Instituciones del estado

Esta Ley orgánica tiene por objeto el

desarrollo del derecho de asociación re-

conocido en el artículo 22 de la Consti-

tución española. Hasta la fecha de su

aprobación, el marco jurídico de las aso-

ciaciones sin ánimo de lucro estaba re-

gulado por una ley preconstitucional (la

Ley 191/1964, de 24 de diciembre, de

asociaciones), obsoleta y, en ciertos as-

pectos, derogada por la Constitución.

La necesidad de la aprobación de la nue-

va ley era, pues, evidente.

En cualquier caso, la necesidad de

desarrollar el artículo 22 CE median-

te ley orgánica implica que el régimen

general del derecho de asociación deba

ser compatible con las modalidades

específicas existentes, reguladas en le-

yes especiales y en las normas que las

despliegan, para los partidos políticos,

sindicatos, asociaciones empresariales,

asociaciones de consumidores y usua-

rios, confesiones religiosas, asociaciones

deportivas, y asociaciones profesionales

de jueces, magistrados y fiscales. Con

este objetivo, el legislador estatal esta-

blece una regulación general, mínima y

común, que constituye el régimen al

que se tendrán que ajustar todas las aso-

ciaciones no contempladas en las res-

pectivas legislaciones particulares. De

acuerdo con el artículo 4 de la Ley, que-

dan excluidas del ámbito de su aplica-

ción las comunidades de bienes y pro-

pietarios y las entidades que se rijan por

las disposiciones relativas al contrato de

sociedad, cooperativas y mutualidades,

así como las uniones temporales de em-

presas y las agrupaciones de interés eco-

nómico.

En definitiva, la Ley pretende superar

la normativa preconstitucional vigente

hasta ahora, al adoptar, como criterios

fundamentales, la estructura democráti-

ca de las asociaciones y la ausencia de fi-

nalidades lucrativas, así como garantizar

la participación libre, plural y efectiva

de las personas y de las asociaciones en

la vida social y política.

La aprobación de esta ley se funda-

menta, en primer lugar, en la atribución

competencial que hace la Constitución

española, en el artículo 149.1.1, al habi-

litar al Estado para regular y garantizar

el contenido primario, las facultades ele-

mentales y los límites esenciales de todo

lo que sea necesario para asegurar la

igualdad de todos los españoles. En este

sentido, la Ley orgánica de asociaciones

concreta dicha habilitación, ahora ex-

presamente referida al ejercicio del dere-

cho de asociación, tanto en el trata-

miento uniforme de todos los aspectos

relativos a la definición legal de asocia-

ción como en el del régimen jurídico ex-

terno de las asociaciones.

1. INSTITUCIONES DEL ESTADO

1.1. ACTIVIDAD LEGISLATIVA ESTATAL

A cargo de Francesc de Carreras y Juan Carlos Gavara

Ley orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del derecho de asociación

(BOE núm. 73, de 26 de marzo).

Autonomies, núm. 29, noviembre de 2003, Barcelona.

Otro título competencial que se ma-

nifiesta en la Ley es el previsto en el ar-

tículo 149.1.6, que, refiriéndose a la

legislación procesal, responde a la nece-

sidad de salvaguardar la uniformidad de

los instrumentos jurisdiccionales.

Por otro lado, la definición y el régi-

men de las asociaciones declaradas de

utilidad pública estatal tienen como fi-

nalidad estimular la participación de las

asociaciones en la realización de activi-

dades de interés general, de ahí que se

dicten al amparo del artículo 149.1.14.

La propia Ley atribuye, además, en el

apartado primero de la disposición final

primera, el rango de ley orgánica a aque-

llos preceptos de la misma que considera

elementos esenciales del contenido del

derecho de asociación, los cuales se ma-

nifiestan en cuatro dimensiones: 1) en la

libertad de creación de asociaciones y de

adscripción a las ya creadas; 2) en la li-

bertad de no asociarse y de dejar de per-

tenecer a las mismas; 3) en la libertad de

organización y funcionamiento internos

sin injerencias exteriores, y 4) en un

conjunto de facultades de los asociados

individualmente considerados frente a

las asociaciones a las que pertenecen.

El resto de las normas de la Ley sólo

son de aplicación a las asociaciones de

competencia estatal, competencia que

engloba a todas aquellas asociaciones

para las cuales las comunidades autóno-

mas no ostenten competencias exclusi-

vas y, en su caso, a las asociaciones ex-

tranjeras. En este ámbito, el Parlamento

de Cataluña aprobó la Ley 7/1997, de

18 de junio, de asociaciones (DOGC

núm. 2423/1997, de 1 de julio). Su ob-

jeto es la regulación jurídica y el fomento

de las asociaciones que son competencia

exclusiva de la Generalidad, es decir, de

aquellas asociaciones que tengan su do-

micilio en Cataluña y que ahí desarro-

llen sus actividades principalmente, sin

estar sometidas a ninguna normativa es-

pecífica que permita prever que la ins-

cripción de su constitución deba efec-

tuarse en un registro especial. La ley

estatal hace referencia precisamente a los

registros autonómicos de asociaciones,

que, en todo caso, tendrán que comuni-

car al Registro nacional las inscripcio-

nes y/o disoluciones de las asociaciones

que se puedan efectuar en el ámbito au-

tonómico, y también establecer meca-

nismos de cooperación y colaboración

entre ellos.

Francesc Vallès

AUTONOMIES · 29

210

Ley orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las calificaciones y de la formación

profesional (BOE núm. 147, de 20 de junio).

La finalidad de la Ley es la creación

de un Sistema Nacional de Calificacio-

nes y Formación Profesional, y se dicta

al amparo de la competencia exclusiva

del Estado ex art. 149.1.1 y 30 CE, sin

perjuicio de la cooperación de las co-

munidades autónomas. La Ley preten-

de dotar de unidad, coherencia y efica-

cia a la planificación, ordenación y

administración de la materia, a fin de

facilitar la integración de las distintas

maneras de certificación y acreditación

de las competencias y de las calificacio-

nes profesionales. Asimismo, la Ley

prevé que, mediante centros especiali-

zados por sectores productivos, se desa-

rrollen acciones de innovación y expe-

rimentación en materia de formación

profesional que se programarán y eje-

cutarán a través de convenios de cola-

boración entre la Administración del

Estado y las comunidades autónomas,

en el ámbito de sus respectivas compe-

tencias.

Esta Ley ha sido objeto de recurso de

inconstitucionalidad por parte del Par-

lamento de Cataluña, el cual ha impug-

nado los artículos 5.1, 8.4, 11.7, dispo-

sición adicional primera, apartado 2,

párrafos primero y segundo (BOE de 31

de octubre de 2002), y del Gobierno de

la Generalidad de Cataluña, que ha im-

pugnado los artículos 5.1, 7, 8.4, 11.7 y

la disposición final 1 y 2, párrafos pri-

mero y segundo (BOE de 3 de octubre

de 2002).

La Ley, en el artículo 5.1, atribuye a la

Administración general del Estado la re-

gulación y coordinación del Sistema

Nacional de Calificaciones y Formación

Profesional, sin perjuicio de las compe-

tencias que correspondan a las comuni-

dades autónomas y de la participación

de los agentes sociales. Asimismo, el ar-

tículo 10 dispone que la Administración

general del Estado, de acuerdo con lo

que prevé el artículo 149.1.30 y 7 de la

Constitución, y previa consulta al Con-

sejo General de la Formación Profesio-

nal, determinará los títulos y certifica-

dos de profesionalidad que constituirán

las ofertas de formación profesional re-

feridas en el Catálogo nacional de Cali-

ficaciones. No obstante, las administra-

ciones educativas, en el marco de sus

competencias, podrán ampliar los con-

tenidos de los títulos de formación pro-

fesional.

El artículo 7 prevé la creación de un

Catálogo nacional de calificaciones pro-

fesionales, que resultará aplicable a todo

el territorio nacional, sin contemplar

ninguna participación, en él, por parte

de las comunidades autónomas, y el ar-

tículo 11.7 establece que la innovación

y experimentación en materia de forma-

ción profesional se desarrollará a través

de una red de centros de referencia na-

cional, con implantación en todas las

comunidades autónomas, especializa-

dos en los diferentes sectores producti-

vos.

Por lo que se refiere a las competen-

cias del Gobierno, se dispone que a

éste, previa consulta al Consejo General

de la Formación Profesional, le corres-

ponde la fijación de los requisitos y pro-

cedimientos para la evaluación y acredi-

tación de sus competencias, así como de

los efectos de sus mismas (artículo 8.4).

Se le atribuye, también, el estableci-

miento de los requisitos básicos que

han de reunir los centros que imparten

ofertas de formación profesional y cer-

tificados de profesionalidad (artículo

11), sin perjuicio de que las administra-

ciones, en el ámbito de sus competen-

cias, puedan establecer los requisitos

específicos que han de reunir dichos

centros; crear, autorizar, homologar

y gestionar los mencionados centros, y

crear y autorizar centros integrados de

formación profesional. Además, le co-

rresponde el establecimiento y la coor-

dinación de los procesos de evaluación

del Sistema Nacional de Calificaciones

y Formación Profesional, previa consul-

ta al Consejo General de la Formación

Profesional, sin perjuicio de las compe-

tencias de las comunidades autónomas

(artículo 17).

En relación con los centros integrados

de formación profesional, se prevé, en el

apartado 6 del artículo 11, que, regla-

mentariamente, el Gobierno y los con-

sejos de gobierno de las comunidades

autónomas, dentro del ámbito de sus

competencias, adapten la composición

y funciones de los centros integrados de

formación profesional a sus característi-

ACTIVIDAD NORMATIVA... 211

cas específicas, y que la programación y

ejecución de las actuaciones de carácter

innovador, experimental y formativo se

lleven a cabo, en el marco de la ley, me-

diante convenios de colaboración entre

la Administración del Estado y las co-

munidades autónomas, en el marco de

sus competencias.

Finalmente, la disposición final pri-

mera establece que la Ley se dicta al

amparo del artículo 149.1.1, 7 y 30 de

la Constitución. Además, se declara

que:

a) Al amparo del artículo 149.1.1 y

7 CE por lo que hace referencia a la re-

gulación de la formación profesional

en el ámbito del sistema educativo, es

competencia exclusiva del Estado el de-

sarrollo del apartado 1 del artículo 1

(ordenación de un sistema integral de

formación profesional); los artículos 2

al 5 (relativos a los principios, fines, ins-

trumentos y acciones, y a la regulación

y coordinación del Sistema Nacional

de Calificaciones y Formación Profe-

sional); los apartados 3 y 4 del artículo

6 (procedimientos de colaboración y

consulta con los sectores productivos

y los interlocutores sociales, y realiza-

ción de prácticas de los alumnos en

empresas y otras entidades); los artícu-

los 7 al 9 (relativos al Catálogo nacio-

nal de calificaciones profesionales; al

reconocimiento, evaluación, acredi-

tación y registro de las calificaciones

profesionales y a la formación profe-

sional); el apartado 1 del artículo 10

(determinación de los títulos y certifica-

dos de profesionalidad); el apartado 6

del artículo 11 (adaptación reglamen-

taria de la composición y funciones de

los centros integrados de formación

profesional a sus características espe-

cíficas), y la disposición adicional ter-

cera (áreas prioritarias en las ofertas

formativas).

b) Al amparo del artículo 149.1.1 y

30 CE por lo que hace referencia a la re-

gulación de la formación profesional en

el ámbito del sistema educativo, son

normas básicas los apartados 2 y 3 del

artículo 1 (oferta de formación y accio-

nes formativas); los apartados 1 y 2 del

artículo 6 (colaboración de las empresas

con las administraciones públicas, uni-

versidades, cámaras de comercio y enti-

dades de formación); los apartados 2 al

7 del artículo 10 (contenidos de los títu-

los de formación, utilización de tecnolo-

gías de la información y comunicación,

ofertas formativas); los apartados 1 al 5 y

7 del artículo 11 (requisitos de los cen-

tros de formación profesional, centros

integrados de formación profesional, red

de centros de referencia nacional); los ar-

tículos 12 al 17 (oferta formativa a gru-

pos con especiales dificultades de in-

tegración laboral, ofertas formativas

no vinculadas al Catálogo modular de

formación profesional, información y

orientación profesional, y calidad y eva-

luación del Sistema Nacional de Califi-

caciones y Formación Profesional), y las

disposiciones adicionales primera y se-

gunda (habilitación del profesorado de

formación profesional y habilitación

de profesionales cualificados).

c) Al amparo del artículo 149.1.7

CE, es competencia exclusiva del Esta-

do el desarrollo de la Ley en todo lo que

no haga referencia a la regulación de la

formación profesional en el ámbito del

sistema educativo, sin perjuicio de su

ejecución por los órganos de las comuni-

dades autónomas.

d) Al amparo del artículo 149.1.1, 7

y 30 CE, es competencia exclusiva del

Estado el desarrollo de la disposición

adicional cuarta (equivalencias, convali-

daciones y correspondencias).

Marta Fernández

AUTONOMIES · 29

212

La Ley pretende establecer el marco

general de los diferentes aspectos del sis-

tema educativo que inciden de manera

directa en la calidad de la educación, te-

niendo presente que, al poder público

estatal, le corresponde la función de alta

inspección de todos los aspectos del sis-

tema educativo que constituyen el ám-

bito de competencias que tiene consti-

tucionalmente atribuidas y, en este

sentido, la Ley se dicta al amparo de la

competencia que corresponde al Estado

de acuerdo con los art. 149.1.1, 18 y 30

de la Constitución.

Entre los aspectos objeto de la Ley,

aquí nos centraremos sólo en los de inci-

dencia autonómica.

Así, en primer lugar, en lo que se re-

fiere a los derechos y deberes de los

alumnos, se prevé, en el art. 2.1.b, que

todos los alumnos tienen el derecho y el

deber de conocer la Constitución y el res-

pectivo estatuto de autonomía. Por su

parte, el art. 3 dispone que los padres

tienen derecho a que sus hijos reciban

una educación con las máximas garantías

de calidad, de acuerdo con las finalida-

des establecidas en la Constitución, en

el correspondiente estatuto de autono-

mía y en las leyes educativas.

Respecto al conocimiento de la len-

gua propia de las comunidades autóno-

mas, se establece, en los art. 15, 22 y

34.2.g, que éste deberá permitirse, con

diferentes niveles de exigencia, en el ám-

bito de la educación primaria, de la edu-

cación secundaria y en el del bachillera-

to. Y, en este sentido, los art. 16, 23 y

35.5.fprevén, como asignaturas de estos

niveles, la lengua oficial propia de la co-

munidad autónoma en el ámbito de la

educación primaria, la lengua oficial

propia y literatura de la comunidad au-

tónoma en el ámbito de la educación se-

cundaria, y la lengua oficial propia y li-

teratura de la comunidad autónoma en

el del bachillerato.

En lo que hace referencia a las atribu-

ciones del Gobierno, se prevén deter-

minadas funciones que deberá llevar a

término en colaboración con las comu-

nidades autónomas como, por ejemplo,

promover programas de cooperación te-

rritorial dirigidos a objetivos educativos

de interés general (art. 6) y establecer las

condiciones para permitir el ingreso en

el cuerpo de catedráticos de música y ar-

tes escénicas (disposición adicional un-

décima). También se establece que el

Estado podrá impulsar, mediante con-

venios con las comunidades autónomas,

actuaciones preferentes orientadas a

conseguir de forma efectiva sus metas y

objetivos en materia de igualdad de

oportunidades y de compensación en

educación (art. 40.2), y que la Adminis-

tración del Estado y las comunidades

autónomas, en el marco de la Conferen-

cia de Educación, impulsarán el estudio

y la implantación, en su caso, de medi-

das destinadas al desarrollo de la carrera

profesional de los funcionarios docentes

(disposición adicional undécima, apar-

tado 6).

También se establecen funciones que

corresponden al Gobierno, previa con-

sulta a las comunidades autónomas: el

establecimiento de nuevas enseñanzas

de régimen especial, si la demanda so-

cial y las necesidades educativas así lo

exigen (art. 7.4); de nuevos itinerarios y

la modificación de los establecidos en la

Ley (art. 26.5); de nuevas modalidades

de bachillerato o la modificación de las

establecidas en la Ley (art. 35.4); de las

asignaturas específicas de cada modali-

ACTIVIDAD NORMATIVA... 213

Ley orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de calidad de la educación (BOE

núm. 307, de 24 de diciembre).

dad dentro de las enseñanzas comunes

(art. 35.6); de las condiciones básicas de

la prueba general de bachillerato para

obtener el correspondiente título (art.

37.1); de las normas para flexibilizar la

duración de los diversos niveles y etapas

del sistema educativo establecidos en la

Ley, independientemente de la edad de

los alumnos (art. 43.3); de las condicio-

nes y los requisitos básicos de las certifi-

caciones de evaluación voluntaria (art.

61.2); de las especialidades básicas de

inspección educativa (art. 106.1); de las

condiciones y los requisitos básicos con

respecto a la formación de los inspecto-

res de educación (art. 107.3), y de los

requisitos mínimos para los centros de

educación preescolar (disposición tran-

sitoria segunda). Asimismo son funcio-

nes del Gobierno, previa consulta con

las comunidades autónomas, la deter-

minación de la estructura y las funcio-

nes del Instituto Nacional de Evalua-

ción y Calidad del Sistema Educativo

(art. 96.2); la aprobación de la normati-

va básica aplicable para el desarrollo de

la evaluación general de diagnóstico

(art. 97.3), y la del calendario de aplica-

ción de la Ley (disposición adicional

primera).

Entre las otras competencias atribui-

das al Gobierno, se encuentran: la

determinación, con carácter básico, de

todos los requisitos necesarios para ga-

rantizar la igualdad en el acceso a las be-

cas y ayudas, sin perjuicio de las compe-

tencias normativas y de ejecución de las

comunidades autónomas (art. 4), y la

fijación de las enseñanzas comunes, que

deberán representar, en todo caso, el

55 % de los horarios escolares en las co-

munidades autónomas que tengan,

junto con la castellana, otra lengua pro-

pia cooficial y el 65 % en las que no la

tengan. Además, se dispone que los tí-

tulos académicos y profesionales sean

homologados por el Estado y expedidos

por las administraciones educativas de

acuerdo con las condiciones estableci-

das en la legislación estatal y sus normas

de desarrollo (art. 8), y las condiciones

básicas con relación a las pruebas para

que los mayores de edad puedan obte-

ner directamente el título de graduado

en educación secundaria obligatoria,

así como las pruebas para obtener los tí-

tulos de formación profesional (art.

53.3 y 54.5). Igualmente se establecen,

sin perjuicio de las competencias de las

comunidades autónomas, las condicio-

nes de los premios de carácter nacional

para reconocer la excelencia y el rendi-

miento de alumnos, profesores y cen-

tros docentes (art. 5); así como las di-

rectrices básicas de los programas de

iniciación profesional (art. 27); las asig-

naturas que se impartirán en cada uno

de los cursos de las enseñanzas comunes

(art. 35.6), y la normativa básica que re-

gulará el establecimiento, por parte de

las universidades, de los procedimien-

tos para la admisión de alumnos (art.

37.4). Asimismo, se determinan las ca-

racterísticas básicas de las pruebas y la

relación entre los títulos de técnicos y

sus correspondientes de técnico supe-

rior (art. 38.5), y el desarrollo regla-

mentario de las bases del régimen esta-

tutario de la función pública docente

en todo lo que sea necesario para garan-

tizar el marco común básico de la fun-

ción pública docente (disposición adi-

cional octava).

Cabe destacar también que el impor-

te de los módulos económicos por uni-

dad escolar se fijará, de acuerdo con el

art. 75, anualmente en los presupuestos

generales del Estado y, en su caso, en los

de las comunidades autónomas.

Por lo que se refiere a las competen-

cias del Ministerio de Educación, Cul-

tura y Deporte, se prevé, en el art. 59,

AUTONOMIES · 29

214

que, sin perjuicio de las competencias

de las comunidades autónomas en ma-

teria de formación del profesorado, el

Ministerio podrá desarrollar programas

de formación permanente del profeso-

rado; además, el Ministerio y las comu-

nidades autónomas podrán colaborar en

el establecimiento, desarrollo y ejecu-

ción de programas de formación del

profesorado mediante convenios. El art.

96 le atribuye la evaluación general del

sistema educativo, a través del Instituto

Nacional de Evaluación y Calidad del

Sistema Educativo, sin perjuicio de la

evaluación que las administraciones

educativas de las comunidades autóno-

mas puedan realizar en sus ámbitos. El

art. 97 dispone que el Ministerio, en co-

laboración con las comunidades autó-

nomas, elabore evaluaciones generales

de diagnóstico sobre áreas y asignaturas.

Por último, de acuerdo con el art. 99, el

Ministerio, previa consulta con las co-

munidades autónomas, elaborará perió-

dicamente un plan de evaluación gene-

ral del sistema.

Respecto a las competencias directa-

mente atribuidas a las comunidades au-

tónomas, el art. 4 dispone que el desa-

rrollo, la ejecución y el control de los

sistemas de becas y ayudas se atribuyan a

las comunidades autónomas, dentro de

sus ámbitos competenciales; no obstan-

te, a fin de asegurar que los resultados de

la aplicación de los sistemas de becas y

ayudas no vulneran la garantía de igual-

dad en su obtención, se establecerán

mecanismos de coordinación entre el

Estado y las comunidades autónomas.

El art. 10 prevé que corresponde a las

comunidades autónomas, de acuerdo

con la normativa básica del Gobierno

sobre educación preescolar, la organiza-

ción de la atención a los niños en esta

etapa educativa y el establecimiento de

las condiciones de los centros donde se

imparte. Por su parte, la disposición adi-

cional octava, apartado 2, establece que

las comunidades autónomas ordenarán

su función pública docente dentro de

sus competencias, respetando las nor-

mas básicas estatales. Asimismo, la dis-

posición transitoria séptima establece

que, cuando, como consecuencia de las

transferencias a las comunidades autó-

nomas del ejercicio de competencias en

materia de educación, haya sido necesa-

ria la integración de redes que incluyan

centros dependientes de otras adminis-

traciones, el personal laboral fijo con

funciones docentes podrá acceder a los

cuerpos docentes previstos por la Ley

mediante un turno especial convocado

por los gobiernos de las comunidades

autónomas, en la forma que determinen

los parlamentos autonómicos, respetan-

do lo establecido en la normativa básica

del Estado. Finalmente, la disposición

final novena establece que las normas de

la Ley podrán ser desarrolladas por las

comunidades autónomas, con excep-

ción de las relativas a materias que de-

ban ser reguladas por el Gobierno o que,

por su naturaleza, correspondan al Esta-

do, de acuerdo con lo que establece la

disposición adicional primera, núm. 2,

de la Ley orgánica 8/1985, de 3 de julio,

reguladora del derecho a la educación.

En último término, cabe decir que se

atribuye al Estado la posibilidad de con-

trolar la aplicación de la Ley en las co-

munidades autónomas, al establecerse,

en el art. 103, que la alta inspección

educativa ha de garantizar, en las comu-

nidades autónomas, el cumplimiento de

las facultades que son atribuidas al Esta-

do en materia de enseñanza y que, en

este sentido, corresponde presentar a las

autoridades del Estado una memoria

anual de la enseñanza en las comunida-

des autónomas, estableciéndose, ade-

más, que, en el ejercicio de las funciones

ACTIVIDAD NORMATIVA... 215

de alta inspección, los funcionarios de la

Administración general del Estado dis-

frutan de la consideración de autoridad

pública y pueden recabar la necesaria

colaboración de las autoridades de las

comunidades autónomas.

Marta Fernández

AUTONOMIES · 29

216

Ley 1/2002, de 21 de febrero, de coordinación de las competencias del Estado

y las comunidades autónomas en materia de defensa de la competencia

(BOE núm. 46, de 22 de febrero).

La elaboración de esta Ley obedece

a un pronunciamiento del Tribunal

Constitucional, que, en su Sentencia

208/1999, de 11 de noviembre, declaró

la inconstitucionalidad de algunos pre-

ceptos de la Ley 16/1989, de 17 de ju-

lio, de defensa de la competencia. Con-

cretamente, consideró inconstitucional

la cláusula «en todo o en parte del mer-

cado nacional», contenida en los artícu-

los 4, 7, 9, 10, 11 y 25.ade la mencio-

nada Ley, en la medida que, al referirse

también al mercado infraestatal, desco-

nocía las competencias autonómicas de

ejecución de la legislación estatal sobre

defensa de la competencia.1La particu-

laridad de la decisión de esta Sentencia

es que difiere la nulidad de los citados

preceptos al momento en que la ley esta-

tal establezca los pertinentes criterios de

conexión y las comunidades autónomas

puedan ejercer las correspondientes

competencias ejecutivas, ya que, en caso

de declarar su inmediata nulidad, se

produciría un vacío normativo contra-

rio a la Constitución, por generar inse-

guridad jurídica. Dado el hecho, por

tanto, de que el Estado, después de la

sentencia, continuaba ejerciendo unas

competencias ejecutivas que no le co-

rrespondían constitucionalmente, el

Tribunal Constitucional apeló al princi-

pio de lealtad constitucional para que

elaborara la susodicha ley con prontitud

y acabara, así, con una situación de pro-

visionalidad que perjudicaba a las com-

petencias autonómicas en el sector. A

pesar de esta apelación, la Ley 1/2002,

que se comenta, no se ha elaborado has-

ta casi tres años después del pronuncia-

miento del Tribunal Constitucional.2

Antes de exponer el contenido de la

Ley 1/2002, es preciso realizar una refe-

rencia a la distribución de competencias

en materia de defensa de la competen-

cia. En primer lugar, se entiende por de-

fensa de la competencia «la defensa de la

libertad de competencia, mediante la

1. La Ley 16/1989 fue objeto de Dictamen del Consejo Consultivo, núm. 163, de 8 de agosto de

1989, que también declaró inconstitucionales dichos preceptos.

2. Mientras tanto, se aprobó el Real decreto ley 6/1999, de 16 de abril, de medidas urgentes de li-

beralización e incremento de la competencia, que, en materia de concentración de empresas, igual-

mente hablaba de competencias estatales de autorización con respecto a mercados geográficos situa-

dos dentro del mercado nacional. También en este caso, el Consejo Consultivo elaboró el Dictamen

núm. 213, de 18 de mayo de 1999, donde considera que el Real decreto ley mencionado vulnera las

competencias ejecutivas de la Generalidad en la materia, dado que establece un nuevo régimen de in-

tervención sobre las concentraciones de empresas que no se limita a los casos en que tal concentración

afecte al mercado español, sino que puede alcanzar asimismo aquellos otros en que la operación de

concentración tenga una incidencia limitada a un mercado geográfico autonómico.

prevención y, en su caso, la represión, de

las situaciones que constituyen obstácu-

los creados por decisiones empresariales

para el desarrollo de la competencia en

el mercado».3Hay que indicar, acto se-

guido, que, como tal materia competen-

cial, la defensa de la competencia no

aparece recogida en la Constitución, si

bien se hace referencia a ella en algunos

estatutos de autonomía, entre los que

cabe mencionar el de Cataluña.4Así, el

artículo 12.1.5 EAC5se refiere a la le-

gislación estatal sobre la defensa de la

competencia en relación con el alcance

de las competencias autonómicas en

materia de comercio interior y defensa

del consumidor y del usuario. Este pre-

cepto estatutario, que reconoce al Esta-

do una serie de competencias sobre las

materias económicas, pone de manifies-

to el evidente lazo que hay entre la ma-

teria defensa de la competencia y la de

comercio interior, hasta el punto de que

esta última abarca también aspectos de

la primera. En este sentido, la atribu-

ción de competencias a la Generalidad

en materia de comercio interior implica

apoderarla para intervenir en el ámbito

material de la protección de la libre

competencia. Asimismo, hay que recor-

dar que el artículo 38 CE, en relación

con el artículo 53.1 CE, establece expre-

samente que todos los poderes públicos

han de garantizar y proteger el ejercicio

de la libertad de empresa, cuya garantía

incluye una serie de actuaciones admi-

nistrativas, entre otras, destinadas a evi-

tar las prácticas que puedan afectar o

perjudicar seriamente a la libre concu-

rrencia entre las empresas del mercado.

Por lo que se refiere a la expresión «le-

gislación estatal sobre defensa de la

competencia», como criterio de delimi-

tación competencial y de acuerdo con

una jurisprudencia constitucional con-

solidada,6se entiende que ésta abarca la

regulación material del sector (normas

de rango legal y reglamentos ejecutivos),

de manera que la función ejecutiva

que corresponde a las comunidades

autónomas comprende los actos admi-

nistrativos, incluyendo la potestad de

administrar y, en su caso, de dictar re-

glamentos internos de organización (el

concepto de ejecución se ha de conside-

rar equivalente a toda actuación admi-

nistrativa, al margen del contenido o

forma que adopte). Finalmente, para ce-

rrar este breve análisis competencial,

hay que señalar que en esta materia co-

rresponden a la Generalidad las compe-

tencias exclusivas sobre defensa de la

competencia, si bien el Estado se reserva

las actuaciones ejecutivas básicas que

ACTIVIDAD NORMATIVA... 217

3. STC 88/1986, de 1 de julio (FJ 4); 264/1993, de 22 de julio (FJ 4), y 208/1999, de 11 de no-

viembre (FJ 5).

4. Esto no significa que la competencia estatal derive de los preceptos estatutarios, ya que el Tribu-

nal Constitucional considera que tiene su fundamento constitucional en los artículos 139.1, 149.1.1

y 13 CE y 38 CE, así como también en la unidad del mercado nacional (STC 18/1982, FJ 1;

69/1982, FJ 1; 77/1985, FJ 4; 20/1988, FJ 3; 56/1990, FJ 5; 178/1994, FJ 4; 173/1998, FJ 6, y

208/1999, FJ 6).

5. El artículo 12.1.5 EAC establece: «De acuerdo con las bases y la ordenación de la actividad eco-

nómica general y la política monetaria del Estado, corresponde a la Generalidad, en los términos que

disponen los artículos 38, 131 y los números 11 y 13 del apartado 1 del artículo 149 de la Constitu-

ción, la competencia exclusiva en las materias siguientes: […] 5) comercio interior, defensa del consu-

midor y del usuario, sin perjuicio de la política general de precios y de la legislación sobre la defensa de

la competencia».

6. STC 18/1982, de 4 de mayo (FJ 6); 35/1982, de 14 de junio (FJ 2); 39/1982, de 30 de junio

(FJ 7 y 8), y 208/1999, de 11 de noviembre (FJ 6).

determinen la configuración real del

mercado único de ámbito nacional y

que se relacionen con prácticas que pue-

dan alterar la libre competencia en un

ámbito supracomunitario, indepen-

dientemente de que tales actuaciones se

hayan de realizar en territorio autonó-

mico.7

En cuanto al contenido de la Ley

1/2002, se estructura en cinco artículos,

que, de acuerdo con la mencionada

STC 208/1999, han de estatuirse para

el adecuado ejercicio de las competen-

cias en materia de defensa de la compe-

tencia, tres disposiciones adicionales,

una disposición transitoria y una dispo-

sición final. El artículo 1 establece los

puntos de conexión que delimitan gené-

ricamente el ejercicio de las competen-

cias por parte del Estado y de las co-

munidades autónomas. Como se ha

indicado,8la competencia objetiva que

hay que atribuir a las comunidades au-

tónomas se encuentra limitada a las ac-

tuaciones ejecutivas que deban realizase

en el territorio de la comunidad autóno-

ma y no afecten al mercado supraauto-

nómico. Este precepto también estable-

ce un conjunto de reglas adicionales que

pretenden aclarar cuándo una conducta

es competencia del Estado y cuándo de

la comunidad autónoma. El artículo 2

prevé un mecanismo de resolución de

los conflictos que se puedan generar, en-

tre las administraciones públicas com-

petentes, por la aplicación de los puntos

de conexión. Así, en caso de que surjan

diferencias sobre quién ha de instruir y

resolver un determinado procedimien-

to, intervendrá, con un dictamen no

vinculante, la Junta Consultiva en ma-

teria de conflictos, y, en última instan-

cia, podrá intervenir el Tribunal Cons-

titucional mediante el planteamiento

de un conflicto, positivo o negativo,

entre el Estado y las comunidades autó-

nomas o entre éstas entre sí. El artículo

3 regula la Junta Consultiva en materia

de conflictos, que se configura como

un órgano paritario (con igual repre-

sentación de todas las administraciones

públicas, la estatal y las autonómicas),

de naturaleza arbitral. El artículo 4 re-

gula algunos aspectos institucionales,

relacionados con la ejecución, por parte

de las comunidades autónomas, de sus

competencias y determina cuáles son

las normas de procedimiento aplicables

a las actuaciones de los órganos auto-

nómicos competentes en materia de

defensa de la competencia. En caso de

que las comunidades autónomas no dis-

pongan de estos órganos, se prevé la po-

sibilidad de que los órganos estatales,

por vía convencional, colaboren con

aquéllas.9Asimismo, prevé un régimen

supletorio, mientras no se constituyan

los órganos autonómicos, para evitar un

vacío normativo y orgánico que pudiera

favorecer la proliferación de conductas

contrarias a la libre competencia (dispo-

sición transitoria única). El artículo 5

AUTONOMIES · 29

218

7. Esta reserva de competencias ejecutivas básicas a favor del Estado está recogida en la citada STC

208/1999 (FJ 6) y plasmada en la Ley 1/2002.

8. Así se desprende de lo que prescribe el fundamento jurídico 7 de la STC 208/1999.

9. Éste no es el caso de Cataluña, la cual, mediante el Decreto 222/2002, de 27 de agosto, creó los

órganos de defensa de la competencia de la Generalidad de Cataluña (DOGC núm. 3711, de 2 de

septiembre). Concretamente, se ha creado el Tribunal Catalán de Defensa de la Competencia como

organismo autónomo de carácter administrativo que se relaciona con la Administración de la Genera-

lidad de Cataluña a través del Departamento de Economía y Finanzas y que actúa con personalidad

jurídica propia, total independencia, autonomía de gestión y plena capacidad de obrar en el ejercicio

de sus funciones y para el cumplimiento de sus finalidades (art. 1).

regula tres tipos de mecanismos de coor-

dinación: crea el Consejo de Defensa de

la Competencia (que centraliza la infor-

mación y reúne a representantes de to-

das las administraciones territoriales);

establece mecanismos de simétrica y

recíproca información de conductas res-

trictivas de la libre competencia, y ha-

bilita al Servicio de Defensa de la Com-

petencia estatal para intervenir en pro-

cedimientos tramitados por órganos au-

tonómicos, con la finalidad de evitar

divergencias en la doctrina en el mo-

mento de aplicar el ordenamiento de

defensa de la competencia. Finalmente,

entre las disposiciones adicionales, des-

taca que la segunda, de acuerdo con el

artículo 36.3 de la LRJPAC, impone la

traducción al castellano de todas las co-

municaciones y notificaciones que los

órganos de defensa de la competencia de

las comunidades autónomas con lengua

oficial propia dirijan al Servicio de De-

fensa de la Competencia.

M. Àngels Arróniz

ACTIVIDAD NORMATIVA... 219

Se trata de una ley de artículo único,

por medio del cual se opera una refor-

ma de los art. 32, 33, 38, 39, 46, 48,

50, 51 y 53 de la Ley 3/2000. La razón

de ser de la reforma es acoger la doctri-

na del Tribunal Constitucional en la

Sentencia 103/1999, de 3 de junio, dic-

tada en los recursos de inconstituciona-

lidad planteados por el Gobierno vasco

y por el Parlamento de Cataluña contra

varios artículos de la Ley 32/1988, de

10 de noviembre, de marcas, según la

cual corresponde al Estado la legisla-

ción y el registro de ámbito general,

mientras que las comunidades autóno-

mas tienen competencias subordinadas

como la recepción de las solicitudes o la

verificación del cumplimiento de los re-

quisitos formales de las mismas. Este

esquema es el que se traslada a la mate-

ria de obtenciones vegetales. La Comisión

Bilateral de Cooperación Administra-

ción General del Estado-Comunidad

Autónoma de Canarias acordó propo-

ner la reforma de diversos artículos de

la Ley 3/2000, con el fin de reconocer a

las comunidades autónomas competen-

cias de tipo ejecutivo material como la

tramitación de los procedimientos para

la concesión de los títulos de obtención

vegetal. Dichas obtenciones vegetales

son variedades comerciales que tienen

un régimen jurídico semejante a la pro-

piedad industrial, regida por el art.

149.1.9 de la Constitución, que reserva

al Estado en exclusiva la legislación, de-

jando para las comunidades autónomas

la ejecución. La protección de la pro-

piedad industrial sobre las obtenciones

vegetales se logra por medio de la ins-

cripción en el Registro de variedades

vegetales protegidas dependiente del

Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-

mentación.

Al amparo de la Ley 3/2002 se opera

una modificación tendente a reconocer

la colaboración de las comunidades au-

tónomas en la tramitación de las ins-

cripciones en el mencionado registro, en

la verificación del mantenimiento de la

variedad y en los controles sobre el man-

tenimiento de la variedad, aspectos que

Ley 3/2002, de 12 de marzo, de modificación de la Ley 3/2000, de 7 de enero,

de régimen jurídico de la protección de las obtenciones vegetales. (BOE

núm. 62, de 13 de marzo).

no contemplaba la redacción inicial de

la Ley. Se trata, por consiguiente, del

reconocimiento de técnicas de coopera-

ción interadministrativas que no ha-

bían sido tenidas en cuenta, lamentable-

mente, en la primera redacción de la

Ley, que dejaba de lado la cooperación

autonómica. Sin embargo, en términos

de financiación de la actividad registral,

el nuevo art. 53.2 afirma que «constitu-

ye el hecho imponible de esta tasa la tra-

mitación del procedimiento en los as-

pectos que esta ley reserva al Estado y su

resolución».

Joan Lluís Pérez Francesch

AUTONOMIES · 29

220

Ley 5/2002, de 4 de abril, reguladora de los boletines oficiales de las provin-

cias (BOE núm. 90, de 5 de abril).

Con esta Ley se pretende adecuar la

gestión del servicio de publicación de

los boletines oficiales de las provincias a

la configuración territorial del Estado

de las autonomías. Los antecedentes

más inmediatos de la reforma de la

mencionada publicación hay que bus-

carlos en la Ley 25/1998, de modifica-

ción de la Ley reguladora de las hacien-

das locales de 1988, al permitir una vía

de financiación de las diputaciones pro-

vinciales por medio de la exigencia de

tasas y precios por la inserción de anun-

cios y edictos de los diferentes entes te-

rritoriales así como por la suscripción y

la venta de ejemplares. Por otro lado, se

debe recordar que el Congreso de los

Diputados aprobó el 13 de diciembre de

2000 una proposición no de ley en la

que instaba al Gobierno a dictar una

normativa del servicio de publicación

del boletín oficial de la provincia en la

que fuese posible unificar en una sola

publicación los boletines oficiales de la

provincia con el boletín oficial autonó-

mico, si así se decidía.

La presente Ley dota a los boletines

oficiales de la provincia de un marco ju-

rídico coherente con la configuración

de la provincia dentro de la estructura

del Estado autonómico pero también

con la autonomía para la gestión de los

respectivos intereses de cada uno de los

entes locales.

El Boletín Oficial de la Provincia es

concebido como un servicio público de

ámbito provincial, competencia de la

diputación respectiva, a la que corres-

ponde su edición y gestión (art. 2).

Cada diputación podrá regular por or-

denanza, dentro del marco de lo previs-

to en esta Ley, las condiciones de ges-

tión, edición, distribución y venta. La

suscripción de los entes locales es obli-

gatoria (art. 3). En cuanto a los actos o

disposiciones que deben ser publicados,

el art. 1 define su contenido en los si-

guientes términos: «se publicarán las

disposiciones de carácter general y las

ordenanzas, así como los actos, edictos,

acuerdos, notificaciones, anuncios y de-

más resoluciones de las administracio-

nes públicas y de la Administración de

justicia de ámbito territorial provincial,

cuando así esté previsto en disposición

legal o reglamentaria». El art. 6, relativo

a la obligación de publicar, establece en

su apartado segundo que los anuncios

particulares también podrán ser inserta-

dos de acuerdo con lo que establezca la

correspondiente ordenanza provincial.

El capítulo II de la Ley, relativo al régi-

men económico (art. 11 a 13), fija el

principio de previo pago de la tasa para

cualquier texto que se publique, aunque

también se prevén excepciones, como el

caso de publicaciones obligatorias o

cuando sea una inserción ordenada de

oficio. Destacan en el art. 12 los conve-

nios de colaboración interadministrati-

va en orden a facilitar el pago de las tasas

por publicación y en el art. 13 la previ-

sión de cooperación interadministrati-

va, según la cual la Administración ge-

neral del Estado y la de las comunidades

autónomas prestarán la «cooperación y

asistencia activas que la Administración

provincial pueda precisar para el mante-

nimiento y modernización del Boletín

Oficial de la Provincia».

La disposición adicional primera re-

gula la integración de los boletines ofi-

ciales de las provincias en el boletín ofi-

cial de la comunidad autónoma cuando

así lo decida el parlamento autonómico,

a propuesta del Gobierno autonómico y

previa aceptación de la diputación pro-

vincial, en cuyo caso la publicación se

regulará por la normativa autonómica,

especialmente en lo relativo al régimen

económico, sin perjuicio de la aplica-

ción de las normas contenidas en la pre-

sente Ley sobre contenido, periodi-

cidad, régimen lingüístico y obligatorie-

dad de las publicaciones. En las disposi-

ciones adicionales segunda a sexta se tra-

tan casos concretos a los que se aplica la

condición de comunidades autónomas

uniprovinciales, por lo que remite a su

legislación específica, en especial a la

Comunidad Foral de Navarra, así como

los boletines oficiales de las provincias

de Las Palmas y de Santa Cruz de Tene-

rife, entre otros aspectos.

La disposición final afirma que la pre-

sente Ley se dicta en cumplimiento del

título competencial ubicado en el art.

149.1.18 de la Constitución, por lo que

constituye legislación básica relativa al

régimen jurídico administrativo que ga-

rantiza un tratamiento común y unifor-

me a todos los ciudadanos del Estado

español, sin perjuicio de las particulari-

dades que puedan establecer las legisla-

ciones de las diferentes comunidades

autónomas, en su caso.

Joan Lluís Pérez Francesch

ACTIVIDAD NORMATIVA... 221

Ley 15/2002, de 1 de julio, que declara el Parque Nacional marítimo-

terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia (BOE núm. 157, de 2 de julio).

Nacida en el Parlamento de Galicia

como proposición de ley que fue remiti-

da a las Cortes Generales, esta Ley no se

limita a declarar un nuevo parque na-

cional que incluye los archipiélagos de

las islas Cíes, Ons y Sálvora, sino que

vuelve a modificar algunos artículos de

la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de con-

servación de los espacios naturales y de

la flora y fauna silvestre, ya modificada,

a su vez, por la Ley 41/1997, para adap-

tar su contenido a la doctrina de la STC

102/1995. Esta Sentencia declaraba la

nulidad de la disposición adicional

quinta en la medida en que consideraba

básicos sus artículos 21.3 y 4, y 22.1, y

atribuía al Estado la gestión de los par-

ques naturales (v. comentario en Auto-

nomies, núm. 24, 1999).

A partir de la Ley 41/1997, la declara-

ción de un nuevo parque nacional se ha

de realizar mediante ley de las Cortes Ge-

nerales (art. 22.2), pero requiere el previo

acuerdo favorable de la asamblea legisla-

tiva de la comunidad o comunidades au-

tónomas en que se encuentre situado di-

cho parque (art. 22.5), que será gestiona-

do y financiado conjuntamente por la

Administración general del Estado y la

respectiva comunidad autónoma del te-

rritorio en que se ubique. Ésta es la reser-

va más importante que establece la Ley a

favor del Estado, porque la declaración y

gestión de los otros tipos de espacios na-

turales protegidos (parques naturales, re-

servas naturales, monumentos naturales

y paisajes protegidos) corresponden a las

comunidades autónomas.

Con la Ley 15/2002, se dota de nueva

redacción a algunos artículos de la Ley

4/1989. Así, se concede una competen-

cia más (aprobar los planes sectoriales) a

la Comisión Mixta de Gestión de los Par-

ques Nacionales en detrimento del Patro-

nato, órgano que, además de estar consti-

tuido, como la Comisión Mixta, por un

número paritario de miembros designa-

dos respectivamente por el Gobierno del

Estado y las comunidades autónomas,

integra también a representantes de otras

instituciones, asociaciones y organismos

relacionados con los parques. Asimismo,

se faculta al Gobierno del Estado para

aprobar el Plan rector de uso y gestión de

los parques nacionales y resolver el ca-

llejón sin salida que supondría que la

comunidad autónoma no lo hubiera rea-

lizado en el plazo de un año desde el

acuerdo de la Comisión Mixta de Ges-

tión. Finalmente, también se incorpora

un nuevo artículo a la Ley 4/1989 (el 23

quater), que establece que será pública la

acción para exigir, ante los órganos admi-

nistrativos y los tribunales de justicia, la

estricta observancia de los preceptos rela-

tivos a los parques nacionales existentes

en esta Ley, así como de lo establecido en

las leyes declarativas de los parques nacio-

nales y en las disposiciones que se dicten

para su desarrollo y aplicación.

Marcel Mateu

AUTONOMIES · 29

222

Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contami-

nación (BOE núm. 157, de 2 de julio).

Esta Ley incorpora al ordenamiento in-

terno español, con casi tres años de retra-

so, la Directiva 96/61/CE, del Consejo,

de 24 de septiembre, relativa a la preven-

ción y al control integrado de la contami-

nación, en la que se exige que las activida-

des industriales que produzcan emisiones

en la atmósfera, el agua o el suelo, inclui-

dos los residuos, cuenten con una autori-

zación, que deberá otorgarse de forma

coordinada cuando existan varias autori-

dades competentes sobre la materia.

En cumplimiento de esta Directiva, y

en ejercicio de su competencia básica en

materia de medio ambiente (149.1.23

CE), el Estado aprueba esta Ley, que es-

tablece la competencia autonómica para

otorgar las «autorizaciones ambientales

integradas», pero también diversos me-

canismos mediante los cuales se asegura

la coordinación con las instituciones es-

tatales y locales, para que éstas puedan

también ejercer sus competencias.

Esta autorización ambiental integrada

ha de ser obtenida por los titulares de las

instalaciones, públicas o privadas, en las

que se realice alguna de las actividades in-

dustriales enumeradas en el anejo 1 de

esta Ley, siempre que pretendan la cons-

trucción, montaje, explotación, traslado

o modificación sustancial de dichas ins-

talaciones o, en todo caso, antes del 30 de

octubre de 2007. En ella se establecerán

las medidas a tomar para garantizar que

las emisiones producidas por esa instala-

ción provoquen la mínima contamina-

ción posible. Esta autorización integrada

viene a sustituir una diversidad de autori-

zaciones ambientales, también reguladas

por el Estado y otorgadas por las comu-

nidades autónomas, enumeradas en la

disposición derogatoria única de la Ley.

El criterio que determina cuál es la co-

munidad autónoma competente es el del

lugar en que se halle ubicada la instala-

ción industrial, criterio que se utiliza tam-

bién para designar al ayuntamiento que

debe emitir un informe urbanístico (vin-

culante si es negativo) y otro informe en el

que ha de valorar la adecuación de la insta-

lación analizada a todos aquellos aspectos

que sean de su competencia. Igualmente

vinculante si es negativo es el informe que

debe emitir el organismo de cuenca com-

petente, estatal, en el caso de vertidos al

dominio público hidráulico de cuencas

intercomunitarias. Aparte de este supues-

to de las cuencas intercomunitarias, úni-

camente se plantean los efectos de las acti-

vidades reguladas fuera del territorio de la

comunidad autónoma en el caso de que

alcancen otro estado miembro de la

Unión Europea, al cual se remitirá, a tra-

vés del Ministerio de Asuntos Exteriores,

copia de la solicitud presentada y de la re-

solución que se adopte una vez dicho es-

tado haya podido presentar alegaciones.

Asimismo se establece en la Ley que

las comunidades autónomas no podrán

otorgar las autorizaciones ambientales

integradas sin que previamente no se

haya dictado la declaración de impacto

ambiental, en el caso de que sea el Esta-

do el competente para formular dicha

declaración, motivo por el cual se arbi-

trarán fórmulas de coordinación entre

los dos procedimientos. Otro mecanis-

mo de coordinación que establece la Ley

es la integración del procedimiento de

autorización ambiental integrada con el

procedimiento de otorgamiento de la li-

cencia municipal de actividades clasifi-

cadas, excepto el trámite de resolución

definitiva de esta licencia, que continúa

realizándose por los ayuntamientos.

Además, se asegura expresamente en

diversos preceptos de la Ley la posibili-

dad de que las comunidades autónomas

legislen en desarrollo de esta Ley, desig-

nando los órganos ante los cuales deben

presentarse las solicitudes para obtener

dichas autorizaciones, estableciendo la

necesidad de acompañar estas solicitu-

des con documentación adicional a la

exigida en esta Ley, estableciendo nor-

mas sobre actividades clasificadas o dic-

tando normas adicionales de protección

que dispongan más obligaciones a los ti-

tulares de determinadas instalaciones

industriales, impongan la notificación y

registro de otras actividades no contem-

pladas en esta Ley, creen más infraccio-

nes, o reduzcan los valores límite de

emisión de sustancias contaminantes.

Jordi Freixes

ACTIVIDAD NORMATIVA... 223

Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del pa-

ciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documen-

tación clínica (BOE núm. 274, de 15 de noviembre).

El Consejo Consultivo de la Generali-

tat de Cataluña, en su Dictamen núm.

233, de 10 de enero de 2003, ha conside-

rado la posible inconstitucionalidad de la

disposición adicional primera que decla-

ra básicos los artículos 11.1, 11.3, 11.4,

14.2, 17.4 y 21.1 de la Ley 41/2002, co-

nocida popularmente como ley estatal

del «testamento vital». El Parlamento de

Cataluña, en su Resolución 1672/VI

(publicada el 17 de febrero de 2003,

BOPC núm. 392, pág. 17), ha acordado

interponer recurso de inconstitucionali-

dad contra los tres últimos preceptos y la

mencionada disposición adicional. El ar-

gumento central de la reclamación radi-

ca en la infracción de las competencias

autonómicas en materia de derecho ci-

vil. En primer lugar, el art. 11.1 concibe

el documento que contiene la voluntad

anticipada de las personas en previsión

de que se aplique en situaciones en las

que ya no se esté en disposición de ex-

presar la propia voluntad personalmen-

te. El art. 11.3 contiene los supuestos en

los que las indicaciones incluidas en el

documento no serán tenidas en cuenta:

cuando sean contrarias al ordenamiento,

a la lex artis, y cuando no se correspon-

dan con el supuesto de hecho. El art.

11.4, por su parte, afirma la posibilidad

de revocación, en cualquier momento,

de las indicaciones anteriormente adop-

tadas, con el requisito de la constancia

por escrito. El art. 14.2, por otro lado,

prevé la organización de los archivos de

los historiales clínicos, que comprenden

el conjunto de documentos relativos a

los procesos asistenciales de cada pacien-

te e identifican a los médicos y otros pro-

fesionales que han intervenido en ellos.

El art. 17.4 completa la regulación sobre

los historiales con los aspectos de gestión

y custodia: en este sentido, la unidad de

admisión y documentación clínicas será

la encargada de integrar en un solo archi-

vo los historiales clínicos. Su custodia es-

tará bajo la responsabilidad de la direc-

ción del centro. Finalmente, el art. 21

prevé las altas médicas forzosas. Así,

cuando no se acepte el tratamiento mé-

dico prescrito, se propondrá al paciente

la firma del alta voluntaria. De no fir-

marse, la dirección del centro, a pro-

puesta del médico responsable, podrá

disponer el alta forzosa, bajo las condi-

ciones y restricciones contempladas en la

Ley. En cualquier caso, la disposición

adicional primera atribuye a todos los

preceptos de la Ley la consideración de

básicos, fundamentándose en el art.

149.1.16 CE, lo que parece contrario a

la competencia autonómica en materia

de derecho civil.

Antoni Roig

AUTONOMIES · 29

224

Ley 43/2002, de 20 de noviembre, de sanidad vegetal (BOE núm. 279, de 21

de noviembre).

La legislación española sobre sanidad

vegetal ya se basaba principalmente en

la normativa comunitaria en la materia,

y ahora, con esta ley, se recogen sus as-

pectos fundamentales, aunque conti-

núan vigentes diferentes disposiciones

legales que desarrollan, en el terreno del

derecho interno, la citada normativa

dictada por la Unión Europea. De he-

cho, mediante una práctica infrecuente,

en la disposición transitoria tercera se

especifican 36 normas reglamentarias

que siguen vigentes mientras no se dic-

ten nuevas disposiciones de acuerdo con

lo que prevé la Ley 43/2002.

Según se explicita en la exposición de

motivos, esta ley responde a la doble ne-

cesidad de adaptar el marco jurídico de

la sanidad vegetal a los numerosos cam-

bios que han afectado a su ámbito de

aplicación y de adecuarlo a la configura-

ción del Estado español como estado

autonómico y como estado miembro de

la Unión Europea. Así, no sólo se regu-

lan aspectos concretos relacionados con

las competencias exclusivas de la Admi-

nistración general del Estado en materia

de comercio exterior y de sanidad exte-

rior, sino que, además, se establecen

unos principios básicos de actuación,

muy detallados, de las diferentes admi-

nistraciones públicas competentes en

materia de sanidad vegetal. De esta ma-

nera, toda la ley –excepto tres artículos–

tiene carácter de normativa básica, am-

parándose (según su disposición final)

en lo que prevé el art. 149.1. 13, 16 y 23

de la Constitución, que atribuye al Esta-

do competencia sobre bases y coordina-

ción de la planificación general de la ac-

tividad económica, bases y coordinación

general de la sanidad, y legislación bási-

ca sobre protección del medio ambien-

te, respectivamente. Sólo se exceptúa de

este carácter de normativa básica la re-

gulación contenida en los art. 10, 11 y

12 de la ley, que se dictan al amparo de

lo que dispone el art. 149.1. 10 y 16, in-

ciso primero, de la Constitución, que

atribuye al Estado competencia exclusi-

va en comercio y sanidad exteriores, res-

pectivamente.

En consecuencia, desde una concep-

ción amplia de lo que es la regulación

básica, esta Ley articula los criterios y

actuaciones aplicables en materia de sa-

nidad vegetal, en general, y de preven-

ción y lucha contra plagas, en particular,

tanto del Estado como de las comunida-

des autónomas. Se establecen unos cri-

terios homogéneos para abordar los pro-

blemas de la aparición de plagas en un

determinado territorio que posibilitan

la rápida adopción de medidas de con-

trol. Asimismo, se clarifican los requisi-

tos para la adopción de medidas oficia-

les contra una plaga para su erradica-

ción, para evitar su extensión, reducir

las poblaciones afectadas o sus efectos.

Por otro lado, se regula la posibilidad de

que la Administración competente cali-

fique su lucha obligatoria como «de uti-

lidad pública», o a la plaga, «de emer-

gencia fitosanitaria», lo cual comportará

un mayor grado de severidad y de inter-

vención a través de medidas oficiales; así

como la aplicación de diferentes com-

pensaciones económicas, bajo la forma

de ayudas o indemnizaciones, a los afec-

tados por la puesta en práctica de dichas

medidas. En el ámbito de las obligacio-

nes de los particulares, se responsabiliza

a los agricultores de la vigilancia y el

control de las plagas, cultivos y materia-

les objeto de su actividad, así como de la

ejecución a su cargo de las medidas ofi-

ciales obligatorias que se establezcan re-

glamentariamente. Con respecto a las

exportaciones a terceros países, es deber

del particular solicitar, en los puntos de

inspección fronterizos, las inspecciones

necesarias para la expedición del corres-

pondiente certificado fitosanitario y re-

cae sobre él la responsabilidad en el caso

de que se lleve a cabo la exportación sin

la preceptiva documentación. Además,

se determinan las obligaciones y respon-

sabilidades de los productores, titulares

de autorizaciones, distribuidores, ven-

dedores y otros operadores de productos

fitosanitarios, y también la responsabili-

dad de los usuarios de estos productos

de utilizarlos siguiendo las recomenda-

ciones de uso. Recogiendo la creciente

demanda de los consumidores de pro-

mover sistemas de producción vegetal

que tengan en cuenta las prácticas fito-

sanitarias correctas y para luchar en co-

mún contra las plagas, se fomentan

agrupaciones de agricultores que inclu-

yan estas prácticas entre sus objetivos.

También se prevé que las diferentes ad-

ACTIVIDAD NORMATIVA... 225

ministraciones públicas, en el ámbito de

sus respectivas competencias, lleven a

cabo las inspecciones necesarias para

asegurar el cumplimiento de la Ley y se

otorga el carácter de autoridad a los

inspectores fitosanitarios, determinan-

do sus competencias. En colaboración

con el Registro oficial de productos y

material fitosanitario, se crea igual-

mente un Registro nacional de produc-

tores y comerciantes de vegetales, cuya

función, meramente informativa, con-

sistirá en reunir los datos que le serán

remitidos por los correspondientes

registros oficiales de las comunidades

autónomas. Finalmente, se establece

un detallado régimen de infracciones,

tipificadas según su gravedad, y se de-

terminan las responsabilidades de los

infractores, fijándose las sanciones ade-

cuadas. Asimismo, se crea un régimen

de tasas, del que se precisan los sujetos

pasivos, la relación de hechos imponi-

bles y las respectivas cantidades de las

tasas, que serán gestionadas y recauda-

das por el Estado.

Marcel Mateu

AUTONOMIES · 29

226

Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de fundaciones (BOE núm. 310, de 27 de

diciembre).

Esta Ley tiene por objeto el desarrollo

del derecho de fundación para finalida-

des de interés general, reconocido en el

artículo 34 de la Constitución española,

estableciendo las normas de régimen ju-

rídico de las fundaciones que correspon-

de dictar al Estado, así como la regula-

ción de las fundaciones de competencia

estatal. En dicha línea, el artículo 53.1

CE reserva a la Ley la regulación del

ejercicio de los derechos y libertades re-

conocidos en el capítulo segundo del tí-

tulo I, entre los que se encuentra el de

fundación. Esta previsión constitucio-

nal se había cumplido mediante la apro-

bación de la Ley 30/1994, de 24 de no-

viembre, de fundaciones y de incentivos

fiscales a la participación privada en ac-

tividades de interés general, la mayoría

de cuyos aspectos quedan derogados a

partir de la aprobación de la nueva Ley.

El legislador estatal fundamenta la nece-

sidad de esta reforma legislativa en que

cree preciso adaptar a nuestro sistema

jurídico algunas experiencias innovado-

ras que se han ido produciendo en el de-

recho comparado y que pueden ser úti-

les para fortalecer el fenómeno funda-

cional. La reforma es justificada tam-

bién por el hecho de que pretende

responder a las demandas de las propias

fundaciones, relativas a la oportunidad

de superar determinadas rigideces de la

anterior regulación, que, sin haber apor-

tado ventajas claras al interés público,

dificultaban el desarrollo de la actividad

fundacional.

En esta línea, la Resolución del Parla-

mento Europeo sobre las fundaciones

en Europa (RA 304/93) señala que «me-

recen un apoyo especial aquellas funda-

ciones que participen en la creación y

desarrollo de respuestas e iniciativas

adaptadas a las necesidades ideológicas

de la sociedad contemporánea. Particu-

larmente, las que luchan por la defensa

de la democracia, el fomento de la soli-

daridad, el bienestar de los ciudadanos,

la profundización de los derechos hu-

manos, la defensa del medio ambiente,

la financiación de la cultura, las ciencias

y prácticas médicas y la investigación».

En tono similar, el Tribunal Constitu-

cional español mantiene (STC 18/1994,

de 7 de febrero, entre otras) que una de

las notas características del estado social

de derecho es que los intereses generales

se definen a través de una interacción

entre el Estado y los agentes sociales, y

que esa interpenetración entre lo públi-

co y lo privado trasciende también al

campo de lo organizativo, donde las

fundaciones desempeñan un importan-

te papel.

En este sentido, la Ley pretende con-

seguir tres grandes objetivos: 1) reducir

la intervención de los poderes públicos

en el funcionamiento de las fundacio-

nes; 2) flexibilizar y simplificar los pro-

cedimientos, en especial los de carácter

económico y financiero, y 3) dinamizar

y potenciar el fenómeno fundacional

como mecanismo a través del cual la so-

ciedad civil contribuye, conjuntamente

con los poderes públicos, a la consecu-

ción de finalidades de interés general.

La Ley 50/2002 se refiere exclusiva-

mente a la regulación sustantiva y pro-

cedimental de las fundaciones, dejando

para una norma legal autónoma la regu-

lación de los incentivos fiscales a la par-

ticipación privada en actividades de in-

terés general, en la medida en que

entiende que ésta es una materia que

presenta perfiles específicos que deman-

dan un tratamiento por separado.

El artículo 2 de la Ley define el con-

cepto de fundaciones como «aquellas

organizaciones constituidas sin ánimo

de lucro que, por voluntad de sus crea-

dores, tienen afectado de forma durade-

ra su patrimonio a la realización de fines

de interés general». Entre las que pue-

den «perseguir fines de interés general»,

la Ley enumera, de forma no exhaustiva,

aquellas fundaciones que pretenden

conseguir la defensa de los derechos hu-

manos de las víctimas del terrorismo y

de los actos violentos, la asistencia y la

inclusión social, así como objetivos cívi-

cos, educativos, culturales, científicos,

deportivos, sanitarios, laborales, de for-

talecimiento institucional, de coopera-

ción para el desarrollo, de promoción

del voluntariado y de la acción social, de

defensa del medio ambiente, de fomen-

to de la economía social, de promoción

y atención a las personas que corren

riesgo de exclusión por razones físicas,

sociales o culturales, de promoción de

los valores constitucionales y defensa de

los principios democráticos, de fomento

de la tolerancia, de desarrollo de la so-

ciedad de la información, o de investiga-

ción científica y desarrollo tecnológico.

Finalidades, todas ellas, que han de be-

neficiar a colectividades genéricas de

personas para que las fundaciones pue-

dan estar constituidas válidamente y ad-

quieran, así, personalidad jurídica desde

el mismo momento de su inscripción en

el Registro de fundaciones.

La Ley contiene dos tipos de precep-

tos: los que son aplicables únicamente a

las fundaciones de competencia estatal,

y los que se dirigen a todas las fundacio-

nes existentes con independencia de

cuál sea su dimensión, autonómica o es-

tatal, en la medida en que: 1) regulan las

condiciones básicas que garantizan la

igualdad de los españoles en el ejercicio

del derecho de fundación (art. 149.1.1.

CE), entre las cuales cabe destacar las re-

lativas al concepto de fundación (art. 2),

a la determinación de las finalidades y

los beneficiarios (art. 3.1, 2 y 3), a la

personalidad jurídica (art. 4), a la exis-

tencia y las funciones del Patronato (art.

14), a la determinación de las causas de

extinción de la fundación (art. 31) y a la

existencia de un Protectorado (art. 34);

2) son de naturaleza procesal (art.

149.1.6 CE), o 3) incorporan normas

de derecho civil, sin perjuicio de la apli-

ACTIVIDAD NORMATIVA... 227

cabilidad preferente del derecho civil fo-

ral o especial allí donde éste exista (art.

149.1.6 y 8 CE).

No obstante lo previsto en la Ley

50/2002, el Parlamento de Cataluña

aprobó, con anterioridad, la Ley 5/2001,

de 2 de mayo (DOGC núm. 3388, de

15 de mayo), en virtud de lo que dispo-

ne el artículo 9.24 del Estatuto de auto-

nomía de Cataluña, que atribuye la

competencia exclusiva a la Generalitat

para regular las fundaciones de carácter

docente, cultural, artístico, benéfico-

asistencial, deportivo y similar, siempre

que ejerzan sus funciones principalmen-

te en Cataluña. En cualquier caso, la ley

estatal prevé la creación de un Registro

de fundaciones de competencia estatal

al que los diferentes registros autonómi-

cos que puedan existir deberán comuni-

car las inscripciones o extinciones que se

produzcan (art. 36).

Francesc Vallès

AUTONOMIES · 29

228

Legislación estatal de carácter fiscal y financiero 2002

Durante el año 2002 se han dictado

numerosas leyes con incidencia en di-

versos campos de la fiscalidad. Para su

exposición y comentario sumario es ne-

cesario realizar una clasificación por te-

mas.

1. Financiación autonómica y local

Este grupo está compuesto, en primer

lugar por orden de aparición, por la Ley

orgánica 4/2002 de 23 de mayo, com-

plementaria de la Ley que aprueba el

concierto económico con la Comuni-

dad Autónoma del País Vasco, la Ley

12/2002, de 23 de mayo, que aprueba el

concierto económico con la Comuni-

dad Autónoma del País Vasco, y la Ley

13/2002, de 23 de mayo, que aprueba la

metodología de señalamiento del cupo

del País Vasco para el quinquenio 2002-

2006 (todas ellas en el BOE núm. 124,

de 24 de mayo). La primera Ley tiene

como único objeto cambiar el redactado

de la disposición adicional primera de la

Ley orgánica 5/2001, de 13 de diciem-

bre, complementaria de la Ley general

de estabilidad presupuestaria, haciendo

inciso en que la aplicación de esta últi-

ma debe hacerse sin perjuicio del régi-

men jurídico de concierto económico

con el País Vasco.

Son los otros dos textos legales los que

vienen a establecer el régimen especial

de financiación del que goza la Comu-

nidad Autónoma del País Vasco. La Ley

de concierto viene a fijar sus extremos y

el régimen que disciplina los diferentes

tributos concertados que se identifican

con la mayoría de los tributos estatales.

Se siguen los mismos principios, bases y

directrices que se establecieron ya en el

concierto de 1981 pero con una dife-

rencia fundamental: se pretende la dura-

ción indefinida de la regulación ahora

establecida. Al igual que se hizo en rela-

ción con la financiación de las comuni-

dades autónomas de régimen común, el

legislador persigue con esta regulación

no estar sometido a periodos sino una

regulación estable, si bien previendo

mecanismos de modificación.

La regulación sobre el concierto vasco

se completa con el último texto. En él se

fija, por un lado, la fórmula para la de-

terminación del cupo con el que el País

Vasco contribuye a los gastos del Estado

siendo un sistema que tiene una vigen-

cia comprendida en el periodo 2002-

2006. Por otro lado, se determina la

contribución líquida provisional para el

año 2002.

En el mes de julio son promulgadas,

con las referencias 17 a 31 (BOE núm.

157, de 2 de julio) las leyes de cesión de

tributos del Estado para cada una de las

comunidades autónomas del régimen

de financiación común. Con esos textos

los tributos susceptibles de cesión com-

prendidos en la LOFCA y en la Ley

21/2001, de 27 de diciembre, pasan a

ser efectivamente cedidos. La estructura

de los diferentes textos legales es similar

pues se relacionan los tributos cuya re-

caudación es cedida a cada comunidad

autónoma en particular y se fijan el al-

cance y las condiciones de la cesión re-

mitiéndose al marco general establecido

por la LOFCA y la Ley 21/2001.

También las haciendas locales son ob-

jeto de regulación por la Ley 51/2002, de

27 de diciembre, de reforma de la Ley

39/1988, de 28 de diciembre, reguladora

de las haciendas locales (BOE núm. 31,

de 28 de diciembre). La reforma alcanza

a todos los impuestos locales y realiza

una adaptación de la regulación de las

tasas conforme a la STC 185/1995, de

14 de diciembre. En general, el objeto

de esta regulación es el desarrollo de la

autonomía municipal en este campo y

la simplificación de los deberes de ges-

tión de los tributos en aras a disminuir

la fiscalidad indirecta de los contribu-

yentes. Es de destacar que se ha eximi-

do del impuesto de actividades econó-

micas a la mayor parte de los peque-

ños y medianos negocios mantenién-

dose para aquellos que obtienen un

determinado nivel de renta (más de

1.000.000 de euros). Se cierra la refor-

ma con la regulación de la cesión de re-

caudación de impuestos del Estado a

los entes locales en aras a no poner en

cuestión el principio de suficiencia fi-

nanciera.

2. Regulación relativa al sistema tributa-

rio

En este apartado el texto legal que tie-

ne un peso específico es la Ley 46/2002,

de 18 de diciembre, de reforma parcial

del impuesto sobre la renta de las perso-

nas físicas y por la que se modifican las

leyes de los impuestos sobre sociedades

y sobre la renta de no residentes (BOE

núm. 303, de 19 de diciembre). La Ley,

por tanto, posee como objeto la modi-

ficación del conjunto de tributos del

sistema que tienen como objeto de gra-

vamen la renta. Concretamente, en rela-

ción con el IRPF simplifica el proceso

para la determinación de la renta grava-

ble e incrementa aquellas medidas de-

dicadas a favorecer a la familia a través

de incrementar el importe del mínimo

personal y familiar, incorporar nuevas

reducciones en la base imponible por

hijos menores de tres años, por ascen-

dientes o por gastos para la asistencia a

mayores. Asimismo incluye una deduc-

ción a favor de las madres con hijos me-

nores de tres años que trabajen fuera del

hogar.

En relación con las fuentes de rentas

se han realizado modificaciones de di-

versa índole. Se han aumentado las re-

ducciones que favorecen a los rendi-

mientos del trabajo; se han establecido

medidas que mejoran la fiscalidad de las

viviendas en alquiler; se mejora también

la tributación del ahorro a largo plazo;

con respecto a las actividades económi-

cas, se destaca la supresión del régimen

de transparencia fiscal y las modificacio-

nes relativas al régimen de atribución de

rentas; en cuanto a las ganancias y pérdi-

das patrimoniales, se ven favorecidas

con la disminución del tipo impositivo

ACTIVIDAD NORMATIVA... 229

aplicable. Como cierre de todas las me-

didas dedicadas a la simplificación del

tributo y disminuir el gravamen que im-

plica, se han reducido los tipos de la ta-

rifa y el número de tramos.

El IS también es objeto de cambios.

No obstante, se concentra en la desapa-

rición del régimen de transparencia fis-

cal interna en aras a la neutralidad im-

positiva. El efecto de esta modificación

es que las sociedades de artistas, depor-

tistas o profesionales pasan al régimen

general del impuesto y se crea uno espe-

cial de sociedades patrimoniales para so-

ciedades de cartera o de mera tenencia

de bienes. En este último caso, las socie-

dades tributarán aplicando la normativa

del IRPF para determinar la base impo-

nible, dividiéndola en general y especial

y aplicando unos tipos especiales del

40 % y del 15 % respectivamente sin

imputar cantidad alguna a los socios.

En la regulación del IRNR la Ley in-

troduce mejoras de carácter técnico.

Añade un supuesto de responsabilidad

solidaria en la persona de los represen-

tantes de los no residentes que operan

en España por medio de establecimien-

to permanente. Establece el concepto

de cánones, retribuciones de los miem-

bros de órganos de administración de

las entidades y de las pensiones. En el

ámbito del gravamen de rentas de no

residentes sin establecimiento perma-

nente da la posibilidad a aquellos que,

por un cambio de domicilio, pasen a ser

residentes en España de adelantar el

régimen fiscal aplicable a sus rendi-

mientos del trabajo por cuenta ajena.

Se regulan las entidades en régimen de

atribución de rentas que tendrán su ré-

gimen general en la Ley del IRPF pero

con especialidades en la Ley del IRNR

cuando se trate de entidades constitui-

das en el extranjero o haya partícipes en

ellas no residentes.

El régimen jurídico del IS no resulta

modificado sólo por la ley anterior sino

que ha de añadirse la Ley 49/2002, de

23 de diciembre, sobre régimen fiscal de

las entidades sin fines lucrativos y de los

incentivos fiscales al mecenazgo (BOE

núm. 307, de 24 de diciembre). Este

texto viene a cambiar el régimen fiscal

que establecía la Ley 30/1994 y, además,

a regular los incentivos fiscales que son

aplicables a la actividad de mecenazgo

realizada por particulares. Se dicta al

amparo del art. 149.1.14 de la CE y sin

perjuicio de los regímenes tributarios

forales y de los tratados o convenios sus-

critos por España. De forma sumaria se

ha de decir que, por un lado, fija el con-

cepto de entidad sin fines lucrativos, re-

gula el régimen fiscal especial aplicable

dentro del contexto del IS y también fija

el régimen tributario en materia de tri-

butos locales. Por otro lado, establece la

regulación de los incentivos fiscales al

mecenazgo, esto es, aquellos aplicables a

liberalidades de los particulares a favor

de determinado tipo de entidades reco-

gidas en la Ley.

Pieza clave en el sistema tributario es

el valor catastral de los bienes inmuebles

puesto que de él dependen diversas figu-

ras tributarias como el impuesto del pa-

trimonio, el impuesto sobre bienes in-

muebles o el impuesto sobre el valor

de los terrenos de naturaleza urbana.

En este sentido es de destacar la Ley

48/2002, de 23 de diciembre, sobre el

catastro inmobiliario (BOE núm. 307,

de 24 de diciembre), que viene a esta-

blecer una definición objetiva del catas-

tro como registro administrativo depen-

diente del Ministerio de Hacienda en el

que se describen los bienes inmuebles

rústicos, urbanos y de características es-

peciales. Como es lógico, regula el pro-

cedimiento por el cual los bienes in-

muebles acceden a ese registro, siendo a

AUTONOMIES · 29

230

estos efectos dato de gran importancia el

valor catastral que se constituye con el

valor catastral del suelo y el de las cons-

trucciones y para cuya determinación se

establecen los criterios a seguir tanto de

carácter material como de procedimien-

to. Otros aspectos que son objeto de

atención en la Ley son la valoración co-

lectiva de bienes homogéneos, el deber

de colaboración y el régimen sanciona-

dor.

3. Ley de presupuestos y Ley de acompa-

ñamiento

La Ley 52/2002, de 30 de diciembre,

de presupuestos generales del Estado

para el año 2003, y la Ley 53/2002, de

30 de diciembre, de medidas fiscales,

administrativas y del orden social (BOE

núm. 313, de 31 de diciembre), com-

pletan el conjunto de normas que du-

rante el año 2002 se han dictado relacio-

nadas con el sistema tributario. Sobre la

primera Ley se ha de decir que establece

una previsión sobre los ingresos a perci-

bir durante el año 2003 y establece los

créditos presupuestarios a cubrir duran-

te ese ejercicio. En este punto no supone

una novedad con respecto a otras leyes

pues es su contenido esencial. Sin em-

bargo, destaca que son los primeros pre-

supuestos aprobados de acuerdo con la

Ley 18/2001, general de estabilidad

presupuestaria, lo que implica la conse-

cución de un objetivo de déficit y, ade-

más, incluir un crédito denominado

«fondo de contingencia» con el que se

han de financiar las modificaciones pre-

supuestarias que no impliquen baja en

otros créditos en aras a no alterar el ob-

jetivo de déficit fijado por el Ejecutivo.

Al contenido propio de la Ley se unen

otras disposiciones cuya materia man-

tiene una relación directa con los ingre-

sos y los gastos. Se incluyen normas tri-

butarias a través de las que se actualizan

índices y coeficientes de impuestos

como el IRPF, el IS y el ITPAJD en

cuanto al gravamen sobre grandeza y tí-

tulos nobiliarios o tasas; se actualizan los

valores catastrales. Se regulan las entre-

gas a las comunidades autónomas y a los

entes locales en concepto de participa-

ción en los ingresos del Estado por di-

versos mecanismos (tributos cedidos,

fondos, etc.). También contiene el texto

una miscelánea normativa relativa a ba-

ses y tipos de cotización a la Seguridad

Social, así como disposiciones sobre di-

ferentes prestaciones de esa institución

(por hijo a cargo, pensiones, subsidios,

etc.), la fijación del interés legal del di-

nero y del interés de demora, regulación

de seguros de créditos a la exportación y

a la dotación de fondos de fomento de la

inversión española en el exterior, realiza-

ción de sorteos especiales de lotería a fa-

vor de instituciones como la Cruz Roja

y diferentes medidas de gasto.

La Ley de acompañamiento a estos

presupuestos cierra, en primer lugar, la

reforma llevada a cabo en el ámbito del

IRPF y las haciendas locales y se centra

en modificar aspectos de impuestos

como el IS, el IP, el ISD —por lo que se

refiere a tributos directos— y el IVA, el

ITPAJD, los impuestos especiales, el

impuesto sobre las ventas minoristas de

determinados hidrocarburos, el impues-

to general indirecto canario y el impues-

to sobre la producción, los servicios y la

importación para las ciudades de Ceuta

y Melilla por lo que se refiere a los indi-

rectos. Se modifica el régimen jurídico

de algunas tasas y se crean nuevas tasas.

Respondiendo al carácter de «ley óm-

nibus», se regulan también aspectos del

régimen jurídico de la Seguridad Social,

se establecen normas para el fomento

del empleo en determinados colectivos,

se regulan ayudas para los afectados por

ACTIVIDAD NORMATIVA... 231

delitos de terrorismo. En el ámbito ad-

ministrativo, se modifican normas del

régimen jurídico de la función pública y

se dictan normas sobre la gestión, la or-

ganización y la acción administrativa en

diversos campos que van desde la ener-

gía hasta el medio ambiente pasando

por infraestructura y transportes.

4. Regulación de la política financiera

La Ley de acompañamiento anterior

pone de manifiesto la capacidad del Esta-

do de establecer regulación en los más di-

versos temas. No se trata de discutir esa

posibilidad, pero sí de poner de manifies-

to que sería más acorde con una correcta

sistemática en el ordenamiento jurídico,

incrementando el grado de seguridad ju-

rídica, no utilizar ese tipo de leyes sino

textos legales singulares de cada tema.

Ejemplo de esta idea sería la Ley

44/2002, de 22 de noviembre, de medi-

das de reforma del sistema financiero

(BOE núm. 281, de 23 de noviembre).

El objetivo de la Ley es asegurar la

neutralidad del ordenamiento jurídico

de forma que no imponga obstáculos a

las empresas españolas de este sector que

les impidan competir con las comunita-

rias. No obstante, flexibilizar rigores

legales no ha de ir en detrimento de la

protección necesaria a los clientes de es-

tos servicios. Marcada esta línea, la nor-

ma traspone a nuestro ordenamiento las

directivas 2000/26/CE, 2000/64/CE y

2000/28/CE.

La Ley está estructurada en cinco

capítulos. El primero, dedicado a fijar

medidas que incrementen la eficacia del

sistema financiero; el segundo crea y re-

gula instrumentos para mejorar la com-

petitividad del sector; el tercero mejora

las condiciones de financiación de las

PYMES; el cuarto regula los efectos ju-

rídicos de la contratación electrónica, y

el quinto establece medidas protectoras

de los clientes de servicios financieros.

José Antonio Fernández Amor

AUTONOMIES · 29

232

Disposiciones diversas 2002

Real decreto 1/2002, de 11 de enero.

[Vivienda]. (BOE núm. 11, de 12 de

enero).

La intervención del Estado en el sub-

sector de la vivienda se fundamenta en

competencias propias relativas a las ba-

ses de la planificación económica.

En España, la situación de la vivien-

da se caracteriza por la disponibilidad

de un amplio parque de viviendas –en

comparación con las necesidades de la

población– en su inmensa mayor parte

ocupado por sus propietarios.

Por otro lado, se ha registrado un pro-

ceso de significativo incremento de pre-

cios de las viviendas libres, acompañado

de unas cifras históricas de promoción

de nuevas viviendas, asimismo libres,

mientras que las viviendas protegidas de

nueva construcción, con precios lógica-

mente limitados, han experimentado re-

trocesos en cuanto a sus volúmenes de

producción.

En estas condiciones, parece conve-

niente, y aun necesario, poner en mar-

cha un nuevo Plan de vivienda para el

período 2002-2005, que no sólo preten-

da alcanzar efectos de carácter económi-

co, sino que contribuya al logro de los

objetivos de una serie de políticas estata-

les de carácter social: la política de cohe-

sión social, facilitando el acceso a vivien-

das dignas, en alquiler o en propiedad, a

los grupos de población con ingresos re-

ducidos, en sintonía con el Plan nacional

de acción para la inclusión social; políti-

cas de protección a la familia, en el mar-

co del Plan integral de apoyo a la familia

2001-2004, a la tercera edad y a los mi-

nusválidos; política de fomento de la na-

talidad, en relación con la cual la vivien-

da accesible juega un papel instrumental

importante, al menos como condición

necesaria, aunque no suficiente.

No obstante, dada la asignación de

competencias entre los diferentes nive-

les de administraciones públicas, el Es-

tado carece de la posibilidad de llevar a

cabo el cumplimiento de sus planes de

vivienda de forma autónoma. En efecto,

son las comunidades autónomas las que

ostentan, en principio, las competencias

en materia de vivienda y disponen de los

instrumentos para llevar a efecto, sea ac-

tuando directamente, sea mediante su

contacto inmediato con los ciudadanos,

las políticas de vivienda. Otro tanto

cabe decir por lo que se refiere a uno de

los elementos esenciales para el desarro-

llo de cualquier política de vivienda, es

decir, la política de suelo. En este cam-

po, las competencias fundamentales

corresponden a las comunidades autó-

nomas y, en ciertos aspectos, a las corpo-

raciones locales, mientras que el Estado

se encuentra desprovisto casi por com-

pleto de competencias, es decir, de capa-

cidad jurídica para intervenir en este as-

pecto y, de hecho, ya las ha ejercido

mediante diversas iniciativas legales.

1.2. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

A cargo de Joan Manuel Trayter

Autonomies, núm. 29, noviembre de 2003, Barcelona.

El presente Real decreto incluye, por

otra parte, un sistema de financiación

cualificada que potencia la promoción

de viviendas protegidas en alquiler, in-

tensifica y concentra las ayudas para la

compra de vivienda en quienes acceden

por primera vez a la propiedad de una

vivienda y refuerza el sistema de ayudas

y estímulos a la urbanización de suelo

destinado preferentemente a la promo-

ción de viviendas protegidas.

Real decreto 14/2002, de 1 de febrero.

[Jueces y magistrados. Ministerio Fis-

cal]. (BOE núm. 34, de 8 de febrero).

Modifica el Real decreto 391/1989,

de 21 de abril, para regular las retribu-

ciones complementarias de las carreras

judicial y fiscal por el desempeño de

puestos en circunstancias de especial di-

ficultad.

Real decreto 52/2002, de 18 de enero.

[Derecho tributario]. (BOE núm. 23,

de 26 de enero).

La Ley 31/1990, de 27 de diciembre,

de presupuestos generales del Estado

para 1991, estableció entre sus atribu-

ciones el reconocimiento de obligacio-

nes, formulando propuestas de pago, de

las devoluciones de ingresos indebidos y

de las derivadas de las normas específi-

cas de los distintos tributos y demás re-

cursos gestionados por ella.

El régimen jurídico en materia de

competencias para la expedición de ór-

denes o mandamientos de pago y para la

ordenación del pago de las devoluciones

de ingresos indebidos de naturaleza tri-

butaria está regulado en el del Real de-

creto 1163/1990, de 21 de septiembre.

Este régimen es aplicable también a las

devoluciones de naturaleza tributaria

previstas en la normativa específica de

los distintos tributos o en el régimen

jurídico común del sistema tributario, y

a las devoluciones de cantidades que

constituyan ingresos de derecho público

distintos de los tributos, en aplicación de

lo dispuesto en la disposición adicional

quinta del Real decreto mencionado.

Por otra parte, este Real decreto regula el

régimen jurídico de la ejecución de las

devoluciones de ingresos indebidos.

Las normas anteriores determinan

que corresponde a los delegados de Ha-

cienda, hoy delegados de la Agencia Es-

tatal de Administración Tributaria, la

ordenación del pago de las devoluciones

de ingresos indebidos y de las derivadas

de las normas específicas de los distintos

tributos, así como las de los demás re-

cursos de derecho público gestionados

por la Agencia Tributaria, y que la expe-

dición de las órdenes o mandamientos

de pago corresponde a las dependencias

y servicios de recaudación.

En el marco de los procesos de centra-

lización informática y contable en curso

de realización en la Agencia Tributaria,

se ha configurado un nuevo procedi-

miento de ordenación y pago de las

devoluciones de ingresos de carácter

centralizado, sobre un censo único de

devoluciones de ámbito nacional.

La ordenación y pago centralizado

exigen conferir el carácter de ordenador

de pagos único para devoluciones tribu-

tarias al director general de la Agencia

Estatal de Administración Tributaria, y

atribuir la expedición de las órdenes y

mandamientos de pago a los órganos

encargados de la gestión de la tesorería.

La expedición del mandamiento y la or-

denación del pago se harían así centrali-

zadamente, de acuerdo con los criterios

establecidos en el Plan de devoluciones

aprobado por el presidente de la Agen-

cia Estatal de Administración Tributaria

y con el límite del importe total que

constituye el saldo de la cuenta corrien-

te en el Banco de España.

AUTONOMIES · 29

234

En consecuencia, procede modificar

los artículos 10 y 11 del citado Real de-

creto 1163/1990 para permitir las nece-

sarias atribuciones de competencias.

Real decreto 53/2002, de 18 de enero.

[Pensiones]. (BOE núm. 19, de 22 de

enero).

El mencionado Real decreto desarro-

lla, en materia de clases pasivas, las previ-

siones legales contenidas en el título IV

de la Ley 23/2001, de 27 de diciembre,

de presupuestos generales del Estado

para el año 2002, que fija para este ejer-

cicio los criterios básicos para determi-

nar el importe de las pensiones públicas.

De acuerdo con la citada Ley, las pen-

siones de clases pasivas, cualquiera que

sea su legislación reguladora, y salvo las

excepciones previstas en aquélla, experi-

mentarán en el año 2002 un incremen-

to del 2 %, equivalente al aumento del

índice de precios al consumo previsto

para dicho ejercicio económico.

Se establecen en este Real decreto las

reglas y el procedimiento para efectuar

la revalorización, si bien, con carácter

previo a su aplicación con el fin de ga-

rantizar el mantenimiento del poder ad-

quisitivo de las pensiones de clases pasi-

vas, las cuantías correspondientes a 31

de diciembre de 2001 deberán regulari-

zarse conforme a la desviación experi-

mentada por el índice de precios al con-

sumo durante el período noviembre

2000-noviembre 2001.

Real decreto 60/2002, de 18 de enero.

[Estadística]. (BOE núm. 32, de 6 de

febrero).

Aprueba el Programa anual 2002 del

Plan estadístico nacional 2001-2004.

Real decreto 61/2002, de 18 de enero.

[Deuda pública]. (BOE núm. 25, de 29

de enero).

Dispone la creación de deuda pública

durante el año 2002.

Real decreto 134/2002, de 1 de febrero.

[Pensiones]. (BOE núm. 29, de 2 de fe-

brero).

Hasta la entrada en vigor de la Ley

30/1984, de 2 de agosto, de medidas

para la reforma de la función pública,

respecto del personal civil, y de la Ley

50/1984, de 30 de diciembre, de presu-

puestos generales del Estado para 1985,

con carácter general, la pensión de viu-

dedad en clases pasivas quedaba en sus-

penso cuando su titular contraía nuevo

matrimonio, pudiendo recuperarse al

fallecimiento del nuevo cónyuge, si

bien, en estos supuestos, el percibo de

ambas pensiones de viudedad era in-

compatible. A partir de la entrada en vi-

gor de dichas leyes, las mencionadas

pensiones se extinguen cuando sus titu-

lares contraen nuevas nupcias.

La Ley 24/2001, de 27 de diciembre,

de medidas fiscales, administrativas y

del orden social, viene a modificar los

art. 38.2 y 59.1 del texto refundido de la

Ley de clases pasivas del Estado, de 30

de abril, a fin de introducir la previsión de

que en un posterior desarrollo reglamen-

tario se regularán los supuestos en que la

pensión de viudedad no se extinguirá por

contraer su titular nuevo matrimonio.

De igual forma, modifica el artículo

41.2 del indicado texto, a efectos de fi-

jar un nuevo límite de edad para el de-

recho a pensión de orfandad, en los ca-

sos en que el beneficiario no trabaje o

que, realizando una actividad lucrativa,

no obtenga un determinado nivel de in-

gresos, quedando establecido en veinti-

dós años, para estos supuestos, así como

en veinticuatro años cuando el huérfa-

no lo es de padre y madre.

Por otra parte, la ampliación del límite

de edad para ser beneficiario de la pensión

ACTIVIDAD NORMATIVA... 235

de orfandad obliga a modificar el Real de-

creto 851/1992, de 10 de julio, por el que

se regulan determinadas pensiones extra-

ordinarias causadas por actos de terroris-

mo, a fin de adaptar el citado artículo a las

nuevas condiciones que rigen para el de-

recho a pensión de orfandad.

Real decreto 135/2002, de 1 de febrero.

[Educación secundaria]. (BOE núm.

41, de 1 de febrero).

Establece las condiciones básicas que

rigen las pruebas previstas en el artículo

52.3 de la Ley orgánica 1/1990, de 3 de

octubre, de ordenación general del siste-

ma educativo, para la obtención del tí-

tulo de Graduado en Educación Secun-

daria para las personas mayores de

dieciocho años de edad.

Real decreto 142/2002, de 1 de febrero.

[Alimentación]. (BOE núm. 44, de 20

de febrero).

Aprueba la lista positiva de aditivos

distintos de colorantes y edulcorantes

para su uso en la elaboración de produc-

tos alimenticios, así como sus condicio-

nes de utilización.

Real decreto 162/2002, de 8 de febrero.

[Patrimonio histórico español]. (BOE

núm. 35, de 9 de febrero).

Modifica el Real decreto 111/1986,

de 10 de enero, de desarrollo parcial de

la Ley 16/1985, de 25 de junio, del pa-

trimonio histórico español.

Real decreto 163/2002, de 8 de febrero.

[Autopistas de peaje]. (BOE núm. 41,

de 16 de febrero).

Requisitos y procedimiento para la

obtención, por las sociedades concesio-

narias, de las autorizaciones para la rea-

lización de actividades en materia de

infraestructuras de transporte y de co-

municaciones.

Real decreto 201/2002, de 18 de febrero.

[Plan hidrológico]. (BOE núm. 50, de

27 de febrero).

El texto refundido de la Ley de aguas

establece que la planificación se rea-

lizará mediante los planes hidrológi-

cos de cuenca y el Plan hidrológico na-

cional.

Por su parte, el Real decreto 1664/

1998, de 24 de julio, aprobó los planes

hidrológicos de cuenca que habían sido

elaborados por cada confederación hi-

drográfica o Administración hidráulica

competente. Los planes hidrológicos de

cuenca se entienden como el conjunto

interrelacionado de documentos infor-

mados favorablemente por los respecti-

vos consejos del agua de cada cuenca, y

por la Comisión de gobierno de la Junta

de Aguas, en el caso de las cuencas intra-

comunitarias de Cataluña.

El Plan hidrológico único de la cuen-

ca del Ebro, informado favorablemente

por el Consejo del Agua de la cuenca

el 15 de febrero de 1996, fue aprobado

en el artículo 1.hdel Real decreto

1664/1998.

En la sesión del Consejo del Agua de

la cuenca del Ebro celebrada el día 12 de

julio de 2001, el segundo punto del or-

den del día fue «Acuerdo de adaptación

del Plan hidrológico de cuenca al nuevo

régimen expropiatorio de las obras in-

cluidas en el Pacto del Agua de Aragón

(asunción de la tramitación y pago de

los expedientes de expropiación por

parte de la Administración del Es-

tado)».

El Consejo del Agua aprobó la pro-

puesta de modificación. Esta propuesta

fue informada favorablemente por el

Consejo Nacional del Agua el 25 de ju-

lio de 2001 y por el Instituto Aragonés

del Agua el 28 de diciembre del mismo

año. Asimismo, y de conformidad con

la Ley de las Cortes de Aragón 11/1992,

AUTONOMIES · 29

236

de 24 de noviembre, de ordenación del

territorio, en su redacción dada por la

Ley 1/2001, de modificación de aqué-

lla, de 8 de febrero, la propuesta debe

entenderse informada favorablemente

por el Consejo de Ordenación del Terri-

torio de Aragón al haber transcurrido

más de dos meses desde que fuera solici-

tado el preceptivo informe, sin que di-

cho Consejo se haya pronunciado de

manera expresa.

Cumpliendo con lo previsto en el tex-

to refundido de la Ley de aguas y en el

Real decreto 927/1988, de 29 de julio,

por el que se aprueba el Reglamento de

la administración pública del agua y de

la planificación hidrológica, el Real de-

creto examinado procede a la modifi-

cación de los planes hidrológicos de

cuenca.

Real decreto 206/2002, de 22 de febrero.

[Impuesto sobre sucesiones y donacio-

nes]. (BOE núm. 61, de 12 marzo).

La Ley 1/1998, de 26 de febrero, de

derechos y garantías de los contribu-

yentes, impone a la Administración tri-

butaria el deber de facilitar a los con-

tribuyentes el cumplimiento de sus

obligaciones fiscales, de modo que la in-

tervención de éstos se lleve a cabo en la

forma menos gravosa posible, siempre

que ello no suponga un perjuicio para la

hacienda pública o el interés general.

La redacción hasta ahora vigente del

Reglamento del impuesto sobre sucesio-

nes y donaciones, aprobado por Real

decreto 1629/1991, de 8 de noviembre,

obligaba al contribuyente que optaba

por practicar autoliquidación a ingresar

el importe de la deuda tributaria en la

entidad de depósito que presta el servi-

cio de caja en las oficinas de gestión tri-

butaria de la Administración tributaria

competente, sin que resultase posible el

ingreso a través de entidad colaborado-

ra. Este sistema ha mostrado ciertas ine-

ficiencias, de modo que resulta necesa-

ria una modificación normativa dirigida

a permitir que la Administración tribu-

taria competente pueda admitir el in-

greso de las deudas tributarias a través

de entidad colaboradora.

Asimismo, este Real decreto supone el

cumplimiento del mandato contenido

en la Ley 6/2000, de 13 de diciembre,

por la que se aprueban medidas fiscales

urgentes de estímulo al ahorro familiar y

a la pequeña y mediana empresa, que

añade un apartado 4 al artículo 39 de la

Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del

impuesto sobre sucesiones y donaciones,

de modo que se establece el procedi-

miento de fraccionamiento del pago del

impuesto en aquellos supuestos en que el

causahabiente integra en la base imponi-

ble una renta, temporal o vitalicia, pro-

cedente de un contrato de seguro de vida

en que el causante era contratante del se-

guro individual, o asegurado en el seguro

colectivo. Se opta por exigir al beneficia-

rio los pagos fraccionados con carácter

posterior a la percepción anual de la ren-

ta temporal o vitalicia.

El desarrollo del derecho al fracciona-

miento del pago del impuesto para los

perceptores de rentas temporales o vita-

licias derivadas de seguros no obsta a

que éstos puedan optar por la liquida-

ción parcial del impuesto prevista en el

artículo 35 de la Ley, en cuyo caso las

percepciones de las anualidades ya ha-

brían satisfecho en su totalidad el im-

puesto, sin que sea necesario acudir al

fraccionamiento del mismo.

Real decreto 207/2002, de 22 de febrero.

[Impuesto sobre transmisiones patrimo-

niales y actos jurídicos documentados].

(BOE núm. 61, de 12 de marzo).

Modifica el Reglamento sobre trans-

misiones patrimoniales y actos jurídicos

ACTIVIDAD NORMATIVA... 237

documentados, aprobado mediante

Real decreto 828/1995, de 29 de mayo.

Real decreto 212/2002, de 22 de febrero.

[Contaminación acústica]. (BOE núm.

51, de 1 de marzo).

Regula las emisiones sonoras en el en-

torno debidas a determinadas máquinas

que se encuentran al aire libre.

Real decreto 231/2002, de 1 de marzo.

[Registro central de rebeldes civiles].

(BOE núm. 65, de 16 de marzo).

La nueva Ley de enjuiciamiento civil

prevé que en el Ministerio de Justicia

exista un Registro central de rebeldes ci-

viles. Este Registro, que no se refiere a

las personas que sean objeto de declara-

ción de rebeldía, tiene por finalidad evi-

tar que los tribunales reiteren innecesa-

riamente las diligencias para averiguar el

domicilio desconocido de una persona

demandada en el proceso. La creación

del Registro central de rebeldes civiles

agiliza significativamente los trámites

del proceso, en cuanto evita que se repi-

tan por el mismo tribunal en otro proce-

so, o por otros órganos judiciales, las

mismas averiguaciones en relación con

un mismo demandado cuyo domicilio

se desconoce. La constancia en un Re-

gistro centralizado de las pesquisas judi-

ciales indagatorias sin resultado positivo

permite al juez acudir directamente a la

comunicación a través de edictos, con la

economía en tiempo y actividad proce-

sal que ello representa.

Se permite la utilización por el Minis-

terio de Justicia de los datos registrados

a efectos estadísticos, salvaguardando

los derechos de los interesados de con-

formidad con lo dispuesto en la Ley or-

gánica 15/1999, de 13 de diciembre, de

protección de datos de carácter perso-

nal, por lo que la presente norma prohí-

be cualquier referencia personal en la di-

vulgación de esa información.

Real decreto 232/2002, de 1 de marzo.

[Registro de sentencias sobre responsa-

bilidad penal de los menores]. (BOE

núm. 65, de 16 de marzo).

La Ley orgánica 5/2000, de 12 de

enero, reguladora de la responsabilidad

penal de los menores, establece, en su

disposición adicional tercera, que en el

Ministerio de Justicia se llevará un Re-

gistro de sentencias firmes, dictadas en

aplicación de esa Ley, a cuyos datos po-

drán acceder exclusivamente los jueces

de menores y el ministerio fiscal. En

consecuencia, procede establecer regla-

mentariamente ese Registro, regulando

su organización y contenido y los proce-

dimientos de inscripción y acceso al

mismo.

Las previsiones que contiene la men-

cionada Ley orgánica para hacer frente

a las conductas ilícitas de los menores

son de naturaleza sancionadora-educa-

tiva, y aunque precisen de una actua-

ción judicial ante hechos que infringen

las normas legales, se adoptan desde

una perspectiva correctiva y educativa

con la finalidad de lograr la reinserción

y recuperación del menor infractor para

la sociedad. Así, el artículo 51 permite

al juez, por un procedimiento determi-

nado, dejar sin efecto o sustituir la me-

dida, con lo cual la lista de posibles

medidas impuestas excede en número a

la de penas aplicables a los mayores de

edad.

Se permite la utilización por el Mi-

nisterio de Justicia de los datos registra-

dos a efectos estadísticos, salvaguar-

dando los derechos de los interesados

de conformidad con lo dispuesto en la

Ley orgánica 15/1999, de 13 de di-

ciembre, de protección de datos de ca-

rácter personal, por lo que la presente

norma prohíbe cualquier referencia

personal en la divulgación de esa infor-

mación.

AUTONOMIES · 29

238

Real decreto 237/2002, de 1 marzo. [In-

tegración social]. (BOE núm. 59, de 9

marzo).

Cumpliendo el compromiso asumido

por España como estado miembro de la

Unión Europea en la cumbre de jefes de

Estado y de Gobierno celebrada en Niza

en diciembre de 2000, el Consejo de Mi-

nistros aprobó, mediante Acuerdo de 25

de mayo de 2001, el Plan nacional de ac-

ción para la inclusión social del Reino de

España (2001-2003). Como órgano de

coordinación de los distintos departa-

mentos con competencia en la materia en

el ámbito de la Administración del Esta-

do, el citado Plan preveía la Comisión In-

terministerial que ahora se crea. La Comi-

sión se encuentra adscrita al Ministerio de

la Presidencia, al que el Acuerdo del Con-

sejo de Ministros antes citado atribuye el

seguimiento y evaluación del Plan.

Real decreto 259/2002, de 8 de marzo.

[Motos náuticas]. (BOE núm. 61, de 12

de marzo).

Actualiza las medidas de seguridad en

su utilización.

Real decreto 285/2002, de 22 de marzo.

[Derecho laboral]. (BOE núm. 82, de 5

de abril).

Modifica el Real decreto 1561/1995,

de 21 de septiembre, sobre jornadas es-

peciales de trabajo, en lo relativo al tra-

bajo en el mar.

Real decreto 366/2002, de 19 de abril.

[Transportes terrestres]. (BOE núm.

110, de 8 de mayo).

Modifica parcialmente el Reglamento

de la Ley de ordenación de los transpor-

tes terrestres.

Real decreto 410/2002, de 3 de mayo.

[Televisión]. (BOE núm. 123, de 23 de

mayo).

Desarrolla el apartado 3 del artículo

17 de la Ley 25/1994, de 12 de julio,

modificada por la Ley 22/1999, de 7 de

junio, y establece criterios uniformes de

clasificación y señalización para los pro-

gramas de televisión.

Real decreto 433/2002, de 10 de mayo.

[Desempleo]. (BOE núm. 119, de 18

de mayo).

Prorroga la vigencia de las disposicio-

nes transitorias del Real decreto 5/1997,

de 10 de enero, que regula el subsidio

por desempleo a favor de los trabajado-

res eventuales incluidos en el régimen

especial agrario de la Seguridad Social.

Real decreto 459/2002, de 24 de mayo.

[Seguridad Social]. (BOE núm. 125, de

25 de mayo).

La condición de trabajador incluido

en el campo de aplicación del régimen

especial agrario requiere como uno de

sus requisitos básicos la realización de

«labores agrarias, sean propiamente

agrícolas, forestales o pecuarias», según

establece el texto refundido del régimen

especial agrario de la Seguridad Social.

Por su parte, el artículo 44 de aquel

texto refundido, en la redacción dada al

mismo por el artículo 25 de la Ley

55/1999, de 29 de diciembre, de medi-

das fiscales, administrativas y del orden

social, impuso y reguló la obligación de

los empresarios de cotizar «por cada jor-

nada que efectivamente realicen los tra-

bajadores ocupados por el empresario

en labores agrarias».

A su vez, el Reglamento general sobre

inscripción de empresas y afiliación, al-

tas, bajas y variaciones de datos de tra-

bajadores en la Seguridad Social regula

los efectos de las altas y bajas en este ré-

gimen especial por meses completos, así

como las bajas por la realización de acti-

vidades no agrarias o por inactividad en

labores agrarias, al tiempo que el Regla-

mento general sobre cotización y liqui-

dación de otros derechos de la Seguri-

ACTIVIDAD NORMATIVA... 239

dad Social impuso la liquidación y pago

de las cuotas por jornadas reales conjun-

tamente con las cuotas por contingen-

cias profesionales.

No obstante, tal regulación reglamen-

taria se ha mostrado insuficiente para

excluir del censo agrario a quienes no rea-

licen labores agrarias durante un deter-

minado tiempo, por lo que se considera

necesario imponer a las empresas que

empleen trabajadores agrarios la obliga-

ción de comunicar con anterioridad a la

prestación de servicios las altas y los da-

tos sobre la realización de jornadas rea-

les, lo que permitirá el control efectivo

de las altas y bajas y de la cotización res-

pecto de los trabajadores por cuenta aje-

na incluidos en este régimen especial. Se

posibilita, además, cursar altas y bajas

por períodos fraccionados, así como el

ingreso de las cuotas fijas por períodos

inferiores al mensual en función de la

fecha en que se inicie o finalice la activi-

dad agraria.

Real decreto 462/2002, de 24 de mayo.

[Funcionarios públicos. Indemnizacio-

nes por razón del servicio]. (BOE núm.

129, de 30 de mayo).

Desde la aprobación de la normativa

vigente sobre indemnizaciones por ra-

zón del servicio, regulada en el Real de-

creto 236/1988, de 4 de marzo, se han

puesto de manifiesto importantes aspec-

tos de dicha materia que, por no estar

suficientemente definidos o por no estar

ni siquiera contemplados en él, han

dado lugar a variadas y dispares inter-

pretaciones de los centros gestores en su

aplicación o, en otros casos, a reiteradas

consultas a los ministerios responsables

de su elaboración en solicitud de crite-

rios conformes al espíritu de la norma

para su correcta aplicación.

Asimismo, es necesario elevar hasta el

rango de la norma que ahora se aprueba

aquellos preceptos que hasta el momen-

to, pese a la importancia sustancial de su

contenido, se encontraban recogidos en

normas de inferior nivel.

Real decreto 480/2002, de 31 de mayo.

[Sanidad animal]. (BOE núm. 131, de

1 de junio).

Modifica la disposición transitoria se-

gunda del Real decreto 2611/1996, de

20 de diciembre, por el que se regulan

los programas nacionales de erradica-

ción de enfermedades de los animales.

Real decreto 525/2002, de 14 de junio.

[Derecho laboral]. (BOE núm. 12, de

26 de junio).

Control de cumplimiento del Acuer-

do comunitario relativo a la ordenación

del tiempo de trabajo de la gente de

mar.

Real decreto 526/2002, de 14 de junio.

[Cinematografía]. (BOE núm. 154, de

28 de junio).

Regula medidas de fomento y promo-

ción de la cinematografía y la realización

de películas en coproducción.

Real decreto 594/2002, de 28 de junio.

[Impuesto sobre la renta de las personas

físicas]. (BOE núm. 167, de 13 de ju-

lio).

La Ley del impuesto sobre la renta de

las personas físicas y otras normas tribu-

tarias ha sido objeto de diversas modifi-

caciones.

Estas modificaciones obligan a adap-

tar el Reglamento del impuesto sobre la

renta de las personas físicas, a cuyo efec-

to se promulga el Real decreto exami-

nado, que, además, contiene medidas

adicionales propias del desarrollo regla-

mentario.

De esta forma, se incorpora al texto

reglamentario la posibilidad de solicitar,

en determinados casos, la suspensión

del ingreso de la deuda tributaria y se es-

AUTONOMIES · 29

240

pecifica la cuantía a la que se referirá la

solicitud de suspensión del ingreso.

A su vez, se incorpora la expresión en

números enteros del porcentaje de re-

tención sobre los rendimientos del tra-

bajo, así como una regla aclaratoria del

redondeo, y se establecen ciertos límites

a los nuevos tipos de retención cuando

se efectúen determinadas regularizacio-

nes, para evitar situaciones distorsiona-

doras derivadas, exclusivamente, del re-

dondeo del tipo de retención.

Los cambios introducidos se refieren,

primero, a la definición de las causas

que determinan la exención de las grati-

ficaciones extraordinarias satisfechas

por el Estado español por la participa-

ción en misiones internacionales de paz

o humanitarias para hacer referencia a

daños «personales» en lugar de «físicos o

psíquicos»; segundo, a la fijación de la

nueva cuantía del salario medio anual, a

efectos de la aplicación de la reducción

del 30 % a los rendimientos del trabajo

que tengan un período de generación

superior a dos años o que sean obteni-

dos de forma notoriamente irregular en

el tiempo; tercero, a la expresión en eu-

ros de la escala de retención; cuarto, al

establecimiento de un nuevo criterio de-

limitador de las obligaciones de declara-

ción e ingreso mensual de determinadas

retenciones e ingresos a cuenta que

practican las administraciones públicas

más claro y específico, como es la cuan-

tía del presupuesto, y quinto, a una

habilitación específica al ministro de

Hacienda para la regulación de la pre-

sentación de las declaraciones relativas a

los pagos a cuenta del impuesto por vía

telemática y para la ampliación del plazo

de presentación de estas declaraciones,

atendiendo a razones de carácter téc-

nico.

El Real decreto examinado incorpora,

a su vez, una disposición transitoria úni-

ca que establece la regularización de de-

ducciones correspondientes a períodos

impositivos iniciados con anterioridad

al 1 de enero de 2002, cuando se pierda

el derecho a la deducción por incumpli-

miento de alguno de los requisitos exigi-

dos para aplicar la deducción.

Real decreto 596/2002, de 28 de junio.

[Teleféricos y funiculares]. (BOE núm.

163, de 9 de julio).

Regula los requisitos que deben cum-

plirse para la proyección, construcción,

puesta en servicio y explotación de las

instalaciones de transporte de personas

por cable.

Real decreto 601/2002, de 28 de junio.

[Subvenciones y empresas]. (BOE núm.

169, de 16 de julio).

La Ley 6/2000, de 13 de diciembre,

por la que se aprueban medidas fiscales

urgentes de estímulo al ahorro familiar y

a la pequeña y mediana empresa, crea,

en su apartado 1, una línea de apoyo de

capitalización de empresas de base tec-

nológica cuyo objetivo es la concesión

de préstamos especiales a entidades de

capital-riesgo para que participen tem-

poralmente en el capital de empresas

tecnológicas.

El presente Real decreto tiene por ob-

jeto desarrollar los preceptos contenidos

en la Ley 6/2000, de 13 de diciembre,

definiendo los agentes que intervienen,

regulando las condiciones de contrata-

ción y liquidación, los criterios y proce-

dimientos de concesión de los présta-

mos que el Ministerio de Ciencia y

Tecnología concede para la capitaliza-

ción de empresas tecnológicas y reali-

zando una convocatoria destinada a las

empresas financieras.

Este Real decreto fija los requisitos de

los sujetos intervinientes, tanto de las en-

tidades de capital-riesgo como de las em-

presas en las que dichas entidades parti-

ACTIVIDAD NORMATIVA... 241

cipan. Determina asimismo los criterios

que habrán de aplicarse a los proyectos

de investigación científica o de desarro-

llo tecnológico presentados por las em-

presas de base tecnológica, entre los que

figura en primer término la adecuación

de dichos proyectos al Plan nacional de

investigación científica, desarrollo e in-

novación tecnológica. En consecuencia,

se dicta al amparo de la competencia es-

tatal sobre fomento y coordinación de la

investigación científica y técnica, de

acuerdo con el artículo 149.1.15ª de la

Constitución.

Real decreto 648/2002, de 5 de julio.

[Inspección técnica de vehículos].

(BOE núm. 169, de 16 de julio).

Modifica el anexo III del Real decreto

1987/1985, de 24 de septiembre, sobre

normas generales de instalación y fun-

cionamiento de las estaciones de ITV.

Real decreto 684/2002, de 12 de julio.

[Tabaco]. (BOE núm. 169, de 16 de ju-

lio).

Determina la regulación del sector

del tabaco crudo, de conformidad con

la normativa europea.

Real decreto 704/2002, de 19 de julio.

[Recaudación de tributos. Comunidad

Europea]. (BOE núm. 183, de 1 de

agosto).

Incorpora las modificaciones de de-

terminadas directivas comunitarias so-

bre asistencia mutua en materia de re-

caudación.

Real decreto 705/2002, de 19 de julio.

[Deuda pública]. (BOE núm. 183, de 1

de agosto).

Regula la autorización de las emisiones

de deuda pública de las entidades locales.

Real decreto 707/2002, de 19 de julio.

[Salud laboral]. (BOE núm. 182, de 31

de julio).

Aprueba el Reglamento sobre el pro-

cedimiento administrativo especial de

actuación de la Inspección de Trabajo y

Seguridad Social y para la imposición de

medidas correctoras de incumplimien-

tos en materia de prevención de riesgos

laborales en el ámbito de la Administra-

ción general del Estado.

Real decreto 711/2002, de 19 de julio.

[Medicamentos]. (BOE núm. 173, de

20 de julio).

Regula la farmacovigilancia de medi-

camentos de uso humano.

Real decreto 774/2002, de 26 de julio.

[Universidades]. (BOE núm. 182, de

31 de julio).

La Ley orgánica 6/2001, de 21 de di-

ciembre, de universidades, define los

cuerpos de funcionarios docentes uni-

versitarios y configura, en sus aspectos

generales, el procedimiento de acceso a

los mencionados cuerpos, para lo que

establece el sistema de habilitación na-

cional previa, que faculta para concurrir

a concursos de acceso a los mismos. La

misma Ley orgánica encomienda al Go-

bierno, previo informe del Consejo de

Coordinación Universitaria, la regula-

ción del sistema de habilitación, que ha

de venir definido por la categoría del

cuerpo y el área de conocimiento.

Por ello, resulta necesario reglamentar

aspectos básicos del procedimiento para

poder adquirir la condición de funcio-

nario de los cuerpos docentes universi-

tarios, con los derechos y deberes que les

son propios. De esta manera se da res-

puesta, de una parte, a las necesidades

académicas de las universidades públi-

cas y, de otra, a las legítimas aspiraciones

de quienes pretenden acceder a la fun-

ción docente e investigadora universi-

taria.

En una primera fase, son las propias

universidades, en atención a sus

AUTONOMIES · 29

242

necesidades docentes e investigadoras,

y siempre que las plazas estén dotadas

en el estado de gastos de sus presupues-

tos, las que habrán de acordar, en el

modo que establezcan sus estatutos, las

plazas que serán provistas mediante

concurso de acceso entre habilitados y

comunicarlas a la Secretaría General

del Consejo de Coordinación Univer-

sitaria, en la forma y plazos estableci-

dos en el Real decreto examinado. En

una segunda fase, son asimismo las

propias universidades las que, una vez

celebradas las pruebas de habilitación,

convocarán el correspondiente concur-

so de acceso.

Tanto en las pruebas de habilitación

como en los concursos de acceso han de

quedar garantizados, en todo momento,

la igualdad de oportunidades de los can-

didatos y el respeto a los principios de

publicidad, mérito y capacidad.

Real decreto 894/2002, de 30 de agosto.

[Transporte escolar y de menores].

(BOE núm. 209, de 31 de agosto).

Modifica el Real decreto 443/2001,

de 27 de abril, sobre condiciones de se-

guridad en el transporte escolar y de me-

nores.

Real decreto 958/2002, de 13 de sep-

tiembre. [Puertos y faros]. (BOE núm.

227, de 21 de septiembre).

Instalaciones de avituallamiento de

combustibles en los puertos de interés

general.

Real decreto 1002/2002, de 27 de sep-

tiembre. [Radiaciones ultravioletas].

(BOE núm. 243, de 10 de octubre).

Regula la venta y utilización de apara-

tos de bronceado mediante radiaciones

ultravioletas.

Real decreto 1025/2002, de 4 de octu-

bre. [Universidades. Acceso]. (BOE

núm. 253, de 22 de octubre).

La disposición transitoria única del

Real decreto 1178/1992, de 2 de octu-

bre, determina que la aplicación de lo

establecido en él se debe realizar en el

año académico 2002-2003, para el pri-

mer curso de Bachillerato, y en el año

académico 2003-2004, para el segundo

curso. En consecuencia, es preciso mo-

dificar la prueba de acceso a estudios

universitarios que se realice a partir del

curso 2003-2004, con objeto de adap-

tarla a los nuevos contenidos y distribu-

ción de las materias a lo largo de los dos

cursos del Bachillerato previstos en el ci-

tado Real decreto, así como establecer la

Historia del Arte como materia vincula-

da a la vía de acceso de Humanidades.

Real decreto 1052/2002, de 11 de octu-

bre. [Universidades]. (BOE núm. 245,

de 15 de octubre).

La Ley orgánica 6/2001, de 21 de di-

ciembre, de universidades, prevé la

constitución de la Agencia Nacional de

Evaluación de la Calidad y Acredita-

ción, con funciones de evaluación y las

conducentes a la certificación y acredi-

tación, entre otras, de las actividades do-

centes, investigadoras y de gestión del

profesorado universitario. Asimismo,

exige, para la contratación por las uni-

versidades públicas de profesores ayu-

dantes doctores y profesores contratados

doctores, la previa evaluación positiva

de su actividad por parte de la Agencia

Nacional de Evaluación de la Calidad y

Acreditación o del órgano de evaluación

externa que la Ley de la comunidad au-

tónoma determine, y para la contrata-

ción de profesores colaboradores, el pre-

vio informe favorable de uno de los

citados órganos. La repetida Ley orgáni-

ca asimismo exige, en el apartado 2 del

artículo 72, que al menos el 25 % del

profesorado de las universidades priva-

das esté en posesión del título de doctor

ACTIVIDAD NORMATIVA... 243

y haya obtenido la evaluación positiva

de su actividad docente e investigadora

por parte de uno de los órganos antes

mencionados.

Teniendo en cuenta, a su vez, el

Acuerdo del Consejo de Ministros de 19

de julio de 2002, por el que se autoriza

al Ministerio de Educación, Cultura y

Deporte a constituir la fundación estatal

Agencia Nacional de Evaluación de la

Calidad y Acreditación, y la autoriza-

ción concedida al Gobierno por la dis-

posición final tercera de la Ley orgánica

6/2001, de 21 de diciembre, parece pro-

cedente regular el procedimiento a se-

guir para obtener las evaluaciones e in-

formes que debe emitir la mencionada

Agencia, en los supuestos antes contem-

plados, que tendrán efecto en todas las

universidades españolas.

Real decreto 1070/2002, de 18 de octu-

bre. [Derecho fiscal. Fórum de las Cul-

turas]. (BOE núm. 261, de 31 de octu-

bre).

Debido a la relevancia de la celebra-

ción en Barcelona en 2004 del Fórum

Universal de las Culturas, se ha dictado

el presente Real decreto.

En él se establecen las condiciones

que han de cumplir las inversiones en

elementos del inmovilizado material y

en obras de rehabilitación de edificios y

otras construcciones para poder acoger-

se a los beneficios fiscales establecidos

en la Ley 14/2000, de 29 de diciembre,

de medidas fiscales, administrativas y

del orden social. También desarrolla los

requisitos establecidos en la menciona-

da Ley en relación con los gastos de pro-

paganda y publicidad de proyección

plurianual, que deberán promocionar el

acontecimiento y obtener la aprobación

del consorcio organizador del Fórum

Universal de las Culturas Barcelona

2004. Asimismo, se definen las activida-

des de carácter artístico, cultural, cientí-

fico o deportivo cuya realización puede

dar derecho a la bonificación en la cuota

sobre el IAE, y se precisan los casos en

los que una empresa o entidad desarro-

lla exclusivamente los objetivos del Fó-

rum para tener derecho a la bonifica-

ción que se establece en relación con los

impuestos y tasas locales.

Real decreto 1071/2002, de 18 de octu-

bre. [Sanidad animal]. (BOE núm. 265,

de 5 de noviembre).

Se establecen las medidas mínimas de

lucha contra la peste porcina clásica.

Real decreto 1079/2002, de 18 de octu-

bre. [Tabaco]. (BOE núm. 251, de 19

de octubre).

Regula los contenidos máximos de

nicotina, alquitrán y monóxido de car-

bono de los cigarros, el etiquetaje de los

productos del tabaco, así como las me-

didas relativas a ingredientes y denomi-

naciones de los productos del tabaco.

Real decreto 1131/2002, de 31 de octu-

bre. [Seguridad Social y jubilación].

(BOE núm. 284, de 27 de noviembre).

Debido a las modificaciones legales

surgidas en los últimos años, los precep-

tos reglamentarios que regulaban el

contrato a tiempo parcial y la jubilación

parcial deben variarse de forma sustan-

cial.

La necesidad de adaptar el Real decre-

to 1991/1984, de 31 de octubre, por el

que se regulaba el contrato a tiempo

parcial, el contrato de relevo y la jubila-

ción parcial, a las nuevas prescripciones

legales, hace aconsejable derogar dicha

norma en su integridad, eliminando los

escasos preceptos del citado Real decre-

to que aún continuaban formalmente

en vigor y, así, proceder a la adaptación

de la regulación reglamentaria a las nor-

mas legales actualmente vigentes.

AUTONOMIES · 29

244

Real decreto 1132/2002, de 31 de octu-

bre. [Jubilación]. (BOE núm. 284, de

27 de noviembre).

Desarrolla determinados preceptos

de la Ley 35/2002, de 12 de julio, de

medidas para el establecimiento de un

sistema de jubilación gradual y flexi-

ble.

Real decreto 1203/2002, de 20 de no-

viembre. [Consumo]. (BOE núm. 287,

de 30 de noviembre).

La dinámica observada por el Conse-

jo de Consumidores y Usuarios ha pro-

piciado una nueva concepción de su es-

tructura y funcionamiento para que,

sobre la base de contemplar la presencia

de las diversas formas y características

de las organizaciones nacionales que

componen el panorama asociativo de

los consumidores y usuarios, se lleven a

efecto de forma más ágil y eficaz, po-

tenciando su papel de foro de encuen-

tro. La presente norma intenta fomen-

tar el diálogo y cooperación con otros

órganos de igual naturaleza de las co-

munidades autónomas y corporaciones

locales, a través de la creación de un

Comité de Asuntos Territoriales con el

objetivo de intercambiar experiencias y

aunar esfuerzos en la común tarea de re-

presentación de los consumidores y

usuarios.

Modifica el Real decreto 825/1990,

de 22 de junio, sobre derecho de repre-

sentación, consulta y participación de

los consumidores y usuarios a través de

sus asociaciones.

Real decreto 1434/2002, de 27 de di-

ciembre. [Energía]. (BOE núm. 313, de

31 de diciembre).

Regula las actividades de transporte,

distribución, comercialización, sumi-

nistro y procedimientos de autorización

de instalaciones de gas natural.

Traspasos

Real decreto 288/2002, de 22 de marzo.

[Comunidad de Madrid]. (BOE núm.

85, de 9 de abril).

Traspaso de funciones y servicios de la

Administración del Estado en materia

de ejecución de la legislación sobre pro-

piedad intelectual.

La Constitución española reserva al

Estado la competencia exclusiva en ma-

teria de legislación sobre propiedad in-

telectual.

Por su parte, el Estatuto de autono-

mía de la Comunidad de Madrid esta-

blece que corresponde a la Comunidad

de Madrid la ejecución de la legislación

del Estado en materia de propiedad in-

telectual.

Mediante los reales decretos 680/

1985, de 19 de abril; 2768/1986, de

30 de diciembre, y 457/1989, de 28

de abril, por los que se efectuaron los tras-

pasos en materia de cultura, se traspasa-

ron ya a la Comunidad medios vincu-

lados al ejercicio de funciones incluidas

en el ámbito de la propiedad intelec-

tual.

El texto refundido de la Ley de pro-

piedad intelectual tiene establecido un

modelo registral descentralizado que su-

pone una nueva adecuación del mismo,

cuya puesta en funcionamiento debe

llevarse a cabo conjuntamente entre las

diferentes administraciones públicas

competentes. Para ello, el Ministerio de

Educación, Cultura y Deporte ha consi-

derado necesario adecuar los medios ya

traspasados a las comunidades autóno-

mas.

El Real decreto 1959/1983, de 29

de junio, determina las normas y el

procedimiento a que han de ajustarse

los traspasos de funciones y servicios

del Estado a la Comunidad de Ma-

drid.

ACTIVIDAD NORMATIVA... 245

Real decreto 289/2002, de 2 de marzo.

[Cataluña]. (BOE núm. 86, de 10 de

abril).

La Constitución española establece

que el Estado tiene competencia exclu-

siva en materia de Administración de

justicia.

A su vez, el Estatuto de autonomía de

Cataluña establece que, en relación con

la Administración de justicia, exceptua-

da la militar, corresponde a la Generali-

dad ejercer todas las facultades que las

leyes orgánicas del poder judicial y del

Consejo General del Poder Judicial re-

conozcan o atribuyan al Gobierno del

Estado, así como coadyuvar en la orga-

nización de los tribunales consuetudi-

narios y tradicionales y en la instalación

de juzgados, con sujeción en todo caso a

lo dispuesto en la Ley orgánica del po-

der judicial.

Mediante el Real decreto 966/1990,

de 20 de julio, se hicieron efectivos los

traspasos en materia de provisión de

medios materiales y económicos al ser-

vicio de la Administración de justicia a

la Generalidad de Cataluña. Estos tras-

pasos se completaron mediante los rea-

les decretos 1553/1994, de 8 de julio, y

1905/1994, de 23 de septiembre.

El Real decreto examinado efectúa so-

bre las mismas previsiones constitucio-

nales y estatutarias una ampliación de

medios en esta materia, en concepto de

financiación de los nuevos órganos judi-

ciales puestos en funcionamiento los

días 19 de julio y 17 de diciembre de

2001.

Real decreto 290/2002, de 22 de marzo.

[Región de Murcia]. (BOE núm. 91, de

16 de abril).

En el Acuerdo de traspaso a la Comu-

nidad Autónoma de la Región de Mur-

cia en materia de casinos, juegos y

apuestas se reconocía una deuda, hasta

ahora no satisfecha, de 262,67 m2a fa-

vor de la Comunidad Autónoma. Asi-

mismo, en el Acuerdo de traspaso a la

mencionada Comunidad Autónoma en

materia de defensa contra fraudes y cali-

dad agroalimentaria se traspasaba una

superficie de 66,00 m2, y en el Acuerdo

de traspaso en materia de agricultura,

Fondo Español de Garantía Agraria

(FEGA), se traspasaba un total de

791,12 m2. Todo ello significa un total

de 1.119,79 m2, en parte efectivamente

traspasados y en parte pendientes de sa-

tisfacer.

Por otra parte, el Real decreto

532/1987, de 3 de abril, establecía una

redistribución de inmuebles y locales

entre la Administración del Estado y la

de la Comunidad Autónoma de la Re-

gión de Murcia que es preciso actuali-

zar.

En la actualidad, mediante la desads-

cripción de la superficie especificada en

la relación adjunta, y, simultáneamente,

la adscripción a la Comunidad Autóno-

ma de la Región de Murcia de los bienes

inmuebles que también se especifican

en dicha relación, es posible que la Ad-

ministración del Estado salde la deuda

de superficie reconocida y que ambas

administraciones lleven a cabo un cum-

plimiento más adecuado de sus respecti-

vos fines mediante la redistribución de

las superficies que se propone en este

Acuerdo.

A su vez, el Real decreto 2628/1982,

de 24 de septiembre, determina las nor-

mas y el procedimiento a que han de

ajustarse los traspasos de funciones y

servicios de la Administración del Esta-

do a la Comunidad Autónoma de la Re-

gión de Murcia.

Real decreto 528/2002, de 14 de junio.

[Cataluña]. (BOE núm. 154, de 28 de

junio).

AUTONOMIES · 29

246

El Estatuto de autonomía de Catalu-

ña establece la competencia plena de la

Generalidad de Cataluña en materia de

enseñanza.

Mediante el Real decreto 2809/1980,

de 3 de octubre, se traspasaron a la Ge-

neralidad de Cataluña las funciones y

servicios en materia de enseñanza.

A su vez, el Real decreto 615/2001,

de 8 de junio, amplió los medios adscri-

tos a los servicios de la Administración

del Estado traspasados a la Generalidad

de Cataluña, en materia de enseñanza,

mediante Acuerdo adoptado por el Ple-

no de la Comisión Mixta de Transferen-

cias en su reunión de 22 de mayo de

2001, por el que se traspasaron los pro-

fesores de religión.

En el referido Pleno se acordó tam-

bién que el coste efectivo del traspaso no

se integraría en el sistema de financia-

ción hasta la equiparación al 100 % de

las retribuciones del personal interino al

que se refiere la Ley 50/1998, si bien

quedaba pendiente su aprobación, que

se haría por Acuerdo del presidente y vi-

cepresidenta de la Comisión Mixta, en

virtud del apoderamiento que ésta les

otorgaba.

Real decreto 600/2002, de 1 de julio.

[Comunidad de Madrid]. (BOE núm.

158, de 3 de julio).

La Constitución española establece

que el Estado tiene competencia exclu-

siva en materia de Administración de

justicia.

Por su parte, el Estatuto de autono-

mía de la Comunidad de Madrid esta-

blece que en relación con la Administra-

ción de justicia, exceptuando la militar,

corresponde al Gobierno de la Comuni-

dad ejercer todas las facultades que la

Ley orgánica del poder judicial reconoz-

ca o atribuya al Gobierno de la Nación,

y, asimismo, según el artículo 47.3, co-

rresponde al Estado, de conformidad

con las leyes generales, la organización y

funcionamiento del ministerio fiscal.

El Real decreto 1959/1983, de 29 de

junio, determina las normas y el proce-

dimiento a que han de ajustarse los tras-

pasos de funciones y servicios del Esta-

do a la Comunidad de Madrid.

En consecuencia, se traspasan a la

Comunidad de Madrid las funciones y

servicios del Estado relativos a la provi-

sión, dentro del territorio de la misma,

de los medios materiales y económicos

necesarios para el funcionamiento de la

Administración de justicia.

Real decreto 646/2002, de 5 de julio.

[Aragón]. (BOE núm. 164, de 10 de ju-

lio).

La Constitución reserva al Estado la

competencia exclusiva sobre las bases y

coordinación de la planificación general

de la actividad económica, establecien-

do que el Estado tiene competencia ex-

clusiva en materia de legislación laboral,

sin perjuicio de su ejecución por los ór-

ganos de las comunidades autónomas.

La Constitución establece, a su vez,

la competencia exclusiva del Estado so-

bre regulación de las condiciones de ob-

tención, expedición y homologación de

títulos académicos y profesionales y

normas básicas para el desarrollo del ar-

tículo 27 de la Constitución. Dicho

artículo reconoce, por su parte, el papel

de los poderes públicos en cuanto a pro-

gramación general de la enseñanza, ins-

pección y homologación del sistema

educativo, para garantizar el cumpli-

miento de las leyes. Por otra parte, el ar-

tículo 30 de la Ley orgánica 1/1990, de

3 de octubre, de ordenación general del

sistema educativo, remite la ordenación

de la formación profesional ocupacional

a su normativa específica de carácter la-

boral.

ACTIVIDAD NORMATIVA... 247

Por su parte, el Estatuto de autono-

mía de Aragón dispone que corresponde

a la Comunidad Autónoma de Aragón

la ejecución de la legislación general del

Estado en materia laboral y establece

que corresponde a la Comunidad Autó-

noma la competencia de desarrollo le-

gislativo y ejecución de la enseñanza en

toda su extensión, niveles y grados, mo-

dalidades y especialidades, de acuerdo

con lo dispuesto en la Constitución y las

leyes orgánicas que la desarrollen, y sin

perjuicio de las facultades que atribuye

al Estado el artículo 149.1.30ª y de la

alta inspección para su cumplimiento y

garantía.

Por otra parte, el mencionado Estatu-

to de autonomía dispone que corres-

ponde a la Comunidad Autónoma de

Aragón la competencia exclusiva en ma-

teria de planificación de la actividad

económica, así como el fomento del de-

sarrollo económico de la Comunidad

Autónoma, dentro de los objetivos mar-

cados por la política económica nacio-

nal.

Finalmente, el Real decreto 3991/

1982, de 29 de diciembre, establece la

forma y el procedimiento a que han de

ajustarse los traspasos de funciones y

servicios de la Administración del Esta-

do a la Comunidad Autónoma de Ara-

gón.

Real decreto 917/2002, de 6 de septiem-

bre. [Comunidad de Madrid]. (BOE

núm. 225, de 19 de septiembre).

La Constitución reserva al Estado la

competencia exclusiva sobre regulación

de las condiciones de obtención, expe-

dición y homologación de los títulos

académicos y profesionales y normas

básicas para el desarrollo del artículo 27

de la Constitución, a fin de garantizar el

cumplimiento de las obligaciones de los

poderes públicos en esta materia.

Por su parte, el Estatuto de autono-

mía de la Comunidad de Madrid esta-

blece que corresponde a la Comunidad

Autónoma la competencia de desarrollo

legislativo y ejecución de la enseñanza

en toda su extensión, niveles y grados,

modalidades y especialidades, de acuer-

do con la Constitución y las leyes orgá-

nicas que la desarrollen, y sin perjuicio

de las facultades que atribuye al Estado

el artículo 149.1.30ª y de la alta inspec-

ción para su cumplimiento y garantía.

Mediante el Real decreto 926/1999,

de 28 de mayo, fueron traspasados a la

Comunidad de Madrid las funciones y

servicios de la Administración del Esta-

do en materia de enseñanza no universi-

taria.

Finalmente, el Real decreto 1959/

1983, de 29 de junio, determina las nor-

mas y el procedimiento a que han de

ajustarse los traspasos de funciones y

servicios del Estado a la Comunidad de

Madrid.

Real decreto 918/2002, de 6 de septiem-

bre. [Comunidad de Madrid]. (BOE

núm. 225, de 19 de septiembre).

La Constitución reserva al Estado la

competencia exclusiva sobre las bases y

coordinación de la planificación general

de la actividad económica, establecien-

do que el Estado tiene competencia ex-

clusiva en materia de legislación laboral,

sin perjuicio de su ejecución por los ór-

ganos de las comunidades autónomas.

La Constitución, a su vez, establece

la competencia exclusiva del Estado so-

bre regulación de las condiciones de ob-

tención, expedición y homologación de

títulos académicos y profesionales y

normas básicas para el desarrollo del ar-

tículo 27 de la Constitución. Dicho

artículo reconoce, por su parte, el papel

de los poderes públicos en cuanto a

programación general de la enseñanza,

AUTONOMIES · 29

248

inspección y homologación del sistema

educativo, para garantizar el cumpli-

miento de las leyes. Por otra parte, la

Ley orgánica 1/1990, de 3 de octubre,

de ordenación general del sistema edu-

cativo, remite la ordenación de la for-

mación profesional ocupacional a su

normativa específica de carácter labo-

ral.

El Estatuto de autonomía de la Co-

munidad de Madrid dispone que co-

rresponde a la Comunidad de Madrid la

ejecución de la legislación del Estado en

materia laboral y que corresponde a la

Comunidad Autónoma la competencia

de desarrollo legislativo y la ejecución de

la enseñanza en toda su extensión, nive-

les y grados, modalidades y especialida-

des, de acuerdo con lo dispuesto en la

Constitución y las leyes orgánicas que la

desarrollen, y sin perjuicio de las facul-

tades que atribuye al Estado el artículo

149.1.30ª y de la alta inspección para su

cumplimiento y garantía.

Por otra parte, el Estatuto de autono-

mía dispone que, de acuerdo con las ba-

ses y la ordenación de la actividad eco-

nómica general y la política monetaria

del Estado, corresponde a la Comuni-

dad de Madrid la competencia exclusiva

en materia de ordenación y planifica-

ción de la actividad económica regional.

Asimismo, por el Real decreto 2534/

1998, de 27 de noviembre, se aprobó el

traspaso a la Comunidad de Madrid en

materia de gestión de la formación pro-

fesional ocupacional, y por el Real de-

creto 30/2000, de 14 de enero, se apro-

bó el de la gestión realizada por el

Instituto Nacional de Empleo, en el ám-

bito del trabajo, el empleo y la forma-

ción.

Finalmente, el Real decreto 1959/

1983, de 29 de junio, establece la forma

y el procedimiento a que han de ajustar-

se los traspasos de funciones y servicios

de la Administración del Estado a la Co-

munidad de Madrid.

Real decreto 1027/2002, de 4 de octu-

bre. [Castilla y León]. (BOE núm. 252,

de 21 de octubre).

La Constitución reserva al Estado la

competencia exclusiva sobre regulación

de las condiciones de obtención, expe-

dición y homologación de títulos acadé-

micos y profesionales y normas básicas

para el desarrollo del artículo 27 de la

Constitución, a fin de garantizar el

cumplimiento de las obligaciones de los

poderes públicos en esta materia.

Por su parte, el Estatuto de autono-

mía de Castilla y León establece que co-

rresponde a la Comunidad Autónoma

la competencia de desarrollo legislativo

y ejecución de la enseñanza en toda su

extensión, niveles y grados, modalida-

des y especialidades, de acuerdo con la

Constitución y las leyes orgánicas que la

desarrollen, y sin perjuicio de las facul-

tades que atribuye al Estado de la alta

inspección para su cumplimiento y ga-

rantía.

Por el Real decreto 1340/1999, de 31

de julio, fueron traspasados a la Comu-

nidad de Castilla y León las funciones y

servicios de la Administración del Esta-

do en materia de enseñanza no universi-

taria, quedando pendiente la fijación

del coste efectivo a integrar en el sistema

de financiación, correspondiente al pro-

fesorado de religión, a que concluyese el

período de equiparación retributiva a

que se refiere la Ley 50/1998, de 30 de

diciembre, de medidas fiscales, adminis-

trativas y del orden social.

Finalmente, el Real decreto 1956/

1983, de 29 de junio, determina las nor-

mas y el procedimiento a que han de

ajustarse los traspasos de funciones y

servicios del Estado a la Comunidad de

Castilla y León.

ACTIVIDAD NORMATIVA... 249

Real decreto 1028/2002, de 4 de octu-

bre. [Castilla y León]. (BOE núm. 252,

de 21 de octubre).

La Constitución española reserva al

Estado la competencia exclusiva en ma-

teria de legislación básica y régimen eco-

nómico de la Seguridad Social, sin per-

juicio de la ejecución de sus servicios

por las comunidades autónomas.

Por su parte, el Estatuto de autono-

mía de Castilla y León atribuye a la Co-

munidad de Castilla y León, en los tér-

minos que establezcan las leyes y las

normas reglamentarias que en desarro-

llo de su legislación dicte el Estado, la

función ejecutiva en materia de gestión

de las prestaciones y servicios sociales

del sistema de Seguridad Social: IN-

SERSO.

El Real decreto 905/1995, de 2 de ju-

nio, traspasó a la Comunidad de Casti-

lla y León las funciones y servicios de la

Seguridad Social, en las materias enco-

mendadas al entonces Instituto Nacio-

nal de Servicios Sociales (INSERSO),

incluyendo el personal objeto de tras-

paso.

En virtud de ejecución de sentencias

que afectan a las retribuciones del perso-

nal, previas a la efectividad del traspaso,

procede ampliar los medios económicos

traspasados para adecuar las valoracio-

nes del coste efectivo del traspaso a las

retribuciones derivadas de las sentencias

dictadas.

Finalmente, el Real decreto 1956/

1983, de 29 de junio, determina las nor-

mas a que han de ajustarse los traspasos

de funciones y servicios del Estado a la

Comunidad de Castilla y León.

Real decreto 1056/2002, de 11 de octu-

bre. [La Rioja]. (BOE núm. 257, de 26

de octubre).

La Constitución reserva al Estado la

competencia exclusiva sobre regula-

ción de las condiciones de obtención,

expedición y homologación de títulos

académicos y profesionales y normas

básicas para el desarrollo del artículo

27 de la Constitución, a fin de garanti-

zar el cumplimiento de las obligacio-

nes de los poderes públicos en esta ma-

teria.

Por otra parte, el Estatuto de auto-

nomía de La Rioja establece que co-

rresponde a la Comunidad Autónoma

la competencia de desarrollo legislati-

vo y ejecución de la enseñanza en toda

su extensión, niveles y grados, modali-

dades y especialidades, de acuerdo con

lo dispuesto en el artículo 27 de la

Constitución y leyes orgánicas que lo

desarrollen, y sin perjuicio de las facul-

tades que atribuye al Estado de la alta

inspección para su cumplimiento y ga-

rantía.

Por el Real decreto 1826/1998, de 28

de agosto, fueron traspasados a la Co-

munidad Autónoma de La Rioja las

funciones y servicios de la Administra-

ción del Estado en materia de enseñanza

no universitaria.

Asimismo, el Real decreto 1843/

2000, de 10 de noviembre, amplió los

medios adscritos a los servicios de la Ad-

ministración del Estado traspasados a la

Comunidad Autónoma de La Rioja, en

materia de profesorado de religión, que-

dando pendiente la fijación del coste

efectivo, a integrar en el sistema de fi-

nanciación, a que concluyese el período

de equiparación retributiva a que se re-

fiere la Ley 50/1998, de 30 de diciem-

bre, de medidas fiscales, administrativas

y del orden social.

Finalmente, el Real decreto 1225/

1983, de 16 de marzo, determina las

normas y el procedimiento a que han de

ajustarse los traspasos de funciones y

servicios del Estado a la Comunidad

Autónoma de La Rioja.

AUTONOMIES · 29

250

Real decreto 1075/2002, de 21 de octu-

bre. [Castilla-La Mancha]. (BOE núm.

266, de 6 de noviembre).

La Constitución reserva al Estado la

competencia exclusiva sobre regulación

de las condiciones de obtención, expe-

dición y homologación de títulos acadé-

micos y profesionales y normas básicas

para el desarrollo del artículo 27 de la

Constitución, a fin de garantizar el

cumplimiento de las obligaciones de los

poderes públicos en esta materia.

Por su parte, el Estatuto de autono-

mía de Castilla-La Mancha establece

que corresponde a la Comunidad Autó-

noma la competencia de desarrollo le-

gislativo y ejecución de la enseñanza en

toda su extensión, niveles y grados, mo-

dalidades y especialidades, de acuerdo

con lo dispuesto en el artículo 27 de la

Constitución española y las leyes orgá-

nicas que, conforme al artículo 81.1 de

la misma, lo desarrollen, y sin perjuicio

de las facultades que atribuye al Estado

de la alta inspección para su cumpli-

miento y garantía.

Mediante el Real decreto 1844/1999,

de 3 de diciembre, se traspasaron a la

Comunidad Autónoma de Castilla-La

Mancha las funciones y servicios en ma-

teria de enseñanza no universitaria, en el

que no se recogía la fijación del coste

efectivo del traspaso del profesorado de

religión en centros públicos de educación

infantil y primaria a integrar en el sistema

de financiación, sino que esta fijación

quedó pendiente de la equiparación re-

tributiva a que se refiere la Ley 50/1998,

de 30 de diciembre, de medidas fiscales,

administrativas y del orden social.

Finalmente, el Real decreto 1064/

1983, de 13 de abril, determina las nor-

mas y el procedimiento a que han de

ajustarse los traspasos de funciones y

servicios del Estado a la Comunidad

Autónoma de Castilla-La Mancha.

Real decreto 1076/2002, de 21 de octu-

bre. [Región de Murcia]. (BOE núm.

268, de 8 de noviembre).

La Constitución reserva al Estado la

competencia exclusiva sobre regulación

de las condiciones de obtención, expe-

dición y homologación de títulos acadé-

micos y profesionales y normas básicas

para el desarrollo del artículo 27 de la

Constitución, a fin de garantizar el

cumplimiento de las obligaciones de los

poderes públicos en esta materia.

Por otra parte, el Estatuto de autono-

mía de la Región de Murcia establece

que corresponde a la Comunidad Autó-

noma la competencia de desarrollo le-

gislativo y ejecución de la enseñanza en

toda su extensión, niveles y grados, mo-

dalidades y especialidades, de acuerdo

con lo dispuesto en el artículo 27 de la

Constitución y las leyes orgánicas que lo

desarrollen, y sin perjuicio de las facul-

tades que atribuye al Estado de la alta

inspección para su cumplimiento y ga-

rantía.

Mediante el Real decreto 938/1999,

de 4 de junio, fueron traspasados a la

Comunidad Autónoma de la Región de

Murcia las funciones y servicios de la

Administración del Estado en materia

de enseñanza no universitaria, quedan-

do pendiente la fijación del coste efec-

tivo correspondiente al profesorado de

religión, a integrar en el sistema de fi-

nanciación, a que concluyese el período

de equiparación retributiva a que se re-

fiere la Ley 50/1998, de 30 de diciem-

bre, de medidas fiscales, administrativas

y del orden social.

Finalmente, el Real decreto 2628/

1982, de 24 de septiembre, determina

las normas y el procedimiento a que

han de ajustarse los traspasos de fun-

ciones y servicios del Estado a la Co-

munidad Autónoma de la Región de

Murcia.

ACTIVIDAD NORMATIVA... 251

Real decreto 1077/2002, de 21 de octu-

bre. [Comunidad Valenciana. Enseñan-

za en general]. (BOE núm. 261, de 31

de octubre).

La Constitución reserva al Estado la

competencia exclusiva sobre regulación

de las condiciones de obtención, expe-

dición y homologación de títulos acadé-

micos y profesionales y normas básicas

para el desarrollo del artículo 27 de la

Constitución, a fin de garantizar el

cumplimiento de las obligaciones de los

poderes públicos en esta materia.

Por su parte, el Estatuto de autono-

mía de la Comunidad Valenciana esta-

blece que es de la competencia plena de

la Comunidad Valenciana la regulación

y administración de la enseñanza en

toda su extensión, niveles y grados, mo-

dalidades y especialidades, en el ámbito

de sus competencias, sin perjuicio de lo

dispuesto en la Constitución y las leyes

orgánicas que la desarrollen, y sin per-

juicio de las facultades que atribuye al

Estado de la alta inspección para su

cumplimiento y garantía.

Mediante el Real decreto 2093/1983,

de 28 de julio, fueron traspasados a la

Comunidad Valenciana funciones y ser-

vicios de la Administración del Estado

en materia de educación.

Asimismo, mediante el Real decreto

282/2000, de 25 de febrero, se amplia-

ron los medios adscritos a los servicios

de la Administración del Estado traspa-

sados a la Comunidad Valenciana, en

materia de profesorado de religión, que-

dando pendiente la fijación del coste

efectivo, a integrar en el sistema de fi-

nanciación, a que concluyese el período

de equiparación retributiva a que se re-

fiere la Ley 50/1998, de 30 de diciem-

bre, de medidas fiscales, administrativas

y del orden social.

Finalmente, el Real decreto 4015/

1982, de 29 de diciembre, determina las

normas y el procedimiento a que han de

ajustarse los traspasos de funciones y

servicios del Estado a la Comunidad Va-

lenciana.

Real decreto 1327/2002, de 13 de di-

ciembre. [Galicia]. (BOE núm. 312, de

30 de diciembre).

La Constitución reserva al Estado la

competencia exclusiva sobre regulación

de las condiciones de obtención, expe-

dición y homologación de títulos acadé-

micos y profesionales y normas básicas

para el desarrollo del artículo 27 de la

Constitución, a fin de garantizar el

cumplimiento de las obligaciones de los

poderes públicos en esta materia.

Por su parte, el Estatuto de autono-

mía para Galicia establece que corres-

ponde a la Comunidad Autónoma de

Galicia la competencia plena para la re-

gulación y administración de la ense-

ñanza en toda su extensión, niveles y

grados, modalidades y especialidades,

en el ámbito de sus competencias, sin

perjuicio de lo dispuesto en la Constitu-

ción y las leyes orgánicas que la desarro-

llen, y sin perjuicio de las facultades que

atribuye al Estado de la alta inspección

para su cumplimiento y garantía.

Mediante el Real decreto 1838/1999,

de 3 de diciembre, fueron ampliados las

funciones y servicios traspasados a la

Comunidad Autónoma de Galicia en

materia de profesorado de religión, que-

dando pendiente la fijación del coste

efectivo correspondiente a este profeso-

rado, a integrar en el sistema de finan-

ciación, a que concluyese el período de

equiparación retributiva a que se refiere

la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de

medidas fiscales, administrativas y del

orden social. Esta circunstancia se ha

producido en el año 2002.

Finalmente, el Real decreto 581/1982,

de 26 de febrero, regula la forma y con-

AUTONOMIES · 29

252

diciones a que han de ajustarse los tras-

pasos de funciones y servicios de la Ad-

ministración del Estado a la Comuni-

dad Autónoma de Galicia.

Real decreto 1385/2002, de 20 de di-

ciembre. [Castilla-La Mancha]. (BOE

núm. 306, de 23 de diciembre).

La Constitución reserva al Estado la

competencia exclusiva sobre las bases y

coordinación de la planificación general

de la actividad económica, establecien-

do que el Estado tiene competencia ex-

clusiva en materia de legislación laboral,

sin perjuicio de su ejecución por los ór-

ganos de las comunidades autónomas.

Asimismo, en la Constitución se esta-

blece la competencia exclusiva del Esta-

do sobre regulación de las condiciones

de obtención, expedición y homologa-

ción de títulos académicos y profesiona-

les y normas básicas para el desarrollo

del artículo 27 de la Constitución. Di-

cho artículo reconoce, por su parte, el

papel de los poderes públicos en cuanto

a programación general de la enseñanza,

inspección y homologación del sistema

educativo, para garantizar el cumpli-

miento de las leyes. Por otra parte, la

Ley orgánica 1/1990, de 3 de octubre,

de ordenación general del sistema edu-

cativo, remite la ordenación de la for-

mación profesional ocupacional a su

normativa específica de carácter laboral.

Por su parte, el Estatuto de autono-

mía de Castilla-La Mancha dispone que

corresponde a la Junta de Comunida-

des, en los términos que establezcan las

leyes y normas reglamentarias que en

desarrollo de su legislación dicte el Esta-

do, la función ejecutiva en materia labo-

ral y se establece que corresponde a la

Comunidad Autónoma la competencia

de desarrollo legislativo y ejecución de la

enseñanza en toda su extensión, niveles

y grados, modalidades y especialidades,

de acuerdo con lo dispuesto en la Cons-

titución y las leyes orgánicas que la desa-

rrollen, y sin perjuicio de las facultades

que atribuye al Estado de la alta inspec-

ción para su cumplimiento y garantía.

Además, el mencionado Estatuto de

autonomía dispone que la Junta de Co-

munidades de Castilla-La Mancha tiene

competencia exclusiva en materia de

planificación de la actividad económica

y fomento del desarrollo económico de

la región, dentro de los objetivos marca-

dos por la política económica nacional y

del sector público económico de Casti-

lla-La Mancha.

Finalmente, el Real decreto 1064/

1983, de 13 de abril, determina las nor-

mas y el procedimiento a que han de

ajustarse los traspasos de funciones y

servicios de la Administración del Esta-

do a la Comunidad Autónoma de Casti-

lla-La Mancha.

Real decreto 1429/2002, de 27 de di-

ciembre. [Comunidad de Madrid].

(BOE núm. 311, de 28 de diciembre).

La Constitución española establece

que el Estado tiene competencia exclu-

siva en materia de Administración de

justicia.

Por su parte, el Estatuto de autono-

mía de la Comunidad de Madrid es-

tablece que, en relación con la Admi-

nistración de justicia, exceptuando la

militar, corresponde al Gobierno de

la Comunidad ejercer todas las faculta-

des que la Ley orgánica del poder judi-

cial reconozca o atribuya al Gobierno de

la Nación, y, asimismo, corresponde al

Estado, de conformidad con las leyes

generales, la organización y el funciona-

miento del ministerio fiscal.

Además, la Ley orgánica 6/1985, del

poder judicial, establece las funciones

que pueden ser asumidas por las comu-

nidades autónomas.

ACTIVIDAD NORMATIVA... 253

El Real decreto 1959/1983, de 29 de

junio, determina las normas y el proce-

dimiento a que han de ajustarse los tras-

pasos de funciones y servicios de la

Administración del Estado a la Comu-

nidad de Madrid.

En consecuencia, por el presente Real

decreto procede traspasar a la Comuni-

dad de Madrid las funciones y servicios

del Estado relativos a la provisión, den-

tro del territorio de la misma, de los me-

dios personales y materiales necesarios

para el funcionamiento de la Adminis-

tración de justicia.

Convenios

Resolución de 28 de febrero de 2002. Se-

cretaría de Estado de Organización Te-

rritorial del Estado. [Navarra. Actividad

audiovisual]. (BOE núm. 56, de 6 de

marzo).

Publica el Acuerdo de la Comisión

Bilateral de Cooperación Administra-

ción general del Estado-Comunidad

Foral de Navarra, en relación con la Ley

foral 18/2001, de 5 de julio de 2001,

que regula la actividad audiovisual y

crea el Consejo Audiovisual de Navarra.

Resolución de 12 de marzo de 2002. Se-

cretaría de Estado de Organización Terri-

torial del Estado. [Andalucía. Policías lo-

cales]. (BOE núm. 63, de 14 de marzo).

Ordena la publicación del Acuerdo

de la Comisión Bilateral de Coopera-

ción Administración general del Esta-

do-Comunidad Autónoma de Andalu-

cía, en relación con la Ley de Andalucía

13/2001, de 11 de diciembre, de coor-

dinación de las policías locales.

AUTONOMIES · 29

254

Ponente:

Pablo Cachón Villar.

La controversia de fondo se centra en

este caso en la constitucionalidad de una

Ley del Principado de Asturias —la Ley

1/1996, de 26 de abril—, que autoriza

un incremento consolidable de salarios

superior en un 0,8 % al límite estableci-

do por la normativa estatal —en este

caso, el art. 4.1 del Real decreto ley

12/1995, de 28 de diciembre, de medi-

das urgentes en materia presupuestaria,

tributaria y financiera—. Es decir, si las

comunidades autónomas, en el ejercicio

de sus competencias en materia de fun-

ción pública y de gestión presupuestaria,

pueden ir más allá de los límites estable-

cidos por la normativa del Estado deri-

vada de los art. 149.1.13 («bases y coor-

dinación de la planificación general de la

actividad económica») y 149.1.18 («ba-

ses del régimen estatutario de los funcio-

narios públicos») de la Constitución.

Paralelamente aparecen asimismo con-

troversias sobre la necesidad o no de que

las bases tengan una expresión formal

(el Real decreto ley no dice expresamen-

te que el mencionado art. 4 tenga el ca-

rácter de básico) y sobre si una aproba-

ción posterior por parte del Parlamento

asturiano de una ley (la Ley 2/1996, de

25 de junio, de presupuestos generales

del Principado de Asturias) —que sí se

ceñía expresamente al límite del 3,5 %

de incremento establecido por el Real

decreto ley estatal— que extinguía o no

el objeto del proceso.

El Tribunal comienza estudiando la

posible extinción del objeto del recur-

so. Tras recordar su reiterada jurispru-

dencia, de conformidad con la cual

«[...] para poder apreciar una eventual

pérdida de su objeto no basta con la

extinción de la norma concretamente

impugnada, siendo necesario ponde-

rar hasta qué punto dicha extinción

conlleva la desaparición de la contro-

versia competencial traída al proceso

[...]» (FJ 4), el Tribunal considera que

el objeto del proceso no se ha extin-

guido porque la Ley 2/1996, de presu-

1.3. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

1.3.1. SENTENCIAS DEL TRIBUNAL

CONSTITUCIONAL

A cargo de Manuel Gerpe Landín

Sentencia 24/2002, de 31 de enero (BOE núm. 52, de 1 de marzo). Recurso de

inconstitucionalidad núm. 3079/1996, promovido por el presidente del

Gobierno contra el art. 2.1.a inciso final y el art. 1 (por conexión con el

anterior) de la Ley del Principado de Asturias 1/1996, de 26 de abril, de

concesión de créditos extraordinarios y suplementos de crédito destinados

a atender la actualización de las retribuciones, modificación de plantillas y

otras obligaciones del personal al servicio de la Administración, los orga-

nismos autónomos y el Servicio de Salud del Principado de Asturias.

Autonomies, núm. 29, noviembre de 2003, Barcelona.

puestos para el año 1996, aplica el in-

cremento del 3,5 % a las retribuciones

consolidadas tras la aplicación del in-

cremento del 0,8 % autorizada por el

art. 2.1a de la Ley 1/1996, objeto del

recurso (FJ 4).

A continuación, y confirmando su

jurisprudencia anterior, el Tribunal re-

chaza que el límite de los incrementos

anuales de los salarios de los funciona-

rios públicos pueda encuadrarse en el

marco de la competencia estatal para el es-

tablecimiento de las bases del régimen

jurídico de los funcionarios públicos.

Este título competencial atribuiría al

Estado competencia para la definición

de los conceptos retributivos de los

funcionarios públicos, de «[...] las pre-

visiones relativas a las retribuciones de

los funcionarios, comunes a todas las

Administraciones Públicas, lo que, a

su vez, hallaría fundamento en los

principios constitucionales de igual-

dad y solidaridad [...]. Ahora bien,

como hemos advertido en la STC

62/2001, F. 2, este título no respalda

las competencias del Estado para fijar

límites o topes máximos de carácter

global a los incrementos retributivos

del personal al servicio de las Adminis-

traciones Públicas. [...] No puede in-

cluirse en él [art. 149.1.18 CE] una

simple medida coyuntural y de eficacia

limitada en el tiempo que, aunque

produzca un efecto directo sobre la

cuantificación de los derechos econó-

micos de los funcionarios, tiene un

fundamento y una finalidad extraños a

la relación de servicio [...]» (FJ 5).

Ahora bien, esta medida sí tendría ca-

bida en la competencia estatal para es-

tablecer las bases y coordinación de la

planificación general de la actividad

económica (art. 149.1.13 CE), que,

junto con la previsión del art. 156.1

CE (necesidad de que las comunidades

autónomas ejerzan su autonomía fi-

nanciera en coordinación con la ha-

cienda estatal), limitaría la capacidad

de libre determinación del gasto de las

comunidades autónomas (tal y como

ya prevé el art. 2.1.b de la LOFCA). Es

razonable, a los ojos del Tribunal, en-

marcar la determinación de los límites

del incremento anual de las retribucio-

nes de los funcionarios públicos en

una política económica general de

contención de la inflación a través de la

reducción del déficit público (FJ 5).

En relación con el hecho de que el art.

4.1 del Real decreto ley, considerado bá-

sico por el abogado del Estado, no esté

calificado formalmente como tal, a dife-

rencia de lo que sucedía con el artículo

equivalente de la Ley 41/1994, de pre-

supuestos generales del Estado para el

año 1995, el Tribunal efectúa la siguien-

te consideración: a pesar de que la ju-

risprudencia constitucional se ha posi-

cionado a favor de una formalización

expresa de lo que el Estado establece

como básico (preferentemente en forma

de Ley), también ha establecido que esta

«[...] exigencia puede entenderse satisfe-

cha cuando la norma presente "una es-

tructura que permita inferir, directa o

indirectamente, pero sin especial difi-

cultad, su vocación o pretensión bási-

ca"» (FJ 6). En tal caso, el carácter bá-

sico del art. 4.1 del Real decreto ley «[...]

puede inferirse sin mayor esfuerzo de su

estructura». Así, este Real decreto ley

tendría vocación de sustituir a la Ley

41/1994, de presupuestos generales del

Estado para 1995, por tener su causa en

la no aprobación de los presupuestos ge-

nerales del Estado para el año 1996 por

parte de las Cortes. Esta conexión es evi-

dente en tanto que el mencionado art.

4.1 se refiere al límite de incremento re-

tributivo de los funcionarios establecido

por el art. 18.2 de la Ley 41/1994 para

AUTONOMIES · 29

256

proceder a su actualización, lo cual le

contagiaría el carácter básico del artícu-

lo de la Ley de presupuestos anterior a

que hace referencia (FJ 6).

Conforme a todos estos argumentos,

el Tribunal estima el recurso de incons-

titucionalidad en cuanto al art. 2.1a de

la Ley asturiana, pero no ve ninguna

conexión con el art. 1, que se limita a

autorizar los gastos necesarios para ha-

cer frente a las obligaciones derivadas

del contenido del art. 2, desestimando,

en consecuencia, la posible inconstitu-

cionalidad del art. 1.

Francesc Guillén

ACTIVIDAD NORMATIVA... 257

Sentencia 37/2002, de 14 de febrero (Pleno) (BOE núm. 63, de 14 de mar-

zo). Cuestiones de inconstitucionalidad acumuladas núm. 71/1994 y

243/1995, promovidas por la Sección Primera de la Sala de lo Contencio-

so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en rela-

ción con el art. 92.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases

de régimen local, y los art. 74.4, 93.n, 97.1.d y 99 de la Ley del Parlamento

de Cataluña 17/1985, de 23 de julio, de la función pública de la Adminis-

tración de la Generalidad.

Ponente:

Tomás S. Vives Antón.

Las cuestiones de inconstitucionali-

dad tienen su origen en procesos en los

que se cuestionó la validez de algunos

preceptos del Decreto 214/1990, de 30

de julio, por el que se aprueba el Regla-

mento del personal al servicio de las en-

tidades locales (RPSEL). Dado que el

Decreto reproducía, de forma prácti-

camente literal, un precepto de la Ley

7/1985, de 2 de abril, reguladora de

las bases de régimen local (LBRL),

así como varios preceptos de la Ley

17/1985, de 23 de julio, de función pú-

blica de la Administración de la Genera-

lidad de Cataluña (LFPGC), la Sala de

lo Contencioso-Administrativo del Tri-

bunal Superior de Justicia de Cataluña

no podía decidir sobre los preceptos im-

pugnados sin cuestionar la constitucio-

nalidad de los preceptos legales de con-

tenido idéntico.

En esta Sentencia se tratan básica-

mente tres controversias de distinta na-

turaleza, a pesar de que se establecen al-

gunos vínculos entre dos de ellas. Por un

lado, se discute el alcance de la reserva

de ley establecida por el art. 103.3 CE.

Dicho artículo reserva a la Ley el Estatu-

to de los funcionarios públicos y, entre

otras cosas, las garantías para la impar-

cialidad en el ejercicio de sus funciones.

La cuestión debatida es si el art. 92.2 de

la LBRL, repetido casi literalmente en el

artículo 33.1 del RPSEL, respeta esta re-

serva de ley. El mencionado artículo

dice: «Son funciones públicas, cuyo

cumplimiento queda reservado exclusi-

vamente a personal sujeto al Estatuto

funcionarial, las que impliquen ejercicio

de autoridad, las de fe pública y asesora-

miento legal preceptivo [...] y, en gene-

ral, aquellas que, en desarrollo de la pre-

sente Ley, se reserven a los funcionarios

para la mejor garantía de la objetividad,

imparcialidad e independencia en el

ejercicio de la función.» El problema se

centra en este último inciso, que, en

opinión de la Sala que interpone la cues-

tión, podría infringir la reserva de ley es-

tablecida constitucionalmente, según la

doctrina establecida por el propio Tri-

bunal Constitucional, al declarar in-

constitucional el antiguo artículo 15.1

de la Ley 30/1984, de medidas urgentes

de la función pública, que remitía a la

determinación de los puestos de la fun-

ción pública que debían ser ocupados

por funcionarios y los que lo podían ser

por personal laboral en los reglamentos

que desarrollen la Ley (STC 99/1987,

de 11 de junio).

El segundo punto de conflicto se cen-

tra en la vulneración o no por parte de la

Generalidad de Cataluña de la compe-

tencia estatal para establecer las bases de

la función pública ex art. 149.1.18 CE,

al tipificar faltas («Causar por negligen-

cia o mala fe daños muy graves en el pa-

trimonio o bienes de la Generalidad»

—art. 93 de la Ley 17/1985, de 23 de

julio—), introducir sanciones (la pérdi-

da de uno a tres grados personales —art.

97.1.d de la Ley 17/1985, de 23 de ju-

lio—) y medidas cautelares (traslado del

puesto de trabajo cuando el expediente

tenga que ver con las funciones que el

funcionario desempeña en su puesto de

trabajo —art. 74.4 de la mencionada

Ley—) no previstas en la normativa es-

tatal, así como establecer un plazo de

prescripción de las faltas leves y de las

correspondientes sanciones distinto del

establecido en el ámbito del Estado (art.

99 de la misma Ley). En este punto, la

controversia tiene tres variables: a) el

alcance de la materia calificable como

básica y, por consiguiente, el margen que

debe permanecer en manos de las comu-

nidades autónomas tras el ejercicio de la

competencia por parte del Estado; b) la

posibilidad o no de considerar como

norma estatal básica la legislación estatal

preconstitucional (Ley de funcionarios

civiles del Estado) cuando el Estado ya

ha ejercido la competencia atribuida por

la Constitución con posterioridad a la

aprobación de ésta con vocación de

completud (Ley 30/1984, de 2 de agos-

to, de medidas urgentes de función pú-

blica y sus correspondientes reformas), y

c) la consideración o no como básicos de

los art. 146.2, 148 y 150.2 del Real de-

creto legislativo 781/1986, de 18 de

abril, que aprueba el Texto refundido de

régimen local (TRRL), en función del

contenido de la disposición transitoria 1

de la LBRL y de la disposición final

7ª.1.b del propio TRRL. En los referidos

artículos se habla del régimen de pres-

cripción de las faltas disciplinarias

(146.2), se establece un catálogo de san-

ciones y su aplicación a las faltas confor-

me a su gravedad (148), y se contempla

la posibilidad de que el órgano compe-

tente para acordar la incoación del expe-

diente disciplinario decrete o levante la

suspensión provisional al interesado. Si

estos artículos se declarasen básicos,

prácticamente impedirían cualquier in-

novación de las comunidades autóno-

mas en este campo.

Finalmente, y ligado de algún modo

con el punto anterior, se plantea si el es-

tablecimiento de nuevas sanciones, me-

didas cautelares y plazos de prescripción

distintos a los establecidos en el ámbito

estatal vulneran la competencia estatal

ex art. 149.1.1 (regulación de las condi-

ciones básicas que garanticen la igual-

dad de todos los españoles en el ejercicio

de los derechos y en el cumplimiento de

los deberes constitucionales) e incluso el

art. 14 CE, que establece la igualdad de

todos los españoles y la proscripción

de todo tipo de discriminación.

Ante estas cuestiones, el Tribunal rea-

liza las siguientes consideraciones:

Tal y como manifestó en su Sentencia

99/1987, de 11 de junio, la regulación

vía Ley del Estatuto de los funcionarios

públicos cumpliendo el mandato del

AUTONOMIES · 29

258

art. 103.3 de la Constitución «habrá de

ser dispuesta por el legislador en térmi-

nos tales que [...] sea reconocible en la

Ley misma una determinación material

suficiente de los ámbitos incluidos en el

Estatuto funcionarial, descartándose, de

este modo, todo apoderamiento explíci-

to o implícito a la potestad reglamenta-

ria para sustituir a la norma de Ley en la

labor que la Constitución le encomien-

da» (FJ 5). Ahora bien, en el caso del art.

92.2 de la LBRL no puede considerarse

que se produce una remisión genérica o

indeterminada al Reglamento «[...] pues

en el propio precepto se disponen los

criterios o parámetros que han de inspi-

rar en su desarrollo la determinación de

las funciones que han de ser desempeña-

das por funcionarios públicos, cuales

son la garantía de la objetividad, impar-

cialidad e independencia en el ejercicio

de la función pública. Criterios que,

aunque genéricos en su formulación,

poseen un contenido que es susceptible

de ser delimitado en cada caso concreto

[...]» (FJ 6). Es decir, el Tribunal consi-

dera que en este caso no se produce la

remisión total, genérica e indetermina-

da que se producía en el anterior art.

15.1 de la Ley básica estatal.

«[...] Habiendo procedido el legislador

postconstitucional a establecer de manera

aparentemente completa e innovadora las

bases del régimen estatutario de los fun-

cionarios de las Administraciones Públi-

cas, definiendo en cuanto al régimen dis-

ciplinario como norma básica común a

todos ellos el art. 31 de la Ley 30/1984,

de 2 de agosto, no cabe atribuir, de con-

formidad con la doctrina antes expuesta,

naturaleza básica a los preceptos de la Ley

de funcionarios civiles del Estado de 1964

referidos al mencionado régimen discipli-

nario, al no haber sido declarados expre-

samente como básicos por el legislador es-

tatal postconstitucional [...]» (FJ 9).

Ya declaró inconstitucional parcial-

mente el apartado 1.b de la disposición

final 7ª del TRRL (STC 385/1993, de

23 de diciembre), y manifestó que, tal y

como quedó el artículo, el carácter bási-

co de los títulos VI y VII del propio

TRRL depende de lo que diga la nor-

mativa básica estatal. Es decir, en la

práctica, será la normativa básica estatal

de función pública la que será determi-

nante a la hora de hablar de bases de la

función pública local. Pues bien, dado

que el legislador estatal sólo ha identifi-

cado como básico, en materia discipli-

naria, el art. 31 de la Ley 30/1984, de 2

de agosto, que no hace referencia alguna

al TRRL, no podemos calificar como

básicos los art. 146.2, 148 y 150.2 de

este texto (FJ 10). Además, si estamos

hablando de la normativa estatal que es

necesario considerar básica en materia

de régimen local, éste no es un paráme-

tro aplicable a la LFPGC, objeto del

presente proceso, puesto que ésta es una

Ley que regula la función pública auto-

nómica y no la local (al margen de que

posteriormente el RPSEL, que sí es una

norma que regula la función pública en

el ámbito local, haya copiado literal-

mente el contenido de sus preceptos)

(FJ 10).

La competencia estatal ex art.

149.1.1 CE puede condicionar efecti-

vamente el ejercicio de las competen-

cias de las comunidades autónomas y

establecer unas condiciones básicas y

uniformes en aquellos ámbitos en que

los derechos y deberes constitucionales

pueden verse afectados. Ahora bien, el

principio constitucional de igualdad no

significa que las comunidades autóno-

mas tengan las mismas competencias ni

que las deban ejercer del mismo modo,

ya que la autonomía significa precisa-

mente «[...] la capacidad de cada nacio-

nalidad o región para decidir cuándo y

ACTIVIDAD NORMATIVA... 259

cómo ejercer sus propias competencias

en el marco de la Constitución y del Es-

tatuto» (FJ 12). En consecuencia, pese a

que el derecho administrativo sancio-

nador creado por las comunidades au-

tónomas puede afectar a los derechos

fundamentales, «[...] tal afectación no

implica (Sentencia de 16 de noviembre

de 1981, F. 2) que toda regulación en

este extremo sea de exclusiva compe-

tencia del Estado. Sin duda que la nor-

ma sancionadora autonómica habrá de

atenerse a lo dispuesto en el art.

149.1.1 CE, de modo que no podrá in-

troducir tipos ni prever sanciones que

difieran, sin fundamento razonable, de

los ya recogidos en la normación válida

para todo el territorio. Y también es

cierto que el procedimiento sanciona-

dor habrá de atenerse al "administrati-

vo común" [...]. Pero, dentro de estos

límites y condiciones, las normas auto-

nómicas podrán desarrollar los princi-

pios básicos del ordenamiento sancio-

nador estatal, llegando a modular tipos

y sanciones [...], porque esta posibili-

dad es inseparable de las exigencias de

prudencia o de oportunidad, que pue-

den variar en los distintos ámbitos terri-

toriales» (FJ 12).

La falta, tipo de sanción, medida cau-

telar y distinto plazo de prescripción de

las faltas leves introducidos por la Ley

de función pública de la Generalidad no

infringen la legislación básica estatal

(que cabe considerar completa y, por

tanto, que no ha querido regular los as-

pectos en los que el legislador autonó-

mico ha entrado) ni introducen diferen-

cias injustificadas entre los ciudadanos

(funcionarios) del Estado, dado que, en-

tre otras cosas, están justificadas y se

mueven dentro de los mismos paráme-

tros de los ya establecidos por la norma-

tiva estatal (FJ 13, 14 y 15).

En consecuencia, el Tribunal desesti-

ma las cuestiones de inconstitucionali-

dad en su totalidad.

Francesc Guillén

AUTONOMIES · 29

260

Sentencia 38/2002, de 14 de febrero (Pleno) (BOE núm. 34, de 8 de febrero,

suplemento). Conflictos positivos de competencia acumulados núm.

1492/1995 y 3744/1995, promovidos por el Gobierno de la Nación y

por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía contra el Decreto

de la Junta de Andalucía 418/1994, de 25 de octubre, por el que se

aprueba el Plan de ordenación de los recursos naturales y el Plan rector

de uso y gestión del Parque Natural del Cabo de Gata-Níjar, el primero;

y el segundo, contra la Orden del Ministerio de Agricultura, Pesca y

Alimentación de 3 de julio de 1995, por la que se establece la reserva

marina del Cabo de Gata-Níjar.

Ponente:

Manuel Jiménez de Parga.

El Decreto de la Junta impugnado por

el Gobierno central aprueba el Plan de

ordenación de los recursos naturales del

Parque Natural del Cabo de Gata-Níjar,

cuya finalidad es la ordenación general de

los recursos del parque natural a través de

una pluralidad de objetivos que pretende

conseguir, entre los que se incluyen ac-

tuaciones específicas en los ámbitos de

los recursos edáficos y geológicos, hídri-

cos, atmosféricos, de la fauna y la flora

silvestre, y de los recursos forestales, ga-

naderos, agrícolas, cinegéticos, pesqueros

y paisajísticos. Entre las medidas que el

Plan pretende adoptar relativas a los re-

cursos pesqueros se incluyen, entre otras,

la limitación de la actividad pesquera

profesional, así como la regulación de las

artes y aparejos que puedan utilizarse en

esta práctica, y la posible exclusión de

cualquier tipo de actividad pesquera.

Por su parte, la Orden del Ministerio

establece la reserva marítima del Cabo

de Gata-Níjar, dentro de la cual prevé re-

servas integrales con las correspondien-

tes limitaciones de uso, entre las que se

incluyen los censos de embarcaciones

autorizadas para ejercer la actividad pes-

quera. Así, el elemento determinante de

los dos conflictos de competencias es la

confluencia espacial de ambas disposi-

ciones normativas, en tanto que cada

una de las dos partes otorga legitimidad

constitucional a su propia norma con-

forme a los títulos competenciales que

tiene atribuidos. Todos los preceptos

que constituyen el objeto del conflicto

se refieren a la regulación de los diversos

aspectos relativos a la protección de los

recursos pesqueros en el parque natural,

que incluyen tanto los objetivos que se

pretenden alcanzar como las medidas

concretas que deben ponerse en práctica

y que se refieren a las especies pesqueras

a proteger, a determinadas instalaciones

(como los escollos artificiales) y a la re-

gulación de varias cuestiones relativas al

régimen de extracción de recursos.

En este punto cabe recordar que la

atribución de una competencia sobre un

ámbito físico determinado no impide

necesariamente que se ejerzan otras

competencias en el mismo espacio,

siempre y cuando ambas tengan un ob-

jeto jurídico distinto y el ejercicio de las

competencias autonómicas no interfiera

ni perturbe el ejercicio de las estatales,

hecho que, con frecuencia, conllevará el

establecimiento de mecanismos de cola-

boración que permitan la coordinación

y cooperación necesarias entre las admi-

nistraciones públicas implicadas.

En el primero de los conflictos, plan-

teado por el Gobierno del Estado, se im-

pugna el Decreto autonómico 418/1994,

en base a dos argumentos: por una par-

te, porque entiende que vulnera las

competencias estatales en materia de

«pesca marítima» (149.1.19 CE), y, por

otra, porque considera que la mencio-

nada normativa proyecta la regulación

del espacio protegido sobre el mar terri-

torial, extralimitándose de este modo

del ámbito físico que constituye el terri-

torio autonómico en el que debería ha-

berse centrado la Junta de Andalucía, es

decir, las aguas interiores, sobre las que

puede ejercer sus competencias en ma-

teria pesquera y de medio ambiente y de

espacios naturales protegidos, que in-

cluye la zona marítimo-terrestre.

Por su parte, el Consejo de Gobierno

de la Junta andaluza impugna la Orden

del Ministerio de Agricultura, Pesca y

Alimentación de 3 de julio de 1995 por

entender que la reserva marina que se

establece coincide físicamente con una

franja de una milla de extensión com-

prendida en la delimitación del Parque

Natural del Cabo de Gata-Níjar, con-

cretamente en su límite este-sur, y que,

por consiguiente, no debería tener co-

bertura el título competencial estatal de

«pesca marítima», sino que, por el con-

trario, son de aplicación las competen-

cias autonómicas de carácter exclusivo

en materia de espacios naturales prote-

gidos y de marisqueo y acuicultura, y de

desarrollo y ejecución en materia de me-

dio ambiente y de ordenación del terri-

torio (art. 13.7 y 18 y 15.1.6 y 7 EAA).

Según el Tribunal, la colisión compe-

tencial se produce entre las materias

ACTIVIDAD NORMATIVA... 261

«medio ambiente» y «espacios naturales

protegidos», y no con las de «maris-

queo» y «acuicultura», que, en todo

caso, serían colaterales, puesto que los

preceptos impugnados no regulan sus-

tancialmente aspectos relativos a estas

materias. En este sentido, el Tribunal re-

cuerda que a pesar de la íntima relación

que pueda existir entre ambos títulos

competenciales, las actividades públicas

relativas a estos dos objetivos constitu-

yen ámbitos materiales distintos. Así, la

materia «espacios naturales protegidos»

se refiere únicamente a una parte de la

competencia genérica de medio am-

biente, que consiste en la determinación

del soporte topográfico del medio am-

biente y en aquellas actuaciones basadas

en la conservación de la naturaleza en

determinados espacios a través de una

lista de prohibiciones y/o limitaciones

(STC 102/1995 y 64/1982).

Ahora bien, de conformidad con la

reiterada jurisprudencia del Tribunal

Constitucional, el territorio se configura

como un elemento definidor de las com-

petencias de los poderes públicos territo-

riales, lo cual no impide, no obstante,

que el ejercicio de las competencias de

una comunidad autónoma pueda tener

repercusiones de hecho fuera de la co-

munidad de que se trate. Sin embargo,

esta circunstancia no sucede en el pre-

sente caso, dado que no se trata de reper-

cusiones indirectas sino del ejercicio di-

recto de competencias (STC 49/1988,

FJ 30). Para delimitar cuál es el territorio

autonómico, el Tribunal Constitucional

utiliza la jurisprudencia del Tribunal Su-

premo, que sostiene —de forma inequí-

voca y respecto a los puertos y zonas ma-

rítimo-terrestres— que ambos forman

parte del territorio municipal en el que

se encuentran enclavados, basándose en

el hecho de que todo el territorio nacio-

nal se divide en términos municipales y

que, en consecuencia, no pueden quedar

espacios territoriales excluidos. Así pues,

entiende que esta misma doctrina debe

aplicarse a la división del territorio na-

cional en comunidades autónomas.

En cambio, la delimitación del mar

territorial dificulta el ejercicio de la

competencia autonómica para la pro-

tección de espacios naturales protegi-

dos. El mar territorial, como soporte to-

pográfico del medio ambiente, se

integra, en primer lugar, por un elemen-

to móvil (las aguas), que, por razones fí-

sicas obvias, no puede adscribirse de

modo permanente a un lugar determi-

nado; y, en segundo lugar, en las aguas

se ejerce una competencia exclusiva del

Estado sobre pesca marítima que recae

sobre uno de los elementos del espacio

natural que se halla más necesitado de

protección.

De estos argumentos derivan, en pala-

bras del Tribunal Constitucional, dos

consecuencias: la primera, que la compe-

tencia autonómica para la protección de

espacios naturales sólo se extenderá al

mar territorial excepcionalmente, cuando

así lo exijan las características del espacio

protegido; y, la segunda, que dicha com-

petencia se halla limitada, en este caso,

por la competencia estatal sobre pesca

marítima que, al recaer exclusivamente

sobre uno de los elementos que constitu-

yen el objeto de protección, resulta más

específica y por tanto debe prevalecer en

caso de colisión. Por tales motivos el Tri-

bunal estima parcialmente el conflicto de

competencia presentado por el Gobierno

del Estado y desestima el promovido por

la Junta de Andalucía, declarando que los

preceptos impugnados del Decreto anda-

luz no son de aplicación en la franja terri-

torial objeto del conflicto.

El magistrado Pablo García Manzano

formula un voto particular a la Sentencia

por entender que debería haberse deses-

AUTONOMIES · 29

262

timado el conflicto del Gobierno estatal

en tanto que el Decreto de la Junta se

ajusta al orden constitucional de compe-

tencias. En su opinión, el Tribunal debe-

ría haber reconducido la mera califica-

ción formal del título habilitante de la

Orden del Gobierno central a su verda-

dero contenido material, que era la pro-

tección y tutela de un espacio marino a

preservar por sus recursos naturales, una

competencia que encajaría con la de es-

pacios naturales protegidos, de titulari-

dad exclusiva de la Comunidad Autóno-

ma de Andalucía (art. 13.7 EAA).

Francesc Vallès

ACTIVIDAD NORMATIVA... 263

Sentencia 95/2002, de 25 de abril (BOE núm. 122, de 22 de mayo). Recurso

de inconstitucionalidad núm. 938/1993 y conflicto positivo de competen-

cia núm. 1176/1993, promovidos por el Consejo Ejecutivo de la Generali-

dad de Cataluña, contra la disposición adicional vigésimo tercera de la Ley

39/1992, de 29 de diciembre, de presupuestos generales del Estado para

1993, y el Acuerdo tripartito en materia de formación continua de los tra-

bajadores ocupados, firmado en Madrid el 22 de diciembre de 1992, entre

el Excmo. Sr. ministro de Trabajo y Seguridad Social, el presidente de la

Confederación Española de Organizaciones Empresariales, el presidente

de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa, el secre-

tario general de la Confederación Social de Comisiones Obreras y el secre-

tario de la Unión General de Trabajadores.

Ponente:

Pablo García Manzano.

El recurso de inconstitucionalidad y

el conflicto de competencias planteados

alegan la posible vulneración de deter-

minadas competencias de gestión de la

Generalidad de Cataluña por la disposi-

ción adicional vigésimo tercera de la Ley

39/1992, de 29 de diciembre, de presu-

puestos generales del Estado para 1993,

y por el Acuerdo tripartito en materia de

formación continua de los trabajadores

ocupados, firmado en Madrid el 22 de

diciembre de 1992; además, se alega la

infracción por la citada disposición adi-

cional de los principios constitucionales

de igualdad, libertad sindical, libertad

de asociación y pluralismo.

El Tribunal Constitucional examina

en primer lugar el conflicto positivo de

competencia planteado respecto al Acuer-

do tripartito en materia de formación

continua de los trabajadores ocupados.

Dicho Acuerdo es la culminación del

Acuerdo nacional de formación conti-

nua que prevé medidas relativas a la for-

mación continua. El Acuerdo tripartito

impugnado incluye obligaciones de fi-

nanciación; de organización, gestión e

impartición de la formación profesional

de los trabajadores ocupados; el com-

promiso del Gobierno de adoptar medi-

das para favorecer el desarrollo positivo

del Acuerdo nacional, así como obli-

gaciones relativas a la necesidad de

reformar el marco normativo del Plan

nacional de formación e inserción pro-

fesional.

Por lo que respecta a la concreta im-

pugnación del citado Acuerdo triparti-

to, la Generalidad de Cataluña conside-

ra que éste no respeta la distribución de

competencias por dos motivos: el pri-

mero, por atribuir la gestión y adminis-

tración de las acciones formativas com-

prendidas en la formación continua a

los interlocutores sociales; y el segundo,

porque el Gobierno asume el apoyo fi-

nanciero de la formación continua y lo

traslada para su gestión y administra-

ción a aquellos interlocutores sociales;

excluyendo en ambos supuestos la inter-

vención de la Generalidad.

El Tribunal Constitucional, antes de

examinar la posible vulneración de la

distribución de competencias, delimita

los títulos competenciales que deben in-

tervenir en el presente conflicto. En pri-

mer lugar, rechaza la inclusión de la ma-

teria formación profesional ocupacional

dentro del ámbito de la educación,

como pretendía la Generalidad de Cata-

luña; también rechaza su inclusión den-

tro de la competencia estatal de ordena-

ción y dirección general de la economía

ex art. 149.1.13 CE, como defendía el

Gobierno del Estado. El Tribunal Cons-

titucional considera que el título com-

petencial aplicable es el relativo al terreno

de la legislación laboral (cuya distribu-

ción competencial resulta del art. 149.17

CE y art. 11.2 del Estatuto de autono-

mía de Cataluña, atribuyendo este se-

gundo a la Generalidad de Cataluña la

función ejecutiva de la legislación labo-

ral), recordando distintas sentencias en

que había determinado el alcance de di-

cho título; así, STC 33/1981, 18/1982,

35/1982, 195/1996, de las que resulta

que los incentivos a la formación profe-

sional ocupacional se insertaban dentro

de ese título.

A continuación el Tribunal Constitu-

cional afirma que el Acuerdo tripartito

impugnado hace referencia a materias

incluidas en los art. 35.1 y 40.2 CE,

puesto que se quiere dar efectividad al

derecho de los trabajadores a su promo-

ción a través del trabajo y supone la

adopción por los poderes públicos de

una política de fomento. Esto le lleva a

rechazar la alegación de que las acciones

previstas en el Acuerdo sean medidas de

política de empleo que se hallarían in-

cluidas en el art. 40.1 CE.

Del mismo modo rechaza el Tribunal

Constitucional la supuesta justificación

de la competencia estatal por el Gobier-

no del Estado con apoyo en el art. 11.2

in fine del Estatuto de autonomía de

Cataluña, que reconoce competencia al

Estado en materia de fondos de ámbito

nacional y de trabajo, sin perjuicio de lo

establecido por las normas del Estado

sobre dichas materias. Las razones de

este rechazo se basan en que la dotación

de recursos presupuestarios para finan-

ciar las acciones formativas del Acuerdo

nacional sobre formación continua no

pueden considerarse fondo de ámbito

nacional laboral.

Por lo que se refiere a la concreta im-

pugnación del Acuerdo tripartito por

vulnerar la competencia ejecutiva de la

Generalidad en materia de gestión de

la formación profesional ocupacional

dentro de su ámbito territorial, se re-

cuerda que dicha competencia fue tras-

pasada a la Generalidad por las comisio-

nes mixtas mediante reales decretos, y

que el Estado no puede alterar su conte-

nido a través de una intervención unila-

teral, y en consecuencia el Acuerdo tri-

partito, al prever un sistema centralizado

de gestión en el que no participa la Ad-

ministración autonómica, lesiona, en

principio, la competencia ejecutiva de la

Generalidad.

No obstante, el Tribunal Constitucio-

nal entra a examinar los supuestos con-

cretos en que se habría producido dicha

lesión. Por lo que respecta a la gestión de

las acciones formativas por parte de los

interlocutores sociales, resulta la total

exclusión de la Generalidad de Cataluña

AUTONOMIES · 29

264

ACTIVIDAD NORMATIVA... 265

en la gestión de las medidas de forma-

ción continua que se desarrollen en su

territorio, sin tener en cuenta que la Ge-

neralidad tiene transferidas competen-

cias en ese ámbito; por lo tanto, el pri-

mer párrafo, en su inciso final, del

apartado tercero del Acuerdo tripartito

vulnera las competencias de la Generali-

dad sobre ejecución de la legislación la-

boral. El segundo párrafo del apartado

tercero del Acuerdo tripartito atribuye

al ente paritario estatal determinadas

funciones. El Tribunal Constitucional

examina tales funciones y declara que la

función de establecer un adecuado siste-

ma de contabilidad de todos los gastos

realizados con separación de los corres-

pondientes a gestión y evaluación de las

acciones formativas vulnera la compe-

tencia de la Generalidad sobre acciones

formativas que le corresponde gestionar,

por estar incluido el citado sistema de

contabilidad en la gestión de aquellas

acciones. Por su parte, no vulnera el or-

den competencial la función de impul-

sar la inclusión de los criterios orientati-

vos para la elaboración de los planes de

formación, ni la elevación a la Comisión

tripartita nacional de un informe anual

sobre los resultados de aplicación del

Acuerdo nacional.

En lo relativo a los aspectos de gestión

vinculados a la financiación de actua-

ciones de formación continua, el Tribu-

nal Constitucional recuerda que el

poder de gasto del Estado no puede

concretarse y ejercerse al margen del sis-

tema constitucional de distribución de

competencias (STC 39/1982 y 179/

1985). Así, en la STC 13/1992 el Tribu-

nal Constitucional definió cuatro su-

puestos de delimitación competencial a

los que pueden reconducirse los supues-

tos de regulación subvencional, siendo

de aplicación al conflicto que se exami-

na el que actúa cuando «el Estado tiene

atribuida la competencia de legislación

relativa a una materia, mientras que co-

rresponde a la Comunidad Autónoma

la competencia de ejecución». Así, dado

que el Acuerdo tripartito, en su aparta-

do primero, 2, establece la atribución al

ente paritario estatal de la distribución

de todos los recursos, se produce una

vulneración del orden constitucional de

competencias invadiendo la de la Gene-

ralidad en materia de ejecución de la le-

gislación laboral; vulneración que tam-

bién es extensiva al párrafo segundo del

apartado tercero del acuerdo por idén-

ticos motivos, puesto que atribuye al

ente paritario estatal la entrega a la In-

tervención General del Estado de la li-

quidación de los gastos efectuados con

cargo a la subvención recibida para la

realización del correspondiente control

financiero, así como la de recibir los re-

cursos de los fondos estructurales co-

munitarios destinados a formación de

ocupados.

Por lo que se refiere al recurso de in-

constitucionalidad respecto a la disposi-

ción adicional vigésimo tercera de la Ley

39/1992, de presupuestos generales del

Estado para 1993, se impugna el hecho

de que la financiación de acciones for-

mativas se ponga a disposición del ente

paritario de ámbito estatal, en tanto ex-

cluye la gestión y administración de la

Generalidad aunque ésta posea la titula-

ridad de la función ejecutiva sobre la

materia. El Tribunal Constitucional,

manteniendo el criterio defendido en la

resolución del conflicto de competen-

cias, declara la inconstitucionalidad de

la citada disposición por excluir a la Ge-

neralidad de la percepción de los corres-

pondientes fondos públicos destinados

a financiar la formación continua en su

ámbito territorial.

En relación con las impugnaciones de

la disposición adicional vigésimo tercera

por vulnerar los art. 1, 7, 22 y 28 CE, al

haberse declarado la inconstitucionali-

dad de aquella, el Tribunal Constitucio-

nal considera innecesario examinar di-

chos motivos de inconstitucionalidad.

Por último, el Tribunal Constitucio-

nal declara que teniendo en cuenta que

tanto el Acuerdo tripartito como la dis-

posición adicional vigésimo tercera han

agotado sus efectos, y debido a que po-

drían verse afectadas situaciones conso-

lidadas, debe entenderse que la preten-

sión autonómica resulta satisfecha por

medio de la declaración de titularidad

de la competencia controvertida, sin

que sea preciso anular los preceptos ob-

jeto de impugnación.

• Voto particular concurrente formula-

do por los magistrados Pablo García

Manzano y María Emilia Casas Baa-

monde.

Los motivos que llevan a los magistra-

dos a formular su voto particular son

por considerar que el Tribunal debería

haber completado el examen de los re-

quisitos de orden material que han de

exigirse para la constitución por el Esta-

do de un fondo de ámbito nacional a los

efectos de determinar cuándo debe apli-

carse el art. 11.2 del Estatuto de autono-

mía.

• Voto particular formulado por el ma-

gistrado Vicente Conde Martín de Hi-

jas.

El magistrado discrepante considera

que la sentencia de la mayoría contribu-

ye a crear un obstáculo casi insalvable

para las opciones ordenadoras de la con-

certación social de ámbito estatal, pues

se cierra la posibilidad de que el Estado

pueda implementar alternativas ordena-

doras de índole negocial a través del

ejercicio de su competencia sobre legis-

lación laboral. El magistrado considera

que las actuaciones de financiación de la

Ley objeto de controversia deben situar-

se en el terreno de la negociación y no

en el de la legislación laboral, por lo que

no se estaría invadiendo la competencia

de la Generalidad sobre ejecución de la

legislación laboral. Además, defiende

que aunque se tratase de legislación la-

boral, la competencia del Estado se ha-

llaría dentro de la reserva competencial

a su favor establecida en el art. 11.2 del

Estatuto relativa a los fondos nacionales

y de trabajo. Asimismo rechaza que la

mayoría considere que el Acuerdo tri-

partito regula el contenido de la relación

laboral, puesto que lo que hace es una

opción normativa global abdicando de

la regulación de la formación profesio-

nal ocupacional al cederla a la negocia-

ción colectiva.

• Voto particular formulado por el ma-

gistrado Guillermo Jiménez Sánchez.

La discrepancia fundamental del voto

particular respecto a la decisión de la

mayoría se centra en no haber conside-

rado que la financiación del Acuerdo

tripartito en materia de formación con-

tinua de los trabajadores implica la crea-

ción de un fondo nacional. En conse-

cuencia, resultaría de aplicación el art.

11.2 del Estatuto de autonomía ya cita-

do que reserva al Estado la materia rela-

tiva a los fondos nacionales, por lo que

el Estado no habría invadido competen-

cias de la Generalidad.

• Voto particular formulado por el ma-

gistrado Roberto García-Calvo y Mon-

tiel.

El magistrado considera que la mayo-

ría tiene una concepción anacrónica de

AUTONOMIES · 29

266

la política de empleo. En ese sentido

defiende que el Acuerdo tripartito im-

pugnado debería haberse entendido

como incluido dentro de la política

económica del Estado orientada al ple-

no empleo (art. 40.1 CE) y que el dis-

positivo financiero para la formación

continua previsto en el Acuerdo debería

haberse considerado como fondo na-

cional, y por tanto haber sido incluido

en el art. 11.2 del Estatuto de autono-

mía.

Marta Fernández

ACTIVIDAD NORMATIVA... 267

Sentencia 97/2002, de 25 de abril (BOE núm. 122, de 22 de mayo).

Recursos de inconstitucionalidad 3492/1995 y 3672/1995 acumulados,

promovidos respectivamente por el Gobierno y por el Parlamento de la

Comunidad Autónoma de las Illes Balears, contra la Ley 26/1995, de 31

de julio, por la que se declaran reserva natural las Salinas de Ibiza («Ses

Salines»), las Illes des Freus y las Salinas de Formentera.

Ponente:

Javier Delgado Barrio.

El Gobierno y el Parlamento de la Co-

munidad Autónoma de las Illes Balears

interponen el presente recurso de incons-

titucionalidad contra la Ley 26/1995,

que declara reserva natural el espacio de

las Salinas de Ibiza, las Illes des Freus y las

Salinas de Formentera, en tanto que

consideran que ésta ha vulnerado el ré-

gimen constitucional de competencias

en materia de espacios naturales prote-

gidos y medio ambiente. Según los

recurrentes, la Ley impugnada, aparte

de declarar como reserva natural el re-

ferido espacio, atribuye su gestión al

Estado central, lo cual vulnera el régi-

men constitucional de competencias.

Ambos argumentan que la redacción

de los entonces vigentes art. 11.5 y 13

del Estatuto de las Illes Balears deter-

minaba que corresponde a la comuni-

dad autónoma, en el marco de la legis-

lación básica del Estado y, en su caso,

en los términos que la misma establez-

ca, el desarrollo legislativo y la ejecu-

ción en materia de espacios naturales

protegidos, ecología y normas adicio-

nales de protección del medio ambien-

te. En cualquier caso, al Estado le co-

rresponde, de conformidad con el art.

149.1.23 CE, la adopción de la legisla-

ción básica sobre protección del medio

ambiente, sin perjuicio de las faculta-

des de las comunidades autónomas de

establecer normas de protección adi-

cionales.

En otras palabras, alegan que tanto

la declaración de espacio protegido

como la determinación de las condicio-

nes de protección y la regulación del

régimen de gestión, así como su propia

gestión, son actuaciones que se inscri-

ben en la esfera de las competencias au-

tonómicas reconocidas en el EAIB, de

acuerdo con lo previsto en la STC

102/1995, en tanto que estableció que

«la localización de un espacio natural

objeto de protección en el dominio pú-

blico marítimo-terrestre no confiere al

Estado potestades de protección del

mencionado espacio en tanto que éstas

deben ser ejercidas en su territorio por

la Administración que las tenga atri-

buidas, con independencia de la natu-

raleza demanial del entorno físico pro-

tegido». Ello provoca que la solicitud

de declaración de inconstitucionalidad

deba extenderse a la totalidad de la ley

recorrida, puesto que todo su articula-

do se refiere a la declaración y gestión

de la reserva natural en cuestión, y atri-

buye el ejercicio de estas actividades a

los órganos estatales.

Por su parte, el abogado del Estado

justifica la constitucionalidad de la ley

impugnada porque interpreta la men-

cionada STC 102/1995 de forma dis-

tinta, entendiendo que la misma justifi-

ca un intervencionismo estatal en la

realización de actividades de protección

de un determinado espacio físico (que

pueden ser concurrentes con las que lle-

ven a cabo las comunidades autóno-

mas), siempre y cuando exista un verda-

dero interés general nacional en su

protección.

Planteado el recurso en estos térmi-

nos, el Tribunal resuelve de forma sinté-

tica utilizando como canon de consti-

tucionalidad su propia jurisprudencia,

reproduciendo literalmente varios pá-

rrafos de la STC 102/1995. Según esta

última, la titularidad de una determina-

da competencia en materia de medio

ambiente y de declaración de espacios

naturales protegidos no viene determi-

nada ni por la titularidad del dominio

público ni por la importancia de estos

bienes para el interés general, sino que

el único criterio válido para juzgar la

idoneidad constitucional del régimen

de distribución competencial es la na-

turaleza jurídica de la actividad. Por

consiguiente, la calificación de un seg-

mento de la zona marítimo-terrestre

como parte integrante de un espacio

natural corresponde a la comunidad

autónoma en el territorio de la cual se

halle el espacio de que se trate, razona-

miento que cabe extender a su vez a la

determinación del titular de la gestión

correspondiente.

De este modo, la Ley objeto del pre-

sente recurso, en tanto que declara re-

serva natural un espacio físico determi-

nado y establece su régimen jurídico de

protección, debe situarse, desde la pers-

pectiva del orden constitucional de dis-

tribución de competencias, en la mate-

ria de espacios naturales protegidos.

Ésta es una competencia que, si bien tie-

ne una íntima relación material con la

de medio ambiente, puede diferenciarse

de la misma por el hecho de ser más es-

pecífica que esta última en la medida en

que «se refiere únicamente a un elemen-

to u objeto de aquéllos (el soporte topo-

gráfico del medio ambiente) y a una de-

terminada forma de actuación».

En la medida en que la Comunidad

Autónoma de las Illes Balears ha asumi-

do esta competencia en los art. 11.5 y

13 del EAIB, el Tribunal declara la in-

constitucionalidad de la Ley impugnada

por vulneración del régimen constitu-

cional de distribución de competencias.

En el caso del recurso de inconstitu-

cionalidad planteado por el Parlamento

balear, también se alegaba con carácter

previo un vicio formal de inconstitucio-

nalidad en la tramitación parlamentaria

de la Ley, consistente en que pese a la

oposición manifestada por el Senado

ante el texto enviado por el Congreso,

la mesa del Congreso de los Diputados

remitió el texto para la sanción real, sin

intervención del Pleno, como supues-

tamente debería haber sucedido ante

una disconformidad de la Cámara alta

con el texto presentado por el Congre-

so. Ante esta demanda, el Tribunal esti-

ma que dado que en la tramitación al

Senado de la Ley ahora impugnada se

rechazó el veto en la medida en que no

obtuvo la mayoría absoluta requerida y

no se introdujeron enmiendas en el tex-

to remitido por el Congreso, no concu-

rría el supuesto de hecho exigido en el

AUTONOMIES · 29

268

artículo 90.2 CE para una nueva lectu-

ra del texto de la Ley en el Congreso de

los Diputados, circunstancia que indi-

ca que no existen vicios formales de in-

constitucionalidad en la Ley ni en la

decisión adoptada por la mesa del

Congreso de elevar el texto para su san-

ción real.

Francesc Vallès

ACTIVIDAD NORMATIVA... 269

Sentencia 126/2002, de 23 de mayo (BOE núm. 146, de 19 de junio, suplemen-

to). Conflicto positivo de competencias planteado por el Consejo Ejecutivo

de la Generalidad de Cataluña contra la Orden del Ministerio de Obras Pú-

blicas y Transportes de 22 de mayo de 1993, que regula la concesión de ayu-

das previstas en el Plan nacional de residuos industriales para 1993.

Ponente:

Eugeni Gay Montalvo.

El presente conflicto positivo de com-

petencias es promovido por el Consejo

Ejecutivo de la Generalidad de Catalu-

ña contra los artículos 4, 5, 6, 7, 8, 9,

10, 11, 12 y 14 de la Orden del Minis-

terio de Obras Públicas y Transportes

de 22 de marzo de 1993, que regula la

concesión de las ayudas previstas en el

Plan de residuos industriales para 1993,

por considerar que vulnera sus compe-

tencias normativas y de gestión en ma-

teria de medio ambiente (art. 10.1.6

EAC).

Las alegaciones del letrado de la Ge-

neralidad parten de que la Orden im-

pugnada, que tiene por objeto finan-

ciar inversiones y nuevas tecnologías en

las empresas productoras y gestoras de

residuos industriales, se encuadra en el

ámbito competencial de medio am-

biente, ámbito en que el Estado sólo

tiene competencia para dictar la nor-

mativa básica (art. 149.1.23 CE), co-

rrespondiendo a la Generalidad el de-

sarrollo legislativo y la ejecución, sin

perjuicio de su potestad para dictar

normas adicionales de protección (art.

10.1.6 EAC). La representación auto-

nómica alega, en primer lugar, que la

Orden no puede ser considerada una

norma básica debido a que no cumple

los requisitos formales exigidos por la

doctrina constitucional para tal nor-

mativa. En segundo lugar alega que,

pese a considerar que cumple los requi-

sitos formales de las normas básicas, la

Orden no cumple los requisitos sustan-

tivos exigidos por la doctrina constitu-

cional en materia de subvenciones para

que el Estado pueda gestionarlas, pues

sólo es competente para dictar la nor-

mativa básica. De esta forma reivindica

que determinados preceptos de la Or-

den invaden las competencias normati-

vas de la Generalidad en materia de

medio ambiente, y que el Estado retie-

ne algunas funciones relevantes para la

gestión administrativa de las subven-

ciones que forman parte de las compe-

tencias autonómicas de gestión en la

misma materia.

En este sentido el letrado autonómico

alega, por una parte, la aplicación de

la jurisprudencia recogida en la STC

13/1992, FJ 8.b, y, por otra, que ni

siquiera la posible incidencia interterri-

torial de algunas de las actividades sub-

vencionables puede condicionar su apli-

cabilidad porque los supuestos en que se

produce dicha situación de trasvases en-

tre diferentes comunidades autónomas

son frecuentes. Añade que, ya que las

empresas productoras y gestoras de resi-

duos a las que se dirigen dichas subven-

ciones son autorizadas por las comuni-

dades autónomas, deberían ser éstas las

que otorgaran las subvenciones.

El abogado del Estado, pese a coinci-

dir con el letrado de la Generalidad en la

ubicación de la Orden controvertida en

el título competencial de medio am-

biente, mantiene que la misma es una

norma básica que respeta la distribución

de competencias en esa materia y cum-

ple los requisitos exigidos por la doctri-

na constitucional para la centralización

de la gestión de las subvenciones. Ante

las alegaciones de la Generalidad, argu-

menta que la doctrina aplicable a este

supuesto es la establecida en la STC

13/1992, FJ 8.d. En cuanto a la centra-

lización de la gestión de las subvencio-

nes, argumenta que no es completa

puesto que existe una intervención au-

tonómica de propuesta, y que se deriva

de la dimensión supraterritorial de éstas,

ya que muchas de las actividades sub-

vencionables tienen que incluir varios

territorios autonómicos, y de su cone-

xión con el Plan nacional de residuos.

Según esta parte, la orden impugnada se

justifica por el mandato dirigido a todos

los poderes públicos por el art. 45 CE y

por la necesidad de garantizar un míni-

mo uniforme en todo el territorio na-

cional en cuanto a la eliminación de re-

siduos (art. 149.1.1 CE).

El Tribunal Constitucional empieza

analizando la normativa reguladora de

los residuos tóxicos y peligrosos desta-

cando, entre otros aspectos, que corres-

ponde a las comunidades autónomas la

autorización de las actividades de pro-

ducción y gestión de residuos y de su

traslado en el interior del Estado (FJ 2).

A continuación el Tribunal se plantea

los efectos sobre la controversia compe-

tencial de que la Ley 10/1998 haya de-

rogado la anterior Ley de residuos (Ley

20/1986), en cuyo marco dictó la orden

controvertida, y de que las subvenciones

reguladas por la Orden ya hayan cum-

plido sus efectos. En aplicación de su

doctrina, recogida en la STC 186/1999

en relación con el cambio de normativa

y en la STC 190/2000 en relación con el

agotamiento de los efectos económicos

de la Orden, el Tribunal establece que

no se ha producido la desaparición del

objeto del conflicto (FJ 3).

Una vez visto esto, el Tribunal analiza

el objeto la Orden, que de acuerdo con

los artículos 1 y 2.1 de la misma es la de-

terminación de las bases reguladoras

para la concesión de ayudas del Plan na-

cional de residuos industriales destina-

das a «inversiones en infraestructura de

servicios de gestión de residuos», «fo-

mento y tratamiento in situ y de activi-

dades de recuperación», «fomento de

tecnologías limpias» y eliminación de

policlorobifenilos y policloroterfenilos»

(PCB y PTC), y comprueba su ubica-

ción en el ámbito competencial de me-

dio ambiente (FJ 5).

Seguidamente, el Tribunal procede a

la determinación del canon de enjuicia-

miento correspondiente, para la cual

aplica su doctrina en relación con las

subvenciones incorporadas a los presu-

puestos generales del Estado que esta-

blece que «no existe una competencia

subvencional diferenciada resultante de

la potestad financiera del Estado y que,

por tanto, la resolución de controversias

que se susciten respecto a la regulación y

aplicación de ayudas o subvenciones

que se puedan establecer en los diferen-

tes segmentos de la acción pública debe

tener en cuenta la distribución de com-

petencias existentes en la materia en la

AUTONOMIES · 29

270

que proceda encuadrar las subvenciones

en cuestión» (STC 13/1992). El Tribu-

nal recuerda la ubicación de la contro-

versia competencial en la materia de

medio ambiente realizada en el funda-

mento jurídico anterior y establece que,

desde la perspectiva material, corres-

ponde analizar si los aspectos controver-

tidos de la Orden son competencia de la

Generalidad o se incluyen dentro del

ámbito básico reservado al Estado de

acuerdo con la distribución de compe-

tencias en esta materia (FJ 6).

En primer lugar, y de acuerdo con sus

decisiones anteriores en relación con el

control de la normativa básica y la exi-

gencia de valorar su doble esfera formal

y material (STC 69/1988), el Tribunal

analiza si la Orden ministerial en cues-

tión cumple los requisitos formales de

dicha normativa. En aplicación de la

doctrina establecida en la STC 98/

2001, declara que pese a no respetar el

principio de ley formal existen la cone-

xión legal y la intervención del Gobier-

no necesarias para considerarla norma

básica en materia de medio ambiente

(FJ 7 y 8).

En segundo lugar, y antes de entrar a

analizar si la regulación de los artículos

impugnados cumple los requisitos sus-

tantivos de la normativa básica, el Tri-

bunal estudia el contenido y alcance de

las líneas subvencionales recogidas en el

PNRI para comprobar si por sus espe-

ciales características requieren una regu-

lación y una gestión centralizada (FJ 9).

En relación con la primera línea de ayu-

das, que tiene por objeto financiar las

«inversiones en infraestructura de servi-

cios de gestión de residuos», el Tribunal

establece que su proyección supraauto-

nómica no justifica la gestión centraliza-

da de las mismas. Para ello el Tribunal se

basa en sus decisiones anteriores en las

que dispone que «este alcance territorial

no permite trasladar, sin más, la titulari-

dad de la competencia controvertida al

Estado» (STC 329/1993), y en que la

normativa en materia de residuos atri-

buye a la Comunidad Autónoma donde

esté localizada la empresa de gestión de

residuos la autorización de la misma. El

Tribunal concluye que a esta línea sub-

vencional resulta aplicable la doctrina

establecida en la STC 13/1992, FJ 8.b,

y que, por tanto, en su regulación básica

el Estado debe dejar un margen norma-

tivo a la Comunidad Autónoma, a la

que corresponde también su gestión.

Al analizar las demás líneas subven-

cionales, que tienen por objeto «el fo-

mento y el tratamiento in situ y de acti-

vidades de recuperación», «el fomento

de tecnologías limpias» y la eliminación

de PBC y PTC», el Tribunal establece

que la centralización de la gestión de las

mismas tampoco está justificada y que

les es aplicable asimismo la doctrina

citada en el párrafo anterior (STC

13/1992, FJ 8.b). A juicio del Tribunal,

la aplicación de esta doctrina no queda

enervada por la alegación del abogado

del Estado de que los art. 45.2 y 149.1.1

CE permiten al Estado una regulación

exhaustiva e incluso la ejecución admi-

nistrativa de tales subvenciones para

asegurar un mínimo de protección en

todo el territorio nacional.

Finalmente, el Tribunal analiza los ar-

tículos impugnados de la Orden minis-

terial y estima parcialmente el conflicto,

manifestando antes, sin embargo, que al

haber cumplido ya sus efectos la norma

impugnada la sentencia se limitará a la

declaración de la titularidad de las com-

petencias controvertidas (FJ 11).

El Tribunal establece que vulneran las

competencias de gestión de la Generali-

dad los art. 5 y 6 (que regulan la realiza-

ción de un informe preceptivo por el

Consejo Rector del Plan nacional de re-

ACTIVIDAD NORMATIVA... 271

AUTONOMIES · 29

272

siduos industriales), pues corresponde a

ésta la tramitación y resolución de los

expedientes de solicitud correspondien-

tes (FJ 10.by c), y el art. 7.2 (que esta-

blece la realización de transferencias in-

dividuales de la Administración del

Estado a la de las comunidades autóno-

mas) debido a que el Estado debe terri-

torializar los fondos correspondientes y

distribuirlos entre las comunidades au-

tónomas, las cuales podrán satisfacer las

resoluciones de concesión de subvencio-

nes que emitan con cargo a dicho fon-

do. Por el contrario, no vulnera la distri-

bución competencial en materia de

medio ambiente el art. 7.1 (que estable-

ce la cuantía máxima de las subvencio-

nes), al constituir una norma básica a

través de la cual el Estado se asegura que

los fondos públicos incluidos en sus pre-

supuestos para la consecución de deter-

minados objetivos no superan el coste

de la actividad financiada (FJ 10.d).

Vulneran las competencias de desa-

rrollo y de gestión de la Generalidad el

art. 4.2 (que regula aspectos de la trami-

tación de las solicitudes y realiza una re-

misión a la LRJAP), el art. 8 (que regula

la posibilidad de anticipos) y los artícu-

los 11 y 12 (que regulan las comproba-

ciones e inspecciones que deban reali-

zarse y la constatación de que se ha

llevado a cabo efectivamente la actua-

ción subvencionada) ya que no se pue-

den considerar normas básicas (FJ 10.a,

e, h, e i).

Según la resolución del Tribunal,

también vulneran las competencias de la

Generalidad el art. 9 (que regula la

aportación de garantías y avales para la

concesión de anticipos), porque el Esta-

do debe territorializar los fondos y asig-

narlos a las comunidades autónomas se-

gún criterios objetivos, sin que proceda

realizar otros controles sobre los mismos

que el contenido en la Ley general pre-

supuestaria (LGP) a tal efecto (FJ 10.f),

y el art. 14 (que establece una remisión

general, con carácter supletorio, a la

LGP), pues los artículos de la LGP a los

que hace remisión sólo son de aplica-

ción a las subvenciones que corresponda

gestionar al Estado, conforme a lo esta-

blecido en los mismos (FJ 10.j).

Ahora bien, en relación con el art.

4.1, el Tribunal declara que el estableci-

miento de un plazo común para presen-

tar las solicitudes en todo el territorio

nacional, concebido como un criterio

coordinador, no vulnera competencia

autonómica alguna (STC 186/1999) y

que la determinación de los documen-

tos que deben acompañar la solicitud

también queda incluida dentro del ám-

bito de competencia del Estado para

dictar las normas básicas puesto que ga-

rantizan una homogeneidad necesaria

en la tramitación de las ayudas en todo

el territorio nacional, a la vez que permi-

te a la Comunidad Autónoma atender

las especificidades de sus propias políti-

cas en la medida en que se prevé que és-

tas regulen ciertos aspectos de los estu-

dios que deben ser aportados por los

solicitantes (FJ 10.a). Tampoco vulnera

las competencias de la Generalidad el

art. 10, que regula la presentación de so-

licitudes y documentación para el cobro

de las subvenciones reconocidas y la po-

sibilidad de que las inversiones por las

que se concede la subvención puedan

realizarse a través de fórmulas de pago

aplazado, debido a que, según el Tribu-

nal, dichas normas garantizan una míni-

ma homogeneidad en la gestión de las

subvenciones, siendo posible que las co-

munidades autónomas establezcan com-

plementaciones normativas específicas

para sus respectivos ámbitos territoriales

(FJ 10.g).

Elisenda Casañas

Ponente:

Pablo García Manzano.

El objeto de la presente Sentencia es

el análisis de la constitucionalidad de al-

gunos preceptos de la Ley 7/1995, de 21

de abril, de la fauna silvestre, caza y pes-

ca fluvial, aprobada por la Asamblea Re-

gional de Murcia con la finalidad de

conciliar las actividades reguladas con la

adecuada protección de la fauna y de sus

hábitats naturales. Los artículos impug-

nados de la ley autonómica regulan las

especies que pueden ser objeto de co-

mercialización (art. 27) y las sanciones

(art. 113.c) y el plazo de prescripción

(art. 103.1) por las infracciones admi-

nistrativas calificadas por la misma

como muy graves.

El recurso presentado por el presi-

dente del Gobierno se fundamenta en la

presunta vulneración de la normativa

estatal dictada de acuerdo con la distri-

bución de competencias entre el Estado

y las comunidades autónomas en mate-

ria de medio ambiente (art. 149.1.23

CE), que atribuye al Estado competen-

cia exclusiva para dictar la regulación

básica, sin perjuicio de que las comuni-

dades autónomas puedan adoptar nor-

mas adicionales de protección. Más en

concreto, el abogado del Estado alega

que los artículos en cuestión contradi-

cen la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de

conservación de los espacios naturales y

de la flora y fauna silvestres (LCEN),

que configura las infracciones y las san-

ciones administrativas que con carác-

ter básico se han de aplicar en todo el

territorio nacional, y el Real decreto

1118/1989, de 15 de septiembre, por el

que se determinan las especies objeto de

caza y pesca que pueden ser objeto de

comercio.

De conformidad con su doctrina en

relación con los supuestos de inconsti-

tucionalidad mediata o indirecta por

vulneración de la normativa básica dic-

tada para el Estado (STC 151/1992,

163/1995), antes de entrar a analizar la

efectiva contradicción de los preceptos

de la ley autonómica con la regulación

estatal, el Tribunal comprueba que la

normativa estatal que se considera in-

fringida, los art. 38, 39 y 41 de la LCEN

y el Real decreto 118/1989, tiene real-

mente el carácter de básico. En este

supuesto la operación resulta sencilla

puesto que la disposición adicional

quinta de la LCEN atribuye expresa-

mente el carácter de básicos a los artícu-

los afectados y el propio Tribunal Cons-

titucional ya se había pronunciado

previamente en relación con el regla-

mento que desarrolla esta Ley en la STC

102/1995.

Realizada esta comprobación, el Tri-

bunal entra en el análisis de los distintos

artículos de la Ley impugnada en rela-

ción con la normativa básica dictada por

el Estado determinando, en primer lu-

gar, que el catálogo de especies que pue-

den ser objeto de comercialización reco-

gido en la ley autonómica incluye varias

especies que no se encuentran en la nor-

ma estatal, y en segundo lugar, que la re-

gulación autonómica establece una

cuantía mínima por las multas y un pla-

zo de prescripción inferior por las in-

fracciones administrativas calificadas

ACTIVIDAD NORMATIVA... 273

Sentencia 166/2002, de 18 de septiembre (BOE núm. 242, de 9 de octubre,

suplemento). Recurso de inconstitucionalidad promovido por el presiden-

te del Gobierno contra determinados preceptos de la Ley 7/1995, de 21 de

abril, de la fauna silvestre, caza y pesca fluvial, aprobada por la Asamblea

Regional de la Región de Murcia.

AUTONOMIES · 29

274

como muy graves que la que establece la

normativa estatal para las mismas y que,

con una matización, coinciden con las

anteriores.

La citada matización la realiza el Tri-

bunal en relación con la tipificación por

la ley autonómica como infracciones

administrativas muy graves de ciertas

conductas realizadas en «áreas de pro-

tección de la fauna silvestre», figura crea-

da y regulada por la propia comunidad,

al amparo del art. 21.2 LCEN. Dichas

conductas también se hallan tipificadas

como tales infracciones en la ley estatal

pero en relación con los «espacios natu-

rales protegidos». El Tribunal analiza la

regulación de la figura autonómica y

concluye que las «áreas de protección de

la fauna silvestre» pueden no coincidir

siempre con los «espacios naturales pro-

tegidos» regulados en la LCEN, solu-

ción que declara responde a criterios ló-

gicos ya que si esta misma ley permite a

las comunidades autónomas establecer

figuras distintas de las recogidas en su

art. 12, regulando sus medidas de pro-

tección, podría resultar incoherente con

la intención autonómica de que necesa-

riamente hubieran de constituir «espa-

cios naturales protegidos» a los efectos

de la LCEN, con las consecuencias per-

tinentes (FJ 7). De esta forma, el Tribu-

nal establece que las infracciones admi-

nistrativas muy graves recogidas en la

ley autonómica en relación con las «áre-

as de protección de la fauna silvestre»

también pueden no coincidir con las re-

cogidas en la LCEN.

Visto esto, y recordando sus decisio-

nes anteriores en relación con el ámbito

de medio ambiente, en las que establece

que la legislación básica estatal tiene la

función de establecer unas normas míni-

mas de protección que pueden ser am-

pliadas pero en ningún caso restringidas

o disminuidas por las comunidades au-

tónomas con competencias en la materia

(STC 196/1996), el Tribunal estima

parcialmente el recurso y declara incons-

titucionales los artículos impugnados en

cuanto rebajan el nivel de protección es-

tablecido en la legislación estatal.

Elisenda Casañas

Ponente:

Guillermo Jiménez Sánchez.

El recurso de inconstitucionalidad se

plantea por la Junta de Galicia por consi-

derar que la disposición adicional segun-

da de la Ley 41/94, de 30 de diciembre,

de presupuestos generales del Estado

para 1995, vulnera su competencia en

materia de educación puesto que le im-

pide gestionar las acciones de formación

profesional continua y retiene indebida-

mente centralizados los fondos presu-

puestarios destinados a dicha finalidad.

Así, la gestión de la formación profesio-

nal se atribuye a los agentes sociales, de

acuerdo con los acuerdos nacionales y

tripartitos en materia de formación con-

tinua de los trabajadores ocupados, va-

ciando la competencia de la Junta de Ga-

licia sobre la gestión de la formación

profesional de los trabajadores reconoci-

Sentencia 190/2002, de 17 de octubre (BOE núm. 271, de 12 de noviembre).

Recurso de inconstitucionalidad núm. 1026/1995, promovido por la Jun-

ta de Galicia contra la disposición adicional segunda de la Ley 41/1994, de

30 de diciembre, de presupuestos generales del Estado para 1995.

ACTIVIDAD NORMATIVA... 275

da por el Real decreto 146/93, de 29 de

enero, de traspasos en esta materia.

El Tribunal Constitucional indica, en

primer lugar, que para la decisión del re-

curso se debe tener presente la doctrina

establecida en la STC 95/2002, en que

fue examinada una impugnación seme-

jante. Así, declara que de esta Sentencia

resulta que la materia de formación pro-

fesional ocupacional no pertenece al

ámbito de la educación ni, como pre-

tende el Gobierno del Estado, a la mate-

ria «bases y coordinación de la planifica-

ción general de la actividad económica»

(art. 149.1.13 CE), sino que se incardi-

na en la materia legislación laboral.

La materia legislación laboral corres-

ponde al Estado sin perjuicio de su eje-

cución por los órganos de las comunida-

des autónomas (art. 149.1.7 CE), lo que

supone que sean las Cortes Generales las

que ostenten la potestad legislativa sobre

esa materia. Por su parte, el art. 29.1 del

Estatuto de autonomía de Galicia atri-

buye a dicha Comunidad la ejecución de

la materia laboral, aunque reserva al Es-

tado todas las competencias en materia

de fondos de ámbito nacional y de traba-

jo, sin perjuicio de lo establecido en las

normas del Estado sobre tales materias.

El Tribunal Constitucional rechaza que

las medidas de política de empleo y finan-

ciación previstas en el Acuerdo tripartito,

antes citado, puedan considerarse inclui-

das dentro del art. 40.1 CE pues no tie-

nen por fin el ejercicio de una política

orientada hacia el pleno empleo y, en con-

secuencia, no considera que sean fondos

de ámbito nacional, lo que significa que

no quedan reservadas al Estado todas las

competencias sobre aquellas, sino que de-

bido a su configuración como medida

«laboral» debe ser la Comunidad Autóno-

ma de Galicia la que adopte las medidas

de aplicación o de ejecución que la legisla-

ción estatal disponga. Conforme a este

planteamiento el Tribunal Constitucional

considera que la disposición adicional im-

pugnada, en la parte que prevé que los

fondos destinados a formación continua

se pondrán a disposición de la Fundación

para la Formación Continua, vulnera las

competencias de la Junta de Galicia.

Por lo que respecta a la previsión de la

disposición adicional impugnada de

la exclusión de la puesta a disposición de la

Fundación para la Formación Continua

de una parte de los fondos presupuesta-

dos destinados a la formación continua

de las administraciones públicas que se-

rán financiados al amparo de la Ley

9/1987, de 12 de junio, el Tribunal

Constitucional recuerda que según su

jurisprudencia el Estado puede, en uso

de su soberanía financiera, asignar fon-

dos públicos a determinadas finalidades,

siempre que en la programación y ejecu-

ción de dicho gasto el Estado respete el

orden competencial (STC 13/1992, FJ

7). Esto lleva al Tribunal Constitucional

a declarar que la previsión de la citada

disposición adicional resulta conforme a

la Constitución siempre y cuando se in-

terprete que los fondos deben distribuir-

se entre las comunidades autónomas se-

gún criterios objetivos de reparto.

Examina asimismo el Tribunal Cons-

titucional si es conforme a la Constitu-

ción que sea la Comisión tripartita la

que acuerde el importe de la financia-

ción estatal que deba destinarse a la for-

mación continua en las administraciones

públicas. Sobre esta cuestión considera

que el Estado no puede olvidar las com-

petencias de la Comunidad Autónoma

de Galicia y, por lo tanto, resulta incons-

titucional que adopte sus decisiones de

programación y de cuantía total de la fi-

nanciación con las representaciones sin-

dical y empresarial (que son las integran-

tes de la Comisión tripartita) y no con la

Comunidad Autónoma.

Por último, el Tribunal Constitucio-

nal declara que el párrafo tercero de la

disposición adicional impugnada no

vulnera las competencias de la Junta de

Galicia por afectar sólo al ámbito estric-

tamente normativo, en el que no hay

competencias autonómicas, establecien-

do que pueden habilitarse con cargo a

los presupuestos del INEM nuevos fon-

dos para formación continua como con-

secuencia de lo pactado en el ámbito de

los acuerdos o convenios colectivos.

El Tribunal Constitucional finaliza su

pronunciamiento declarando que al ha-

ber agotado ya sus efectos la disposición

adicional recurrida, su decisión debe limi-

tarse a fijar el alcance de la competencia y

a establecer que los efectos de la nulidad

declarada se producirán desde la fecha de

la publicación de la Sentencia en el BOE.

• Voto particular formulado por el ma-

gistrado Vicente Conde Martín de Hijas.

El magistrado se remite al voto par-

ticular que formuló en la STC 95/2002.

• Voto particular formulado por el ma-

gistrado Guillermo Jiménez Sánchez.

El magistrado reproduce principal-

mente las argumentaciones que defen-

dió en el voto particular que formuló en

la STC 95/2002.

• Voto particular concurrente formulado

por los magistrados Pablo García Manza-

no y María Emilia Casas Baamonde.

Los motivos que conducen a los ma-

gistrados a formular su voto particular,

como ya hicieron en la STC 95/2002,

son por considerar que el Tribunal debe-

ría haber completado el examen de los

requisitos de orden material que han de

exigirse para la constitución por el Esta-

do de un fondo de ámbito nacional a los

efectos de determinar cuándo debe apli-

carse el art. 29.1 del Estatuto de autono-

mía de Galicia.

• Voto particular formulado por el ma-

gistrado Roberto García-Calvo y Mon-

tiel.

El magistrado se remite al voto parti-

cular que formuló en la STC 95/2002.

Marta Fernández

AUTONOMIES · 29

276

Ponente:

Eugeni Gay Montalvo.

El Decreto 284/1998 de la Junta de

Andalucía que es objeto de impugnación

en el presente conflicto de competencias

se dicta al amparo del art. 13.22 del Esta-

tuto de autonomía de Andalucía, que

atribuye a la Comunidad Autónoma la

competencia exclusiva en materia de asis-

Sentencia 239/2002, de 11 de diciembre (BOE núm. 9, de 10 de enero de

2003). Conflictos positivos de competencia núm. 1207/1999 y 1208/1999,

promovidos por el Gobierno de la Nación contra el Decreto de la Junta de

Andalucía 284/1998, de 29 de diciembre, por el que se establecen ayudas

económicas complementarias, de carácter extraordinario, a favor de los

pensionistas por jubilación e invalidez en las modalidades no contributi-

vas, y el Decreto 62/1999, de 9 de marzo, de modificación del Decreto

284/1998.

tencia y servicios sociales, y de acuerdo

con el art. 14 de la Ley 2/1988, de 4 de

abril, de servicios sociales de Andalucía,

que prevé que podrán establecerse presta-

ciones económicas, de carácter periódico

y no periódico, a favor de aquellas perso-

nas que no puedan atender sus necesida-

des básicas dada la situación económica y

social en que se encuentren.

El Decreto 62/1999, también impug-

nado, se limita a modificar el art. 3 del

Decreto 284/1998, suprimiendo la pre-

visión de ayudas que deberían abonarse

en el mes de abril.

El conflicto se plantea por considerar

el Gobierno de la Nación que los citados

decretos vulneran las competencias del

Estado sobre legislación básica y régi-

men económico de la Seguridad Social,

ex art. 149.1.17 CE, y las relativas a la

regulación de las condiciones básicas

que garantizan la igualdad de todos los

españoles en el ejercicio de los derechos

y en el cumplimento de los deberes

constitucionales, art. 149.1.1 CE.

Para resolver el conflicto planteado el

Tribunal Constitucional comienza exa-

minando cuál fue el sistema de Seguri-

dad Social que tuvieron en considera-

ción los constituyentes para establecer

las previsiones del art. 41 CE. Este siste-

ma, según el Tribunal, se estructuraba

sobre un doble pilar: el principio contri-

butivo y la cobertura de riesgos que se

hubiesen efectivamente producido. Los

constituyentes quisieron ampliar dicho

contenido al configurar la Seguridad

Social como una función de Estado para

atender situaciones de necesidad que

pueden exceder de la cobertura contri-

butiva de la que se partía. Además, en

este encuadramiento del conflicto el Tri-

bunal Constitucional pone de manifies-

to que el art. 41 de la Constitución no es

un precepto apto para atribuir compe-

tencias, sino que es un precepto neutro,

por lo que para obtener una solución al

conflicto planteado debe acudirse al tí-

tulo VIII de la Constitución teniendo

presente la doctrina sobre el art. 41 CE.

En segundo lugar, el Tribunal Consti-

tucional considera que dentro de las po-

sibles prestaciones complementarias del

art. 41 CE puede incluirse el mutualismo

libre, no integrado dentro del sistema de

la Seguridad Social, sino en la materia

«seguros» y «ordenación de la economía»

(art. 149.1.11 y 13 CE), y que puede ser

competencia de las comunidades autó-

nomas. Del mismo modo pueden incluir-

se los planes y fondos de pensiones, que

quedarían incluidos dentro del ámbito

de la legislación mercantil y la de segu-

ros, art. 149.1.6 y 11 CE (STC 86/1989,

FJ 6, 220/1992, FJ 3, 206/1997, FJ 7,

66/1998, FJ 1). Asimismo, el Tribunal

alude a la asistencia social que puede ser

competencia de las comunidades autó-

nomas, ex art. 148.1.20 CE, y que per-

mite la previsión de salarios mínimos de

inserción destinados a paliar situaciones

de necesidad en que se hallen determina-

dos grupos de personas, y que son com-

patibles con otros ingresos, incluso con

las pensiones de la Seguridad Social. De

acuerdo con ello el Tribunal Constitu-

cional concluye que el art. 41 CE prevé

un sistema de protección social encarga-

do a los poderes públicos que tiene como

eje fundamental, aunque no único, el

sistema de Seguridad Social, y que el

mismo puede coexistir con otros siste-

mas complementarios.

Siguiendo esa línea argumental, el

Tribunal Constitucional manifiesta que

«nada impediría desde la perspectiva de

la legitimidad constitucional que las

Comunidades Autónomas con compe-

tencia en materia de asistencia social

otorgasen ayudas de esta naturaleza a

colectivos de personas que, aun perci-

biendo prestaciones asistenciales del sis-

ACTIVIDAD NORMATIVA... 277

AUTONOMIES · 29

278

tema de Seguridad Social, se encontra-

ran en situación de necesidad, siempre

que con dicho otorgamiento no se pro-

duzca una modificación o perturbación

de dicho sistema o de su régimen econó-

mico». Dichas ayudas pertenecen, según

el Tribunal, a la materia asistencia social,

que puede ser competencia de las comu-

nidades autónomas, y eso es lo que suce-

de con las ayudas otorgadas por la Junta

de Andalucía; además, dada la posibili-

dad de autonomía financiera de las co-

munidades autónomas, de la que dispo-

ne la Junta de Andalucía, éstas pueden

decidir libremente la distribución del

gasto público en el marco de sus compe-

tencias.

Una vez realizadas las anteriores con-

sideraciones el Tribunal Constitucional

entra a examinar el Decreto impugnado

desde cuatro perspectivas distintas: a)

El carácter complementario de las pen-

siones de jubilación e invalidez del sis-

tema de Seguridad Social en sus moda-

lidades no contributivas, declarando

que la identificación de los destinata-

rios de las ayudas andaluzas con los per-

ceptores de pensiones no contributivas

de jubilación e invalidez de los sistemas

de Seguridad Social no altera dicho sis-

tema. b) El carácter extraordinario, que

limita en el tiempo el derecho a su per-

cepción. Ello, según el Tribunal Consti-

tucional, resulta legítimo puesto que las

prestaciones otorgadas por las comuni-

dades autónomas no tienen por qué

integrarse en un sistema unitario y per-

manente ni en el tiempo ni en el espa-

cio; además, el Tribunal considera que

tales ayudas no complementan las pen-

siones asistenciales de la Seguridad So-

cial de forma que perturben el ámbito

específico de la misma. c) La inexisten-

cia de módulos de actualización de las

ayudas, concluyendo el Tribunal que

las ayudas examinadas, por su carácter

extraordinario y puntual, no deben ser

objeto de actualización anual como sí lo

son las pensiones no contributivas del

sistema de Seguridad Social. d) Su abo-

no a cargo de los presupuestos autonó-

micos, que resulta legítimo puesto que

tales ayudas andaluzas no han de inte-

grarse en la caja única del sistema de Se-

guridad Social.

En cuanto a la posible vulneración

por el Decreto impugnado del art.

149.1.1 CE, el Tribunal Constitucio-

nal recuerda que este precepto no pue-

de ser entendido como una prohibi-

ción de divergencia autonómica (STC

61/1997, FJ 7), y así, debido a que el

Tribunal desestima que las ayudas au-

tonómicas supongan un incremento de

las pensiones del ámbito de la Seguri-

dad Social, también debe concluirse

que no se han vulnerado las condicio-

nes básicas que garantizan la igualdad

en esta materia.

Por último, el Tribunal Constitucio-

nal rechaza la impugnación del Decre-

to 62/1999 fundamentada en que se

había vulnerado el principio de lealtad

constitucional al haber sido aprobado

el Decreto con el objetivo de permitir

la ejecución inmediata de sus previsio-

nes, posibilitando el pago de ayudas

con anterioridad al período inicial-

mente previsto y evitando así el efecto

suspensivo que se produciría con la ad-

misión a trámite del conflicto al haber-

se invocado el art. 161.2 CE. El Tribu-

nal Constitucional considera que la

doctrina sobre el principio de lealtad

constitucional no resulta aplicable en

este supuesto.

• Voto particular formulado por el ma-

gistrado Vicente Conde Martín de Hi-

jas al que se adhieren los magistrados Ja-

vier Delgado Barrio y Manuel Jiménez

de Parga.

El magistrado formula su voto par-

ticular alegando que discrepa de la con-

cepción de la Seguridad Social de la que

parte la sentencia, pues a partir de la

misma se establece una diferenciación

entre la materia Seguridad Social y asis-

tencia social que se distancia de la segui-

da en anterior jurisprudencia. El ma-

gistrado discrepante considera que la

asistencia social no puede ser un título

que permita suplementar, mediante au-

mento, las prestaciones de la Seguridad

Social, puesto que ésta es una institu-

ción estatal de solidaridad nacional en

que la concepción unitaria de la misma

resulta absolutamente necesaria, no

siendo posible la existencia de un espa-

cio común para la Seguridad Social y la

asistencia social. En su opinión la Sen-

tencia realiza una interpretación que de-

forma el sentido del artículo 41 CE con

el fin de justificar que prestaciones no

caracterizables como de Seguridad So-

cial puedan coexistir con las prestacio-

nes de ésta y puedan ser establecidas por

las comunidades autónomas en ejercicio

de sus títulos competenciales.

• Voto particular formulado por el ma-

gistrado Roberto García-Calvo y Mon-

tiel al que se adhiere el magistrado Ma-

nuel Jiménez de Parga.

La discrepancia expresada en este

voto particular se fundamenta por un

lado en que el Tribunal Constitucional

se ha apartado de la doctrina estableci-

da en las STC 76/1986, 148/1996 y

171/1998 en relación con la materia ob-

jeto de discusión sin justificarlo. Ade-

más, considera que el Tribunal Consti-

tucional no ha tenido presente que lo

que caracteriza a la asistencia social es la

demostración del estado de necesidad y

la falta de medios por la persona que so-

licita este tipo de prestación social, y esa

prueba de necesidad no existe en rela-

ción con los decretos impugnados, en

los que no se justifica la necesidad de las

ayudas establecidas, pues se otorgan a

todos los perceptores de pensiones no

contributivas residentes habitualmente

en Andalucía.

Marta Fernández

ACTIVIDAD NORMATIVA... 279

Instituciones del estado

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