STS, 22 de Enero de 2007
| Ponente | RAFAEL FERNANDEZ MONTALVO |
| ECLI | ES:TS:2007:256 |
| Número de Recurso | 272/2003 |
| Fecha de Resolución | 22 de Enero de 2007 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a veintidós de Enero de dos mil siete.
Visto por la Sala Tercera del Tribunal Supremo, constituida en su Sección Segunda por los Excmos. Sres. Magistrados reseñados al margen, el presente recurso de casación para la unificación de doctrina, que con el núm. 272/2003 ante la misma pende de resolución, promovido por el Procurador de los Tribunales Don Alberto Pérez Ambite, en nombre y representación de COMERCIAL BOIX, SL contra la sentencia, de fecha 13 de febrero de 2003, dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso de dicho orden jurisdiccional núm. 998/99, en el que se impugnaba Acuerdo del TEAC de 22 de octubre de 1999, desestimatorio del recurso de alzada formulado contra Acuerdo del TEAR de Valencia de 30 de octubre de 1997, dictado en reclamación 03/00628/95, relativa a Impuesto sobre el Valor Añadido (en adelante IVA), ejercicios 1990 y 1991.
Ha sido parte recurrida la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, representada y asistida por la Abogacía General del Estado.
En el recurso contencioso administrativo núm. 998/99 seguido ante la Sección Sexta de la Sala de dicho orden jurisdiccional de la Audiencia Nacional, se dictó sentencia, con fecha 13 de febrero de 2003, cuyo fallo es del siguiente tenor literal: "FALLAMOS: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por COMERCIAL BOIX, SL, contra Acuerdo dictado por el Tribunal Económico-Administrativo Central el día 22-X-99 descrito en el Fundamento Jurídico Primero de esta sentencia, el cual confirmamos por ser conforme a Derecho. Sin efectuar condena al pago de las costas" (sic).
Notificada dicha sentencia a las partes, por la representación procesal de COMERCIAL BOIX, SL se interpuso, por escrito de 28 de marzo de 2003, recurso de casación para la unificación de doctrina interesando sentencia estimatoria del recurso, que casara y revocara la impugnada.
El Abogado del Estado, por escrito de 17 de julio de 2003, solicitó que se tuviera por formulada su oposición a dicho recurso.
Recibidas las actuaciones, por providencia de 2 de noviembre de 2007, se señaló para votación y fallo el 16 de Enero de 2007, en cuya fecha tuvo lugar el referido acto.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Rafael Fernández Montalvo, Presidente de Sección
Se impugna, mediante este recurso de casación en unificación de doctrina, la sentencia, de fecha 13 de febrero de 2003, dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso de dicho orden jurisdiccional núm. 998/99, en el que se impugnaba Acuerdo del TEAC de 22 de octubre de 1999, desestimatorio del recurso de alzada formulado contra Acuerdo del TEAR de Valencia de 30 de octubre de 1997, dictado en reclamación 03/00628/95, relativa a Impuesto sobre el Valor Añadido (en adelante IVA), ejercicios 1990 y 1991. La Dependencia de Inspección Tributaria de la Delegación Especial de la AEAT de Valencia, dictó Acuerdo de liquidación, en fecha 16 de enero de 1995 en la que resultaba una deuda tributaria de 5.138.155 ptas., de los que 3.726.016 ptas. correspondían a cuota y 1.412.139 ptas. a intereses de demora.
Contra dicho acuerdo liquidatorio se interpuso, por la hoy recurrente, reclamación económicoadministrativa ante el TEAR de Valencia, que resolvió en el sentido de estimarla parcialmente, ordenando la retroacción de los expedientes ante el Órgano Gestor a efectos de que se rectifiquen de conformidad con lo establecido en dicha Resolución.
La recurrente interpuso contra dicho Acuerdo del TEAR, recurso de alzada ante el TEAC, que fue desestimado.
El recurso jurisdiccional se rige por la Ley 29/1998, de 13 de Julio, disposición transitoria tercera , toda vez que la sentencia recurrida es de fecha posterior a su entrada en vigor.
En el presente recurso se ha planteado la contradicción entre la Sentencia de la AN y la de 2 de noviembre de 2000 del TSJ de Valencia, siendo recurrentes Boix Maquinaria S.A. y Comercial Boix, SL respectivamente.
Las actuaciones de la Inspección fueron inconstitucionales (solicitud del destino de unos talones bancarios) y sirvieron para cuantificar las cuotas tributarias en ambos casos. Mientras que para el TSJ esos hechos sirvieron para la anulación, para la AN no sirvieron para la anulación, entendiendo la recurrente que esos defectos no pueden subsanarse retrotrayendo las actuaciones a fin de eliminar los efectos de las actuaciones nulas de pleno Derecho.
El recurrente aporta como sentencia de contraste la del Tribunal Superior de Justicia de Valencia de 2 de noviembre de 2000, recurso 374/98.
Dado el carácter improrrogable de la competencia de las Salas de lo ContenciosoAdministrativo, que establece el artículo 8º de la Ley de esta Jurisdicción, ha de examinarse de oficio y con carácter previo a los motivos de casación que propone la recurrente, la posible inadmisibilidad del presente recurso en atención a la cuantía del mismo.
El recurso de casación para la unificación de doctrina es excepcional, subsidiario respecto del de casación ordinaria y limitado por razón de la cuantía, como resulta de lo establecido en el art. 96.3 de la Ley reguladora de esta Jurisdicción --la 29/1998, de 13 de julio --, que al puntualizar las sentencias susceptibles de recurso de casación para la unificación de doctrina determina que sólo lo serán aquellas sentencias que no sean recurribles en casación con arreglo a lo establecido en el art. 86.2.b) (por haber recaído en asuntos cuya cuantía no exceda de 25 millones de pesetas - 150.253,03 Euros-), siempre que la cuantía litigiosa sea superior a tres millones de pesetas - 18.030,36 Euros-. El establecimiento de una "summa gravaminis" para el acceso a ésta casación tiene su fundamento en el designio del legislador de agilizar la actuación jurisdiccional en todos los órdenes para procurar que la justicia se imparta de la forma más rápida y eficaz posible, de acuerdo con las exigencias del art. 24 de la Constitución .
Por otro lado, es constante la jurisprudencia de esta Sala en cuanto a que es irrelevante, a efectos de la inadmisibilidad del recurso de casación por razón de la cuantía, que se haya tenido por preparado el recurso en la instancia, que se haya ofrecido el recurso al notificarse la resolución impugnada o que haya sido admitido anteriormente y se advierta la carencia de cuantía al momento de dictarse el fallo en el que ha de apreciarse, incluso, de oficio.
La jurisprudencia de este Tribunal tiene declarado reiteradamente que, respetando el principio de contradicción, la fijación de cuantía puede ser efectuada en cualquier momento, incluso de oficio, por el órgano jurisdiccional ya que se trata de una materia de orden público procesal, máxime cuando es determinante de la procedencia o improcedencia del recurso de casación (por todas S. de 12 de febrero de 1997).
De otra parte, es doctrina reiterada de esta Sala (entre otros los autos de 29 de enero y 22 de febrero de 1999, y las sentencias de 5 y 15 de julio de 2000, 11 de diciembre de 2001 y 20 de febrero, 3 y 11 de julio de 2002 ) que, en asuntos como el ahora examinado, el valor de la pretensión --que es el criterio a tener en cuenta ex art. 41.1 de la Ley de esta Jurisdicción-- viene determinado por la cuota tributaria, pues ésta es la que representa el verdadero valor económico de la pretensión.
En el supuesto de autos la Dependencia de Inspección de la Delegación Especial de Valencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, dictó con fecha 16 de enero de 1995, Acuerdo de liquidación por el concepto Impuesto sobre el Valor Añadido, correspondiente a los ejercicios 1990 y 1991, del que resultaba una deuda tributaria de 5.138.155 ptas., de los que 3.726.016 ptas. correspondían a cuota y 1.412.139 ptas. a intereses de demora, cantidades totales que a su vez se desglosaban en las siguientes cantidades: para el ejercicio de 1990, de 1.200.363 ptas. de cuota - dividida en cuotas trimestrales de 0, 180.104, 0 y 1.020.259 pesetas- y de 520.177 ptas. de intereses -divididos en intereses trimestrales de 0, 87.811, 0 y 432.366 pesetas; y para el ejercicio de 1991, de 2.525.653 ptas. de cuota -dividida en cuotas trimestrales de 0, 1.758.835, 373.894 y 392.924 pesetas- y de 891.962 ptas. de intereses -divididos en intereses trimestrales de 0, 646.480, 126.120 y 119.362 pesetas.
Aunque es cierto que el importe de todas las cuotas trimestrales, correspondientes a IVA de los ejercicios 1990 y 1991 asciende a 3.726.016 ptas., no menos cierto resulta que ninguna de las respectivas cuotas de los diversos períodos trimestrales -ni tan siquiera anuales- alcanza, individualmente, la cifra de tres millones de pesetas (18.030,36 Euros), que es el límite mínimo establecido para el acceso al recurso de casación para la unificación de doctrina.
Además, en aplicación de la regla contenida en el art. 41.3 de la LJCA 29/98, en los casos de acumulación --es indiferente que ésta se haya producido en vía administrativa o jurisdiccional-- aunque la cuantía venga determinada, en la anterior instancia, por la suma del valor económico de las pretensiones objeto de aquélla, tal acumulación no comunica a las de cuantía inferior al límite legal para el acceso al recurso, la posibilidad de casación y, todo ello, con independencia de que las actas levantadas hayan dado lugar a uno o varios actos administrativos por cuanto debe entenderse que es la cuantía individualizada de cada liquidación, y no la suma de las que la Administración decida en cada caso acumular en uno o en varios procedimientos administrativos, la que debe determinar objetivamente la cuantía del proceso contencioso-administrativo a efectos de casación (Auto de la Sección Cuarta de 20 de marzo de 1995 en recurso de casación 6419/1993 ).
Por otra parte es doctrina reiterada de esta Sala que el período de liquidación del IVA coincide con el trimestre natural, de donde cabe inferir que, para determinar si la cuota excede o no, de la cuantía de tres millones de pesetas, hay que acudir a las cuotas trimestrales, y en este caso las mismas no superan esa cuantía -como, se insiste, tampoco la superan las cuotas consideradas, no trimestral, sino anualmente-.
Las razones anteriormente expuestas determinan que, por insuficiencia de cuantía, se declare la inadmisión total del presente recurso de casación para la unificación de doctrina (art. 96.3 ) y la firmeza de la sentencia recurrida, debiendo comportar la inadmisión del recurso, al ser total, la imposición de las costas del mismo a la parte recurrente por ministerio de la Ley (art. 97.7 en relación con el art. 93.5 ).
La Sala, haciendo uso de la facultad reconocida en el artículo 139.3 de la LJCA, señala 1.500 Euros como cuantía máxima de los honorarios del Letrado, a los efectos de las referidas costas.
Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que nos confiere la Constitución Española,
Que debemos declarar, y declaramos, la inadmisión del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por COMERCIAL BOIX, SL, contra la sentencia, de fecha 13 de febrero de 2003, dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso de dicho orden jurisdiccional núm. 998/99, que queda firme, con expresa imposición de costas a la citada parte recurrente, con el límite cuantitativo expresado en el último de los Fundamentos Jurídicos.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando,, lo pronunciamos, mandamos y firmamos Rafael Fernández Montalvo Manuel Vicente Garzón Herrero Juan Gonzalo Martínez Micó Emilio Frias Ponce Manuel Martín Timón Jaime Rouanet Moscardó PUBLICACION.- Leída y publicada ha sido, la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado Ponente de la misma, Don Rafael Fernández Montalvo, hallándose celebrando audiencia pública, ante mí, el Secretario Certifico.
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