La institucionalización de la igualdad de género en Galicia: un camino abierto
| Autor | Isabel Diz Otero - Marta Irene Lois González |
| Cargo | Universidad de Santiago de Compostela - Universidad de Santiago de Compostela |
| Páginas | 145-164 |
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La igualdad de género ha ocupado un lugar central en la agenda política de las últimas décadas. La acción de los poderes públicos con el fin de lograr la igualdad real entre mujeres y hombres estuvo caracterizada hasta hace algunos años por la puesta en marcha de programas y acciones específicas dirigidas a las mujeres; en la actualidad, por el contrario, estas acciones han ido acompañadas de nuevos modelos de intervención que sitúan la igualdad de género en el centro de la planificación y gestión de la totalidad de las políticas públicas. Desde finales de la década de los noventa, y de manera similar a lo que ha ocurrido en los países del ámbito europeo y en España, las políticas de género en el nivel autonómico han ido incorporando nuevas estrategias de género (Bustelo, 2004; Lombardo, 2004). Este nivel es particularmente relevante por la importancia que las políticas autonómicas adquieren en un contexto de fuerte descentralización como el caso español. Esto ha implicado, entre otros elementos, la descentralización de las políticas de género y la creación de organismos específicos de promoción de la igualdad.
El presente artículo tiene por objetivo fundamental analizar el estado de im-plementación de las políticas de igualdad género en el ámbito de la Administración pública gallega. Para ello, en primer lugar, se llevará a cabo una breve presentación de los principales conceptos y estrategias relativos al género y al feminismo institucional para, en segundo lugar, a la luz de los mismos, analizar y dar cuenta del proceso de creación y desarrollo de las políticas de igualdad de género en Galicia. En este sentido, se busca responder a las siguientes preguntas: ¿qué tipo de actuaciones en materia de igualdad se han llevado a cabo en la Comunidad Autónoma gallega?, ¿qué cambios intraorganizativos y nuevas instituciones ha supuesto la incorporación de la perspectiva de género en este nivel de gobierno?, ¿se puede hablar de madurez y consolidación del impulso institucional gallego en materia de género?, ¿qué grado de influencia han ejercido las políticas y organismos de igualdad de esta comunidad en el proceso de toma de decisiones?, ¿ha influido el color político en los cambios y evolución de las políticas de género en Galicia?, ¿son los recursos institucionales para la igualdad del presente una garantía de futuro en Galicia?
En las últimas décadas se ha experimentado una importante implicación de los poderes públicos en la lucha contra la desigualdad de género. Los precedentes de estas actuaciones se deben buscar en las luchas de los movimientos de mujeres de la denominada "segunda ola" del feminismo que tuvieron lugar durante los años sesenta y setenta. Como consecuencia de este movimiento feminista se estableció cierto consenso político acerca de la legitimidad de las demandas de las mujeres y el reconocimiento de que los poderes públicos pueden y deben hacer algo para eliminar las desigualdades de género y la discriminación de las mujeres. Si bien no existió acuerdo
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sobre cuál debe ser el papel del Estado en este proceso (Lovenduski, 1997) este movimiento va a propiciar la creación del denominado feminismo institucional o de Estado. En el marco de las Administraciones públicas, desde el momento que se asume que resulta imposible evitar el Estado, ya que está presente en la mayoría de las áreas importantes de la vida social, prolifera la creación de instituciones cuyo principal cometido es la formulación y puesta en práctica de medidas para alcanzar un mayor grado de igualdad entre mujeres y hombres. Es decir, se produce la institucionaliza-ción del feminismo en agencias u organismos para la igualdad (Stetson y Mazur, 1995).
Como en la mayoría de los países occidentales, aunque con mayor tardanza, en nuestro país se crean organismos de igualdad a partir de los años ochenta tanto a nivel estatal como a nivel autonómico. La creación en 1983 del Instituto de la Mujer significó el arranque del feminismo de Estado en España que no sólo ha tenido un impacto significativo en el planteamiento de las políticas públicas de igualdad, sino que, además, se ha convertido en el principal promotor de instituciones de este tipo, fundamentalmente, en el ámbito autonómico.
Así, a partir de 1988, año en que se crean los institutos de Andalucía y el País Vasco, se va desarrollando una red de estructuras administrativas análogas al Instituto de la Mujer en las diferentes comunidades autónomas1.
Las políticas públicas de género se pueden definir, tal y como plantea Lombardo, como el "conjunto de decisiones, objetivos y medidas adoptadas por las instituciones públicas, en relación al fomento de la igualdad entre mujeres y hombres y el avance de la situación socioeconómica, política y cultural de la mujer" (Lombardo, 2004:30). Tienen que ver, por lo tanto, con las intervenciones de los poderes públicos encaminadas a eliminar las desigualdades entre mujeres y hombres y a mejorar la situación de las primeras.
En el marco de las políticas de igualdad de género se pueden distinguir tres grandes grupos o estrategias políticas de género que marcan la propia evolución y efectividad de las mismas. Estas son: las políticas de igualdad de trato, las acciones positivas y el mainstreaming.
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CUADRO 1
Tipología de políticas públicas de igualdad de género
| Estrategia | Diagnosis | Solución | Responsabilidad |
| ¿Qué está mal? | ¿Qué hay que hacer? | ¿Quién debe hacerlo? | |
| Igualdad de trato | Desigualdad ante la ley | Cambio de las leyes para garantizar la igualdad formal | Legisladores/as |
| Acciones específicas para la igualdad | Desigualdades de partida. Problemas específicos de las mujeres y desventajas | Diseño y aplicación de programas específicos para las mujeres | Agencias especializadas |
| Mainstreaming de género | Políticas habituales e instituciones causan o perpetúan la desigualdad | Reorganizar el proceso político para tener en cuenta y tentar la erradicación las desigualdades. | Gobierno y actores implicados en los procesos políticos |
Fuente: Alonso (2007a) a partir de Verloo (2001).
Las políticas de igualdad de trato tienen que ver con aquellas medidas cuyo objetivo es alcanzar la igualdad formal de ambos sexos. En este sentido, buscan eliminar de la legislación existente posibles preceptos que discriminen explícitamente a alguno de los dos sexos. Son políticas deudoras de la concepción de raigambre liberal de igualdad de iure que ha sido objeto de importantes cuestionamientos debido a que pone entre paréntesis el reconocimiento de derechos que puedan ser específicos para alguno de los sexos (Mazey, 2001). No obstante, y a la luz de los resultados, el reconocimiento del principio de igualdad formal -doctrina liberal jurídica- no implicó la desaparición de todas las discriminaciones debido a que las condiciones sociales, económicas y políticas de partida de hombres y mujeres no eran iguales. En este sentido, muy pronto se reconoció que las políticas de igualdad de trato llevadas a cabo mayoritariamente durante los años setenta y principios de los ochenta no fueron eficaces ni suficientes para eliminar la desigualdad entre hombres y mujeres.
Las "acciones específicas" surgen como respuesta al déficit de igualdad de las primeras políticas de igualdad de trato. Las acciones específicas o acciones positivas suponen asumir la necesaria incorporación de un tratamiento diferenciado que posibilite la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. La nueva denominación obedece a un cambio de enfoque hacia un concepto más amplio de igualdad de facto. Son estrategias que van más allá de la igualdad jurídica o formal hasta lo que requiere la igualdad real, esto es, la interposición de las medidas necesarias para que la igualdad sea efectiva, removiendo las barreras tanto culturales, económicas, como de cualquiera otro tipo que obstaculicen su consecución. Se pueden distinguir dentro de ellas las denominadas políticas de igualdad de oportunidades y las políticas de acción positiva.
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Las primeras comprenden la eliminación de barreras legales, económicas, sociales, culturales y de poder para que mujeres y hombres tengan las mismas oportunidades2. El segundo tipo de estrategia, las acciones positivas, o también denominadas de discriminación positiva tienen por objetivo corregir la desventaja inicial de las mujeres con el fin de conseguir la igualdad real de hombres y mujeres mediante el fomento de la presencia de estas últimas en los más diversos ámbitos. Así, se entiende como "acciones positivas"3 aquellas medidas extraordinarias que permiten a las mujeres conseguir la igualdad efectiva. En el marco de estas acciones se puede establecer una subdivisión entre las denominadas "acciones positivas" entendidas como la promoción de un trato preferente, para conseguir la igualdad a medio plazo y las denominadas medidas de "discriminación positiva" que implicarían el establecimiento de cuotas encaminadas a conseguir una igualdad inmediata (Barreme, 1997:89). Han sido estas últimas las medidas más controvertidas, ya que cuestionan la neutralidad de los diferentes procesos de selección. No obstante, estas acciones generalmente se han considerado como medidas temporales, es decir, entendidas como medios más que fines.
Por último, las políticas de mainstreamingconstituyen la estrategia de más reciente aplicación. Esta estrategia fue asumida explícitamente por la Plataforma para la Acción de la Cuarta Conferencia Mundial sobre Mujeres de Naciones Unidas celebrada en Pekín en 1995. El Consejo de Europa la define así...
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