naturaleza de los gastos y a criterios de economía y agilidad administrativa, podrán acumularse en un solo acto
todas o algunas de las fases de ejecución del gasto en los supuestos y con las condiciones que se determinen por
la consejería competente en materia de hacienda.
3. Las obligaciones se extinguirán por el pago, la compensación, la prescripción o por los demás medios admitidos
en derecho, en los términos establecidos en esta ley y en las disposiciones especiales que resulten de aplicación.
4. Los órganos de la Administración regional y de sus organismos autónomos y entidades públicas requerirán
autorización del Consejo de Gobierno, previamente a la adopción de actos o negocios jurídicos que conlleven la
aprobación del gasto, en los siguientes casos:
a) Convocatorias de subvenciones y otras ayudas económicas cuyo importe global sea superior a 5.000.000,00
euros.
b) La celebración de contratos cuyo valor estimado sea superior a 5.000.000,00 euros.
c) Los convenios, encargos, encomiendas o instrumentos similares a suscribir entre las entidades pertenecientes
al sector público cuando el gasto sea superior a 5.000.000,00 euros, así como las modicaciones, liquidaciones y
resoluciones de los mismos.
Las leyes de presupuestos podrán modicar estas cuantías o añadir otros supuestos en los que sea necesaria la
autorización del Consejo de Gobierno.
5. No será necesaria la autorización del Consejo de Gobierno en ningún caso, cualquiera que sea su importe, en los
siguientes supuestos:
a) Subvenciones y transferencias de nanciación nominativas.
b) Subvenciones y ayudas públicas aprobadas por la Administración General del Estado o de la Unión Europea y
cuya gestión sea competencia de la Administración regional.
c) La celebración de contratos y acuerdos marco que sean nanciables con los Fondos Estructurales y de Inversión
Europeos”.
Siete. Se modica el artículo 61, que queda redactado de la siguiente forma:
“Artículo 61. Competencias en la gestión de gastos.
1. La competencia en materia de gestión de gastos corresponderá a quienes la ostenten para adoptar los actos
o negocios jurídicos que los generen y ejecuten, conforme a lo dispuesto en las normas que regulen la estructura
y competencias de la Administración regional, sus organismos autónomos y entidades públicas. A estos efectos,
la ejecución presupuestaria quedará subsumida en los actos de gestión de los que derive, de tal manera que
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la adopción del acto o negocio jurídico que conlleve el gasto producirá la fase de gestión presupuestaria que le
corresponda.
2. La desconcentración, la delegación y, en general, los actos por los que se transeran la titularidad o el ejercicio de
las competencias citadas en el apartado 1 se entenderán siempre referidos a ambas competencias”.
Ocho. Se modica el apartado 1 del artículo 66, que queda redactado de la siguiente forma:
«1. Cuando excepcionalmente no pueda aportarse la documentación justicativa de las obligaciones a que se reere
la letra c) del apartado 1 del artículo 58 de esta Ley, podrán tramitarse propuestas de pagos presupuestarios y
librarse los fondos con el carácter de “a justicar”».
Nueve. Se suprime el apartado 2 del artículo 72 pasando el apartado 3 a numerarse como apartado 2.
Diez. Se modica el artículo 84, que queda redactado de la siguiente forma:
“Artículo 84. Caja General de depósitos y garantías.
1. La caja general de depósitos y garantías, depende de la consejería competente en materia de hacienda, y en
ella se constituirán, a disposición de la autoridad administrativa correspondiente, los depósitos y garantías, en
metálico o valores, destinados a asegurar el cumplimiento de las obligaciones de los actos de gestión de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha.
2. Las cantidades depositadas se contabilizarán como operaciones extrapresupuestarias, no devengarán interés
alguno y prescribirán a favor de la tesorería de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha cuando durante
el plazo de veinte años no se realice gestión alguna por los interesados en orden a su cancelación y reintegro o
eventual renovación.
3. La persona titular de la consejería competente en materia de hacienda podrá autorizar, de forma excepcional y a
petición de la persona titular de la consejería de la que dependa el órgano interesado, que determinados depósitos
o garantías, dada su peculiaridad, se puedan constituir ante otros órganos de la Administración regional, que no sea
la dirección general que tenga atribuida la competencia de la caja general de depósitos y garantías.
4. El funcionamiento de los depósitos y garantías se regulará por orden de la persona titular de la consejería
competente en materia de hacienda, en la que se podrá incluir, la centralización de los depósitos y garantías que se
constituyan en favor de sujetos integrantes del sector público regional”.
CAPÍTULO III
Medidas tributarias
Artículo 12. Modicación de la Ley 8/2013, de 21 de noviembre, de Medidas Tributarias de Castilla-La Mancha.
La Ley 8/2013, de 21 de noviembre, de Medidas Tributarias de Castilla-La Mancha, se modica en los siguientes
términos:
Uno. Se modica el artículo 3, que queda redactado de la siguiente forma:
“Artículo 3. Deducciones por gastos en la adquisición de libros de texto, por la enseñanza de idiomas y otros gastos
relacionados con la educación.
1. Se establecen las siguientes deducciones por gastos de adquisición de libros de texto, por enseñanza de idiomas
y por otros gastos relacionados con la educación:
a) Los contribuyentes podrán deducirse de la cuota íntegra autonómica las cantidades satisfechas por los gastos
destinados a la adquisición de libros de texto editados para las enseñanzas que ofrece el sistema educativo conforme
al artículo 3.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, o norma que la sustituya.
b) Los contribuyentes podrán deducirse el 15 por ciento de las cantidades satisfechas durante el período impositivo,
por cada una de las actividades que se relacionan a continuación, desarrolladas por sus hijos o descendientes
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durante las etapas correspondientes a las enseñanzas que ofrece el sistema educativo conforme al artículo 3.2 de
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, o norma que la sustituya:
1.º Por la enseñanza de idiomas recibida como actividad extraescolar.
2.º Por aquellas actividades relacionadas con el aprendizaje fuera de los centros educativos como refuerzo o apoyo
de las enseñanzas en las que estén matriculados.
3.º Por los gastos de acceso a las nuevas tecnologías necesarios para las enseñanzas en las que estén matriculados
los hijos o descendientes. A tal efecto, se considerarán únicamente las cuantías satisfechas como cuota de alta a
internet y la cuota de línea del primer mes, siempre que no se trate de un cambio de compañía y la línea no esté
vinculada a una actividad económica.
4.º Por los gastos de estudio y residencia de hijos o descendientes fuera del municipio de residencia de la unidad
familiar, siempre que el municipio donde se cursen los estudios se encuentre en Castilla-La Mancha y que en el
lugar de residencia de la unidad familiar no exista dicha oferta educativa. Igualmente será aplicable esta deducción
cuando el municipio donde se realicen los estudios se encuentre fuera de Castilla-La Mancha y no exista en la región
oferta educativa para los estudios cursados.
2. La cantidad total a deducir por los gastos señalados en el apartado anterior no excederá de las cuantías máximas
que se indican a continuación:
a) Declaraciones conjuntas:
1.º Los contribuyentes que no tengan la condición legal de familia numerosa, para los que la cantidad resultante
de la suma de la base imponible general y de la base imponible del ahorro menos el mínimo por descendientes se
encuentre comprendida en los tramos que se indican a continuación, podrán deducirse hasta las siguientes cuantías:
Hasta 12.000,00 euros: 200 euros por hijo.
Entre 12.000,01 y 20.000,00 euros: 100 euros por hijo.
Entre 20.000,01 y 25.000,00 euros: 75 euros por hijo.
2.º Los contribuyentes que tengan la condición legal de familia numerosa, para los que la cantidad resultante de
la suma de la base imponible general y de la base imponible del ahorro menos el mínimo por descendientes se
encuentre comprendida en el tramo que se indica a continuación, podrán deducirse hasta las siguientes cuantías:
Hasta 40.000 euros: 300 euros por hijo.
b) Declaraciones individuales:
1.º Los contribuyentes que no tengan la condición legal de familia numerosa, para los que la cantidad resultante de la
suma de la base imponible general y la base imponible del ahorro menos el mínimo por descendientes se encuentre
comprendida en los tramos que se indican a continuación, podrán deducirse hasta las siguientes cuantías:
Hasta 6.500 euros: 100 euros por hijo.
Entre 6.500,01 y 10.000,00 euros: 75 euros por hijo.
Entre 10.000,01 y 12.500,00 euros: 50 euros por hijo.
2.º Los contribuyentes que tengan la condición legal de familia numerosa, para los que la cantidad resultante de la
suma de la base imponible general y la base imponible del ahorro menos el mínimo por descendientes se encuentre
comprendida en el tramo que se indica a continuación, podrán deducirse la siguiente cuantía:
Hasta 30.000 euros: 150 euros por hijo.
3. Las deducciones resultantes de la aplicación de los apartados anteriores se minorarán en el importe de las becas
y ayudas concedidas en el periodo impositivo de que se trate por la Administración de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha, o por cualquier otra Administración Pública, que cubran la totalidad o parte de los gastos
señalados en el apartado 1 del presente artículo.
4. A los efectos de la aplicación de estas deducciones, sólo tendrán derecho a practicar la deducción los padres o
ascendientes respecto de aquellos hijos o descendientes escolarizados que den derecho a la reducción prevista, en
concepto de mínimo por descendientes, en el artículo 58 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre.
5. Los contribuyentes que deseen gozar de la deducción establecida en este artículo deberán estar en posesión de
los justicantes acreditativos del pago de los conceptos objeto de deducción”.
Dos. Se modica el artículo 3 bis, que queda redactado de la siguiente forma:
“Artículo 3 bis. Deducción por gastos de guardería.
1. Los contribuyentes podrán deducirse de la cuota íntegra autonómica el 30 por ciento de las cantidades satisfechas
en el periodo impositivo por los gastos de custodia de hijas o hijos menores de 3 años en guarderías o centros de
educación infantil, con un máximo de 500 euros por cada hija o hijo inscrito en dichas guarderías o centros.
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Para la aplicación de la presente deducción solo se tendrán en cuenta aquellas hijas o aquellos hijos que den
derecho a la aplicación del mínimo por descendientes en el artículo 58 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre.
De las cantidades satisfechas se deben minorar el importe de las becas o ayudas obtenidas de cualquier
Administración Pública que cubran todos o parte de los gastos de custodia. Esta minoración se aplicará de forma
individual para cada hija o hijo que se benecie de las becas o ayudas.
A estos efectos se entenderán por gastos de custodia las cantidades satisfechas a guarderías y centros de educación
infantil por la preinscripción y matrícula de dichos menores, la asistencia, en horario general y ampliado, y la
alimentación, siempre que se hayan producido por meses completos y no tuvieran la consideración de rendimientos
del trabajo en especie exentos por aplicación de lo dispuesto en las letras b) o d) del apartado 3 del artículo 42 de la
2. Cuando las hijas o los hijos que den derecho a la deducción convivan con más de un contribuyente, el importe de
la deducción se prorrateará conforme al hecho de que aquellas o aquellos den derecho al mínimo por descendientes
a más de un contribuyente.
3. El límite de la misma, en el período impositivo en el que la hija o el hijo cumpla los 3 años de edad, será de 250
euros.
4. A los efectos de aplicación de esta deducción, se entenderá como guardería o centro de educación infantil todo
centro autorizado por la consejería competente en materia de educación que tenga por objeto la custodia o el primer
ciclo de educación infantil, de niñas y niños menores de 3 años”.
Tres. Se modican los apartados 1 y 3 del artículo 7, que quedan redactados de la siguiente forma:
“1. Los contribuyentes podrán deducirse, por cada menor en régimen de acogimiento familiar no remunerado
temporal, permanente o por delegación de guarda para la convivencia preadoptiva, por acuerdo administrativo o
judicial, siempre que convivan con el menor durante más de ciento ochenta y tres días del período impositivo, las
siguientes cantidades:
a) 500 euros si se trata del primer menor en régimen de acogimiento familiar no remunerado o por delegación de
guarda para la convivencia preadoptiva.
b) 600 euros si se trata del segundo menor o sucesivo en régimen de acogimiento familiar no remunerado o por
delegación de guarda para la convivencia preadoptiva”.
“3. No dará lugar a esta deducción el supuesto de acogimiento familiar temporal o por delegación de guarda para la
convivencia preadoptiva, cuando se produjera la adopción del menor durante el período impositivo, sin perjuicio de
la aplicación de la deducción establecida en el artículo 1 de esta ley”.
Cuatro. Se modica el artículo 12, que queda redactado de la siguiente forma:
“Artículo 12. Deducción por los gastos en intereses por la nanciación ajena de la adquisición de primera vivienda
habitual por menores de 40 años.
Los contribuyentes menores de 40 años podrán deducirse de la cuota íntegra autonómica las cantidades satisfechas
durante el período impositivo en concepto de intereses por la nanciación ajena concertada para la adquisición de
la primera vivienda habitual, siempre que el préstamo o crédito sea a interés variable, con los siguientes límites:
a) 150 euros, para los contribuyentes cuya suma de la base imponible general y de la base imponible del ahorro del
periodo impositivo no sea superior a 12.500 euros en tributación individual o a 25.000 euros en tributación conjunta.
b) 100 euros, para los contribuyentes cuya suma de la base imponible general y de la base imponible del ahorro del
periodo impositivo no sea superior a 27.000 euros en tributación individual o a 36.000 euros en tributación conjunta”.
Cinco. Se introduce un nuevo artículo 12 quinquies, con la siguiente redacción:
“Artículo 12 quinquies. Deducción extraordinaria para compensar los efectos de la inación.
1. Únicamente en el periodo impositivo de 2022, los contribuyentes podrán aplicarse una deducción en la cuota
íntegra autonómica por las cantidades satisfechas en la adquisición de los bienes y servicios que integran la cesta
de la compra a que se reere el Instituto Nacional de Estadística, con los siguientes límites:
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a) 200 euros, para los contribuyentes cuya suma de la base imponible general y de la base imponible del ahorro
del periodo impositivo sea inferior a 12.500 euros. Este límite podrá incrementarse en 50 euros por cada hijo o
descendiente a cargo del contribuyente.
b) 150 euros, para los contribuyentes cuya suma de la base imponible general y de la base imponible del ahorro
del periodo impositivo sea inferior a 21.000 euros. Ese límite podrá incrementarse en 37,50 euros por cada hijo o
descendiente a cargo del contribuyente.
c) 100 euros, para los contribuyentes cuya suma de la base imponible general y de la base imponible del ahorro
del periodo impositivo sea inferior a 30.000 euros. Este límite podrá incrementarse en 25 euros por cada hijo o
descendiente a cargo del contribuyente.
2. A efectos de la aplicación de la presente deducción se tomarán en consideración únicamente los gastos
satisfechos por el contribuyente en los siguientes grupos que componen la cesta de la compra del Índice de Precios
de Consumo: 01 (alimentos y bebidas no alcohólicas), 03 (vestido y calzado), 04 (vivienda, agua, electricidad, gas y
otros combustibles) y 06 (sanidad).
3. Para la aplicación del incremento de los límites de la presente deducción solo se tendrán en cuenta aquellas hijas
o aquellos hijos o descendientes que den derecho a la aplicación del mínimo por descendientes en el artículo 58 de
Seis. Se introduce un nuevo artículo 12 sexies, con la siguiente redacción:
“Artículo 12 sexies. Deducción por inversión en la adquisición de acciones y participaciones sociales como
consecuencia de acuerdos de constitución de sociedades o ampliación de capital en las sociedades mercantiles.
1. Los contribuyentes podrán aplicar una deducción en la cuota íntegra autonómica del 20 por ciento de las cantidades
invertidas durante el ejercicio por la adquisición de acciones o participaciones sociales, como consecuencia de
acuerdos de constitución de sociedades o de ampliación de capital en las sociedades mercantiles que revistan
la forma de Sociedad Anónima, Sociedad de Responsabilidad Limitada, Sociedad Anónima Laboral, Sociedad de
Responsabilidad Limitada Laboral o Sociedad Cooperativa.
El límite de deducción aplicable será de 4.000 euros anuales.
2. Para la aplicación de la deducción deberán cumplirse los siguientes requisitos:
a) Que, como consecuencia de la participación adquirida por el contribuyente, computada junto con la que posean
de la misma entidad su cónyuge o personas unidas al contribuyente por razón de parentesco, en línea recta o
colateral, por consanguinidad o anidad hasta el tercer grado incluido, no se llegue a poseer durante ningún día del
año natural más del 40 por ciento del total del capital social de la entidad o de sus derechos de voto.
b) Las participaciones adquiridas deben mantenerse en el patrimonio del contribuyente durante un período mínimo
de tres años, siguientes a la constitución o ampliación, y este no debe ejercer funciones ejecutivas ni de dirección
en la entidad.
c) Que la entidad de la que se adquieran las acciones o participaciones cumpla los siguientes requisitos:
1.º Que tenga su domicilio social y scal en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
2.º Que desarrolle una actividad económica. A estos efectos no se considerará que desarrolla una actividad
económica cuando tenga por actividad principal la gestión de un patrimonio mobiliario o inmobiliario, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 4. Ocho Dos. a) de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio.
3.° Que, para el caso en que la inversión efectuada corresponda a la constitución de la entidad, desde el primer
ejercicio scal esta cuente al menos con una persona con contrato laboral a jornada completa o con dos personas
con contrato laboral a tiempo parcial, siempre que el cómputo total de horas en el supuesto de contrato laboral a
tiempo parcial sea igual o superior al establecido para una persona con contrato laboral a jornada completa. En
cualquier caso, los trabajadores deberán estar dados de alta en el Régimen correspondiente de la Seguridad Social
y las condiciones del contrato deberán mantenerse durante al menos 24 meses.
4.º Que, para el caso en que la inversión efectuada corresponda a una ampliación de capital de la entidad, dicha
entidad hubiera sido constituida dentro de los tres años anteriores a la ampliación de capital y la plantilla media de
la entidad durante los dos ejercicios scales posteriores al de la ampliación se incremente respecto de la plantilla
media que tuviera en los doce meses anteriores al menos en una persona con los requisitos del párrafo 3.º anterior,
y dicho incremento se mantenga durante al menos otros veinticuatro meses.
AÑO XLII Núm. 21 31 de enero de 2023 4003
Para el cálculo de la plantilla media total de la entidad y de su incremento se computará el número de personas
empleadas, en los términos que disponga la legislación laboral, teniendo en cuenta la jornada contratada en relación
con la jornada completa.
d) Las operaciones que generen el derecho a la deducción deberán formalizarse en escritura pública, en la que se
deberá especicar la identidad de los inversores y el importe de la inversión respectiva.
3. El incumplimiento de los requisitos exigidos en el apartado anterior dará lugar a la integración de las cantidades
deducidas en la cuota íntegra autonómica del ejercicio en que se produzca el incumplimiento, con los correspondientes
intereses de demora”.
Siete. Se introduce un nuevo artículo 12 septies, con la siguiente redacción:
“Artículo 12 septies. Deducción por inversión en entidades de la economía social.
1. Los contribuyentes podrán aplicar una deducción de la cuota íntegra autonómica del 20 por ciento de las cantidades
invertidas durante el periodo impositivo en las aportaciones realizadas con la nalidad de ser socio en entidades que
formen parte de la economía social a que se reere el apartado siguiente. El importe máximo de esta deducción es
de 4.000 euros.
2. La aplicación de esta deducción está sujeta al cumplimiento de los requisitos y condiciones siguientes:
2.1 La participación alcanzada por el contribuyente, computada junto con las del cónyuge o personas unidas por
razón de parentesco, en línea directa o colateral, por consanguinidad o anidad hasta el tercer grado incluido, no
podrá ser superior al 40 por ciento del capital de la entidad objeto de la inversión o de sus derechos de voto.
2.2 La entidad en la que debe materializarse la inversión tendrá que cumplir los siguientes requisitos:
a) Formar parte de la economía social, en los términos previstos en la Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía
Social.
b) Tener su domicilio social y scal en Castilla-La Mancha.
c) Contar, como mínimo, con una persona ocupada con contrato laboral y a jornada completa, y dada de alta en el
régimen general de la Seguridad Social.
2.3 Las operaciones en las que sea de aplicación la deducción deberán formalizarse en escritura pública, en la que
se hará constar la identidad de los inversores y el importe de la inversión respectiva.
2.4 Las aportaciones habrán de mantenerse en el patrimonio del contribuyente durante un periodo mínimo de cinco
años.
2.5 Los requisitos establecidos en el apartado 2.2 deberán cumplirse durante un periodo mínimo de cinco años a
contar desde la aportación.
3. El incumplimiento de los requisitos y condiciones establecidos en el apartado anterior, a excepción del punto 2.3,
comportará la pérdida del benecio scal y, en tal caso, el contribuyente deberá incluir en la declaración del impuesto
correspondiente al ejercicio en que se haya producido el incumplimiento la parte del impuesto que se hubiera dejado
de pagar como consecuencia de la deducción practicada, junto con los intereses de demora devengados.
4. Esta deducción será incompatible, para las mismas inversiones, con la regulada en el artículo 12 sexies”.
Ocho. Se modican los apartados 1 y 2 del artículo 18, que quedan redactados de la siguiente forma:
“1. A los efectos de lo dispuesto en los artículos 17 y 17 bis de esta ley se asimilan a cónyuges los miembros de
parejas de hecho que hayan tenido convivencia estable de pareja durante, al menos, los dos años anteriores a la
fecha de devengo del impuesto y cuya unión esté inscrita en el Registro de Parejas de Hecho de la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha o en registros análogos de otras administraciones públicas, de Estados miembros
de la Unión Europea o de un tercer país. Ambas circunstancias deberán constar en el documento público que recoja
el acto o contrato sujeto al impuesto.
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2. También a los efectos de lo dispuesto en los artículos 17 y 17 bis de esta ley, las personas objeto de un acogimiento
familiar permanente o por delegación de guarda para la convivencia preadoptiva, se equiparan a los adoptados, y
las personas que realicen un acogimiento familiar permanente o por delegación de guarda para la convivencia
preadoptiva se equiparan a los adoptantes”.
Nueve. Se modica el artículo 12 bis que queda redactado de la siguiente forma:
Artículo 12 bis. Deducción por residencia habitual en zonas rurales.
1. Los contribuyentes que teniendo su residencia habitual en alguno de los municipios incluidos en las zonas a que
se reeren los artículos 12 y 13 de la Ley 2/2021, de 7 de mayo, de Medidas Económicas, Sociales y Tributarias
frente a la Despoblación y para el Desarrollo del Medio Rural en Castilla-La Mancha, cumplan además el requisito
de estancia efectiva en el mismo en los términos previstos en el artículo 5 de la ley antes citada, podrán aplicarse en
la cuota íntegra autonómica la que corresponda de las siguientes deducciones:
a) Por residencia habitual en un municipio incluido en una zona de intensa despoblación:
- Si el municipio tiene una población inferior a 2.000 habitantes: 20 %.
- Si el municipio tiene una población igual o superior a 2.000 e inferior a 5.000 habitantes: 15 %.
b) Por residencia habitual en un municipio incluido en una zona de extrema despoblación:
- Si el municipio tiene una población inferior a 2.000 habitantes: 25 %.
- Si el municipio tiene una población igual o superior a 2.000 e inferior a 5.000 habitantes: 20 %.
c) Por residencia habitual en un municipio incluido en una zona en riesgo de despoblación:
- Si el municipio tiene una población inferior a 2.000 habitantes: 15 %.
- Si el municipio tiene una población igual o superior a 2.000 e inferior a 5.000 habitantes: 10 %.
2. El incumplimiento de cualquiera de los requisitos indicados en el apartado anterior dará lugar a la integración de
las cantidades deducidas en la cuota íntegra autonómica del ejercicio en que se produzca el incumplimiento, con los
correspondientes intereses de demora.
Artículo 13. Modicación de la Ley 9/2019, de 13 de diciembre, de Mecenazgo Cultural de Castilla-La Mancha.
La Ley 9/2019, de 13 de diciembre, de Mecenazgo Cultural de Castilla-La Mancha, se modica en los siguientes
términos:
Uno. Se modica el artículo 21 que queda redactado de la siguiente forma:
“Artículo 21. Crédito scal.
Se entiende por crédito scal aquellas cantidades reconocidas por la Administración regional a favor de los
contribuyentes que puedan ser utilizadas por los mismos para satisfacer el pago de los impuestos propios, precios
públicos y tasas de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, así como del canon establecido en la Ley
9/2011, de 21 de marzo, por la que se crea el canon Eólico y el fondo para el Desarrollo Tecnológico de las Energías
Renovables y el uso racional de la Energía en Castilla-La Mancha”.
Dos. Se modica el apartado 1 del artículo 23 que queda redactado de la siguiente forma:
“1. Las personas beneciarias del crédito scal reconocido en aplicación del artículo anterior, podrán imputar dicho
crédito al pago de los recursos a que se reere el artículo 21 de esta ley, en los términos que se establezcan
reglamentariamente hasta agotar la totalidad del crédito scal reconocido”.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA
Disposición transitoria única. Régimen transitorio en el ámbito de la gestión de gastos.
La gestión del presupuesto de gastos en los procedimientos iniciados antes de la entrada en vigor de esta ley se
regirá por lo dispuesto en la modicación del texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha incluida
en el artículo 11 a partir de dicha entrada en vigor.
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DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
1.Quedan derogadas todas las normas de igual o inferior rango en lo que contradigan o se opongan a lo dispuesto
en la presente ley.
2. Queda derogado expresamente el Decreto 38/2002, de 12 de marzo, para la aplicación de la Ley 5/2001, de 17
de mayo, de prevención de malos tratos y de protección a las mujeres maltratadas.
DISPOSICIONES FINALES
Disposición nal primera. Adaptación normativa en el ámbito de las competencias en materia de gestión del gasto
público.
En el plazo de dos meses desde la entrada en vigor de la presente ley, las disposiciones en las que se establece la
estructura orgánica y el régimen de competencias de las distintas consejerías, así como el resto de disposiciones
que atribuyan y regulen las competencias de los organismos autónomos y entidades del sector público regional se
adaptarán a lo dispuesto en materia de gestión del gasto en la nueva redacción del artículo 61 del texto refundido de
la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha.
Disposición nal segunda. Salvaguardia del rango de disposiciones reglamentarias.
Se mantiene el rango reglamentario de la disposición adicional duodécima del Decreto 3/2004, de 20 de enero, de
Régimen Jurídico de las Viviendas con Protección Pública, que ha sido añadida por la presente ley.
Disposición nal tercera. Entrada en vigor.
La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Ocial de Castilla-La Mancha, con
excepción de las deducciones scales sobre el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas previstas en su
artículo 12, que serán de aplicación a hechos imponibles producidos a partir del periodo impositivo iniciado el 1 de
enero de 2022.
Toledo, 27 de enero de 2023
El Presidente
EMILIANO GARCÍA-PAGE SÁNCHEZ
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