STS, 16 de Junio de 2004
| Ponente | Juan García-Ramos Iturralde |
| ECLI | ES:TS:2004:4157 |
| Número de Recurso | 88/2003 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO - Cuestion de competencia |
| Fecha de Resolución | 16 de Junio de 2004 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
D. ENRIQUE CANCER LALANNED. MARIANO DE ORO-PULIDO LOPEZD. JUAN GARCIA-RAMOS ITURRALDE
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a dieciséis de Junio de dos mil cuatro.
Visto por la Sección Primera de la Sala Tercera de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, compuesta por los Magistrados expresados al margen, la cuestión negativa de competencia suscitada entre la Sala de lo Contencioso-administrativo (Sección Primera; recurso 501/02) del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha y la Sala de lo Contencioso- administrativo (Sección 4ª; recurso 864/03) de la Audiencia Nacional para conocer del recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de Dª Elvira contra la desestimación, por silencio administrativo, de la reclamación efectuada al Instituto Nacional de la Salud con fecha 19 de julio de 2001, sobre responsabilidad patrimonial de la Administración. Ha sido parte en este incidente la expresada recurrente, representada por el Procurador de los Tribunales D. José Manuel Fernández Castro, y el Servicio de Salud Castilla - La Mancha, representado por el Procurador de los Tribunales D. Francisco Velasco Muñoz-Cuellar.
Trabada cuestión de competencia entre los órganos jurisdiccionales antes referidos para conocer del recurso asimismo antes expresado, se remitieron las actuaciones a esta Sala, y una vez recibidas, se pasaron a dictamen del Ministerio Fiscal, que lo ha emitido en el sentido de entender que la competencia discutida corresponde a la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional. La representación procesal de la antes indicada recurrente manifestó su conformidad con la resolución que este Tribunal dicte al respecto, y la parte representada por el Procurador Sr. Velasco Muñoz-Cuellar dejó transcurrir el plazo que le fué concedido sin hacer alegación alguna.
Por Providencia de 24 de mayo de 2004, se señaló para la correspondiente votación y fallo el pasado día 10 de junio fecha en la que el expresado trámite tuvo lugar.
La presente cuestión negativa de competencia se plantea entre la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha y la Sala de igual orden jurisdiccional de la Audiencia Nacional para conocer del recurso contencioso- administrativo interpuesto por la representación procesal de Dª Elvira contra la desestimación, por silencio administrativo, de la reclamación efectuada al Instituto Nacional de la Salud con fecha 19 de julio de 2001, sobre responsabilidad patrimonial de la Administración.
La Sala de lo Contencioso-administrativo de Castilla-La Mancha, ante la que se planteó, en 16 de julio de 2002, el recurso contencioso-administrativo en cuestión, declaró su incompetencia para conocer del mismo al considerar que "el dato esencial a tener en cuenta para determinar si la responsabilidad es exigible al INSALUD o al SESCAM y en consecuencia si la competencia es de la Audiencia Nacional o de este Tribunal Superior, ha de ser necesariamente la fecha del accidente, porque es ese momento al que nos remitiremos para valorar el funcionamiento normal o anormal de los Servicios Públicos; y dado que en el presente caso el accidente ocurrió el dieciséis de julio de dos mil uno y a dicha fecha no había operado el traspaso de competencias sanitarias, la responsabilidad es exigible del Ministro y su revisión judicial a cargo de la Audiencia Nacional".
Por su parte, esta última Sala dice en su resolución, entre otros extremos, que "la administración del INSALUD tenía un expediente en tramitación desde julio de 1991 (se ha querido indicar 2001) y con el comienzo de la efectividad del traspaso de funciones y medios, en aplicación del artículo 20 de la Ley 12/1983, el 1 de enero de 2002 tal expediente quedó traspasado a la Comunidad Autónoma, y cuando el día 16 de julio de 2002 el solicitante de la indemnización por responsabilidad patrimonial interpuso el presente contencioso-administrativo es cuando nació el acto en todos sus efectos, y no solo como mera posibilidad de permitirse su impugnación".
"En consecuencia, añade dicha Sala, tratándose de un expediente administrativo que desde el día 1 de enero de 2002 era competencia de la Administración Autonómica, y con posterioridad resulta impugnado en vía contenciosa, es la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha quien, estimamos, resulta competente para conocer, a tenor del artículo 10.1.a) y 14.1.1 de la Ley de la Jurisdicción".
Son datos, que resultan de lo hasta ahora indicado, relevantes en orden a la resolución de la presente cuestión de competencia, los siguientes: a), con fecha 19 de julio de 2001, la antes indicada recurrente formuló, ante el Instituto Nacional de la Salud, reclamación basada en la responsabilidad patrimonial de la Administración; b), con fecha 16 de julio de 2002, se interpuso ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha recurso contencioso-administrativo contra la desestimación por silencio de la reclamación antes mencionada.
Conviene, ante todo, recordar el contenido del artículo 20 de la Ley 12/1983, de 14 de octubre, reguladora del proceso autonómico, que distingue, en orden a la transferencia de servicios, los expedientes en tramitación correspondientes a los servicios o competencias pendientes de resolución definitiva antes de la efectividad de la transferencia, de aquellos otros expedientes en los que no obstante haber recaído resolución definitiva se encuentran pendientes de recursos administrativos, atribuyendo los mismos, en el primero caso, a la Comunidad Autónoma para su decisión, y en el segundo, a la Administración del Estado para la resolución del recurso, y asignando, finalmente, las consecuencias económicas a una u otra Administración en función "de quien hubiere adoptado la resolución definitiva" -el subrayado es nuestro-. A este criterio responde, como no podía ser de otra forma, el Real Decreto 1476/2001, de 27 de diciembre, sobre traspaso a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha de las funciones y servicios del Instituto Nacional de la Salud, con efectos de 1 de enero de 2002, aplicable al presente caso.
La cuestión, pues, se traslada a la determinación de la subrogación en los derechos y deberes de la Administración estatal por parte de la Comunidad Autónoma en los supuestos, como el presente, en que con anterioridad a la fecha del traspaso de competencias se ha podido producir el juego del silencio administrativo negativo. Obligado será recordar, de una parte, que tal desestimación produce "los solos efectos" -en expresión textual del artículo 43.3 de la L.R.J.A.P. y P.A.C.- de permitir a los interesados la interposición del recurso que resulte procedente, y de otra, que tal situación no libera a la Administración de dictar resolución expresa -artículo 42.1 de la misma Ley-. Hasta tal punto es ello así, que se establece un régimen distinto según se trate de un supuesto de estimación por silencio, cuya resolución expresa necesariamente deberá ser confirmatoria del acto de que se trata, o de un supuesto de desestimación por silencio, cuya resolución expresa no queda vinculada al sentido del silencio -artículo 43.4-. Y es ésta resolución expresa la que se corresponde con la resolución definitiva a que se refiere el citado artículo 20 de la Ley 12/83, de 14 de octubre.
De los preceptos examinados se deduce que, una cosa es que la ficción del silencio permita al administrado la interposición del recurso correspondiente, mitigándose así los perniciosos efectos que, en otro caso, se podrían derivar de la inactividad de la Administración en decidir, y otra distinta la persistencia de la obligación de esta última de resolver. El administrado podrá, pues, optar entre entender desestimada su petición, a los "solos efectos" de la interposición del pertinente recurso, o esperar la resolución expresa, -o "definitiva", en expresión del artículo 20 de la Ley 12/83- pero tal elección no puede condicionar las obligaciones derivadas de una subrogación de competencia, impuesta, primero por la Ley y, después, por el Decreto de transferencia -en este caso, el ya citado 1476/2001, de 27 de diciembre-.
La presente cuestión de competencia debe, pues, resolverse en favor de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, toda vez que en la fecha de transferencia del servicio correspondiente no se había producido aún la resolución definitiva del expediente.
Al razonar en los términos que se han indicado en los anteriores fundamentos y decidir en el sentido que ha quedado asimismo expresado, esta Sala reitera lo argumentado y resuelto al enjuiciar, en su Sentencia de 19 de febrero del presente año, la cuestión de competencia 174/02, doctrina de esta Sentencia seguida, entre otras, por dos Sentencias de 17 de marzo del indicado año.
En materia de costas no procede hacer pronunciamiento condenatorio al no apreciarse la concurrencia de ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 139.1 de la Ley de esta Jurisdicción.
Que debemos declarar y declaramos que la competencia para conocer del recurso contencioso- administrativo referido en el primer fundamento de esta resolución corresponde a la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha al que deberán remitirse las actuaciones, y no se hace imposición de costas en este incidente.
Póngase esta resolución en conocimiento de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso- administrativo de la Audiencia Nacional.
Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la Colección Legislativa , lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fué la anterior Sentencia, en audiencia pública, por el Excmo. Sr. D. Juan García-Ramos Iturralde, Magistrado Ponente en estos autos; de lo que como Secretaria, certifico.-
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