Instituciones del Estado

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La Ley orgánica 1/2000 modifica el art.
33 de la Ley orgánica del Tribunal Consti-
tucional (LOTC), añadiendo dos nuevos
apartados. Esta modificación permite am-
pliar el plazo para interponer recurso de
inconstitucionalidad de tres meses a nue-
ve meses, en relación con los recursos in-
terpuestos por el presidente del Gobierno
y los órganos colegiados ejecutivos de las
comunidades autónomas, siempre que se
cumplan los requisitos previstos en el nue-
vo apartado segundo del art. 33.
La vocación de la Ley al ampliar el plazo
para interponer recurso de inconstitucio-
nalidad es la de tratar de evitar que este
procedimiento de declaración de incons-
titucionalidad sea la única vía para que
Estado y comunidades autónomas solu-
cionen sus conflictos competenciales cuan-
do la norma que presuntamente vulnere
el orden competencial sea una ley, una
disposición o un acto con fuerza de ley.
En este sentido, la Ley, tal y como se
pone de manifiesto en la exposición de
motivos, pretende que el principio de co-
laboración que debe guiar las relaciones
entre Estado y comunidades autónomas
esté también presente en el ámbito de los
conflictos competenciales que deban ser
tramitados mediante la vía del recurso de
inconstitucionalidad. El objetivo final es,
por lo tanto, establecer un mecanismo
que permita disminuir la conflictividad
competencial entre Estado y comunida-
des autónomas, posibilitando que se lle-
gue a un acuerdo que haga innecesario el
planteamiento del recurso de inconstitu-
cionalidad. De esta manera se permite
trasladar la posible solución del conflicto
a las partes implicadas.
En cuanto a los requisitos para poder
alargar hasta nueve meses el plazo de in-
terposición de los recursos de inconstitu-
cionalidad planteados por el presidente
del Gobierno o por los órganos colegia-
dos ejecutivos de las comunidades autó-
nomas, el artículo único de la Ley orgá-
nica 1/2000 dispone que se tienen que
cumplir los requisitos siguientes:
1. Se tiene que reunir la Comisión Bi-
lateral de Cooperación entre la Adminis-
tración general del Estado y la respectiva
comunidad autónoma, y pueden solici-
tar su convocatoria cualquiera de las dos
administraciones. (La figura de las comi-
siones bilaterales de cooperación está pre-
vista en el art. 5.2 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de régimen jurídico
de las administraciones públicas y del
procedimiento administrativo común.)
2. La Comisión Bilateral de Coopera-
ción debe adoptar un acuerdo sobre ini-
ciación de negociaciones para resolver las
discrepancias, siendo posible que se inste
la modificación del texto normativo. El
1. INSTITUCIONES DEL ESTADO
1.1. ACTIVIDAD LEGISLATIVA ESTATAL
A cargo de Francesc de Carreras y Juan Carlos Gavara
Ley orgánica 1/2000, de 7 de enero, de modificación de la Ley orgánica 2/1979, de
3 de octubre, del Tribunal Constitucional (BOE núm. 8, de 10 de enero).
Autonomies, núm. 27, diciembre de 2001, Barcelona.
acuerdo podrá hacer referencia a la invo-
cación o no de la suspensión de la norma
en el supuesto de presentarse el recurso en
el plazo previsto en el art. 33.2 LOTC.
3. El acuerdo debe ser comunicado al
Tribunal Constitucional en el plazo de
los tres meses siguientes a la publicación
de la norma, y se debe inserir en el BOE
y en el diario oficial de la comunidad
autónoma correspondiente.
De acuerdo con este procedimiento,
hay que destacar que se han publicado
los acuerdos siguientes de las comisiones
bilaterales:
a) Acuerdo de 29 de marzo de 2000
(BOE núm. 84, de 7 de abril) de la Comi-
sión Bilateral de Cooperación de la Ad-
ministración del Estado y la Comunidad
Autónoma de Canarias de inicio de nego-
ciaciones en relación con la Ley 3/2000,
de 7 de enero, de régimen jurídico de pro-
tección de las obtenciones vegetales.
b) Acuerdo de 3 de octubre de 2000
(BOE núm. 239, de 5 de octubre) de la
Comisión Bilateral de Cooperación de
la Administración del Estado y la Co-
munidad Autónoma de Madrid de ini-
cio de negociaciones en relación con la
Ley 9/2000, de 30 de junio, de mutuali-
dades de previsión social.
c) Acuerdo de 4 de octubre de 2001
(BOE núm. 242, de 9 de octubre) de la
Comisión Bilateral de Cooperación de
la Administración general del Estado y
la Comunidad Autónoma de Castilla-
La Mancha de inicio de negociaciones
en relación con la Ley de Castilla-La
Mancha 8/2001, de 28 de junio, para la
ordenación de las instalaciones de radio-
comunicación de Castilla-La Mancha.
d) Acuerdo de 10 de octubre de 2001
(BOE núm. 251, de 19 de octubre) de
la Comisión Bilateral de Cooperación
de la Administración general del Estado
y la Comunidad Autónoma de Catalu-
ña de inicio de negociaciones en rela-
ción con la Ley catalana 10/2001, de 13
de julio, de archivos y documentos.
e) Acuerdo de 25 de febrero de 2002
(BOE núm. 56, de 6 de marzo) de la
Comisión Bilateral de Cooperación de
la Administración general del Estado y
la Comunidad Foral de Navarra, por el
cual se llega a un acuerdo sobre las dis-
crepancias relativas a la Ley foral
18/2001, de 5 de julio, por la cual se re-
gula la actividad audiovisual en Navarra
y se crea el Consejo Audiovisual de Na-
varra (el inicio de las negociaciones se
acordó el 8 de octubre de 2001, BOE
núm. 248, de 16 de octubre de 2001).
f ) Acuerdo de 12 de marzo de 2002
(BOE núm. 63, de 14 de marzo) de la Co-
misión Bilateral de Cooperación de la Ad-
ministración general del Estado y la Co-
munidad Autónoma de Andalucía de
inicio de negociaciones en relación con la
Ley andaluza 13/2001, de 11 de diciem-
bre, de coordinación de las policías locales.
Marta Fernández de Frutos
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Ley orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extran-
jeros en España y su integración social (BOE núm. 10, de 12 de enero);
Ley orgánica 8/2000, de 22 de diciembre, de reforma de la anterior (BOE
núm. 307, de 23 de diciembre).
Estas dos leyes orgánicas son un expo-
nente claro, a nivel legislativo, del tema estrella de debate durante el año 2000:
la inmigración y su trato por parte de las
instituciones públicas. La primera nor-
ma (Ley orgánica 4/2000) refleja una
postura más igualitarista que preconiza
para los extranjeros un trato casi equipa-
rado al de los ciudadanos españoles. In-
cluso no configura un estatus jurídico
excesivamente diferenciado para los ex-
tranjeros que residen legalmente en el
país y para los que se encuentran en una
situación irregular. La Ley parece partir
de la base de que la titularidad de los
derechos se basa mucho más en la con-
dición humana que en la posesión de
los correspondientes permisos de resi-
dencia y de trabajo. Así, se establece el
principio general de igualdad de dere-
chos entre extranjeros y nacionales (art.
3.1), se reconocen a todos los extranje-
ros los derechos de reunión (art. 7), de
asociación, el derecho a la educación
(art. 9), al trabajo (art. 10), a la sindica-
ción y a la huelga (art. 11), a la asisten-
cia sanitaria de urgencia y en los supues-
tos de maternidad (art. 12.2 y 3), a la
tutela judicial efectiva (art. 18) y el dere-
cho a la asistencia jurídica gratuita en
aquellos procedimientos que pudieran
llevar a su expulsión o salida obligatoria
del territorio español (art. 20.1), que-
dando sólo reservados a los extranjeros
que residen legalmente en el país los de-
rechos relativos a las ayudas en materia
de vivienda (art. 14), a la Seguridad So-
cial y otros servicios sociales (art. 14) y a
la asistencia jurídica gratuita en condi-
ciones de igualdad con los nacionales
(art. 20.2). La Ley establecía también
una tercera categoría entre extranjeros
regulares e irregulares, la de extranjeros
empadronados, categoría a la cual perte-
necían los que también disfrutaban de
un estatus distinto al de los miembros
de los otros dos grupos (tenían los dere-
chos de los irregulares más el de partici-
pación política a nivel municipal, de
manera que pueden elegir unos repre-
sentantes de su grupo social –art. 6.2–,
de asistencia sanitaria –12.1– y, como
los extranjeros residentes, de asistencia
jurídica gratuita en condiciones de
igualdad con los nacionales –20.3).
Por otro lado, esta Ley establecía un
procedimiento para la concesión de vi-
sados y permisos de entrada, permanen-
cia, residencia y trabajo bastante claro y
tasado en comparación con la situación
previa de amplia discrecionalidad admi-
nistrativa, incluyendo mecanismos rela-
tivamente asequibles de regularización
periódica de extranjeros en situación
irregular (art. 29.3). La Ley también in-
cluía medidas contra la contratación ile-
gal de trabajadores extranjeros y el tráfi-
co ilegal de inmigrantes que penalizaba
a los traficantes, a los empresarios in-
fractores, e intentaba respetar los dere-
chos del trabajador inmigrante engaña-
do u objeto del fraude (art. 33.3 y 55).
Finalmente, la Ley suprimía la expul-
sión como sanción aplicable a las infrac-
ciones en materia de extranjería.
Una vez aprobada esta Ley, el Grupo
Parlamentario Popular, que daba apoyo
al Gobierno y que quedó en minoría en
contra del texto final, en su programa
electoral incluyó su reforma. La mayoría
absoluta obtenida en las elecciones del
mes de marzo de 2000 facilitó el inicio
del procedimiento de reforma. Dos de los
argumentos básicos del grupo en el Go-
bierno para promover esta reforma eran
que la Ley aprobada favorecía el efecto
“llamada” al ser excesivamente favorable
a los derechos de los extranjeros y, en se-
gundo lugar, que iba contra los acuerdos
suscritos en la cumbre europea de Tam-
pere, celebrada el mes de octubre del
año 1999, acuerdos a cuyo cumplimien-
to el Gobierno español estaba obligado.
En consecuencia, la reforma de la Ley
significó un endurecimiento del estatus
ofrecido a los extranjeros, endureci-
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miento que se manifestó básicamente
en tres puntos:
a) Diferenciación clara entre extran-
jeros que residen legalmente y extranjeros
irregulares, excluyendo a estos últimos
de los derechos de reunión, manifesta-
ción (art. 7), asociación (art. 8), del de-
recho a la educación de carácter no obli-
gatorio (art. 9.3), al trabajo (art. 10), a la
sindicación y huelga (art. 11). Los ex-
tranjeros empadronados continúan te-
niendo derecho a la asistencia jurídica
gratuita (art. 12), pero pierden el de par-
ticipación política para elegir a sus repre-
sentantes a nivel municipal (art. 6.2).
b) Reintroducción de un alto nivel
de discrecionalidad gubernativa y admi-
nistrativa en todo el proceso de conce-
sión y renovación de permisos de entra-
da, permanencia, residencia y trabajo de
ciudadanos extranjeros (título II). Así,
por ejemplo, hay un incremento de las
remisiones a reglamentos que regulan o
regularán los distintos procedimientos
(por ejemplo, los cuatro primeros apar-
tados del artículo 31 remiten a la regula-
ción reglamentaria aspectos relaciona-
dos con los permisos de residencia
temporal; el reglamento de ejecución de
la Ley ha sido aprobado por el Real de-
creto 864/2001, de 20 de julio).
c)Reintroduce la expulsión como
sanción alternativa a la multa para los su-
puestos de infracciones tipificadas por la
misma Ley como muy graves o algunas
de las graves y cometidas por extranjeros
(art. 57.1). Estas expulsiones pueden ser
objeto, en algunos casos, de un procedi-
miento administrativo preferente de un
período teórico de duración de 48 horas
(en la práctica algunas más) (vid. art. 63).
La Ley ha mantenido las sanciones
para los traficantes de mano de obra ile-
gal y los empresarios que incumplan la
normativa de contratación de trabaja-
dores extranjeros, y también el respeto
por los derechos de los extranjeros en es-
tas situaciones (vid. art. 36.3 y 59) y ha
introducido obligaciones específicas
para los transportistas (art. 66), que bá-
sicamente son reflejo de obligaciones
preexistentes en otros textos legales.
En cuanto a las competencias de las
comunidades autónomas, es evidente
que esta Ley les afecta de una manera cla-
ra. La mayoría de los derechos que esta
Ley reconoce (básicamente los relaciona-
dos con la sanidad, la educación, la cultu-
ra y los servicios sociales) deben ser ejecu-
tados por las comunidades autónomas,
ya que se trata de ámbitos materiales que
han sido total o parcialmente transferi-
dos al plano autonómico. Es, por ello,
deseable el establecimiento de mecanis-
mos que permitan a las comunidades au-
tónomas participar en el diseño de las po-
líticas migratorias. En este punto la
reforma ha incrementado los supuestos
de participación de las comunidades au-
tónomas en este ámbito. Así, la Ley orgá-
nica 4/2000 preveía básicamente tres
ámbitos de intervención autonómica:
a) La planificación en materia de ins-
pección laboral para comprobar el cum-
plimiento del principio de igualdad y
no discriminación de trabajadores ex-
tranjeros (art. 60.3) (en realidad se trata
de un recordatorio de una competencia
que, por ejemplo, en el caso de Cataluña
ha sido plenamente asumida en el Esta-
tuto –vid. art. 11.2 EAC).
b) El Consejo Superior de Política de
Inmigración. Este es un órgano que tie-
ne como función establecer las bases y
los criterios sobre los cuales se asentará
una política global en materia de inte-
gración social y laboral de los inmigran-
tes y estará integrado por representantes
del Estado, de las comunidades autóno-
mas y de los municipios (vid. art. 61)
(posteriormente ha sido creado formal-
mente y regulado por el Real decreto
344/2001, de 4 de abril).
c) El Foro para la Inmigración. Este
órgano preexistente (había sido creado
por el Real decreto 490/1995, de 7 de
abril, y posteriormente reformado por el
Real decreto 367/2001, de 4 de abril)
tiene funciones de consulta, informa-
ción y asesoramiento en materia de in-
migración. Está integrado por represen-
tantes de las administraciones públicas
(central, autonómicas y locales), de las
asociaciones de inmigrantes y de las or-
ganizaciones sociales de apoyo (vid. art.
63 de la Ley orgánica 4/2000).
La Ley orgánica 8/2000 mantiene es-
tos ámbitos de participación (vid. art.
67.3, 68 y 70) y establece un nuevo ám-
bito de participación de las comunidades
autónomas: la presentación de propues-
tas al Gobierno de cara a la fijación del
contingente de trabajadores extranjeros
que, anualmente y siempre que exista ne-
cesidad de mano de obra, fijará el núme-
ro y las características de las ofertas de tra-
bajo para ciudadanos extranjeros que no
se hallen ni residan en España (art. 39).
Además, a nivel bilateral, la Ley establece
la posibilidad de crear subcomisiones so-
bre inmigración en las comisiones bilate-
rales entre el Estado y las comunidades
autónomas (vid. disposición adicional se-
gunda). Habrá que ver si este es un pri-
mer paso para una participación más in-
tensa de las comunidades autónomas en
el marco de la inmigración, ya que son,
conjuntamente con los ayuntamientos,
las responsables de la gestión.
Finalmente, hay que tener presente que
la Ley orgánica 8/2000 no ha traído el
consenso político, sino que ha mantenido
el enfrentamiento. Como prueba de estas
diferencias, la Ley 8/2000 ha sido objeto
de recurso ante el Tribunal Constitucio-
nal por parte de 50 diputados del Grupo
Parlamentario Socialista, los parlamentos
de Asturias, Andalucía, Castilla-La Man-
cha, Extremadura, Navarra, Aragón, Islas
Baleares y el Gobierno vasco.
Francesc Guillen
ACTIVIDAD NORMATIVA... 99
Ley orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de
los menores (BOE núm. 11, de 13 de enero);
Ley orgánica 7/2000, de 22 de diciembre, de modificación de la Ley orgánica
10/1995, del Código penal y de la Ley 5/2000, reguladora de la responsabi-
lidad penal de los menores en relación con los delitos de terrorismo (BOE
núm. 307, de 23 de diciembre).
La aprobación de esta Ley orgánica
responde a la situación normativa crea-
da a partir de la Sentencia del Tribunal
Constitucional 36/1991, de 14 de fe-
brero, que declaraba inconstitucional el
artículo 15 de la Ley de tribunales tute-
lares de menores, texto refundido de 11
de junio de 1948 y que provocó la apro-
bación de la Ley orgánica 4/1992, de 5
de junio, sobre reforma de la Ley regula-
dora de la competencia y el procedi-
miento de los juzgados de menores. Esta
última ya reconocía de manera expresa
en su propio texto la necesidad de la
adopción de medidas legislativas poste-
riores en materia de menores que se
adaptasen tanto al art. 19 del Código
penal vigente, que fija la mayoría de
edad penal en los dieciocho años y exige
la regulación expresa de la responsabili-
dad penal de los menores de esa edad en
una ley independiente, como la Con-
vención de los derechos del niño de
1989, ratificada por España.
De la nueva Ley hay que destacar el
paso de la mayoría de edad penal de los
16 a los 18 años y el aumento de la edad
de inimputabilidad de los 14 a los 16,
basándose en la convicción del legislador
de que las infracciones cometidas por los
niños menores de esa edad son, general-
mente, irrelevantes y que, en aquellos es-
casos supuestos en los que aquellas in-
fracciones pudieran producir alarma
social, el ámbito familiar y la asistencia
civil son suficientes para darles una res-
puesta adecuada sin necesidad de tener
que recurrir al aparato judicial sanciona-
dor del Estado. La Ley adopta el criterio
de que el interés del menor debe ser
atendido por especialistas en las áreas de
educación y la formación que pertenez-
can a esferas de mayor inmediatez del
Estado. En este sentido el juez, a instan-
cia de las partes y escuchados los equipos
técnicos del propio juzgado y de la enti-
dad pública de la comunidad autónoma
correspondiente, dispondrá de amplias
facultades para suspender o sustituir por
otras las medidas impuestas, o permitir
la participación de los padres del menor
en la aplicación y las consecuencias que
produzcan, sin que resulten vulneradas
las debidas garantías procesales.
Esta Ley tiene un impacto evidente so-
bre las comunidades autónomas en la me-
dida en que afecta a su competencia exclu-
siva en materia de protección y tutela de
menores (el art. 9.28 del Estatuto de auto-
nomía de Cataluña establece la competen-
cia exclusiva de la Generalidad en materia
de instituciones públicas de protección y
tutela de menores, respetando, en todo
caso, la legislación civil, penal y peniten-
ciaria). Este efecto es detectado por la mis-
ma Ley orgánica, y prevé de forma expresa
la competencia autonómica para dar cum-
plimiento y hacer efectivas aquellas deci-
siones que los jueces de menores determi-
nen. En este sentido el artículo 45 de la
Ley, relativo a la competencia administra-
tiva para la ejecución de las medidas adop-
tadas por los juzgados de menores en sen-
tencias firmes, prevé expresamente que
esta es competencia exclusiva de las comu-
nidades autónomas y de las ciudades de
Ceuta y Melilla. Estas entidades deberán
aprobar sus respectivas normas de organi-
zación para proceder a la creación, direc-
ción, organización y gestión de los servi-
cios, las instituciones y los programas
adecuados para garantizar la ejecución co-
rrecta de las medidas previstas en la Ley (el
mandato del legislador estatal a las comu-
nidades autónomas con competencias so-
bre la materia está previsto expresamente
en la disposición final séptima de la misma
Ley orgánica). Muchas de las previsiones
legislativas condicionan la actividad orga-
nizativa autonómica, en especial en todo
lo relativo a los derechos del menor (dere-
cho a que la entidad pública de la que de-
pende el centro vele por su vida, su integri-
dad física y su salud, sin que puedan ser
sometidos a tratos degradantes o a malos
tratos de palabra o de obra; derecho a reci-
bir educación y formación integral; dere-
cho a que se preserve su dignidad e intimi-
dad; derecho a estar en el centro más
próximo a su domicilio y a no ser trasla-
dado fuera de su comunidad autónoma;
derecho a recorrer las resoluciones sancio-
nadoras o el derecho a comunicarse libre-
mente con sus padres, representantes le-
gales o familiares); a la dotación de los
juzgados de menores, y a la creación de sa-
las de menores en los tribunales superio-
res de justicia de las comunidades autóno-
mas. Cabe destacar que la Ley prevé un
período de vacatio legis de un año.
AUTONOMIES · 27
100
Específicamente para el caso de Catalu-
ña, esta ley provocó la aprobación de la
Ley 27/2001, de 31 de diciembre, de jus-
ticia juvenil, por parte del Parlamento de
Cataluña (DOGC núm. 3580, de 21 de
febrero de 2002). Ésta tiene por objeto re-
gular las funciones que tiene que cumplir
la Administración de la Generalidad en
ejecución de las previsiones de la Ley orgá-
nica 5/2000, y en el desarrollo de progra-
mas destinados a dar apoyo a los procesos
de reinserción, mediante el organismo que
tenga atribuida la competencia, así como
establecer el régimen de participación y
colaboración de entidades públicas y pri-
vadas en el ejercicio de estas funciones.
Casi un año después de la aprobación
de la Ley orgánica 5/2000, pero cuando
esta aún no había entrado en vigor (re-
cordemos que había prevista una vacatio
legis de un año), se aprueba esta Ley or-
gánica, de modificación de la primera y
de algunos preceptos del Código penal
que tiene como principales objetivos la
introducción de nuevos tipos penales,
como la exaltación del terrorismo, así
como el endurecimiento de las penas
que se imponen a los menores como
consecuencia de la comisión de delitos
de terrorismo. La Ley pretende dar una
respuesta específica a la comisión de
aquellos delitos terroristas llamados de
baja intensidad, que suponen un que-
brantamiento del orden público, del or-
den y la paz social, y que habitualmente
son cometidos por menores.
La Ley afecta al ámbito competencial
autonómico igual que lo hacía la Ley or-
gánica 5/2000, en todo lo relativo a la
ejecución de las medidas judiciales diri-
gidas a los autores de estos delitos, dis-
tinguiendo el trato judicial que se les de-
berá dar dependiendo de si son mayores
de dieciocho años o de si tienen una
edad comprendida entre los dieciséis y
los dieciocho.
Francesc Vallès
ACTIVIDAD NORMATIVA... 101
La Ley 1/2000, de enjuiciamiento civil,
deroga la anterior Ley de enjuiciamien-
to civil de 1881, con las excepciones
previstas en la disposición derogatoria
única.
La Ley se dicta con la voluntad de in-
troducir un nuevo código procesal civil
que haga posible el derecho a la tutela ju-
dicial efectiva expresado en el art. 24 de la
Constitución, dado que la antigua nor-
mativa, y las modificaciones correspon-
dientes que la misma ha sufrido, se han
manifestado insuficientes para dar res-
puesta a los problemas que se plantean en
el ámbito de la justicia civil. La Ley trata
de garantizar una justicia más ágil y más
inmediata, y por ello se establecen un
conjunto de instrumentos dirigidos a po-
sibilitar una disminución del tiempo ne-
cesario para obtener una resolución judi-
cial, y mecanismos que hagan posible
que cada asunto sea seguido y conocido
por el tribunal que tenga que resolver.
El título competencial en el que se
ampara el Estado para aprobar esta Ley,
como dispone la disposición adicional
primera de la Ley, es el del art. 149.1.6
CE, que atribuye al Estado la compe-
tencia exclusiva sobre legislación proce-
sal, sin perjuicio de las necesarias espe-
cialidades que en este orden se deriven
de las particularidades del derecho sus-
tantivo de las comunidades autónomas.
(Así, ha de tenerse en cuenta que el art.
9.3 del Estatuto de autonomía de Ca-
taluña dispone que la Generalidad de
Ley 1/2000, de 7 de enero, de enjuiciamiento civil (BOE núm. 7, de 8 de enero).
Cataluña tiene competencia exclusiva
sobre normas procesales y de procedi-
miento administrativo que se deriven de
las particularidades del derecho sustan-
tivo de Cataluña o de las especialidades
de la organización de la Generalidad.)
Los términos en los que hay que entender
la atribución al Estado de la competencia
exclusiva sobre legislación procesal ha
sido objeto de atención en diferentes sen-
tencias del Tribunal Constitucional en las
que se ha delimitado cómo hay que con-
jugar la atribución de la competencia al
Estado con la posible existencia de com-
petencias autonómicas sobre esta materia
(entre otras STC 83/1986, 123/1988,
121/1992, 146/1996, 147/1998).
La disposición adicional tercera prevé
que en el plazo de un año desde la aproba-
ción de la Ley, el Gobierno de la Nación y
los consejos ejecutivos de las comunida-
des autónomas que tengan transferidas las
competencias adoptarán las medidas ne-
cesarias para que los juzgados dispongan
de los medios materiales y de los recursos
humanos precisos para la constancia de las
actuaciones orales conforme a lo que dis-
pone el art. 147 de la Ley (este artículo
establece que las actuaciones orales en vis-
tas y comparecencias se registrarán en
soporte apto para la grabación y repro-
ducción del sonido y de la imagen). La
Comunidad Autónoma de Cataluña tie-
ne transferida por Real decreto 966/1990,
de 20 de julio, la competencia para ejercer
determinadas funciones y servicios para la
provisión de los medios materiales y eco-
nómicos necesarios para el funcionamien-
to de la Administración de justicia, entre
las que se encuentran la adquisición y la
gestión de patrimonio mobiliario, inmo-
biliario y efectos para los órganos judicia-
les con sede en Cataluña, y la promoción
y la utilización de bienes informáticos des-
tinados a los servicios administrativos
propios de los juzgados y tribunales.
En cuanto a la posibilidad de utilizar
en las actuaciones judiciales, además de
la lengua oficial del Estado, la lengua ofi-
cial de la comunidad autónoma, el art.
142.2 establece que los jueces, magistra-
dos, secretarios judiciales, fiscales y otros
funcionarios de juzgados y tribunales
podrán utilizar la lengua oficial propia
de la comunidad autónoma, siempre
que ninguna de las partes se oponga a
ello alegando desconocimiento que pu-
diera producir indefensión. El art. 142.3
dispone que las partes, sus procuradores
y abogados, así como los testigos y peri-
tos, podrán utilizar la lengua que sea ofi-
cial en la comunidad autónoma donde
tengan lugar las actuaciones judiciales,
tanto en manifestaciones orales como es-
critas. Por su parte, el art. 142.4 prevé
que las actuaciones judiciales realizadas y
los documentos presentados en el idio-
ma oficial de una comunidad autónoma
tendrán, sin necesidad de traducción al
castellano, plena validez y eficacia, pero
se procederá de oficio a su traducción
cuando hayan de tener efecto fuera de la
jurisdicción de los órganos judiciales si-
tuados en la comunidad autónoma, ex-
cepto si se trata de comunidades autóno-
mas con la misma lengua oficial propia.
También se hará la traducción cuando
así lo dispongan las leyes o a instancia de
parte que alegue indefensión.
En cuanto al sistema de recursos, cabe
destacar que la Ley, en el art. 468, atri-
buye a las salas de lo civil y penal de los
tribunales superiores de justicia el cono-
cimiento de los recursos por infracción
procesal contra sentencias y autos dicta-
dos por las audiencias provinciales que
pongan fin a la segunda instancia. Asi-
mismo corresponde, de acuerdo con los
art. 477 y 478, a los tribunales superio-
res de justicia conocer de los recursos de
casación contra resoluciones de los tri-
bunales civiles con sede en la comuni-
AUTONOMIES · 27
102
dad autónoma siempre que el recurso se
fundamente, exclusivamente o junto
con otros motivos, en la infracción de
normas del derecho civil, foral o espe-
cial propio de la comunidad, y cuando
el estatuto de autonomía correspon-
diente así lo establezca (el art. 20.1.a
del Estatuto de autonomía de Cataluña
establece que la competencia de los ór-
ganos jurisdiccionales en Cataluña se
extiende en el orden civil a todas las ins-
tancias y grados, incluidos los recursos
de casación y de revisión en las materias
de derecho civil catalán). Concreta-
mente, como dispone el art. 477, para
interponer el recurso se tendrá que ale-
gar que la sentencia objeto de recurso se
opone a la doctrina jurisprudencial o
que no existe doctrina del Tribunal Su-
perior sobre normas de derecho especial
de la comunidad autónoma correspon-
diente.
Marta Fernández de Frutos
ACTIVIDAD NORMATIVA... 103
Ley 13/2000, de 28 de diciembre, de presupuestos generales del Estado para el
año 2001.
Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y de or-
den social.
Real decreto ley 2/2000, de 23 de junio, de modificación del régimen econó-
mico y fiscal de Canarias y otras normas tributarias.
En principio, si se acoge el jurista a la
idea de que cada ente territorial, entre los
que se distribuye el poder político, posee
la capacidad de ingresar y de gastar de
acuerdo con su régimen jurídico, puede
concluir que cada uno de ellos organizará
de forma autónoma aquella última dise-
ñando sus propias normas presupuesta-
rias. En este sentido resulta que el Estado
regulará su actividad de gasto mediante
sus leyes de presupuestos al igual que las
comunidades autónomas, mientras que
los entes locales realizarán sus respectivas
ordenanzas presupuestarias.
Podría considerarse que estas normas
son promulgadas estableciendo una re-
gulación sobre campos propios que no
se relacionan. Sin embargo, a poco que
se examine la normativa estatal dedica-
da a regular los presupuestos podemos
matizar la conclusión puesto que influ-
ye en el régimen jurídico de la actividad
financiera de los otros entes. Concreta-
mente, la normativa sobre presupuestos
estatal influye en la actividad económica
de las comunidades autónomas de for-
ma directa e indirecta.
La influencia directa se pone en evi-
dencia en el título VII de la Ley de presu-
puestos, cuyo capítulo II recoge la parti-
cipación de las comunidades autónomas
en los ingresos del Estado aplicable a par-
tir del 1 de enero de 2001. El art. 79 re-
gula la participación de las comunidades
autónomas en los presupuestos generales
del Estado de forma que se asigna a cada
comunidad de régimen común de finan-
ciación el porcentaje de su participación
en la recaudación por IRPF y otro por-
centaje sobre el resto de ingresos estata-
les. Se ha de añadir que esta diferencia-
ción en dos tramos es fruto del sistema
de financiación para el quinquenio de
1997-2001. Los art. 80 y 81 regulan el
sistema de entregas a cuenta de la partici-
pación que pertenece a cada comunidad
autónoma y que ha de efectuar el Estado
y las fórmulas para realizar la liquidación
definitiva de la participación regulada.
En este capítulo, el art. 82 se dedica a re-
gular la participación de las comunidades
autónomas a las que no se aplica el siste-
ma de financiación para el quinquenio
1997-2001 remitiéndose al sistema que
regía en el quinquenio 1992-1996.
Los art. 83 y 84 regulan los créditos
presupuestarios dedicados a liquidar de
forma definitiva la participación de las
comunidades autónomas en los presu-
puestos de ejercicios anteriores y a dotar
las transferencias necesarias para la asun-
ción de nuevos servicios por parte de las
comunidades autónomas.
Finalmente, los art. 85 y 86 están de-
dicados a regular los fondos de garantía
y de compensación. El primero supone
un montante que tiene su partida de na-
cimiento en el sistema de financiación
para el quinquenio de 1997-2001. Es
una dotación presupuestaria dedicada a
compensar a las comunidades autóno-
mas que asumen el sistema financiación
para el quinquenio citado y experimen-
tan algún tipo de descenso en la recau-
dación prevista por el tramo cedido de
IRPF y por la participación en otros in-
gresos del Estado. Por su parte, el art. 86
recoge la dotación al Fondo de Com-
pensación Interterritorial que, siendo
manifestación del principio de solidari-
dad, implica una redistribución de la
renta entre comunidades autónomas
siendo algunas de ellas sus beneficiarias.
En definitiva, se advierte cómo con base
en determinados conceptos es necesario
disponer partidas presupuestarias a fa-
vor de las comunidades autónomas.
La influencia indirecta se pone de ma-
nifiesto cuando a través de leyes de pre-
supuestos se regulan aspectos de tributos
que están cedidos parcial o totalmente a
las comunidades autónomas, puesto que
los posibles cambios pueden influir en
la recaudación de esas exacciones. Sin
embargo, no es tanto en la Ley de presu-
puestos generales del Estado donde se
encuentra esta cuestión como en la Ley
de medidas, también conocida como
“Ley de acompañamiento”.
En esta última Ley, el art. 1 establece
modificaciones para el IRPF que inciden
en las exenciones o en la base imponible
del tributo lo que, indirectamente, en el
primer supuesto (pues añade otro con-
cepto de renta que no es gravable), o di-
rectamente, en el segundo supuesto
(pues implica alteraciones en un concep-
to en el que se aplica la tarifa autonómi-
ca) puede afectarse la recaudación auto-
nómica a obtener por este recurso. Igual
consideración cabe realizar en relación
con el art. 6 de la misma Ley de medidas
que modifica el régimen del impuesto
sobre transmisiones patrimoniales y ac-
tos jurídicos documentados cuando en-
tiende como objeto de liquidación la
ampliación de derechos reales, incluye
una exención relativa a las primeras co-
pias de cancelación de hipotecas y regula
un supuesto de devolución de ingresos
indebidos lo que, en conjunto, viene a
alterar el régimen jurídico de un tributo
cuya recaudación está totalmente cedida
a las comunidades autónomas.
En la línea de atender a cómo influye
la actividad legislativa estatal en la fi-
nanciación de las comunidades autóno-
mas están tanto el art. 8 de la Ley de me-
didas como el Real decreto ley 2/2000
ya que vienen a incidir en el régimen
económico y fiscal de Canarias. El pri-
mer artículo hace incidencia sobre el
impuesto general indirecto canario re-
gulando diversos de sus aspectos. El se-
gundo texto normativo, en cambio, tie-
ne como objeto modificar el régimen de
la zona especial canaria entendiendo
que se crea dentro del Estado español
una zona con un régimen económico es-
pecial caracterizado por un régimen fis-
cal favorable para determinadas activi-
dades. En este sentido se concreta qué
AUTONOMIES · 27
104
extensión tiene la zona especial y se mo-
difican el impuesto de sociedades y el
IRPF rebajando los tipos aplicables a ac-
tividades empresariales, a lo que se aña-
den exenciones en el impuesto sobre la
renta de no residentes, en el impuesto
sobre transmisiones patrimoniales y ac-
tos jurídicos documentados y en el im-
puesto general indirecto canario.
Con este sumario repaso a las normas
que se han relacionado aquí se puede ex-
traer una conclusión: el Estado posee una
capacidad de incidencia sobre otros entes
territoriales a través de sus leyes de presu-
puestos en concreto o de otras leyes de fi-
nanciación en general. Esta posibilidad,
no obstante, no es producto del azar sino
que ha de ser vista con el fundamento
constitucional que supone el art. 156.1
de la CE, donde el principio de coordina-
ción es límite para la autonomía financie-
ra de las comunidades autónomas.
Juan Antonio Fernández Amor
ACTIVIDAD NORMATIVA... 105
El Real decreto legislativo 2/2000 es
dictado por el Gobierno en virtud de la
autorización para dictar un texto refun-
dido de la Ley de contratos de las admi-
nistraciones públicas, prevista en la dis-
posición final única, apartado 2, de la
Ley 53/1999, de 28 de diciembre, por
la que se modifica la Ley 13/1995, de 18
de mayo, de contratos de las administra-
ciones públicas. Además, el Real decreto
incorpora las modificaciones que de
acuerdo con la Decisión de la Comuni-
dad Europea (1999/C 379/08) se deben
producir en la Ley de contratos de las
administraciones públicas para sustituir
las cifras que constan por las cifras co-
rrespondientes en euros, derechos espe-
ciales de giro y pesetas.
El Real decreto legislativo consta de
un artículo único por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de contratos
de las administraciones públicas y de
una disposición derogatoria única que
establece la derogación de todas las dis-
posiciones que se relacionan expresa-
mente en la misma.
En cuanto al texto refundido cabe de-
cir que su disposición final primera,
apartado primero, dispone que la Ley
tiene el carácter de legislación básica dic-
tada al amparo del art. 149.1.18 CE, que
establece que el Estado tiene competen-
cia exclusiva, entre otras materias, res-
pecto a las bases del régimen jurídico de
las administraciones públicas y a la legis-
lación básica sobre contratos y concesio-
nes administrativas. En consecuencia, la
Ley es de aplicación general a todas las
administraciones públicas incluidas en el
art. 1 de la Ley (el art. 1 dispone qué se
entiende por administraciones públicas
a los efectos de la Ley: la Administración
general del Estado; las administraciones
de las comunidades autónomas; y las
entidades que integran la Administra-
ción local), excepto en lo referente a los
artículos que constan de forma expresa
en la disposición final primera y que no
tienen el carácter de básicos. La disposi-
ción final primera, apartado segundo,
establece que los mismos efectos previstos
en el apartado primero tendrán el carác-
ter de máximos determinados plazos
y cuantías que consten expresamente en
Real decreto legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de contratos de las administraciones públicas (BOE
núm. 148, de 21 de junio).
dicha disposición. Por su parte, el apar-
tado tercero dispone que las exigencias
establecidas en el art. 56 para los contra-
tos menores tendrán la consideración de
mínimas a los mismos efectos.
La disposición final tercera prevé que
las normas que en desarrollo de la Ley
promulgue la Administración general del
Estado podrán tener carácter de básicas
cuando sean un complemento necesario
respecto de los preceptos que tienen este
carácter, de acuerdo con la disposición fi-
nal primera de la Ley y siempre que así se
disponga en la norma de desarrollo.
En relación con el posible desarrollo
por las comunidades autónomas de la
normativa básica del Estado sobre con-
tratos de las administraciones públicas,
hay que tener presente que el art. 10 del
Estatuto de autonomía de Cataluña dis-
pone que en el marco de la legislación
básica del Estado y, en su caso, en los te-
mas que aquella legislación establezca,
corresponde a Generalidad el desarrollo
legislativo y la ejecución de las materias
relativas a expropiación forzosa, contra-
tos y concesiones administrativas en el
ámbito de competencias de la Genera-
lidad.
En cuanto al contenido del texto re-
fundido de la Ley respecto de las referen-
cias expresas a la posible intervención de
las comunidades autónomas en el ámbito
de la contratación de las administracio-
nes públicas cabe destacar, entre otros,
los siguientes preceptos. El art. 10.3 pre-
vé la posibilidad de que las comunidades
autónomas creen juntas consultivas de
contratación administrativa con compe-
tencias en sus respectivos ámbitos territo-
riales. Los art. 28 y 33 determinan la
competencia para la clasificación de em-
presas, revisión de la clasificación y sus-
pensión de las clasificaciones, y prevén
que respecto a las empresas domiciliadas
en el territorio de una comunidad autó-
noma, los órganos de la correspondiente
comunidad podrán adoptar acuerdos so-
bre clasificaciones en relación con los
contratos que celebren con estas empre-
sas. El art. 34 posibilita la creación por
parte de las comunidades autónomas de
registros oficiales de empresas clasifica-
das. El art. 48 permite a las comunidades
autónomas aprobar pliegos de cláusulas
administrativas generales, previo dicta-
men del Consejo de Estado o del órgano
consultivo equivalente de la comunidad
autónoma. El art. 118 prevé la existencia
de un Registro público de contratos lle-
vado por la Junta Consultiva de Contra-
tación Administrativa del Ministerio de
Hacienda y de registros públicos de con-
tratos en las demás administraciones pú-
blicas, que habrán de estar debidamente
coordinados.
Marta Fernández de Frutos
AUTONOMIES · 27
106
Real decreto ley 5/2000, de 23 de junio, de medidas urgentes de contención
del gasto farmacéutico público y de racionalización del uso de los medica-
mentos (BOE núm. 151, de 24 de junio).
En virtud de la competencia exclusiva
estatal sobre la determinación de las ba-
ses, la coordinación general de la sani-
dad y de legislación sobre productos far-
macéuticos prevista en el art. 149.1.16
CE, el Gobierno central dicta este Real
decreto ley de medidas urgentes para li-
mitar la partida presupuestaria en gasto
farmacéutico para reducir la partida sa-
nitaria total. En este sentido, el objetivo
de esta disposición gubernamental que
adopta el carácter de urgencia consiste
en conseguir un mejor aprovechamien-
to de los recursos existentes apostando
por una reducción y contención del gas-
to farmacéutico y por una promoción
del uso racional de los medicamentos.
Con carácter general, el Real decreto
ley afecta directamente a los márgenes de
beneficios sobre la venta de medicamen-
tos correspondientes tanto a las oficinas
de farmacia para suministro y venta al
público de productos farmacéuticos,
como al de la distribución que hagan los
almacenes farmacéuticos. Asimismo,
también hay que destacar la voluntad de
adoptar determinadas medidas destina-
das a fomentar el uso de los llamados
medicamentos “genéricos”, que se com-
pletan, entre otros mecanismos, en la
previsión de un mandato expreso al le-
gislador para que modifique (en un pla-
zo relativamente breve) la normativa re-
lativa a aquellos medicamentos para el
consumo humano calificados de “publi-
citarios”, mediante la adopción de políti-
cas flexibilizadoras de las que se puedan
derivar beneficios para los usuarios que
se traducirán en la reducción de los pre-
cios de estos productos.
La disposición afecta y modifica di-
versas normas estatales: la Ley 25/1990,
de 20 de diciembre, del medicamento;
el Real decreto 165/1997, de 7 de febre-
ro, por el cual se establecen los márgenes
de los establecimientos de farmacia co-
rrespondientes a la dispensa al público
de productos farmacéuticos; el Real de-
creto 164/1997, de 7 de febrero, corres-
pondiente a los márgenes correspon-
dientes a los almacenes mayoristas para
la distribución de especialidades farma-
céuticas; y el Real decreto 1416/1994,
de 25 de junio, por el que se regula la
publicidad de los medicamentos de uso
humano.
Francesc Vallès
ACTIVIDAD NORMATIVA... 107
Real decreto ley 6/2000, de 23 de junio, de medidas urgentes de intensifica-
ción de la competencia de mercados de bienes y servicios (BOE núm. 151,
de 24 de junio).*
El Real decreto ley 6/2000 tiene
como objetivo regular un conjunto de
medidas que se integran en un paquete
global de medidas de liberalización de la
economía española, que estableció el
Gobierno mediante distintos reales de-
cretos leyes aprobados durante el mes
de junio del año 2000, con la finalidad
de incrementar la capacidad de creci-
miento potencial y la productividad
de la economía, como bases del proceso
de convergencia de los niveles de em-
pleo y renta con el resto de los países
de la Unión Europea. A tal efecto esta
norma contiene varias previsiones que
inciden en un conjunto heterogéneo de
sectores y que el Estado dicta al amparo
de distintos títulos competenciales que
enumera en la disposición final segunda
de este Real decreto ley. Así, se prevén
medidas de carácter básico dirigidas a
profundizar en la liberalización de los
* Convalidado por Resolución del Congreso de los Diputados, de 29 de junio de 2000 (BOE de 7
de julio). Corrección de erratas publicada en el BOE núm.154, de 28 de junio de 2000. Este Real de-
creto ley 6/2000 ha sido objeto de dos dictámenes del Consejo Consultivo, de 13 y 14 de julio de 2000.
AUTONOMIES · 27
108
mercados energéticos de los hidrocarbu-
ros, del gas natural y del sector eléctrico,
sobre la base del artículo 149.1.13 y 25
CE (título I: art. 1 a 28); medidas de
aplicación general en materia de defensa
de la competencia y, más concretamen-
te, en el control de las concentraciones,
al amparo del artículo 149.1.6 y 13 CE
(título II: art. 29 a 34); medidas de apli-
cación general en el ámbito de la activi-
dad de la fe pública, donde se introdu-
cen el principio de competencia para
posibilitar rebajas en los aranceles de
notarios y registradores, en virtud de los
títulos competenciales del artículo
149.1.6 y 8 CE (título III: art. 35 a 37);
y, finalmente, previsiones de carácter ge-
neral o básico sobre ámbitos materiales
tan variados como la educación, los co-
legios profesionales, el mercado finan-
ciero, el mercado del tabaco o el comer-
cio interior, apoyadas en el artículo
149.1, apartados 1, 7, 11, 13, 18, 14 y
17 CE (título IV: art. 38 a 44).
Un tema que plantea de entrada esta
regulación estatal es si un real decreto
ley es el instrumento jurídico adecuado
para efectuar todas las modificaciones e
innovaciones legislativas que se han
enumerado anteriormente. Sobre eso se
debería analizar si concurren los requisi-
tos que exige el artículo 86 CE y que
justificarían su adopción, y en este sen-
tido la exposición de motivos del Real
decreto ley 6/2000 intenta fundamentar
la circunstancia de extraordinaria y ur-
gente necesidad, principalmente con
dos argumentos: que las medidas de po-
lítica económica que se establecen en la
norma tienen carácter de urgente, dado
el fuerte incremento de la actividad eco-
nómica experimentado y la necesidad
de garantizar la permanencia en el tiem-
po de esta fuente de expansión econó-
mica, y que estas medidas forman parte
de un conjunto más amplio de acciones
normativas, que debe ser todo él opera-
tivo con prontitud por las razones antes
mencionadas de coyuntura económica.
Para llevar a cabo este análisis hay que
tener también presente la jurispruden-
cia constitucional, elaborada en sentido
bastante amplio, sobre el alcance de este
supuesto fáctico habilitante del artículo
86.1 CE y lo que sobre este tema ha di-
cho el Consejo Consultivo, en sus dictá-
menes de 13 y 14 de julio de 2000.
Entre otras cuestiones que plantea el
Real decreto ley 6/2000, hay que men-
cionar, por su evidente interés, la regula-
ción que establece su artículo 43 sobre
horarios comerciales, que puede afectar
a las competencias exclusivas que sobre
comercio interior corresponden a la Ge-
neralidad ex artículo 12.1.5 EAC y que
el Estado dicta al amparo de los títulos
competenciales del artículo 149.1.1 y
13 CE. Esta regulación tiene como
principal innovación el establecimiento
del régimen de libertad absoluta de ho-
rarios y de determinación de los días de
apertura para todos los comerciantes del
Estado. A pesar de ello, la aplicación de
este régimen como regla general se pos-
pone en el tiempo, de manera que no
podrá tener lugar antes del 1 de enero de
2005, y se condiciona también a una
decisión conjunta del Gobierno y de
cada una de las comunidades autóno-
mas, para sus respectivos territorios.
Mientras, y hasta que no llegue la fecha
señalada (que puede posponerse volun-
tariamente), este mismo precepto prevé
un régimen de carácter transitorio, que
consiste básicamente en los siguientes
principios generales: a) ampliar el míni-
mo hasta ahora vigente de limitación
del horario global, de 72 a 90 horas se-
manales; b) establecer un mínimo de
domingos y días festivos en que podrán
abrir al público los comercios (con un
horario mínimo de 12 horas al día), de
acuerdo con una escala que pasa de 9
días festivos el año 2001 a 12 el año
2004; c) ampliar el régimen de libertad
absoluta para determinar los días y ho-
ras de apertura y cierre en todo el terri-
torio estatal para el pequeño comercio o
establecimientos de venta al público de
menos de 300 metros cuadrados, siem-
pre que no pertenezcan a grupos de dis-
tribución u operen bajo el mismo nom-
bre comercial (según la Ley orgánica
2/1996, de 15 de enero, complementa-
ria de la ordenación del comercio mino-
rista, algunos establecimientos específi-
cos y las zonas turísticas ya disfrutaban
de este régimen de libertad plena).
En cuanto a las competencias autonó-
micas sobre la regulación de los horarios
para la apertura y cierre de los locales
comerciales en los territorios respecti-
vos, el art. 43 mencionado dispone que
se deberán ajustar a los principios gene-
rales que se contienen en el mismo.
Concretamente, de acuerdo con este
precepto y respetando los mínimos esta-
blecidos, corresponde a las comunida-
des autónomas: establecer el máximo de
horas laborables semanales; determinar
las zonas turísticas y los períodos del año
en los que habrá régimen de libertad ab-
soluta de horarios y establecer el régi-
men sancionador aplicable a las infrac-
ciones y a la normativa que dicten en
relación con los calendarios y horarios
comerciales. La duda que plantea la nor-
mativa estatal expuesta sobre horarios
comerciales es si realmente puede incar-
dinarse en las competencias estatales so-
bre la regulación de las condiciones bá-
sicas que garanticen la igualdad de los
españoles en el ejercicio del derecho a la
libertad de empresa (art. 149.1.1 CE) y
sobre la planificación general de la acti-
vidad económica (art. 149.1.13 CE) o
bien es una materia de comercio interior
y corresponde, por tanto, regularla a las
comunidades autónomas. Sobre este as-
pecto competencial se puede consultar
la jurisprudencia constitucional (STC
225/1993, de 8 de julio, y STC 227, 264
y 284, del mismo año) así como tam-
bién los dictámenes del Consejo Con-
sultivo, antes citados.
Por último, la regulación de los hora-
rios comerciales a través de un real de-
creto ley, desde el momento en que mo-
difica parcialmente las previsiones de la
Ley orgánica 2/1996, de 15 de enero,
complementaria de la ordenación del
comercio minorista, podría plantear el
tema de cuál es el alcance orgánico de
los preceptos de esta Ley y en qué extre-
mos puede ser modificada por el Real
decreto ley 6/2000.
M. Àngels Arróniz
ACTIVIDAD NORMATIVA... 109
Real decreto ley 7/2000, de 23 de junio, de medidas urgentes en el sector de las
telecomunicaciones (BOE núm. 151, de 24 de junio).*
El Real decreto ley 7/2000, que se in-
siere en un bloque de medidas de libera-
lización económica adoptadas por el
Gobierno en el mes de junio de 2000,
afecta principalmente a dos sectores: el
de las telecomunicaciones (capítulo I,
* Convalidado por Resolución del Congreso de los Diputados, de 29 de junio de 2000 (BOE núm.
162, de 7 de julio). Corrección de erratas publicada en el BOE núm.154, de 28 de junio de 2000. Este
Real decreto ley 7/2000 ha sido objeto de dos dictámenes del Consejo Consultivo, de 13 de julio de 2000.
art. 1 a 6) y el de la inspección técnica de
vehículos (art. 7). De acuerdo con la
disposición final segunda de esta norma
legal, sus disposiciones tienen carácter
de disposiciones de aplicación general y
se dictan al amparo de los títulos com-
petenciales del artículo 149.1.13 y 21
CE. En cuanto al presupuesto fáctico
habilitante de necesidad urgente y ex-
traordinaria, que permite al Gobierno
dictar esta disposición legislativa provi-
sional ex artículo 86.1 CE, la exposición
de motivos del Real decreto ley 7/2000,
entre otras razones, justifica la urgencia
porque la liberalización impulsada des-
de la Comisión Europea en el ámbi-
to de las telecomunicaciones exige in-
corporar al ordenamiento jurídico las
recientes orientaciones comunitarias,
algunas de las cuales han de regularse
con urgencia. Asimismo, como en el
caso del Real decreto ley 6/2000, se
dice que estas medidas forman parte de
un conjunto más amplio de acciones
normativas, que ha de ser todo él opera-
tivo con prontitud por razones de co-
yuntura económica.
De entre las previsiones de liberaliza-
ción en el sector de las telecomunicacio-
nes, se puede destacar la reducción a
corto plazo del coste de las llamadas me-
tropolitanas y, a medio plazo, la instau-
ración de la libre competencia en el ám-
bito de la telefonía local, mediante la
apertura del bucle del abonado. Tam-
bién en las comunicaciones de Internet
se establece la tarifa plana, y en el ámbi-
to de la telefonía móvil se prevé analizar
las diferentes alternativas para ampliar el
número de operadores en el mercado e
intensificar la competencia.
Desde un punto de vista competen-
cial, merecen especial atención las pres-
cripciones dirigidas a la liberalización de
la inspección técnica de vehículos, que
se dictan al amparo de las competencias
estatales sobre tráfico y circulación de
vehículos a motor (art. 149.1.21 CE) y
sobre planificación general de la activi-
dad económica (art. 149.1.13 CE) y
que pueden incidir en competencias de
la Generalidad sobre industria (art.
12.1.2 EAC). Así, se prevé que la ejecu-
ción material de las inspecciones pueda
ser efectuada por las comunidades autó-
nomas o la Administración competente
directamente o a través de sociedades de
economía mixta en el capital de las cua-
les participen, o por particulares. En los
dos últimos supuestos se requiere una
autorización administrativa previa, cuya
concesión corresponde a las comunida-
des autónomas o a la administración
competente. El Real decreto ley 7/2000
incorpora también las sanciones que
proceden en caso de incumplimiento de
las condiciones técnicas que han de reu-
nir las estaciones de inspección técnica
de vehículos (multa o revocación de la
autorización según la gravedad de la in-
fracción), si bien en el caso de la multa
establece un límite máximo que puede
ser graduado por las comunidades autó-
nomas. Seguidamente, declara que la
competencia para instruir los expedien-
tes sancionadores e imponer las sancio-
nes corresponde a los órganos compe-
tentes de las comunidades autónomas o
a la Administración competente en cada
caso. Y, por último, regula el régimen
transitorio de las autorizaciones otorga-
das conforme a la normativa anterior al
Real decreto ley 7/2000 y subsistentes
en el momento de su entrada en vigor.
Esta normativa declarada básica sobre la
inspección técnica de vehículos conlleva
que las comunidades autónomas ten-
drán que organizar su actividad ejecuti-
va en este ámbito a partir de un régimen
de autorizaciones; autorizaciones que
tendrán que cumplir los requisitos téc-
nicos que determine la Administración
AUTONOMIES · 27
110
del Estado para todo el territorio nacio-
nal. Sobre esto hay que destacar que el
régimen de autorizaciones que prevé el
Real decreto ley 7/2000 difiere del siste-
ma de adjudicación del servicio de ins-
pección técnica de vehículos que, a par-
tir de la fórmula concesionaria, utilizaba
la Generalidad, según lo previsto en su
Reglamento sobre organización y régi-
men jurídico del Servicio de Inspección
Técnica de Vehículos (Orden de 21 de
junio de 1982, modi-ficada por órdenes
de 28 de diciembre de 1999, 30 de no-
viembre de 1998, 29 de septiembre de
1993 y 9 de julio de 1982). A la vista
de esto, se podría producir una colisión
entre la competencia estatal para dictar
las normas de aplicación general sobre
circulación de vehículos de motor (in-
cluida la instalación y funcionamiento de
las estaciones de ITV) y la competencia
autonómica de carácter ejecutivo en
materia de industria (art. 12.1.2 EAC),
en cuanto al cum-plimiento de las con-
diciones básicas establecidas por el Esta-
do a través de la inspección. Finalmente,
hay que indicar que el Real decreto ley
7/2000 prevé que corresponde a las co-
munidades autónomas establecer las ta-
rifas máximas de la inspección técnica
de vehículos, así como también su ac-
tualización periódica.
M. Àngels Arróniz
ACTIVIDAD NORMATIVA... 111
Disposiciones diversas 2000
Real decreto 1969/1999, de 23 de di-
ciembre, por el que se regula la expedi-
ción de la tarjeta de investigador para la
consulta en los archivos de titularidad
estatal y en los adheridos al sistema ar-
chivístico español (BOE núm. 11, de 13
de enero).
Real decreto 1971/1999, de 23 de di-
ciembre, de procedimiento para el reco-
nocimiento, declaración y calificación
del grado de minusvalía (BOE núm. 22,
de 26 de enero).
Real decreto 2071/1999, de 30 de di-
ciembre, por el que se establecen las
normas internas de aplicación de regla-
mentos comunitarios sobre el sistema
de etiquetado de la carne de vacuno
(BOE núm. 12, de 14 de enero).
Real decreto 2072/1999, de 30 de di-
ciembre, sobre transferencias recíprocas
de derechos entre el sistema de previsión
social del personal de las Comunidades
Europeas y los regímenes públicos de
previsión social españoles (BOE núm.
15, de 18 de enero).
Real decreto 2073/1999, de 30 de di-
ciembre, por el que se modifica el Regla-
mento del Registro central de personal
y las normas de coordinación con los de
las restantes administraciones públicas
(BOE núm. 15, de 18 de enero).
La Ley 30/1984, de 2 de agosto, de
medidas para la reforma de la función
pública, regula en su artículo 13 el Re-
gistro central de personal en el que ha de
inscribirse todo el personal al servicio de
la Administración del Estado. En desa-
rrollo de este precepto se dictó el Real
decreto 1405/1986, de 6 de junio, por
el que se aprobó el Reglamento del Re-
gistro central de personal y las normas
de coordinación con los de las restantes
administraciones públicas.
El Registro central de personal se ha
consolidado en la Administración gene-
ral del Estado como una garantía para el
personal inscrito en el mismo y como
un instrumento útil para la gestión y la
planificación de sus recursos humanos.
No obstante, con el paso del tiempo han
ido apareciendo una serie de factores
que han puesto de manifiesto la necesi-
dad de abordar una revisión del sistema
registral, como son la evolución experi-
mentada por la Administración general
del Estado y las restantes administracio-
nes públicas, la evolución de la normati-
va sobre personal, la progresiva obsoles-
cencia tecnológica y conceptual del
sistema de información que da soporte
al Registro y la propia experiencia de
funcionamiento acumulada a lo largo
de este dilatado período de tiempo.
Por otra parte, la disposición final
cuarta de la Ley 13/1996, de 30 de di-
ciembre, de medidas fiscales, adminis-
1.2. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
A cargo de Joan Manuel Trayter
Autonomies, núm. 27, diciembre de 2001, Barcelona.
trativas y del orden social, introdujo una
modificación que añade una nueva di-
mensión a la naturaleza del Registro,
dando el mandato de que se modificase
su Reglamento regulador a fin de que
pudiera disponer de la información ne-
cesaria en materia de recursos humanos
del sector público estatal.
Por todo ello, el presente Real decreto
cumple con el mandato de la Ley
13/1996 y da respuesta a las necesidades
puestas de manifiesto a lo largo de los
años, en el ámbito del Registro central
de personal de la Administración gene-
ral del Estado, manteniéndose en vigor
los contenidos mínimos homogenei-
zadores que tienen carácter básico para
todos los registros de personal determi-
nados en el Real decreto 1405/-1986,
hasta tanto se proceda a su modificación.
En conclusión, el objetivo de este Re-
glamento es establecer un sistema que
sea capaz de dar pleno cumplimiento a
las necesidades actuales de la Adminis-
tración general del Estado en materia
registral, de gestión y de información
sobre recursos humanos, que esté fun-
damentado sobre bases técnicas adecua-
das y que tenga flexibilidad para adap-
tarse a los cambios futuros.
Real decreto 2062/1999, de 30 de di-
ciembre, por el que se regula el nivel mí-
nimo de formación en profesiones marí-
timas (BOE núm. 18, de 21 de enero).
Real decreto 21/2000, de 14 de enero,
sobre competencias, funciones, compo-
sición y organización del Consejo de
Cooperación al Desarrollo (BOE núm.
13, de 15 de enero).
Real decreto 22/2000, de 14 de enero,
por el que se regula la composición,
competencias, organización y funciones
de la Comisión Interterritorial de Coo-
peración para el Desarrollo (BOE núm.
13, de 15 de enero).
Real decreto 23/2000, de 14 de enero, so-
bre competencias, funciones, composi-
ción y organización de la Comisión Inter-
ministerial de Cooperación Internacional
(BOE núm. 13, de 15 de enero).
Real decreto 24/2000, de 14 de enero,
sobre el fondo para la concesión de mi-
crocréditos para proyectos de desarrollo
social básico en el exterior (BOE núm.
13, de 15 de enero).
Real decreto 25/2000, de 14 de enero, por
el que se concretan los requisitos y condi-
ciones de las participaciones en entidades
para la aplicación de las excepciones co-
rrespondientes en el impuesto sobre el pa-
trimonio (BOE núm. 13, de 15 de enero).
Real decreto 26/2000, de 14 de enero,
sobre revalorización y complementos de
pensiones para el año 2000 (BOE núm.
13, de 15 de enero).
Real decreto 27/2000, de 14 de enero, por
el que se establecen las medidas alternati-
vas de carácter excepcional al cumpli-
miento de la cuota de reserva del 2 por
100 a favor de trabajadores discapacita-
dos en empresas de 50 o más trabajadores
(BOE núm. 22, de 26 de enero).
Real decreto 29/2000, de 14 de enero,
sobre nuevas formas de gestión de cen-
tros y servicios sanitarios (BOE núm.
21, de 25 de enero).
Real decreto 64/2000, de 17 de enero, de
disolución del Congreso de los Diputa-
dos y del Senado y convocatoria de elec-
ciones (BOE núm. 15, de 18 de enero).
Real decreto 69/2000, de 21 de enero,
por el que se regulan los procedimientos
de selección para el ingreso en los cen-
tros universitarios de los estudiantes que
reúnan los requisitos legales necesarios
AUTONOMIES · 27
114
para el acceso a la universidad (BOE
núm. 19, de 22 de enero).
El Real decreto 704/1999, de 30 de
abril, por el que se regulan los procedi-
mientos de selección para el ingreso en
los centros universitarios de los estudian-
tes que reúnan los requisitos legales nece-
sarios para el acceso a la universidad, dic-
tado en aplicación de las previsiones del
artículo 26.1 de la Ley orgánica 11/1983,
de 25 de agosto, de reforma universitaria,
continuando en la línea iniciada por el
anterior Real decreto 1005/1991, de 14
de junio (que deroga), ha adoptado nue-
vas medidas favorecedoras de la movili-
dad de los estudiantes, con la idea de
avanzar hacia el objetivo de que todos los
estudiantes puedan seguir los estudios de
su preferencia y en la universidad de su
elección, de acuerdo con el artículo 25 de
la Ley orgánica 11/1983, citada.
El presente Real decreto pretende ir
más allá en la consecución del objetivo
antes apuntado estableciendo el deno-
minado distrito abierto, en cuya virtud
todos los estudiantes que reúnan las exi-
gencias legales podrán solicitar plaza, en
la universidad de su elección, para cursar
primeros ciclos de estudios universita-
rios que conduzcan a la obtención de tí-
tulos oficiales y con validez en todo el te-
rritorio nacional, con independencia de
la universidad en la que hayan superado
la correspondiente prueba de acceso.
Con esta medida, se favorecen tanto la
movilidad estudiantil, como el acceso a
las enseñanzas por las que los estudiantes
se sientan vocacionalmente inclinados; se
ofrecen a dichos estudiantes iguales opor-
tunidades, en función de su capacidad y
no, como hasta ahora, de su procedencia
geográfica, y se estimula la adecuada com-
petencia entre las universidades.
Real decreto 70/2000, de 21 de enero, por
el que se modifica parcialmente el Real de-
creto 898/1985, de 30 de abril, sobre régi-
men del profesorado universitario, modi-
ficado por los reales decretos 1200/1986,
de 13 de junio, y 554/1991, de 12 de abril
(BOE núm. 19, de 22 de enero).
El Real decreto 898/1985, de 30 de
abril, sobre régimen del profesorado
universitario, en la redacción dada por
el Real decreto 1200/1986, de 15 de ju-
nio, establece que los contratos de pro-
fesores asociados a tiempo completo no
podrán extenderse por un tiempo supe-
rior a tres años, prorrogables únicamen-
te en el caso de que el profesor pase al ré-
gimen de dedicación a tiempo parcial.
Sin embargo, en un debate llevado a
cabo en el Consejo de Universidades se
planteó la necesidad de efectuar modifi-
caciones en la normativa que confluye
en la regulación del profesorado univer-
sitario a causa de la profunda reforma de
las enseñanzas universitarias, que empe-
zó a llevarse a cabo en 1990, con la apro-
bación de numerosos reales decretos
que establecían, en muchos casos, nue-
vas titulaciones oficiales y, en todos
ellos, nuevas directrices generales pro-
pias de los diversos planes de estudio,
que tenían una gran incidencia en la
configuración de las plantillas del profe-
sorado de las universidades.
Entre tanto se llevan a cabo las indica-
das modificaciones normativas, y ante la
necesidad de evitar distorsiones en la ac-
tividad académica de las universidades
durante el tiempo que transcurra hasta
que se culmine la nueva y necesaria regu-
lación jurídica del personal docente de
las mismas, se han venido dictando una
serie de reales decretos, en cuya virtud se
ha autorizado a las universidades para
que, de conformidad con la normativa
vigente, pudiesen contratar profesores
asociados con dedicación a tiempo com-
pleto, de entre aquellos profesores cuyos
contratos finalizasen su vigencia con
ACTIVIDAD NORMATIVA... 115
dicha dedicación, en el curso académi-
co correspondiente, evitando así que
tuviesen que pasar, obligatoriamente, al
régimen de dedicación a tiempo par-
cial, como prevé el citado Real decreto
898/1985, de 30 de abril.
Al mismo tiempo, se establece que,
para la adaptación por los claustros, en su
caso, de los estatutos a las previsiones del
presente Real decreto y la adopción, por
parte de las juntas de gobierno de las uni-
versidades, de una regulación transitoria
que posibilite la contratación del perso-
nal docente, en tanto aquella adaptación
se produce, se estará a las previsiones de
la disposición transitoria cuarta del Real
decreto 898/1985, de 30 de abril, que se
modifica por el presente Real decreto.
Real decreto 73/2000, de 21 de enero,
por el que se modifica el apartado 4 del
artículo 3 del Real decreto 5/1997, de 10
de enero, que regula el subsidio por de-
sempleo a favor de los trabajadores even-
tuales incluidos en el régimen especial
agrario de la Seguridad Social y prorroga
la vigencia de sus disposiciones transito-
rias (BOE núm. 19, de 22 de enero).
Real decreto 74/2000, de 21 de enero, por
el que se modifica parcialmente el Real
decreto 1086/1989, de 28 de agosto, de
retribuciones del profesorado universita-
rio (BOE núm. 19, de 22 de enero).
Real decreto 111/2000, de 28 de enero,
por el que se modifican determinados
artículos del Reglamento general de re-
caudación, aprobado por Real decreto
1684/1990, de 20 de diciembre, en ma-
teria de ingresos correspondientes a de-
claraciones presentadas por vía telemáti-
ca (BOE núm. 25, de 29 de enero).
El presente Real decreto modifica, en
artículo único, los artículos 76 y 79 del
Reglamento general de recaudación, apro-
bado por Real decreto 1684/1990, de 20
de diciembre, relativos a los ingresos reali-
zados a través de las entidades de depósito
que prestan el servicio de caja en las dele-
gaciones y administraciones de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria y a
los ingresos realizados a través de las enti-
dades colaboradoras en la gestión recauda-
toria, con objeto de adaptar dichos pre-
ceptos a los supuestos en que la normativa
vigente exige la presentación de declara-
ciones-liquidaciones o autoliquidaciones
por vía telemática y, por consiguiente, la
realización, en su caso, del correspondien-
te ingreso, por el mismo sistema.
Por ello, la modificación que se intro-
duce en los citados preceptos se limita a
precisar que no será obligatorio que el
ingreso se efectúe a través de la entidad
que preste el servicio de caja cuando la
normativa vigente obligue a presentar la
autoliquidación por vía telemática; de
este modo, se posibilita que el ingreso se
realice, al igual que la presentación de la
autoliquidación, por vía telemática.
Real decreto 112/2000, de 28 de enero,
por el que se crea la Comisión Nacional
para la Protección de la Salud del Depor-
tista (BOE núm. 31, de 5 de febrero).
Real decreto 113/2000, de 28 de enero,
por el que se modifica el Real decreto
1637/1986, de 13 de junio, que declara
de obligado cumplimiento las especifi-
caciones técnicas de productos de fibra
de vidrio utilizados como aislantes tér-
micos y su homologación por el Minis-
terio de Industria y Energía, adaptando
la terminología a «lana de vidrio» (BOE
núm. 34, de 9 de febrero).
Real decreto 114/2000, de 28 de enero,
por el que se crea y regula la Comisión
Interministerial para actuar contra las
actividades vulneradoras de los derechos
de propiedad intelectual e industrial
(BOE núm. 33, de 8 de febrero).
AUTONOMIES · 27
116
Real decreto 117/2000, de 28 de enero,
por el que se aprueba la oferta de em-
pleo público para el año 2000 (BOE
núm. 25, de 29 de enero).
Real decreto 136/2000, de 4 de febrero,
por el que se desarrolla parcialmente la
Ley 1/1998, de 26 de febrero, de derechos
y garantías de los contribuyentes, en lo re-
lativo al reembolso del coste de las garan-
tías prestadas para suspender la ejecución
de las deudas tributarias y al régimen de
actuaciones de la inspección, y adapta a las
previsiones de dicha Ley el procedimiento
para la realización de devoluciones de in-
gresos indebidos de naturaleza tributaria
(BOE núm. 40, de 16 de febrero).
Real decreto 137/2000, de 4 de febrero,
por el que se modifica el Reglamento de
procedimiento sancionador en materia
de tráfico, circulación de vehículos a
motor y seguridad vial, aprobado por
Real decreto 320/1994, de 25 de febre-
ro (BOE núm. 42, de 18 de febrero).
El Reglamento de procedimiento san-
cionador en materia de tráfico, circulación
de vehículos a motor y seguridad vial,
aprobado por Real decreto 320/1994, de
25 de febrero, adecuó este procedimiento
administrativo a la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de régimen jurídico de las ad-
ministraciones públicas y del procedi-
miento administrativo común. La modifi-
cación de esta última por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, repercute necesariamente
en algunos aspectos del procedimiento
sancionador en materia de tráfico que es
preciso ajustar a la nueva normativa.
La nueva regulación, que se contiene en
el artículo 44.2 de la citada Ley, exige mo-
dificar, en el Reglamento citado, el plazo
en que se produce la caducidad regulada
en el artículo 16, desde el momento en
que surte sus efectos en los procedimien-
tos sancionadores la falta de resolución ex-
presa en el plazo establecido. De otra par-
te, la supresión de la prohibición de dele-
gación de la potestad sancionadora, que se
establecía en el antiguo artículo 127.2 de
la Ley 30/1992, aconseja que se prevea ex-
presamente esta posibilidad fijando regla-
mentariamente las autoridades delegadas
en el artículo 15. Al propio tiempo, es pre-
ciso introducir algunas modificaciones en
este artículo al haber desaparecido la figu-
ra de los gobernadores civiles.
Por último, se modifica el artículo
13.2 en el sentido de precisar más níti-
damente la distinción entre el trámite
de audiencia al interesado y la propuesta
de resolución para ajustar dicho artículo
al 84.4 de la Ley 30/1992.
Real decreto 138/2000, de 4 de febrero,
por el que se aprueba el Reglamento de
organización y funcionamiento de la
Inspección de Trabajo y Seguridad So-
cial (BOE núm. 40, de 16 de febrero).
Real decreto 193/2000, de 11 de febrero,
de modificación de determinados ar-
tículos del Reglamento del Registro
civil, aprobado por Decreto 14 de no-
viembre de 1958, en materia de nombre
y apellidos y orden de los mismos (BOE
núm. 49, de 26 de febrero).
La Ley 40/1999, de 5 de noviembre,
ha dado nueva redacción a los artículos
109 del Código civil y 54 y 55 de la
Ley del Registro civil, en la materia re-
lativa al nombre y apellidos y al orden
de éstos. La disposición final de la mis-
ma Ley encomienda al Gobierno la
modificación, en un plazo de tres me-
ses, del Reglamento del Registro civil
en lo que resulte necesario para ade-
cuarlo a lo previsto en dicha Ley.
La finalidad del presente Real decreto
es esencialmente la del cumplimiento
estricto de este mandato legal.
Real decreto 195/2000, de 11 de febrero,
por el que se establece el plazo para im-
ACTIVIDAD NORMATIVA... 117
plantar las medidas de seguridad de los
ficheros automatizados previstas por
el Reglamento aprobado por el Real de-
creto 994/1999, de 11 de junio (BOE
núm. 49, de 26 de febrero).
Real decreto 196/2000, de 11 de febrero,
por el que se modifican los reales decretos
81/1997, de 24 de enero, y 1039/1997,
de 27 de junio, para actualizar normas re-
lativas a la producción y difusión cine-
matográfica y audiovisual (BOE núm.
45, de 22 de febrero).
Real decreto 197/2000, de 11 de febrero,
por el que se modifica el Real decreto
1980/1998, de 18 de septiembre, que
establece un sistema de identificación y
registro de los animales de la especie bo-
vina (BOE núm. 39, de 15 de febrero).
Real decreto 198/2000, de 11 de febrero,
por el que se modifica el Real decreto
280/1994, de 18 de febrero, que esta-
blece los límites máximos de residuos de
plaguicidas y su control en determina-
dos productos de origen vegetal (BOE
núm. 39, de 15 de febrero).
Real decreto 200/2000, de 11 de febrero,
por el que se aprueba el Reglamento téc-
nico de control de la producción y comer-
cialización de los materiales de reproduc-
ción (BOE núm. 39, de 15 de febrero).
Real decreto 202/2000, de 11 de febrero,
por el que se establecen las normas rela-
tivas a los manipuladores de alimentos
(BOE núm. 48, de 25 de febrero).
Real decreto 203/2000, de 11 de febrero,
por el que se crea el Consejo Nacional
de Bosques (BOE núm. 43, de 19 de fe-
brero).
Real decreto 236/2000, de 18 de febrero,
por el que se regula un programa para el
año 2000 de inserción laboral para los
trabajadores desempleados de larga du-
ración en situación de necesidad, mayo-
res de cuarenta y cinco años (BOE núm.
60, de 10 de marzo).
Real decreto 237/2000, de 18 de febrero,
por el que se establecen las especifica-
ciones técnicas que deben cumplir los
vehículos especiales para el transporte
terrestre de productos alimentarios a
temperatura regulada y los procedi-
mientos para el control de conformidad
con las especificaciones (BOE núm. 65,
de 16 de marzo).
Real decreto 238/2000, de 18 de febrero,
por el que se modifica la norma general
de etiquetado, presentación y publicidad
de los productos alimenticios, aprobada
por el Real decreto 1334/1999, de 31 de
julio (BOE núm. 43, de 19 de febrero).
Real decreto 239/2000, de 18 de febrero,
por el que se establece el procedimiento
para la regularización de extranjeros pre-
vista en la disposición transitoria prime-
ra de la Ley orgánica 4/2000, de 11 de
enero, sobre derechos y libertades de los
extranjeros en España y su integración
social (BOE núm. 43, de 19 de febrero).
Real decreto 269/2000, de 25 de febrero,
por el que se aprueba la Clasificación
Nacional de Educación 2000 (CNED-
2000) (BOE núm. 58, de 8 de marzo).
Real decreto 270/2000, de 25 de febrero,
por el que se determinan las condiciones
para el ejercicio de las funciones del per-
sonal de vuelo de las aeronaves civiles
(BOE núm. 64, de 15 de marzo).
Real decreto 277/2000, de 25 de febrero,
por el que se establece el procedimiento
de separación jurídica de las actividades
destinadas al suministro de energía eléc-
trica (BOE núm. 65, de 16 de marzo).
Real decreto 316/2000, de 3 de marzo, por
el que se modifican algunos preceptos del
Reglamento de armas, aprobado por Real
AUTONOMIES · 27
118
decreto 137/1993, de 29 de enero, relati-
vos a las licencias y a las revistas de armas
(BOE núm. 55, de 4 de marzo).
La frecuencia con que actualmente se
lleva a cabo la expedición de licencias de
armas a personas mayores de sesenta y de
setenta años, y, asimismo, el gran número
de trámites administrativos globalmente
necesarios para realizar la denominada re-
vista de todas las armas reglamentaria-
mente documentadas, genera un cúmulo
de obligaciones para los titulares de las li-
cencias y de las armas y una carga consi-
derable de actuaciones para la Guardia
Civil que no producen una repercusión
proporcional en beneficio del manteni-
miento de la seguridad pública.
Consecuentemente, se considera obli-
gado revisar el proceso de racionaliza-
ción de los requisitos y de mejora del
procedimiento de expedición de licen-
cias de armas a mayores de sesenta y de
setenta años, así como de realización de
los trámites de revistas de armas.
Todo ello se lleva a cabo mediante un
triple mecanismo de unificación: de la
duración de las licencias expedidas a ma-
yores de sesenta y de setenta años, que
será idéntica a la de las licencias concedi-
das a los demás ciudadanos, mantenién-
dose la vigencia de aquéllas mediante la
obtención de simples visados de la auto-
ridad competente, bienales y anuales, res-
pectivamente; de la vigencia de las licen-
cias para rifles, que será igual que la de las
licencias para escopetas; y de los procedi-
mientos de renovación de las licencias,
que se refundirán con los trámites de las
revistas de armas; modificándose a tales
efectos los preceptos pertinentes del Re-
glamento de armas, aprobado por Real
decreto 137/1993, de 29 de enero.
Real decreto 322/2000, de 3 de marzo,
por el que se modifican las cuantías esta-
blecidas en el apartado 2 del artículo 131
de la Ley 25/1970, de 2 de diciembre,
Estatuto de la viña, el vino y los alcoho-
les (BOE núm. 66, de 17 de marzo).
Real decreto 323/2000, de 3 de marzo,
por el que se modifican el Reglamento
general técnico de control y certifica-
ción de semillas y plantas de vivero, los
reglamentos técnicos de control y certi-
ficación de semillas de remolacha, plan-
tas forrajeras, cereales, maíz, sorgo, pa-
tata de siembra y el Reglamento general
del Registro de variedades comerciales
(BOE núm. 55, de 4 de marzo).
Real decreto 324/2000, de 3 de marzo,
por el que se establecen normas básicas
de ordenación de las explotaciones por-
cinas (BOE núm. 58, de 8 de marzo).
Real decreto 326/2000, de 3 de marzo,
por el que se modifican los anexos del
Real decreto 1691/1989, de 29 de di-
ciembre, modificado por el Real decreto
2072/1995, de 22 de diciembre, incor-
porándose al ordenamiento jurídico es-
pañol las directivas 98/21/CE, de 8 de
abril; 98/63/CE, de 3 de septiembre, y
1999/46/CE, de 21 de mayo, de la Co-
misión, destinadas a facilitar la libre
circulación de los médicos y el reconoci-
miento mutuo de sus diplomas, certifi-
cados y otros títulos (BOE núm. 55, de
4 de marzo).
Real decreto 348/2000, de 10 de marzo,
por el que se incorpora al ordenamiento
jurídico la Directiva 98/58/CE, de 20
de julio, relativa a la protección de los
animales en las explotaciones ganaderas
(BOE núm. 61, de 11 de marzo).
Real decreto 403/2000, de 24 de marzo,
por el que se prohíbe la comercializa-
ción de las gasolinas con plomo (BOE
núm. 88, de 12 de abril).
Real decreto 430/2000, de 31 de marzo,
por el que se regula el establecimiento
ACTIVIDAD NORMATIVA... 119
de circunscripciones económicas y la ex-
tensión de normas en el sector (BOE
núm. 91, de 15 de abril).
Real decreto 432/2000, de 31 de marzo,
por el que se regula el cómputo en el ré-
gimen de clases pasivas del Estado de los
períodos reconocidos como cotizados a
la Seguridad Social, a favor de los sacer-
dotes y religiosos o religiosas de la Igle-
sia Católica, secularizados (BOE núm.
85, de 8 de abril).
Real decreto 508/2000, de 14 de abril,
por el que se estructura el sistema de in-
formación contable y desarrolla, en el
ámbito de la contabilidad de la Seguri-
dad Social, el artículo 151 del texto re-
fundido de la Ley general presupuesta-
ria (BOE núm. 99, de 25 de abril).
Real decreto 509/2000, de 14 de abril,
por el que se crea el Observatorio de
Precios de los Alimentos (BOE núm.
99, de 25 de abril).
Los precios en origen y destino de los
alimentos configuran, en gran medida,
las rentas de los agricultores, ganaderos
y pescadores, así como la capacidad ad-
quisitiva de los consumidores y la nor-
malización de muchos indicadores de la
economía nacional. Por tanto, la estabi-
lidad, dentro de límites razonables, de
estos precios es un objetivo deseable, a
cuyo logro pretende contribuir la crea-
ción del Observatorio de Precios de los
Alimentos, concebido como un instru-
mento eficaz para el análisis de la estruc-
tura básica de la formación de los pre-
cios de los alimentos en sus distintos
escalones, desde origen a destino.
El Observatorio responde, así, a la ne-
cesidad de favorecer la transparencia y ra-
cionalidad en el proceso de formación de
los precios de los alimentos, en beneficio
de productores y consumidores, consti-
tuyéndose en órgano de consulta e inter-
comunicación entre la Administración y
los representantes de los sectores implica-
dos, para el estudio y seguimiento de los
factores estructurales y coyunturales ex-
plicativos de la situación y evolución de
los mercados, de origen y destino, y
de los márgenes comerciales de los distin-
tos agentes económicos que intervienen
en la formación de los precios.
En la composición del Observatorio,
están presentes representantes de la Ad-
ministración general del Estado, de las
administraciones autonómicas, de la
Administración local y de la Empresa
Nacional Mercados Centrales de Abas-
tecimiento, Sociedad Anónima (MER-
CASA), así como de los productores,
distribuidores y consumidores de los ali-
mentos, a través de las organizaciones
oficialmente reconocidas que se relacio-
nan en la presente disposición.
Para la mejor realización de su come-
tido, el Observatorio podrá recabar el
asesoramiento de los expertos, empresas
e instituciones, públicas o privadas,
cuya contribución pueda resultar valio-
sa, por su experiencia profesional y co-
nocimientos en esta materia, así como la
asistencia específica que, en su caso, pu-
dieran prestarle las distintas administra-
ciones públicas. Especialmente se consi-
dera la conexión institucional con otros
órganos de naturaleza similar y, singu-
larmente, con el Observatorio de la Dis-
tribución Comercial, adscrito a la Secre-
taría de Estado de Comercio, Turismo y
de la Pequeña y Mediana Empresa, del
Ministerio de Economía y Hacienda.
Real decreto 686/2000, de 12 de mayo, por
el que se aprueba el Reglamento de la Ley
2/2000, de 7 de enero, reguladora de los
contratos tipo de productos agroalimenta-
rios (BOE núm. 148, de 21 de junio).
Real decreto 812/2000, de 19 de mayo,
por el que se establece la aplicación del
AUTONOMIES · 27
120
procedimiento de concesión con exa-
men previo para las solicitudes de pa-
tentes del sector de la alimentación
(BOE núm. 137, de 8 de junio).
Real decreto 990/2000, de 2 de junio,
por el que se modifica y complementa el
Real decreto 1640/1999, de 22 de octu-
bre, que regula la prueba de acceso a es-
tudios universitarios (BOE núm. 133,
de 3 de junio).
Real decreto 991/2000, de 2 de junio,
por el que se desarrolla la Ley 26/1999,
de 9 de julio, de medidas de apoyo a la
movilidad geográfica (BOE núm. 133,
de 3 de junio).
Real decreto 995/2000, de 2 de junio,
por el que se fijan objetivos de calidad
para determinadas sustancias contami-
nantes y modifica el Reglamento de do-
minio público hidráulico, aprobado por
el Real decreto 849/1986, de 11 de abril
(BOE núm. 147, de 20 de junio).
Real decreto 996/2000, de 2 de junio,
por el que se modifican determinados
preceptos del Reglamento de ordenación
y supervisión de los seguros privados,
aprobado por Real decreto 2486/1998,
de 20 de noviembre, y del plan de con-
tabilidad de las entidades aseguradoras
y normas para la formulación de las
cuentas de los grupos de entidades ase-
guradoras, aprobado por Real decreto
2014/1997, de 26 de noviembre, para
adaptarlos a la Directiva 1998/78/CE,
de 27 de octubre, relativa a la supervi-
sión adicional de las empresas de seguros
que formen parte de un grupo de segu-
ros (BOE núm. 142, de 14 de junio).
Real decreto 1088/2000, de 9 de junio,
por el que se modifican el Reglamento
del impuesto sobre la renta de las perso-
nas físicas, aprobado por el Real decreto
214/1999, de 5 de febrero, y el Regla-
mento del impuesto sobre sociedades,
aprobado por el Real decreto 537/1997,
de 14 de abril, en materia de retenciones
sobre arrendamientos o subarrenda-
mientos de inmuebles (BOE núm. 139,
de 10 de junio).
Real decreto 1091/2000, de 9 de junio, por
el que se aprueba la reglamentación técni-
co-sanitaria específica de los alimentos
dietéticos destinados a usos médicos espe-
ciales (BOE núm. 139, de 10 de junio).
Real decreto 1123/2000, de 16 de junio,
por el que se regula la creación e implan-
tación de unidades de apoyo ante desas-
tres (BOE núm. 156, de 30 de junio).
Real decreto 1124/2000, de 16 de junio,
por el que se modifica el Real decreto
665/1997, de 12 de mayo, sobre la pro-
tección de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposición a
agentes cancerígenos durante el trabajo
(BOE núm. 145, de 17 de junio).
Real decreto 1126/2000, de 16 de junio,
por el que se aprueba el Plan estadístico
nacional 2001-2004 (BOE núm. 179,
de 27 de julio).
Real decreto 1191/2000, de 23 de junio,
sobre interoperabilidad del sistema fe-
rroviario de alta velocidad (BOE núm.
160, de 5 de julio).
Real decreto 1192/2000, de 23 de junio,
por el que se establecen normas para la
asignación individual de cantidades de
referencia de la reserva nacional proce-
dentes del aumento de cuota láctea
(BOE núm. 161, de 6 de julio).
Real decreto 1194/2000, de 23 de junio,
por el que se modifica el Real decreto
1472/1989, de 1 de diciembre, que re-
gula las gamas de cantidades nominales
y de capacidades nominales para deter-
minados productos envasados (BOE
núm. 159, de 4 de julio).
ACTIVIDAD NORMATIVA... 121
Real decreto 1278/2000, de 30 de junio,
por el que se adaptan determinadas dis-
posiciones de la Seguridad Social para
su aplicación a las sociedades cooperati-
vas (BOE núm. 173, de 20 de julio).
Real decreto 1279/2000, de 30 de junio,
por el que se modifica el Real decreto
331/1999, de 26 de febrero, de norma-
lización y tipificación de los productos
frescos, refrigerados o cocidos (BOE
núm. 178, de 26 de julio).
Real decreto 1369/2000, de 19 de julio,
por el que se modifica el Real decreto
822/1993, de 28 de mayo, que establece
los principios de buenas prácticas de la-
boratorio y su aplicación en la realiza-
ción de estudios no clínicos sobre sus-
tancias y productos químicos (BOE
núm. 173, de 20 de julio).
Real decreto 1370/2000, de 19 de julio,
por el que se modifica el Real decreto
377/1991, de 15 de marzo, sobre comu-
nicación de participaciones significati-
vas en sociedades cotizadas y de adquisi-
ción por éstas de acciones propias (BOE
núm. 177, de 25 de julio).
Real decreto 1373/2000, de 19 de julio,
por el que se modifica el Real decreto
2107/1996, de 20 de septiembre, que
establece las normas de identidad y pu-
reza de los colorantes utilizados en los
productos alimenticios (BOE núm.
173, de 20 de julio).
Real decreto 1412/2000, de 21 de julio,
de creación del Consejo de Política Ex-
terior (BOE núm. 175, de 22 de julio).
Real decreto 1472/2000, de 4 de agosto,
por el que se regula el potencial de pro-
ducción vitícola (BOE núm. 187, de 5
de agosto).
Real decreto 1506/2000, de 1 de sep-
tiembre, por el que se modifica el Real
decreto 148/1996, de 5 de febrero, que
regula el procedimiento especial para el
reintegro de las prestaciones de la Segu-
ridad Social indebidamente percibidas
(BOE núm. 213, de 5 de septiembre).
Real decreto 1660/2000, de 29 de sep-
tiembre, por el que se modifica el Regla-
mento de la Ley 38/1994, de 30 de di-
ciembre, reguladora de las organizaciones
interprofesionales agroalimentarias, apro-
bado por Real decreto 705/1997, de 16
de mayo (BOE núm. 235, de 30 de sep-
tiembre).
Real decreto 1662/2000, de 29 de sep-
tiembre, sobre productos sanitarios para
diagnóstico in vitro (BOE núm. 235, de
30 de septiembre).
Real decreto 1663/2000, de 29 de sep-
tiembre, sobre conexión de instalacio-
nes fotovoltaicas a la red de baja tensión
(BOE núm. 235, de 30 de septiembre).
Real decreto 1684/2000, de 6 de octu-
bre, por el que se establece la habilita-
ción de piloto agroforestal (BOE núm.
258, de 27 de octubre).
Real decreto 1686/2000, de 6 de octu-
bre, por el que se crea el Observatorio de
la Igualdad de Oportunidades entre
Mujeres y Hombres (BOE núm. 251,
de 19 de octubre).
Entre las funciones que tiene enco-
mendadas el Instituto de la Mujer a tra-
vés de la Ley 16/1983, de 24 de octubre,
que regula su creación, y del Real decre-
to 774/1997, que desarrolla su estructu-
ra organizativa, se encuentran la de estu-
diar la situación de la mujer española en
los campos legales, educativo, cultural,
sanitario y sociocultural, y la de recopi-
lar información y documentación relati-
va a la mujer, así como la creación de un
banco de datos actualizado que sirva de
base para el desarrollo de las funciones y
competencias del Instituto.
AUTONOMIES · 27
122
Para dar cumplimiento a los fines
previstos en la Ley de creación, se desa-
rrollan los planes de igualdad de oportu-
nidades entre mujeres y hombres. Ac-
tualmente está en vigor el III Plan.
En este Plan se establece, entre otras ac-
tuaciones, la creación de un Observatorio
de la Igualdad de Oportunidades que per-
mita, en el futuro, hacer un diagnóstico
fiable y válido sobre los avances en la
igualdad de oportunidades entre mujeres
y hombres y, consecuentemente, evaluar
las políticas planeadas con este fin.
A tal finalidad responde el presente
Real decreto, que en su artículo 1 estable-
ce: «Se crea el Observatorio de la Igual-
dad de Oportunidades entre mujeres y
hombres, de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 40 de la Ley 6/1997, de 14 de
abril, de organización y funcionamiento
de la Administración general del Estado,
que tiene por objeto la construcción de
un sistema de información con capa-
cidad para conocer la situación de las
mujeres, respecto a la de los hombres, y el
efecto de las políticas institucionales
puestas en marcha, para promover la par-
ticipación de las mujeres, en todos los
ámbitos, en un plano de igualdad».
Real decreto 1732/2000, de 20 de octu-
bre, por el que se modifica el Reglamen-
to del impuesto sobre la renta de las
personas físicas, aprobado por el Real
decreto 214/1999, de 5 de febrero, en
materia de retenciones e ingresos a cuen-
ta sobre rendimientos del trabajo (BOE
núm. 253, de 21 de octubre).
Real decreto 1734/2000, de 20 de octu-
bre, por el que se establecen ayudas para
la adquisición de animales de reposición
de determinadas razas bovinas, ovinas y
caprinas autóctonas españolas (BOE
núm. 253, de 21 de octubre).
Real decreto 1735/2000, de 20 de octu-
bre, por el que se aprueba el Reglamento
general de ingreso y promoción en las
Fuerzas Armadas (BOE núm. 253, de
21 de octubre).
Real decreto 1785/2000, de 27 de octu-
bre, sobre la circulación intracomunita-
ria de medicamentos de uso humano
(BOE núm. 259, de 28 de octubre).
Real decreto 1786/2000, de 27 de octu-
bre, por el que se regula la Comisión In-
terministerial de Ciencia y Tecnología
(BOE núm. 259, de 28 de octubre).
Real decreto 1837/2000, de 10 de no-
viembre, por el que se aprueba el Regla-
mento de inspección y certificación de
buques civiles (BOE núm. 285, de 28
de noviembre).
Real decreto 1841/2000, de 10 de no-
viembre, por el que se establecen los re-
quisitos que deben cumplir los labora-
torios que realicen análisis para la
determinación del rendimiento graso de
las aceitunas (BOE núm. 271, de 11 de
noviembre).
Real decreto 1848/2000, de 10 de no-
viembre, por el que se regula el ejercicio
del derecho de opción de los camineros
del Estado para su integración como
personal laboral de la Administración
general del Estado (BOE núm. 280, de
22 de noviembre).
Real decreto 1849/2000, de 10 de no-
viembre, por el que se derogan diferen-
tes disposiciones en materia de normali-
zación y homologación de productos
industriales (BOE núm. 289, de 2 de
diciembre).
Real decreto 1890/2000, de 10 de no-
viembre, por el que se aprueba el Regla-
mento que establece el procedimien-
to para la elevación de la conformidad
de los aparatos de telecomunicaciones
(BOE núm. 289, de 2 de diciembre).
ACTIVIDAD NORMATIVA... 123
Real decreto 1888/2000, de 22 de no-
viembre, por el que se establecen las
condiciones de sanidad animal aplica-
bles a los intercambios intracomunita-
rios y las importaciones de aves de corral
y de huevos para incubar, procedentes
de países terceros (BOE núm. 306, de
22 de diciembre).
Real decreto 1907/2000, de 24 de noviem-
bre, por el que se aprueba el Reglamento
sobre reconocimientos obligatorios para
garantizar la seguridad de la navegación en
determinados buques de pasaje (BOE
núm. 283, de 25 de noviembre).
Real decreto 1910/2000, de 24 de noviem-
bre, por el que se crea la Comisión Inter-
ministerial de Seguridad Alimentaria
(BOE núm. 283, de 25 de noviembre).
Real decreto 1911/2000, de 24 de no-
viembre, por el que se regula la destruc-
ción de los materiales especificados de
riesgo en relación con las encefalopatías
espongiformes transmisibles (BOE
núm. 283, de 25 de noviembre).
Real decreto 1944/2000, de 1 de diciem-
bre, por el que se crea el Comité Español
de Coordinación de las Acciones para el
Año Internacional del Voluntariado
(BOE núm. 289, de 2 de diciembre).
Real decreto 1946/2000, de 1 de diciem-
bre, por el se regula la composición y el
funcionamiento de la Comisión Inter-
ministerial de Extranjería (BOE núm.
289, de 2 de diciembre).
Real decreto 1948/2000, de 1 de di-
ciembre, por el que se extienden a la
deuda emitida por comunidades autó-
nomas y entidades locales los procedi-
mientos de pago de intereses exceptua-
dos de retención existentes para la
deuda del Estado (BOE núm. 303, de
19 de diciembre).
Real decreto 1949/2000, de 1 de diciem-
bre, por el que se modifica el Reglamen-
to de asistencia jurídica gratuita, apro-
bado por el Real decreto 2103/1996, de
20 de septiembre (BOE núm. 289, de 2
de diciembre).
La Ley 1/1996, de 10 de enero, de
asistencia jurídica gratuita, y su Regla-
mento de desarrollo, aprobado por Real
decreto 2103/1996, de 20 de septiem-
bre, operaron una profunda reforma en
el sistema de reconocimiento del dere-
cho a la asistencia jurídica gratuita, así
como en el funcionamiento de los servi-
cios colegiales de abogados y procurado-
res encargados de su prestación.
A día de hoy puede afirmarse, con ca-
rácter general, que los aspectos básicos
de dicha reforma están plenamente con-
solidados, lo que permite introducir
modificaciones que conllevarán una
mejora en la calidad de los servicios que
los colegios y los profesionales prestan a
quien carece de recursos económicos su-
ficientes para litigar.
Así, se modifica por un lado la perio-
dicidad con la que el Ministerio de Jus-
ticia realiza los pagos necesarios para
retribuir a los abogados y a los procura-
dores por las actuaciones realizadas.
Por otro lado, se sustituye el Anexo II
del citado Reglamento (módulos y bases
de compensación económica) por una
nueva versión del mismo, en la que desta-
ca, por una parte, la actualización de las
cuantías retributivas asignadas a determi-
nados procedimientos tramitados por los
abogados, cuyo baremo se encontraba
desfasado, y, por otra, la inclusión de
nuevos conceptos, como consecuencia
de circunstancias sobrevenidas (en espe-
cial, la aprobación de la Ley orgánica
4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y
libertades de los extranjeros en España,
que exige la introducción del concepto
«vía administrativa previa [extranjería y
AUTONOMIES · 27
124
asilo]», como actuación profesional retri-
buida por la Administración).
Finalmente, se añaden en el Anexo III
del Reglamento (momento del devengo
de la indemnización) las necesarias espe-
cificaciones derivadas de la introduc-
ción de los nuevos conceptos.
Real decreto 1955/2000, de 1 de diciem-
bre, por el que se regulan las actividades
de transporte, distribución, comerciali-
zación, suministro y procedimientos de
autorización de instalaciones de energía
eléctrica (BOE núm. 310, de 27 de di-
ciembre).
Real decreto 3422/2000, de 15 de di-
ciembre, por el que se modifican el Real
decreto 1624/1992, de 29 de diciem-
bre, que aprueba el Reglamento, el Real
decreto 2402/1985, de 18 de diciem-
bre, que regula el deber de expedir y en-
tregar factura por empresarios y profe-
sionales, y el Real decreto 1041/1990,
de 27 de julio, regulador de las declara-
ciones censales que han de presentar a
efectos fiscales los empresarios, los pro-
fesionales y otros obligados tributarios
(BOE núm. 301, de 16 de diciembre).
Real decreto 3423/2000, de 15 de di-
ciembre, por el que se regula la indica-
ción de los precios de los productos
ofrecidos a los consumidores y usuarios
(BOE núm. 311, de 28 de diciembre).
Real decreto 3425/2000, de 15 de di-
ciembre, sobre inscripción de los es-
pañoles en los registros de matrícula de
las oficinas consulares en el extranjero
(BOE núm. 3, de 3 de enero de 2001).
Real decreto 3426/2000, de 15 de diciem-
bre, por el que se regula el procedimiento
de deslinde de términos municipales per-
tenecientes a distintas comunidades au-
tónomas (BOE núm. 312, de 29 de di-
ciembre).
El artículo 50.3 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de las bases del régi-
men local, adicionado a dicho texto legal
por el artículo primero, decimoquinta,
de la Ley 11/1999, de 21 de abril, dispo-
ne que las cuestiones que se susciten en-
tre municipios pertenecientes a distintas
comunidades autónomas sobre el deslin-
de de sus términos municipales se resol-
verán por la Administración del Estado,
previo informe del Instituto Geográfico
Nacional, audiencia de los municipios
afectados y de las respectivas comunida-
des autónomas y dictamen del Consejo
de Estado. Se viene así a colmar de forma
expresa un vacío legal que lo requería
para poder abordar las cuestiones plan-
teadas en esta clase de deslindes.
La adecuada aplicación de dicha pre-
visión legal requiere la regulación del co-
rrespondiente procedimiento, para ma-
yor garantía y seguridad de todas las
entidades territoriales afectadas. Tal es el
objeto del presente Real decreto, en el
que, por una parte, se regula un sencillo
procedimiento para el deslinde de mu-
tuo acuerdo, dirigido a establecer una
tramitación común en tales supuestos de
inequívoca incidencia supracomunita-
ria, presidido por el criterio de no inter-
vención estatal, y, por otra, se fija el pro-
cedimiento para el caso de divergencias,
en el que se produce la intervención esta-
tal de acuerdo con el indicado precepto
de la Ley 7/1985. Se establecen las co-
rrespondientes previsiones de naturaleza
transitoria para los procedimientos de
deslinde de municipios radicados en di-
ferentes comunidades autónomas que se
hubiesen iniciado antes de la entrada en
vigor del presente Real decreto.
Asimismo, se regulan los efectos de la
incomparecencia de los ayuntamientos
afectados, los de la no celebración de las
sesiones plenarias previstas y los de
la negativa a la constitución de una co-
ACTIVIDAD NORMATIVA... 125
misión de deslinde, así como la inamo-
vilidad de los límites establecidos de
mutuo acuerdo o por resolución de la
Administración general del Estado, sal-
vo manifiesto error de hecho o vicios del
procedimiento en la delimitación docu-
mentalmente justificados.
Real decreto 3427/2000, de 15 de di-
ciembre, por el que se declaran las mate-
rias primas minerales y actividades con
ellas relacionadas, calificadas como
prioritarias a efectos de lo dispuesto en
la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del
impuesto sobre sociedades (BOE núm.
301, de 16 de diciembre).
Real decreto 3450/2000, de 22 de di-
ciembre, por el que se modifica el Real
decreto 6/1995, sobre retribuciones de
los funcionarios destinados en el extran-
jero (BOE núm. 10, de 11 de enero).
Real decreto 3472/2000, de 29 de di-
ciembre, por el que se modifican deter-
minados artículos del Reglamento del
impuesto sobre sociedades en materia
de amortización de elementos patrimo-
niales, provisión para insolvencias de
entidades financieras, colaboración ex-
terna en la presentación y gestión de de-
claraciones e imputación temporal de
ingresos y gastos, así como del Regla-
mento del impuesto sobre la renta de las
personas físicas en materia de rendi-
mientos irregulares del trabajo y plazo
para la presentación de determinada de-
claración (BOE núm. 313, de 30 de di-
ciembre).
Real decreto 3475/2000, de 29 de di-
ciembre, sobre revalorización de pensio-
nes del sistema de la Seguridad Social
para el ejercicio 2001 (BOE núm. 313,
de 30 de diciembre).
Real decreto 3476/2000, de 29 de di-
ciembre, por el que se fija el salario mí-
nimo interprofesional para el año 2001
(BOE núm. 313, de 30 de diciembre).
El artículo 27.1 del texto refundido
de la Ley del Estatuto de los trabajado-
res, aprobado por Real decreto legislati-
vo 1/1995, de 24 de marzo, contiene un
mandato dirigido al Gobierno de fijar
anualmente el salario mínimo interpro-
fesional.
A tal efecto responde el presente Real
decreto, mediante el que se procede a esta-
blecer las nuevas cuantías que deberán re-
gir a partir del 1 de enero de 2001, tanto
para los trabajadores fijos como para los
eventuales o temporeros, así como para el
personal al servicio del hogar familiar.
Las nuevas cuantías, que suponen un
incremento del 2 por 100 respecto de las
de 2000, son el resultado de tomar en
consideración de forma conjunta todos
los factores contemplados en el citado
artículo 27.1: el índice de precios al
consumo, la productividad media na-
cional alcanzada, el incremento de la
participación del trabajo en la renta na-
cional y la coyuntura económica gene-
ral. En particular, se han tenido en
cuenta los objetivos del Gobierno en
materia de contención de la inflación y
moderación de las rentas salariales, de
manera que resulte posible seguir con-
tribuyendo con ello a reforzar el proceso
de generación de empleo desarrollado
en España desde 1996.
Así, el salario mínimo para cuales-
quiera actividades en la agricultura, en
la industria y en los servicios, sin dis-
tinción de sexo ni edad de los trabajado-
res, queda fijado en 2.404 pesetas/día
(14,45 euros/día) o 72.120 pesetas/mes
(433,45 euros/mes), según que el salario
esté fijado por días o por meses.
En el salario mínimo se computan
tanto la retribución en dinero como en
especie. Este salario se entiende referido
a la jornada legal de trabajo en cada acti-
AUTONOMIES · 27
126
vidad, sin incluir en el caso del salario
diario la parte proporcional de los do-
mingos y festivos. Si se realizase jornada
inferior se percibirá a prorrata.
Real decreto 3477/2000, de 29 de di-
ciembre, por el que se modifica el Real
decreto 1893/1999, de 10 de diciem-
bre, sobre pagos por superficie a deter-
minados productos agrícolas (BOE
núm. 313, de 30 de diciembre).
Real decreto 3483/2000, de 29 de di-
ciembre, por el que se modifica el Real
decreto 324/2000, de 3 de marzo, que
establece normas básicas de ordenación
de las explotaciones porcinas (BOE
núm. 11, de 12 de enero).
Real decreto 3484/2000, de 29 de diciem-
bre, por el que se establecen las normas
de higiene para la elaboración, distribu-
ción y comercio de comidas preparadas
(BOE núm. 11, de 12 de enero).
Real decreto 3485/2000, de 29 de di-
ciembre, sobre franquicias y exenciones
en régimen diplomático, consular y de
organismos internacionales y modifica-
ción del Reglamento general de vehícu-
los, aprobado por el Real decreto
2822/2998, de 23 de diciembre (BOE
núm. 313, de 30 de diciembre).
Real decreto 3490/2000, de 29 de di-
ciembre, por el que se establece la tarifa
eléctrica para el año 2001 (BOE núm.
313, de 30 de diciembre).
T
raspasos
Real decreto 2/2000, de 7 de enero, so-
bre traspaso de la Administración del
Estado a la Comunidad Autónoma de
Castilla y León de medios adscritos a la
gestión encomendada en materia de
agricultura, Fondo Español de Garantía
Agraria (FEGA) (BOE núm. 24, de 28
de enero).
Se aprueba el Acuerdo de la Comisión
Mixta de Transferencias, prevista en la dis-
posición transitoria tercera del Estatuto de
Autonomía de Castilla y León, adoptado
por el Pleno de dicha Comisión en su se-
sión del día 22 de diciembre de 1999, por
el que se traspasan a la Comunidad de
Castilla y León los medios personales, ma-
teriales y presupuestarios adscritos a la ges-
tión encomendada en materia de agricul-
tura, Fondo Español de Garantía Agraria
(FEGA), y que se transcribe como anexo
al presente Real decreto.
En consecuencia, quedan traspasados
a la Comunidad de Castilla y León los
medios personales, materiales y créditos
presupuestarios que se relacionan en el
propio Acuerdo de la Comisión Mixta,
en los términos allí especificados.
Real decreto 30/2000, de 14 de enero,
sobre traspaso de la Administración del
Estado a la Comunidad Autónoma de
Madrid de la gestión realizada por el
Instituto Nacional de Empleo, en el ám-
bito del trabajo, el empleo y la forma-
ción (BOE núm. 28, de 2 de febrero).
Se aprueba el Acuerdo de la Comi-
sión Mixta de Transferencias prevista en
la disposición transitoria segunda del
Estatuto de autonomía de la Comuni-
dad de Madrid, adoptado por el Pleno
de dicha Comisión en su reunión del
día 29 de diciembre de 1999, por el que
se traspasan a la Comunidad de Madrid
las funciones y servicios en materia de
gestión del trabajo, el empleo y la for-
mación, y que se transcribe como anexo
del presente Real decreto.
En consecuencia, quedan traspasados
a la Comunidad de Madrid las funciones
y servicios, así como los bienes, dere-
chos, obligaciones, medios personales y
créditos presupuestarios correspondien-
ACTIVIDAD NORMATIVA... 127
tes, en los términos que resultan del pro-
pio Acuerdo y de las relaciones anexas.
Real decreto 75/2000, de 21 de enero,
sobre ampliación de los medios traspa-
sados de la Administración del Estado a
la Comunidad Autónoma de Cataluña
por Real decreto 966/1990, de 20 de ju-
lio de 1990, en materia de provisión de
medios materiales y económicos al ser-
vicio de la Administración de justicia
(BOE núm. 33, de 8 de febrero).
Por el Real decreto 966/1990, de 20
de julio, se hicieron efectivos los traspa-
sos a la Generalidad de Cataluña de fun-
ciones de la Administración del Estado
en materia de provisión de medios ma-
teriales y económicos al servicio de la
Administración de justicia.
Por ello, se procede a llevar a cabo
ahora, sobre las mismas previsiones le-
gales, una ampliación de medios en esta
materia.
Real decreto 115/2000, de 28 de enero,
sobre modificación y ampliación del
traspaso de la Administración del Es-
tado a la Comunidad Autónoma de
Canarias aprobado por Real decreto
150/1999, de 29 de enero de 1999, en
materia de gestión realizada por el Insti-
tuto Nacional de Empleo, en el ámbito
del trabajo, el empleo y la formación
(BOE núm. 37, de 12 de febrero).
Real decreto 279/2000, de 25 de febrero,
sobre traspaso a la Comunidad Autóno-
ma de Valencia de medios adscritos al
Parque Móvil del Estado, del Ministerio
de Economía y Hacienda (BOE núm.
69, de 21 de marzo).
Real decreto 280/2000, de 25 de febrero,
sobre ampliación de los medios traspa-
sados de la Administración del Estado a
la Comunidad Autónoma de Valencia
por Real decreto 1720/1984, de 18 de
julio de 1984, en materia de patrimonio
arquitectónico, control de calidad en
edificación y vivienda (BOE núm. 69,
de 21 de marzo).
Se aprueba el Acuerdo de la Comisión
Mixta de Transferencias Administración
del Estado-Comunidad Valenciana pre-
vista en la disposición transitoria cuarta
del Estatuto de autonomía de la Comuni-
dad Valenciana, adoptado en su reunión
del día 8 de febrero de 2000, por el que se
amplían los medios adscritos a los servi-
cios traspasados a la Comunidad Valencia-
na en virtud del Real decreto 1720/1984,
de 18 de julio, en materia de patrimonio
arquitectónico, control de calidad en edi-
ficación y vivienda, y que se transcribe
como anexo al presente Real decreto.
En consecuencia, quedan traspasados
a la Comunidad Valenciana los bienes
inmuebles que figuran identificados en
las relaciones adjuntas al Acuerdo de la
Comisión Mixta, en los términos y en
las condiciones que allí se especifican.
Real decreto 281/2000, de 25 de febrero,
sobre ampliación de medios adscritos a
los servicios traspasados de la Adminis-
tración del Estado a la Comunidad Au-
tónoma de Valencia por Real decreto
3059/1982, de 24 de julio de 1982, en
materia de puertos (BOE núm. 69, de
21 de marzo).
Real decreto 282/2000, de 25 de febrero,
sobre ampliación de medios adscritos a
los servicios traspasados de la Adminis-
tración del Estado a la Comunidad Au-
tónoma de Valencia por Real decreto
2093/1983, de 28 de julio de 1983, en
materia de educación (BOE núm.69, de
21 de marzo).
Real decreto 283/2000, de 25 de febrero,
sobre traspaso de la Administración del
Estado a la Comunidad Autónoma de
Valencia de profesores de educación ge-
AUTONOMIES · 27
128
neral básica de instituciones peniten-
ciarias, en ampliación del traspaso efec-
tuado por el Real decreto 2093/1983,
de 28 de julio de 1983, en materia de
educación (BOE núm. 69, de 21 de
marzo).
Real decreto 404/2000, de 24 de marzo,
sobre ampliación de medios personales,
materiales y presupuestarios traspasados
de la Administración del Estado a la Co-
munidad Autónoma de Cataluña por
Real decreto 391/1998, de 13 de marzo
de 1998, en materia de tráfico y circula-
ción de vehículos a motor (BOE núm.
90, de 14 de abril).
Se aprueba el Acuerdo de la Comisión
Mixta prevista en la disposición transito-
ria sexta del Estatuto de autonomía de
Cataluña, sobre ampliación de medios
traspasados a la Generalidad de Cataluña
en materia de tráfico y circulación de ve-
hículos a motor, y que se transcribe como
anexo al presente Real decreto.
En consecuencia, quedan traspasados a
la Generalidad de Cataluña los bienes,
derechos y obligaciones, medios persona-
les y créditos presupuestarios correspon-
dientes, en los términos que resultan del
propio Acuerdo y de las relaciones anexas.
Real decreto 510/2000, de 14 de abril,
sobre ampliación de medios traspasados
de la Administración del Estado a la Co-
munidad Autónoma de Cataluña por
Real decreto 159/1981, de 9 de enero
de 1981, en materia de patrimonio ar-
quitectónico, edificación y vivienda
(BOE núm. 111, de 9 de mayo).
Se aprueba el Acuerdo de la Comi-
sión Mixta prevista en la disposición
transitoria sexta del Estatuto de Auto-
nomía de Cataluña, adoptado en su reu-
nión del día 14 de marzo de 2000, por
el que se amplían los medios adscritos a
los servicios traspasados a la Genera-
lidad de Cataluña en virtud del Real
decreto 159/1981, de 9 de enero, en
materia de patrimonio arquitectónico,
edificación y vivienda, y que se transcri-
be como anexo al presente Real decreto.
En consecuencia, quedan traspasados
a la Generalidad de Cataluña los bienes
inmuebles que figuran identificados en
las relaciones adjuntas al Acuerdo de la
Comisión Mixta, en los términos y en
las condiciones que allí se especifican.
Real decreto 511/2000, de 14 de abril, so-
bre ampliación de medios traspasados de la
Administración del Estado a la Comu-
nidad Autónoma de Cataluña por el Real
decreto 1950/1980, de 31 de julio de
1980, en materia de conservación de la na-
turaleza (BOE núm. 111, de 9 de mayo).
Por el Real decreto 1950/1980, de 31
de julio, se hicieron efectivos los traspasos
a la Generalidad de Cataluña de funcio-
nes de la Administración del Estado en
materia de conservación de la naturaleza.
Por ello, se procede a llevar a cabo aho-
ra, sobre las mismas previsiones legales,
una ampliación de medios en esta materia.
Real decreto 1842/2000, de 10 de no-
viembre, sobre ampliación de medios
adscritos a los servicios traspasados de la
Administración del Estado a la Comu-
nidad Autónoma de La Rioja por Real
decreto 1826/1998, de 28 de agosto de
1998, sobre enseñanza no universitaria,
en materia de personal docente de insti-
tuciones penitenciarias (BOE núm.
287, de 30 de noviembre).
Real decreto 1844/2000, de 10 de no-
viembre, sobre ampliación y adaptación
de las funciones y servicios traspasados
de la Administración del Estado a la Co-
munidad Autónoma de La Rioja en ma-
teria de industria, energía y minas (BOE
núm. 287, de 30 de noviembre).
Real decreto 1845/2000, de 10 de no-
viembre, sobre traspaso de funciones y
ACTIVIDAD NORMATIVA... 129
servicios de la Administración del Esta-
do a la Comunidad Autónoma de La
Rioja en materia de ejecución de la le-
gislación sobre productos farmacéuticos
(BOE núm. 287, de 30 de noviembre).
Se aprueba el Acuerdo de la Comi-
sión Mixta prevista en la disposición
transitoria octava del Estatuto de auto-
nomía de La Rioja, sobre traspaso de
funciones y servicios de la Administra-
ción del Estado a la Comunidad Autó-
noma de La Rioja en materia de ejecu-
ción de la legislación sobre productos
farmacéuticos, adoptado por el Pleno de
dicha Comisión, en su sesión del día 4
de octubre de 2000, y que se transcribe
como anexo al presente Real decreto.
En consecuencia, quedan traspasados
a la Comunidad Autónoma de La Rioja
las funciones y servicios, así como los cré-
ditos presupuestarios que se relacionan
en el referido Acuerdo de la Comisión
Mixta, en los términos allí especificados.
Real decreto 1846/2000, de 10 de noviem-
bre, sobre traspaso de funciones y servicios
de la Administración del Estado a la Co-
munidad Autónoma de La Rioja en mate-
ria de buceo, profesional y deportivo, y en
materia de actividades y de enseñanzas
náutico-deportivas y subacuático-deporti-
vas (BOE núm. 287, de 30 de noviembre).
Real decreto 1847/2000, de 10 de no-
viembre, sobre traspaso de funciones y
servicios de la Administración del Estado
a la Comunidad Autónoma de La Rioja
en materia de mediadores de seguros
(BOE núm. 287, de 30 de noviembre).
Real decreto 1889/2000, de 20 de no-
viembre, sobre ampliación de los me-
dios personales traspasados de la Admi-
nistración del Estado a la Comunidad
Autónoma de Madrid por Real decreto
926/1999, de 28 de mayo de 1999, en
materia de enseñanza no universitaria
(BOE núm. 292, de 6 de diciembre).
Se aprueba el Acuerdo de ampliación
de medios personales, traspasados a la
Comunidad de Madrid por Real decre-
to 926/1999, de 28 de mayo, en materia
de enseñanza no universitaria, que se
transcribe como anexo al presente Real
decreto.
En consecuencia, quedan traspasados
a la Comunidad de Madrid los medios
personales que se relacionan en el referi-
do Acuerdo de la Comisión Mixta, en
los términos allí especificados.
Real decreto 3488/2000, de 29 de di-
ciembre, sobre ampliación de los medios
traspasados de la Administración del Es-
tado a la Comunidad Autónoma de Ca-
taluña por Real decreto 966/1990, de 20
de julio de 1990, en materia de provi-
sión de medios materiales y económicos
al servicio de la Administración de justi-
cia (BOE núm. 17, de 19 de enero).
Se aprueba el Acuerdo de la Comi-
sión Mixta prevista en la disposición
transitoria sexta del Estatuto de autono-
mía de Cataluña, sobre ampliación de
medios traspasados a la Generalidad de
Cataluña en materia de provisión de
medios materiales y económicos para el
funcionamiento de la Administración
de justicia, que se transcribe como ane-
xo al presente Real decreto.
En consecuencia, quedan traspasados
a la Generalidad de Cataluña los medios
y los créditos presupuestarios en los tér-
minos que resultan del propio Acuerdo
y de las relaciones anexas.
Acuerdos y convenios
Resolución de 5 de julio de 2000, por la
cual se publica el Convenio marco entre
el Consorcio de Compensación de Segu-
ros e instituciones sanitarias públicas, de
asistencia sanitaria para accidentes de trá-
AUTONOMIES · 27
130
fico para el año 2000 (BOE núm. 176, de
24 de julio de 2000, pág. 26368).
El artículo 13 del Reglamento del se-
guro de responsabilidad civil derivada del
uso y circulación de vehículos de motor,
de suscripción obligatoria, aprobado por
Real decreto 2641/1986, de 30 de di-
ciembre, establece la cobertura íntegra de
los gastos de asistencia médica y hospita-
laria a las víctimas siempre que sea presta-
da en centros reconocidos por el Consor-
cio de Compensación de Seguros.
Con esta finalidad, el Consorcio de
Compensación de Seguros y la Unión
Española de Entidades Aseguradoras y
Reaseguradoras (UNESPA) han suscrito
convenios con el Instituto Nacional de la
Salud (INSALUD), el Servicio Catalán
de Salud, el Servicio Vasco de Salud, el
Servicio Gallego de Salud, el Servicio
Canario de Salud y el Servicio Andaluz
de Salud, en términos idénticos, estable-
ciendo las tarifas aplicables durante el
año 2000 a las asistencias prestadas en
los centros dependientes de los mismos.
Resolución de 5 de julio de 2000, por la
cual se publica el Convenio entre el
Consorcio de Compensación de Seguros
e instituciones privadas, de asistencia sa-
nitaria derivada de accidentes de tráfico
para el año 2000 (BOE núm. 177, de 25
de julio de 2000, pág. 26549).
En cumplimiento de la disposición
adicional primera del Real decreto
2641/1986, de 30 de diciembre, por el
que se aprueba el Reglamento del segu-
ro de responsabilidad civil derivada del
uso y circulación de vehículos de motor,
de suscripción obligatoria, se da a cono-
cer el presente acuerdo adoptado entre
el Consorcio de Compensación de Se-
guros, UNESPA y distintas federaciones
y asociaciones de hospitales y clínicas
privadas, fijando el Convenio de asis-
tencia sanitaria a aplicar a accidentes de
tráfico durante el año 2000, así como la
relación de centros hospitalarios que
por haberse adherido a dicho Convenio
ostentan la calificación de centros reco-
nocidos a que se refiere el artículo 13.c
del citado Reglamento.
Resolución de 17 de julio de 2000, por la
cual se publica el Convenio de colabora-
ción suscrito entre el INSALUD y la
Diputación General de Aragón, para
la prestación de asistencia sanitaria a
pacientes beneficiarios de la Seguridad
Social en el hospital «Royo Villanova»
de Zaragoza (BOE núm. 189, de 8 de
agosto de 2000, pág. 28366).
El objeto del presente Convenio de co-
laboración es la regulación de la presta-
ción, por el hospital «Royo Villanova» de
Zaragoza, de asistencia sanitaria a los be-
neficiados del INSALUD, con el alcance
y prestaciones de naturaleza directa que
establece el Real decreto 63/1995, de 20
de enero, sobre ordenación de prestacio-
nes sanitarias del sistema nacional de sa-
lud, así como de la estructura de contra-
prestaciones económicas que el centro
debe percibir por los servicios prestados.
Resolución de 4 de octubre de 2000, por la
que se publica el Acuerdo de la Comisión
Bilateral de Cooperación Administración
general del Estado-Comunidad de Ma-
drid, en relación con la Ley 9/2000, de 30
de junio de 2000, de mutualidades de
previsión social (BOE núm. 239, de 5 de
octubre de 2000, pág. 34195).
Resolución de 25 de octubre de 2000,
por la que se publica el Convenio suscri-
to entre la Universidad «Rey Juan Car-
los», el INSALUD y la Fundación Hos-
pital de Alcorcón, para la utilización de
las instalaciones de esta última en la in-
vestigación y docencia universitarias
(BOE núm. 279, de 21 de noviembre
de 2000, pág. 40445).
ACTIVIDAD NORMATIVA... 131
El presente Convenio tiene como sin-
gularidad, respecto a los previstos en el
Real decreto 1558/1986, de 28 de junio,
por el que se establecen las bases genera-
les del régimen de conciertos entre las
universidades y las instituciones sanita-
rias, que la institución hospitalaria que
concierta es la Fundación Hospital Al-
corcón. Esta Fundación fue creada por la
Ley 15/1997, de 25 de abril, sobre habi-
litación de nuevas formas de gestión del
sistema nacional de salud. Para preservar
las nuevas formas de gestión es necesa-
rio, por lo tanto, que la Fundación Hos-
pital Alcorcón mantenga su autonomía
organizativa, capacidad de desarrollo y
cualquier otra forma de gestión.
Resolución de 27 de diciembre de 2000,
por la que se publica el Convenio entre
el Instituto de Crédito Oficial y el Insti-
tuto de la Cinematografía y de las Artes
Audiovisuales, para el establecimiento
de una línea de financiación para la
producción cinematográfica y convoca-
toria de ayudas para la minoración de
intereses de los préstamos concedidos
al amparo de dicho Convenio (BOE
núm. 15, de 17 de enero de 2001, pág.
2071).
El objeto del presente Convenio es es-
tablecer los términos y condiciones en
que se llevará a cabo la colaboración en-
tre el Instituto de la Cinematografía
y de las Artes Audiovisuales (ICAA) y
el Instituto de Crédito Oficial (ICO), de
forma que se hagan compatibles, en
el marco de la línea de financiación del
ICO, las ayudas instrumentadas por
el ICAA.
Resolución de 27 de febrero de 2001, por
la que se publica el Convenio específico
para el año 2000 en el marco del Conve-
nio de colaboración entre el Instituto de
la Mujer y el Instituto Catalán de la Mu-
jer, sobre cooperación en programas y
actuaciones dirigidos específicamente a
mujeres (Diario Oficial de la Genera-
lidad de Cataluña núm. 3336, de 27 de
febrero de 2001, pág. 2752).
El presente Convenio específico se
fundamenta en el Convenio de colabo-
ración, suscrito el día 18 de febrero de
1997, para llevar a cabo conjuntamente
programas y actuaciones dirigidos a las
mujeres entre el Instituto de la Mujer y
el Instituto Catalán de la Mujer, como
organismos competentes en materia de
políticas para las mujeres.
El artículo 6.1 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de régimen jurídico
de las administraciones públicas y del
procedimiento administrativo común,
habilita a la Administración general del
Estado y a los órganos de Gobierno de
las comunidades autónomas para esta-
blecer convenios de colaboración entre
sí, y en el ámbito de sus respectivas com-
petencias; y el artículo 3.1.cdel Real de-
creto legislativo 2/2000, de 16 de junio,
por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de contratos de las administra-
ciones públicas, excluye del ámbito de
aplicación de la citada Ley los convenios
de colaboración que establezcan la Ad-
ministración general del Estado o sus
organismos autónomos con las comuni-
dades autónomas.
En consecuencia, la Administración
general del Estado, a través del organis-
mo autónomo Instituto de la Mujer, y la
Generalidad de Cataluña, a través del
Instituto Catalán de la Mujer, están
habilitados para la suscripción de este
Convenio específico, el cual quedará
fuera del ámbito de aplicación de la Ley
de contratos de las administraciones pú-
blicas, excepto para la resolución de las
dudas y de las lagunas que puedan pre-
sentarse, en cuyo caso serán de aplica-
ción los principios del citado Real de-
creto legislativo 2/2000.
AUTONOMIES · 27
132
Ponente:
Vicente Conde Martín de Hijas.
La disposición legal impugnada cons-
ta de un único artículo que dota de una
nueva redacción al artículo 20.8 de la
Ley foral 23/1983 al añadir a la locución
«partidos políticos» las expresiones «fe-
deración de partidos, agrupación o coa-
lición electoral». El abogado del Esta-
do fundamenta la inconstitucionalidad
de este precepto en dos motivos perfec-
tamente distinguibles. Por una parte,
entiende que el legislador autonómico
podría haber traspasado los límites im-
puestos a su potestad legislativa, al no
resultar competente para dictar normas
que se limiten a interpretar o precisar el
alcance de las palabras o conceptos utili-
zados en la Ley orgánica 13/1982, de 10
de agosto, de reintegración y mejora del
régimen foral de Navarra. Por otra par-
te, sostiene que este precepto infringe el
inciso final del artículo 29.3 LORAF-
NA y, por consiguiente, supone una
modificación al margen del procedi-
miento de reforma previsto en el mismo
artículo 71 de la LORAFNA.
Inusitadamente, la representación pro-
cesal del Gobierno autonómico compar-
te las alegaciones del abogado del Esta-
do y sólo el letrado del Parlamento de
Navarra sostiene la plena constitucio-
nalidad de la norma legal objeto de
recurso, al considerar que ni el legisla-
dor autonómico ha suplantado al legis-
lador orgánico que aprobó la LORAF-
NA, ni supone una modificación de su
contenido.
Lo primero que resuelve el Tribunal es
el planteamiento que lleva a cabo el abo-
gado del Estado sobre si es aplicable a la
relación entre el legislador que estatuye
y el Parlamento de Navarra, como poder
estatuido, la doctrina establecida en la
STC 76/1983 (FJ 4 c) sobre la incompe-
tencia del legislador ordinario para dic-
tar «normas meramente interpretativas,
cuyo exclusivo objeto sea precisar el úni-
co sentido, entre los varios posibles, que
deba atribuirse a un determinado con-
cepto o precepto de la Constitución».
Para el Tribunal Constitucional la doc-
trina sobre los límites intrínsecos de
la potestad legislativa del Estado, deri-
vados de la necesidad de custodiar la
distinción permanente entre la objetiva-
ción del poder constituyente y la actua-
1.3. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
1.3.1. SENTENCIAS DEL TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL
A cargo de Manuel Gerpe Landín
Sentencia 15/2000, de 20 de enero (BOE núm. 42, de 18 de febrero, suplemento).
Recurso de inconstitucionalidad núm. 815/1991, promovido por el presiden-
te el Gobierno del Estado contra la Ley foral de Navarra 9/1991, de 16 de mar-
zo, por la cual se modifica el artículo 20.8 de la Ley foral 23/1983, de 11 de
abril, reguladora del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Foral.
Autonomies, núm. 27, diciembre de 2001, Barcelona.
ción de los poderes constituidos (doctri-
na recogida en la STC 76/1983 y elabo-
rada en las STC 76/1988, 227/1988 y
40/1998) no se puede trasladar a esta
Ley, sencillamente porque la Ley no se
puede situar en el ámbito que dio origen
a esta doctrina constitucional, elaborada
«en íntima conexión o constante imbri-
cación con unos concretos y determi-
nados preceptos constitucionales, los
relativos al sistema de distribución de
competencias entre el Estado y las co-
munidades autónomas y, además, res-
peto a interpretaciones generales y abs-
tractas del sistema de distribución de
competencias, efectuadas con pretensio-
nes normativas de validez general y de
vinculación, por tanto, de las comuni-
dades autónomas, sin una expresa previ-
sión constitucional o estatutaria a favor
del legislador estatal» (FJ 4). Según el
Tribunal, la Ley impugnada se incardina
en un proceso de desarrollo normativo,
lo cual no es compatible con el hecho de
que en esta actividad se parta de una
previa e implícita interpretación de un
determinado precepto o concepto esta-
tutario, puesto que «toda labor de desa-
rrollo normativo implica un implícito
entendimiento de la norma desarrollada
por quien dicta el desarrollo». Y el Tri-
bunal afirma que «más allá de los límites
explícitos que para el legislador autonó-
mico resulten de la Constitución y del
propio Estatuto de Autonomía, como
norma institucional básica, no cabe
configurar para su labor límites o reser-
vas implícitas, no conteniendo la Cons-
titución ni la LORAFNA norma alguna
que expresamente impida al legislador
foral, en el ejercicio de la “partidos polí-
ticos” las expresiones “federación de
partidos, agrupación o coalición electo-
ral” se está infringiendo el inciso final
del artículo 29.3 de la LORAFNA y po-
testad normativa que aquélla le confiere,
que en el desarrollo de esta actividad
trate de determinar el sentido que cabe
dar a un concepto o expresión estatuta-
ria que no considere suficientemente
clara y nítida» (FJ 4).
Por otra parte, el Tribunal examina si
existe contradicción entre la LORAF-
NA y la Ley objeto de recurso, por si al
añadir a la locución «partidos políticos»
las expresiones «federación de partidos,
agrupación o coalición electoral» se está
infringiendo el inciso final del artículo
29.3 de la LORAFNA y supone, por
tanto, una modificación unilateral de
ésta por vía interpretativa al margen del
procedimiento de reforma previsto en
su artículo 71. El Tribunal comienza
analizando los debates parlamentarios
(«que son un elemento importante de
interpretación, aunque no determinante,
para desentrañar el alcance y sentido de
las normas») para acabar desmintiendo la
afirmación del abogado del Estado de
que la utilización del término «partido»
obedecía a una decisión explícita del le-
gislador de excluir a otras formaciones
políticas. Para el Tribunal, la cuestión
planteada tampoco se puede resolver
con una mera interpretación literal por-
que el término «partido» aparece en una
frase que carece de rigor técnico («parti-
do que tenga mayor número de esca-
ños»), puesto que los partidos políticos
no son titulares de los escaños; así pues,
según el Tribunal, la resolución adecua-
da no puede ser otra que la interpreta-
ción sistemática y finalista del término
«partido» del artículo 29.3 de la LO-
RAFNA, de acuerdo también con los
principios y valores que informan el sis-
tema de designación del presidente de la
Diputación Foral que conduce a una
lectura integradora del precepto. Al de-
terminar el alcance de este precepto no
se puede obviar bajo ningún concepto
que el procedimiento extraordinario de
AUTONOMIES · 27
134
designación del presidente de la Diputa-
ción de Navarra responde a la necesidad
de resolver una situación de crisis guber-
namental (originada porque ninguno de
los candidatos propuestos a la Cámara
no haya obtenido la mayoría necesaria
en el plazo señalado para ser investido)
sin recurrir a la disolución del Parla-
mento y a una nueva convocatoria elec-
toral que es lo que prevén la Constitu-
ción y los estatutos de autonomía,
excepto los de Andalucía y Castilla-La
Mancha). Así pues, si no se ha consegui-
do en el Parlamento una mayoría sufi-
ciente alrededor de alguno de los candi-
datos propuestos, es la voluntad del
cuerpo electoral la que se toma como re-
ferencia, voluntad manifestada en el nú-
mero de escaños o, en caso de empate,
en el mayor número de votos que hayan
obtenido las diferentes fuerzas políticas
que hayan concurrido a las elecciones
autonómicas. El elemento determinante
en este procedimiento extraordinario de
designación es, por consiguiente, el nú-
mero de escaños o, en caso de empate, el
de votos obtenidos, en tanto que mani-
festación de la voluntad del cuerpo elec-
toral, y no el término «partido» en el sig-
nificado literal que se mantiene en la
demanda del recurso de inconstitucio-
nalidad. Finalmente, para el Tribunal,
esta interpretación sistemática y finalis-
ta no sólo es la que concuerda con los
valores y principios democráticos que
informan el sistema de elección del pre-
sidente de la Diputación Foral, sino
que, además, es la que es preciso inferir
de una consideración conjunta de los
apartados 2 y 3 de la LORAFNA. En el
apartado 2 se reconoce una posición ac-
tiva en la fase ordinaria del procedi-
miento de designación no sólo a los par-
tidos sino también a los grupos con
representación parlamentaria, «expre-
sión que abarca en su entendimiento te-
leológico a las formaciones políticas
que, contando entre sus miembros con
parlamentarios, hubieran concurrido en
solitario o federados o coligados con
otros grupos a las elecciones» (FJ 8). Así
pues, el Tribunal tampoco estima el re-
curso por este segundo motivo, puesto
que rechaza que el legislador foral haya
operado a través de la Ley objeto de re-
curso una reforma subrepticia de la LO-
RAFNA.
Una vez más, esta Sentencia llega con
retraso: resuelve un conflicto planteado
nueve años atrás (1991). Poco tiempo
después de esta decisión, el nuevo redac-
tado del artículo 29 de la LORAFNA
(de acuerdo con la Ley orgánica 1/2001,
de 26 de marzo) establece como princi-
pal novedad, además de la exigencia de
que el candidato haya de ser necesaria-
mente diputado, la supresión de la de-
signación automática y en cambio se
prevé la disolución automática si nin-
gún candidato ha conseguido la investi-
dura en un plazo inusitadamente breve
en el Estado español: treinta días desde
la primera votación. Se quiere acabar así
con una excepcionalidad que había cau-
sado gran inestabilidad a los gobiernos
autónomos de Navarra.
Marcel Mateu
ACTIVIDAD NORMATIVA... 135
AUTONOMIES · 27
136
Ponente:
Tomás S. Vives Antón.
En esta Sentencia podemos encontrar
uno de los pocos casos en que el Tribu-
nal reconoce abiertamente un cambio
de criterio. Al cabo de cuatro años, los
tres magistrados que firmaron el voto
particular a la STC 2/1996 (González
Campos, Viver i Pi-Sunyer y Vives An-
tón) aprovechan la circunstancia de que
son los únicos firmantes de aquella Sen-
tencia y de que continúan formando
parte de la Sala Segunda del Tribunal
Constitucional para modificar el crite-
rio que entonces se pudo imponer gra-
cias al voto dirimente del presidente. En
esta ocasión, con una Sala Segunda inte-
grada por sólo 5 magistrados, no se for-
mula ningún voto particular. El supues-
to de hecho que originó esta Sentencia
que comentamos es prácticamente idén-
tico al que resolvió la STC 27/1996, de
15 de febrero, pero en este caso con una
decisión final contraria, y este cambio
de criterio se hace sin elevar la cuestión
al Pleno.
En los antecedentes de una y otra sen-
tencia está la decisión de la Administra-
ción electoral, confirmada mediante
Sentencia, de no proclamar las candida-
turas presentadas por «Andecha Astur»
por el hecho de no haber resuelto (den-
tro del plazo que se le concedió) la irre-
gularidad de no presentar en castellano
las declaraciones de aceptación de los
candidatos que, de conformidad con lo
que dispone el art. 46.2 LOREG, han
de acompañar el escrito de presentación
de candidatura.
La parte recurrente afirma que la de-
negación de la proclamación de su can-
didatura por el solo hecho de no haberla
cumplimentado en castellano responde
a una interpretación formalista de la le-
gislación electoral que vulnera el art. 23
de la Constitución junto con los art. 14
y 20.1, en relación con el 3.2 CE. El
Ministerio Fiscal descarta la pretendida
vulneración de los art. 14 y 201. CE,
pero, en cambio, considera que la nega-
tiva a proclamar la candidatura de la de-
mandante se basa en una interpretación
desproporcionada y desfavorable que
vulnera el derecho de participación en
los cargos públicos en condiciones de
igualdad. Para llegar a esa conclusión, el
fiscal parte del principio de interpreta-
ción de la legalidad más favorable a la
eficacia de los derechos y utiliza tam-
bién algunos otros argumentos que ya
aparecían en el voto particular de la ante-
rior Sentencia (por ejemplo, que la len-
gua en la que se expresaba la voluntad
de concurrir a las elecciones resultaba
comprensible e indubitada). Además,
según el fiscal, hay que tener en cuenta
que desde la STC 27/1996 hasta el mo-
mento de esta nueva demanda las cir-
cunstancias jurídicas han cambiado y el
bable, sin ser cooficial, es una lengua
propia del Principado o lengua tradicio-
nal de Asturias, cuya protección ya se
encuentra concretada. Así, desde aque-
lla Sentencia se ha reformado el Estatu-
to de autonomía por la Ley orgánica
Sentencia 48/2000, de 24 de febrero (Sala Segunda) (BOE núm. 76, de 29 de
marzo, suplemento). Recurso de amparo electoral contra la Sentencia del
Juzgado Provincial Contencioso Administrativo núm. 2 de Oviedo, que
confirma el Acuerdo de la Junta Electoral Provincial de Asturias que denie-
ga la proclamación de las candidaturas para las elecciones al Congre-
so de los Diputados y al Senado presentadas por Andecha Astur (AA)
en bable.
1/1999, que añade a su art. 4 («El bable
gozará de protección. Se promoverá su
uso, su difusión en los medios de comu-
nicación y su enseñanza, respetando, en
todo caso, las variantes locales y volun-
tariedad en su aprendizaje») que «una
Ley del Principado regulará la protec-
ción, uso y promoción del bable» y se ha
aprobado la Ley autonómica 17/1998,
de 23 de marzo, de uso y promoción
del bable/asturiano, que extiende y am-
plía su protección (art. 4.1 —rúbrica
uso administrativo—: «todos los ciuda-
danos tienen derecho a emplear el ba-
ble/asturiano y a expresarse en él, de
palabra y por escrito»; art. 4.2: «se ten-
drá por válido a todos los efectos el uso
del bable/asturiano en las comunicacio-
nes orales o escritas de los ciudadanos
con el Principado de Asturias»). Por otra
parte, tanto la Junta Electoral como el
Juzgado de Oviedo entienden, de con-
formidad con la STC 27/1996, que no
se cumplieron los requisitos necesarios
para la proclamación de las candidatu-
ras, dado que no se utilizó en el escrito
de presentación ni en los otros docu-
mentos presentados el castellano, ni
ninguna otra lengua oficial, tal como
dispone el art. 36 de la Ley 30/1992, de
régimen jurídico de las administracio-
nes públicas y del procedimiento admi-
nistrativo común.
La Sentencia recalca que los defectos
que conducen a denegar la proclama-
ción de candidaturas son taxativos: el
art. 47.4 dispone que «no procederá la
proclamación de candidaturas que in-
cumplan los requisitos señalados en los
artículos anteriores o los que establecen
las disposiciones especiales de esta Ley».
Por tanto, según el Tribunal (FJ 2),
«dado que los art. 46 y 47 no hacen refe-
rencia al idioma y que el art. 120 LO-
REG, que establece la supletoriedad ge-
nérica de la Ley de Procedimiento
Administrativo, mal puede ser entendi-
do como ‘disposición especial’, a los
efectos del art. 47.4, hemos de llegar a la
conclusión de que los actos impugnados
parten de una interpretación que, al am-
pliar los supuestos en los que puede de-
negarse la proclamación de candidatu-
ras, restringe indebidamente el derecho
de acceso en condiciones de igualdad a
las funciones y cargos públicos (art.
23.2 CE)». La Sentencia enmarca esta
decisión en la que es una doctrina cons-
tante y reiterada del Tribunal Constitu-
cional: «el derecho reconocido en el art.
23.2 CE, en cuanto se proyecta sobre el
ejercicio de los derechos de sufragio [...]
adquiere una especial densidad consti-
tucional que se manifiesta en la obliga-
ción [...] de que tanto la Administración
electoral como los Jueces y Tribunales al
revisar los actos y resoluciones dictados
por aquélla, opten por la interpretación
de la legalidad más favorable a la eficacia
de tales derechos» (FJ 2, que cita la STC
87/1999). Así pues, este principio her-
menéutico es la principal base jurídica
de una sentencia que ya no considera
necesario entrar a examinar los otros
motivos del recurso para otorgar el am-
paro, y que para justificar el cambio
de criterio que esto significa respecto
a la STC 27/1996 también menciona
—sin profundizar— otros argumentos.
Básicamente tres: que la voluntad de
concurrir a las elecciones era manifies-
ta, que la modalidad lingüística em-
pleada resultaba comprensible (éste fue
uno de los principales argumentos del
voto particular de la STC 27/1996) y
que había habido un cambio en las cir-
cunstancias (dadas las ya mencionadas
reformas introducidas en el ordena-
miento jurídico de la Comunidad Autó-
noma).
Llegado a este punto, al Tribunal sólo
le queda por determinar si de lo que dis-
ACTIVIDAD NORMATIVA... 137
pone el art. 13 LOTC se infiere que el
cambio de criterio que cree que tiene
que hacer sólo se puede realizar some-
tiendo la decisión al Pleno. Según la
Sala Segunda, en casos de cambio de cri-
terio en el procedimiento de amparo
electoral no es absolutamente necesaria
la elevación al Pleno porque en la natu-
raleza de estos recursos se encuentra la
nota de perentoriedad. Así, para el Tri-
bunal, teniendo en cuenta que «esa rapi-
dez constitucionalmente indispensable
podría verse notablemente dificultada si
hubiese de someterse al Pleno cualquier
cambio de criterio, incluso los que,
como es el caso del solicitado, consisten
en apartarse de una única decisión ante-
rior de la Sala, es preciso concluir que
ésta puede, si lo estima procedente, ac-
ceder por sí sola a lo que se solicita» (FJ
3). Y, de hecho, existe como mínimo un
antecedente en el que la Sala procede
por sí misma a cambiar un criterio ante-
rior (véase la STC 70/1995, de 11 de
mayo, respecto a la STC 105/1991, de
13 de mayo).
Marcel Mateu
AUTONOMIES · 27
138
Ponente:
Vicente Conde Martín de Hijas.
Voto particular:
Julio Diego González Campos.
Los hechos que originan esta Senten-
cia son parecidos a los de la resolución
anterior (STC 48/2000) pero presentan
algunas diferencias relevantes que son
las que fundamentarán la decisión con-
traria: denegar el amparo solicitado. En
este caso, la candidatura del BIA resol-
vió a tiempo lo que la Junta Electoral
Provincial de Asturias consideró irregu-
laridades en relación con la lengua uti-
lizada para la presentación de sus can-
didaturas al Congreso y al Senado
(algunos de los nombres de los candida-
tos estaban expresados en bable, como
«Xandru», «Llucía» o «Xosé»; se identifi-
caba a la Junta Electoral, la provincia y
la circunscripción con el término «Astu-
ries», y se hacía referencia al «Congresu
los Diputaos» y al «Senau», además de
redactar las declaraciones de aceptación
de cada candidato también en bable).
Una vez el Bloque de la Izquierda Astu-
riana presentó la documentación en cas-
tellano, la Junta Electoral acordó la pro-
clamación de su candidatura, pero el
BIA recurrió igualmente al contencio-
so administrativo el primer acuerdo de
la Junta Electoral que les había impe-
dido presentar sus candidaturas al Con-
greso y al Senado en lengua asturiana. El
Juzgado dictó un auto que inadmitía
el recurso por falta de adecuación del
procedimiento, ya que el objeto del pro-
ceso elegido resultaba ser, según el órga-
Sentencia 49/2000, de 24 de febrero (Sala Segunda) (BOE núm. 76, de 29 de
marzo, suplemento). Recurso de amparo electoral contra el auto del Juzga-
do de lo Contencioso Administrativo núm. 5 de Oviedo, que declaró la
inadmisibilidad del recurso interpuesto contra el Acuerdo de la Junta Elec-
toral Provincial de Asturias que comunicaba al representante del Bloque
de la Izquierda Asturiana (BIA) la necesidad de resolver diversas irregula-
ridades, consistentes en la presentación de las candidaturas a las elecciones
generales y otra documentación electoral en lengua bable.
ACTIVIDAD NORMATIVA... 139
no judicial, las exclusiones e inclusiones
de candidatos y candidaturas, y no el
derecho a usar la lengua asturiana en
la documentación electoral, que es lo
que reclamó el BIA en la mencionada
vía previa.
Según el Tribunal, el hecho de que el
auto haya denegado la admisibilidad del
recurso por la vía del art. 49 LOREG no
supone negar el acceso al amparo judi-
cial del derecho fundamental de partici-
pación electoral, sino negar la idoneidad
del proceso concreto elegido para la im-
pugnación. Limitado así el alcance de la
resolución jurisdiccional objeto de re-
curso, el Tribunal advierte que el dere-
cho fundamental de participación elec-
toral del recurrente no está en peligro,
ya que las candidaturas han sido procla-
madas, y considera que la Resolución
impugnada se ajusta a las exigencias
constitucionales «sin que pueda tacharse
de irrazonable, arbitraria, basada en el
error patente, o en exceso formalista,
pues el art. 49.1 LOREG se refiere,
como objeto de impugnación posible en
los procedimientos que regula, a los
‘acuerdos de proclamación de las Juntas
Electorales’, siendo así que el recurrido
ante el Juzgado de lo Contencioso no
era uno de dichos acuerdo ni, como
queda dicho, impidió la proclamación»
(FJ 2). Asimismo, la Sentencia recuerda
que «el recurso de amparo constitucio-
nal, como especificación, a su vez, del
genérico recurso de amparo constitucio-
nal, tiene análogas limitaciones objeti-
vas que las de los recursos jurisdicciona-
les que le sirven de presupuesto, según
la definición de su ámbito en el Acuerdo
de este Tribunal Constitucional de 20 de
enero de 2000, art. 1.1; de ahí que deba-
mos entender que el derecho pretendido
por el recurrente debe encauzarse por el
procedimiento de amparo constitucio-
nal ordinario, que está aún a disposición
de la parte, y no por el de amparo elec-
toral» (FJ 2).
A diferencia de lo que sucedió en la
STC 27/1995 (la primera en relación con
la posibilidad de presentar documenta-
ción electoral en bable), en esta ocasión el
magistrado González Campos se queda
solo discrepando del parecer de la mayo-
ría. Según este magistrado, el recurso del
art. 49.1 LOREG no limita la impugna-
ción de los acuerdos de las juntas electora-
les a los que tengan por objeto exclusivo la
inclusión o la exclusión indebida de can-
didatos o candidaturas, «pues la jurispru-
dencia de nuestro Tribunal acredita que se
han resuelto asuntos de muy diversa índo-
le relacionados con la proclamación de
candidatos y candidaturas, con la finali-
dad en todos los casos de atajar lesiones de
los derechos fundamentales y, en particu-
lar, del garantizado en el art. 23 CE, que
pudiera haberse producido al hilo de su
presentación y proclamación». Según
González Campos, «frente a lo que sostie-
ne el Auto impugnado, en el mismo no se
reclamaba el ejercicio de un supuesto de-
recho a utilizar la lengua bable/asturiano
en la documentación electoral, sino el de-
recho a participar en el proceso electoral
mediante la presentación de sus candida-
turas en una forma que ni contraría ni
altera lo exigido por el art. 46 LOREG.
Precepto en el que se establecen las condi-
ciones legales que han de reunir las candi-
daturas y los candidatos presentados ante
las Juntas Electorales para tenerlas por vá-
lidas y de las que, tanto por el carácter ta-
sado de dichas condiciones como por lo
específico de la normativa electoral, no
cabe deducir una prohibición de empleo
de una modalidad lingüística distinta del
castellano. Por lo que si el art. 46 LOREG
nada dice expresamente respecto del uso
de la lengua, antes de acudir a la aplica-
ción supletoria de la Ley 30/1992 era
obligado interpretar dicho precepto de la
forma más favorable a la plena efectividad
del derecho de acceso a los cargos públi-
cos, y estimar que la formación política
‘Bloque de la Izquierda Asturiana’ había
cumplido con los requisitos esenciales que
la LOREG requiere para tener por válida-
mente presentadas sus candidaturas».
Con estas dos sentencias, la 48 y la
49/2000, no sólo parece que queda defi-
nitivamente admitido el uso del bable
en la documentación electoral, sino que
se abre también la puerta a la utilización
en este ámbito de otras lenguas cooficia-
les distintas del castellano e inclusive de
otras no cooficiales, como el aranés o el
aragonés.
Marcel Mateu
AUTONOMIES · 27
140
Ponente:
Julio Diego González Campos.
La cuestión de inconstitucionalidad
presentada se basa en la modificación,
por parte del legislador foral, del régi-
men jurídico de protección medioam-
biental aplicable al objeto de un proceso
judicial que se estaba dirimiendo en ese
momento. Considera la Audiencia Na-
cional que de dicha modificación se de-
rivó un perjuicio claro, por cuanto,
como consecuencia de la reforma legis-
lativa sobrevenida, no era posible ejecu-
tar la sentencia dictada en dicho proce-
so. Los preceptos impugnados serían,
por tanto, inconstitucionales, por con-
travenir el principio de interdicción de
la arbitrariedad, contenido en el artículo
9.3 de la Constitución, así como el dere-
cho de tutela judicial efectiva del artícu-
lo 24 de la Constitución, tanto porque
las normas impugnadas habrían sido
aprobadas para hacer inatacable el acto
impugnado e inefectivas las resoluciones
judiciales recaídas, cuanto por no resul-
tar fiscalizables como consecuencia de
su rango legal.
La Audiencia Nacional anuló en su
día una Resolución del Ministerio de
Obras Públicas por la que se aprobaba
definitivamente el proyecto del embalse
de Itoiz (Navarra.) El Tribunal Supre-
mo, en casación (Sentencia del Tribunal
Supremo de 14 de julio de 1997), limitó
la nulidad del proyecto a «la parte que
afecta a los 500 metros de la zona de
protección de las reservas naturales 9,
10 y 11». La anulación del proyecto se
basó en el hecho de que la zona que
debía ser inundada por el embalse su-
pondría la desaparición de parte de las
bandas de protección de las reservas na-
turales 9, 10 y 11. Tales bandas de pro-
tección estaban inicialmente sujetas por
la Ley foral 6/1987, de 10 de abril, sobre
normas urbanísticas regionales para la
protección y uso del suelo no urbaniza-
ble al mismo régimen de protección de
las reservas.
Sentencia 73/2000, de 14 de marzo (BOE núm. 90, de 14 de abril, suplemento).
Cuestión de inconstitucionalidad promovida por la Sección Primera de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en relación
con determinados preceptos de la Ley foral 9/1996, de 17 de junio, de espa-
cios naturales protegidos de la Comunidad Foral de Navarra, por presunta
vulneración del principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes
públicos y del derecho fundamental a obtener la tutela efectiva de jueces y tri-
bunales en su vertiente de ejecución de las resoluciones judiciales firmes.
Una vez interesada la ejecución de la
Sentencia del Tribunal Supremo, la Sala
proponente de la cuestión de inconsti-
tucionalidad dictó providencia en la que
se ordenaba, en relación con la suspen-
sión de las obras de construcción del di-
que del embalse, oír a las partes sobre la
incidencia de la nueva Ley foral 9/1996,
promulgada con anterioridad a la Sen-
tencia del Supremo.
Se alegó, por parte de la Administra-
ción del Estado y por la Comunidad Fo-
ral, que era preciso declarar la imposibi-
lidad legal de ejecución del fallo, por
cambio sobrevenido en el marco nor-
mativo de aplicación al caso. Como
consecuencia del nuevo marco legal, las
reservas naturales no tienen que contar
necesariamente con bandas de protec-
ción; de tenerlas, se permitirían en ellas
actividades constructivas ligadas a obras
de interés general, y en particular, res-
pecto de las tres reservas naturales afec-
tadas por el embalse, se dice en la nueva
Ley que en la parte referida a la zona
inundable no habrá ya bandas, estimán-
dose como protección suficiente la lá-
mina de agua resultante del llenado del
embalse.
En resumen, llegado el momento de
ejecutar la Sentencia firme dictada con
arreglo a la Ley foral de 1987, la Sala
proponente de la cuestión de inconsti-
tucionalidad considera que la Ley foral
de 1996 hace imposible su ejecución,
pues el proyecto anulado entonces se
ajusta al nuevo marco legal. Para la Sala,
esta Ley parece haberse dictado con la
finalidad de hacer imposible la ejecu-
ción de aquella Sentencia. En concreto,
la Sala plantea las siguientes dudas de
constitucionalidad:
—Según el parecer de la Sala se con-
travendría en primer lugar el artículo
9.3 de la Constitución por el hecho de
que la norma es arbitraria, al haber esta-
blecido una regulación ad casum y con
incidencia directa en una situación esta-
blecida mediante sentencia firme.
El Tribunal Constitucional empieza
recordando la necesidad de interpretar
restrictivamente la noción de arbitrarie-
dad. En este sentido, «el control de la
constitucionalidad de las leyes debe
ejercerse de forma que no se impongan
restricciones indebidas al poder legisla-
tivo»; máxime si en el ejercicio de ese
control han de aplicarse «preceptos ge-
nerales e indeterminados como es el de
la interdicción de la arbitrariedad» (en-
tre otras, la STC 108/1986).
No bastaría, pues, una mera discrepan-
cia política en cuanto a la oportunidad
de una determinada configuración legal
de una materia para calificarla como
arbitraria. Según la STC 239/1992, el
examen debe centrarse en considerar si
una norma legal «establece una arbitra-
riedad, o bien, aun no estableciéndola,
carece de toda explicación racional, lo
que también supondría evidentemente
una arbitrariedad, sin que sea pertinente
un análisis a fondo de todas las motiva-
ciones posibles de la norma y de todas
sus consecuencias».
Dicho esto, el Tribunal no considera
que estemos frente a una norma dictada
ad casum.
El estudio pormenorizado del conte-
nido de la Ley foral demuestra, según
criterio del Tribunal, que se ha procedi-
do a una regulación general de protec-
ción de los espacios naturales de Nava-
rra, comprendiendo diversos aspectos
relativos a la protección, conservación y
mejora de dichos espacios, incluyendo
la norma cuestionada, desde un régimen
de infracciones y sanciones hasta aspec-
tos económicos y presupuestarios. En
resumen, el objeto de la Ley foral es el
de establecer un régimen general de pro-
tección ambiental de espacios naturales
ACTIVIDAD NORMATIVA... 141
de Navarra. El hecho de que el anexo de
la Ley haya optado por una delimita-
ción geográfica más precisa de la zona
periférica de protección de cada espacio
natural, respecto de la legislación ante-
rior, supone una opción legítima del le-
gislador. Es más, dicho anexo no se
refiere únicamente a las tres reservas na-
turales afectadas en este caso, sino tam-
bién a otras zonas de la misma Comuni-
dad Autónoma.
—En segundo lugar, según el parecer
de la Sala, se contravendría el artículo
24 de la Constitución por dos motivos:
a)Al establecer la Ley foral de 1996 un
nuevo régimen jurídico de las zonas peri-
féricas de protección de las reservas natu-
rales de Navarra, mediante la modifica-
ción del canon legal, habría convertido en
ilusoria la declaración de nulidad de la
Sentencia del Supremo, haciendo que el
fallo en ella contenido no pueda ser ejecu-
tado por parte de la Sala que plantea la
cuestión de inconstitucionalidad.
b) El nuevo régimen se prevé en nor-
ma de rango legal, y no en norma regla-
mentaria, situación que sí se daba con
anterioridad a la nueva Ley foral. Según
la Sala, no hay razón que justifique esta
elevación de rango, como no sea la de
lograr que el nuevo régimen jurídico
quede excluido de fiscalización por par-
te de los órganos jurisdiccionales.
En relación con este artículo de la
Constitución, el Tribunal constata que la
ejecución de la Sentencia del Tribunal
Supremo ha devenido imposible, por los
motivos expuestos. Ahora bien, de ello
no puede derivarse una lesión del dere-
cho a la ejecución de sentencias firmes,
derivado del artículo 24 de la Constitu-
ción. El derecho admite la imposibilidad
legal o material de ejecución de senten-
cias firmes, siendo la modificación so-
brevenida de la normativa aplicable un
supuesto admitido comúnmente en este
sentido. En concreto, «una vez firme la
Sentencia, a su ejecución sólo puede
oponerse una alteración del marco jurí-
dico de referencia para la cuestión deba-
tida en el momento de su resolución por
el legislador» (STC 41/1993, F J 2).
Por tanto, y por el solo hecho de haber
devenido legalmente inejecutable la Sen-
tencia del Tribunal Supremo, no se puede
apreciar inconstitucionalidad en el conte-
nido de los preceptos de la Ley foral.
El Tribunal añade al respecto otra
consideración. Como argumentó, en su
Sentencia 158/1987, la tutela judicial
efectiva, en el ámbito que nos ocupa en
este caso, exige que lo resuelto por los
órganos judiciales sea cumplido en sus
propios términos. Cualquier limitación
en este sentido al ejercicio del derecho
fundamental debe basarse en una finali-
dad legítima de protección de valores,
bienes o intereses constitucionalmente
protegidos. Conviene recordar en este
momento el test de los límites establecido
por el Tribunal Europeo de Derechos
Humanos al respecto, en cuanto a la exi-
gencia de legitimidad y proporcionali-
dad exigible a cualquier limitación en el
ejercicio de los derechos contemplados
en el Convenio europeo de derechos hu-
manos. Por mandato del artículo 10.2
de nuestra Constitución, este examen
debe ser tenido en cuenta en el presente
caso. Así lo hace el Tribunal Constitu-
cional, concluyendo que la finalidad de
la Ley foral cuestionada es constitucio-
nalmente legítima. «Así resulta con cla-
ridad en atención al bien jurídicamente
protegido, dada la relevancia que la
Constitución atribuye al medio am-
biente al configurar en su artículo 45 un
derecho de todos a disfrutarlo y un de-
ber de conservación que pesa sobre to-
dos, más un mandato a los poderes pú-
blicos para su protección» (F J 12).
Dado que la Comunidad Foral tiene
AUTONOMIES · 27
142
competencias en materia de protección
del medio ambiente, es claro que la le-
gislación positiva a la que ha de infor-
mar dicho principio rector de la política
social y económica (ex artículo 53.3
CE) comprende tanto la legislación es-
tatal como la emanada del órgano legis-
lativo autonómico. Aunque el régimen
establecido por la Ley foral para las zo-
nas de protección difiera del anterior, en
el que se basaba el fallo cuya ejecución
deviene imposible, ambos responden al
interés legítimo de asegurar una zona
periférica de protección de las tres reser-
vas naturales afectadas por la construc-
ción del embalse de Itoiz.
Finalmente, y por lo que respecta al
segundo aspecto de la duda de inconsti-
tucionalidad en relación con el artículo
24 de la Constitución, esto es, la volun-
tad de la norma de eludir el control ju-
risdiccional mediante la elevación de
rango, el Tribunal Constitucional consi-
dera que no es contrario a la Constitu-
ción que el legislador asuma una tarea
que antes había encomendado al poder
reglamentario. La ley puede tener en
nuestro ordenamiento cualquier conte-
nido y en ningún caso le está vedada la
regulación de materias reguladas ante-
riormente por un reglamento. Así las
cosas, y teniendo en cuenta que la Ley
foral no supone una regulación ad ca-
sum, como ha quedado dicho, no puede
derivarse perjuicio para el precepto
constitucional de esta elevación de ran-
go. Más aún porque de ello no se deriva,
como se apuntaba, una exclusión de su
fiscalización y control. Prueba suficiente
de ello es, para el Tribunal, la presenta-
ción y examen de la presente cuestión de
inconstitucionalidad.
Cristina Dietrich
ACTIVIDAD NORMATIVA... 143
Sentencia 74/2000, de 16 de marzo (BOE núm. 90, de 14 de abril, suplemen-
to). Recurso de inconstitucionalidad núm. 2805/1995, promovido por el
presidente del Gobierno contra el art. 32 de la Ley de la Asamblea Regional
de Murcia 8/1995, de 24 de abril, de promoción y participación juvenil.
Ponente:
Rafael de Mendizábal Allende.
El Tribunal Constitucional tiene la
oportunidad de analizar con este pro-
nunciamiento la adecuación al texto
fundamental de una exención tributaria
del Consejo de la Juventud, que es un
organismo autónomo de la Región de
Murcia, dispuesta en la Ley 8/1995. En-
tiende el recurrente que dicha exención
excede de lo que puede realizar la Co-
munidad Autónoma, esto es, eximir al
organismo autónomo de aquellos tribu-
tos que sean propios de la Comunidad.
Asimismo, tampoco puede disponer una
exención completa del organismo citado
con base en que la Comunidad Autóno-
ma tiene el mismo trato fiscal que el Es-
tado puesto que las posibles exenciones
sólo serán para esos entes territoriales.
El Tribunal, sin embargo, entiende
que es necesaria y posible una interpreta-
ción de la disposición autonómica acor-
de con el texto constitucional de forma
semejante a lo que se hizo en la STC
176/1999, de 30 de septiembre. En con-
secuencia, la interpretación correcta es
que la ley autonómica será efectiva sólo
en lo referente a los tributos autonómi-
cos sin extenderse de forma automática a
los estatales o locales sobre los que no
posee competencia la Comunidad Autó-
noma. Tampoco el segundo argumento
puede ser utilizado puesto que la Región
de Murcia no afecta a regulaciones tribu-
tarias ajenas a la propia en la que puede
actuar. De acuerdo con esto, el Tribunal
desestima el recurso de inconstituciona-
lidad manteniendo el art. 32 de la Ley
8/1995, si se aplica de forma acorde con
la interpretación efectuada.
José Antonio Fernández Amor
AUTONOMIES · 27
144
Sentencia 90/2000, de 30 de marzo (BOE núm. 107, de 4 de mayo, suplemento).
Recurso de inconstitucionalidad promovido por el presidente del Gobierno en
relación con los apartados 16 y 29 del anexo I y los apartados 3 (en su expresión
«con producción superior a 100.000 toneladas») y 7 (en su expresión «con ca-
pacidad para 100 o más embarcaciones») del anexo III de la Ley del Parlamen-
to de Canarias 11/1990, de 13 de julio, de prevención del impacto ecológico.
que debe ser tenido en cuenta a la hora
de dictar sentencia, pues «en el recurso
de inconstitucionalidad no se fiscaliza si
el legislador se atuvo o no, en el momen-
to de legislar, a los límites que sobre él
pesaban, sino, más bien, si un producto
normativo se atempera, en el momento
del examen jurisdiccional, a tales límites
y condiciones» (STC 154/1988).
Según el recurso, la Ley autonómica
impugnada se extralimita en su conteni-
do, ya que no se limita a establecer «me-
didas adicionales» de control, sino que
reduce o limita la protección establecida
en la norma estatal, esto es, en el Real
decreto legislativo 1302/1986, de 28 de
junio, sobre evaluación del impacto am-
biental (BOE núm. 155, de 30 de ju-
nio), que establece los requisitos míni-
mos exigibles a determinados proyectos
que pueden afectar al medio ambiente.1
Ponente:
Diego González Campos.
El artículo 149.1.23 de la Constitu-
ción reserva al Estado la competencia
exclusiva en materia de legislación bási-
ca sobre protección del medio ambien-
te, sin perjuicio de las facultades de las
comunidades autónomas de establecer
normas adicionales de protección.
Por otra parte, al tiempo de interpo-
nerse el recurso, la norma por la que se
habilitaba a la Comunidad Autónoma
para ejercer la función ejecutiva en mate-
ria de protección del medio ambiente,
«en los términos que establezcan las leyes
y normas reglamentarias que en desarro-
llo de su legislación dicte el Estado», era
la contenida en el artículo 33 del Estatu-
to de autonomía de Canarias. En este
sentido conviene recordar que con la re-
forma del Estatuto por Ley orgánica
4/1996, de 30 de diciembre, correspon-
de a la Comunidad Autónoma de Cana-
rias el desarrollo legislativo y la ejecución
en materia de protección del medio
ambiente, incluidos los vertidos en el
ámbito territorial de la Comunidad Au-
tónoma. Respecto a esta reforma, según
doctrina del Tribunal Constitucional, el
nuevo canon de constitucionalidad es el
1. Para un análisis más detallado de la doctri-
na constitucional referida al contenido de dicha
norma estatal se recomienda la consulta de la
STC 13/1998, de 22 de enero, en la que se consi-
deró que «la evaluación de impacto ambiental es
una técnica transversal que condiciona la práctica
totalidad de la actuación estatal que se materializa
físicamente, produciendo las consiguientes reper-
cusiones en el territorio y en el medio ambiente
de una o varias Comunidades Autónomas» (FJ 7).
El estudio de impacto ambiental des-
crito en el artículo 2 del Real decreto
legislativo incluye una «descripción gene-
ral del proyecto», en relación con la utili-
zación del suelo y de otros recursos natu-
rales, incluyendo, como datos a consignar
en el estudio, una «evaluación de los efec-
tos previsibles directos o indirectos del
proyecto». Sin embargo, el artículo 12 de
la Ley canaria se refiere al estudio «detalla-
do» del impacto ecológico, que deberá
contener una «descripción sucinta» del
proyecto o actividad, incluyendo dicho
estudio, entre otros elementos, una «esti-
mación aproximada» de los efectos ecoló-
gicos del plan o la actividad proyectada.
Del análisis comparativo de ambas
normas deduce el abogado del Estado
que la Ley canaria rebaja el grado de
protección, extralimitándose por ello
del marco competencial establecido. En
concreto, y por lo que respecta a los pre-
ceptos impugnados, esta rebaja en la
protección radicaría en el hecho de que,
en la norma básica, la evaluación del im-
pacto ambiental se exige con carácter
general y sin excepción para todas las
obras, instalaciones y actividades relati-
vas a puertos deportivos y a extracción a
cielo abierto de minerales. Sin embargo,
la Ley canaria sólo exigiría dicha evalua-
ción para puertos deportivos con deter-
minada capacidad —100 o más embar-
caciones— y para extracciones a cielo
abierto que supongan una cantidad mí-
nima de producción —cuando ésta sea
superior a las 100.000 toneladas/año.
Por su parte, el Parlamento y el Go-
bierno de Canarias consideran en sus
alegaciones que el conflicto se basa en
una mera «disquisición terminológica».
Dicho de otro modo, que las normas
enfrentadas contemplen una descrip-
ción general o sucinta de los proyectos
examinados, no implica más que una
exigencia de que dicha descripción sea
redactada en unos términos más o me-
nos concretos, sin que ello afecte al con-
tenido o eficacia de la misma. Es más,
concluyen, del análisis detallado de am-
bas normas se deriva que la autonómica
es, si cabe, más garantista, por detallada,
que la norma estatal, puesto que ésta es-
taría utilizando un concepto de «mine-
ral» menos amplio que el utilizado por
la norma autonómica.2Por ello la nor-
ma estatal estaría excluyendo del estudio
ciertas extracciones y actividades que sí
pueden afectar al medio ambiente.
El Tribunal Constitucional empieza
recordando lo apuntado en la STC
170/1989, conforme a cuya doctrina si
el Estado tiene competencia para dictar
la legislación básica sobre protección del
medio ambiente, a la comunidad autó-
noma le corresponde el desarrollo legis-
lativo de la normativa estatal y, por lo
tanto, la facultad de establecer «normas
adicionales de protección» en dicha ma-
teria, siempre que las medidas legislati-
vas autonómicas «sean compatibles, no
contradigan, ignoren, reduzcan o limi-
ten la protección establecida en la legis-
lación básica del Estado». Según la doc-
trina del Tribunal, en esta materia lo
considerado básico vendría a referirse a
una ordenación mediante mínimos que
ha de respetarse en todo caso, pero que
no impediría el establecimiento de un
nivel superior de protección por parte de
la Administración autonómica. Se esta-
blecería de este modo un estándar míni-
mo de protección en la normativa esta-
tal, ampliable por la autonómica (en este
sentido, ver la STC 156/1995, FJ 4).
ACTIVIDAD NORMATIVA... 145
2. En términos mineros, según afirma la par-
te, mineral es todo elemento extraído con técnica
minera, mientras que en la terminología geológi-
ca —la utilizada por la norma básica—, el con-
cepto es menos amplio, por lo que ciertos mate-
riales volcánicos quedarían fuera de este
concepto geológico de mineral.
Según el preámbulo del Real decreto
legislativo, que sigue en este sentido a las
directivas europeas dictadas en la materia
(Directiva 85/337/CEE y 97/11/CEE),
«la evaluación de impacto ambiental es
un instrumento que sirve para preservar
los recursos naturales y defender el medio
ambiente en los países industrializados.
Su finalidad propia es facilitar a las autori-
dades competentes la información ade-
cuada, que les permita decidir sobre un
determinado proyecto con pleno conoci-
miento de sus posibles impactos significa-
tivos en el medio ambiente».
El Tribunal constata que, mientras
que la normativa estatal traduce este ins-
trumento en un único modelo, esto es, el
«estudio de impacto ambiental», la Ley
canaria establece tres categorías de eva-
luación, de menor a mayor intensidad,
como son la evaluación básica de impac-
to ecológico, la evaluación detallada de
impacto ecológico y, finalmente, la eva-
luación de impacto ambiental. Los puer-
tos deportivos con capacidad inferior a
100 embarcaciones, así como las extrac-
ciones de cantidad inferior a 100.000 to-
neladas/año, quedarían por ley sujetos a
la «evaluación detallada», esto es, some-
tidos a la evaluación de la segunda cate-
goría, y no a la evaluación de impacto
ambiental. Pues bien, más allá del con-
traste terminológico, el Tribunal consi-
dera que el contenido de la «evaluación
detallada» no resulta insuficiente, ni en
cuanto a su contenido ni en cuanto a las
garantías que contempla. Por tanto, se
desestima el recurso, puesto que el con-
tenido cuestionado de la Ley canaria es
respetuoso con el de la normativa estatal.
«Una y otra, en efecto, coinciden en los
aspectos esenciales del estudio, como
son la descripción del proyecto, los efec-
tos previsibles sobre el medio ambiente,
las medidas previstas para reducir o eli-
minar los efectos negativos, las medidas
de vigilancia ambiental y el resumen y
conclusiones del estudio» (FJ 7).
En conclusión, el hecho de que la Ley
canaria haya diversificado en tres niveles
la evaluación de impacto ambiental no
supone un desmerecimiento del grado
de protección medioambiental que exi-
ge la normativa básica. Es más, como
afirma el Tribunal, «cabe estimar que tal
desarrollo normativo, justificado a jui-
cio del legislador canario tanto por la
fragilidad ecológica peculiar del archi-
piélago como por la considerable in-
cidencia que pueden tener pequeños
proyectos, es respetuoso con aquella le-
gislación básica» (FJ 8).
Cristina Dietrich
AUTONOMIES · 27
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Ponente:
Manuel Jiménez de Parga y Cabrera.
El objeto del presente fallo es el estu-
dio de la constitucionalidad de la Ley
5/1993, la cual fija el índice de evolu-
ción necesario para realizar la liquida-
ción definitiva de las corporaciones loca-
les en los presupuestos del Estado para el
ejercicio de 1990, lo que se halla funda-
mentado en la Ley de haciendas locales
(en adelante LHL). La fijación que se
Sentencia 104/2000, de 13 de abril (BOE núm. 119, de 18 de mayo, suplemento).
Recurso de inconstitucionalidad núm. 2300/1993, promovido por ochenta y