STS, 20 de Diciembre de 2001
| Jurisdicción | España |
| Emisor | Tribunal Supremo, sala tercera, (Contencioso Administrativo) |
| Fecha | 20 Diciembre 2001 |
D. JUAN MANUEL SANZ BAYOND. RICARDO ENRIQUEZ SANCHOD. JORGE RODRIGUEZ-ZAPATA PEREZD. PEDRO JOSE YAGÜE GILD. MANUEL VICENTE GARZON HERRERO
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a veinte de Diciembre de dos mil uno.
Visto por la Sala Tercera del Tribunal Supremo, constituida por los señores al margen anotados, el recurso de casación que con el núm. 8817/1996 ante la misma pende de resolución, interpuesto por el Procurador D. Ramiro Reynolds de Miguel, en nombre y representación de Viviendas y Contratas Sociedad Cooperativa Limitada (VICON, SCOOP) contra la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, el 26 de Septiembre de 1996, en su recurso núm. 2712/93, parte recurrida el Ayuntamiento de San Sebastián, representado por la Procuradora Doña Isabel Julia Corujo.
La sentencia recurrida, contiene la parte dispositiva del siguiente tenor: "FALLAMOS: que desestimando el presente recurso contencioso administrativo número 2712 de 1993, interpuesto por la Procuradora de los Tribunales Dª María Begoña Pérez de la Tajada, en nombre y representación de la mercantil "Viviendas y Contratas Sociedad Cooperativa Limitada" (VICON, SCOOP) contra las resoluciones adoptadas por la Alcaldía del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián con fechas 17 de marzo y 16 de junio de 1992, identificadas al inicio, debemos: - Primero.- Declarar como declaramos la conformidad a derecho de las resoluciones recurridas . Y Segundo.- No hacer especial imposición de las costas causadas en el proceso."
Notificada la anterior sentencia la parte recurrente presentó escrito ante el Tribunal de Instancia preparando el recurso de casación contra la misma. Por Providencia la Sala tuvo por preparado en tiempo y forma el recurso de casación, admitiéndolo y emplazando a las partes para que comparezcan ante el Tribunal Supremo.
Recibidas las actuaciones, ante este Tribunal la parte recurrente, se personó ante esta Sala y formuló escrito de interposición del recurso de casación, expresando los motivos en que se ampara, solicitando que, dicte sentencia en la que casando la sentencia de instancia resuelva conforme a derecho, según los términos interesados por esta parte.
Teniendo por interpuesto el recurso de casación por esta Sala, se emplaza a la parte recurrida para que en el plazo de treinta días formalice el escrito de oposición.
Por la parte recurrida se presenta el escrito de oposición al recurso interpuesto, en el que tras impugnar los motivos del recurso de casación en virtud de las razones que estimó procedentes, terminó suplicando a la Sala dicte sentencia en la que, con desestimación de los motivos invocados por la parte recurrente se confirme el fallo de la sentencia recurrida.
:Por providencia de 9 de mayo de 2001 se dio audiencia a las partes acerca de la incidencia de la STC 61/97, y evacuado el trámite, se señaló para votación y fallo el día 19 de diciembre de 2001, en cuya fecha tuvo lugar, habiéndose observado las formalidades legales referentes al procedimiento.
Es impugnada la sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de 26 de septiembre de 1996, desestimatoria del recurso interpuesto contra la resolución del Ayuntamiento de San Sebastián, de fecha 16 de junio de 1992, que desestimó el recurso de reposición formulado contra el contenido de la condición particular 15-4 de las incluidas en la licencia de obras para la construcción de un edificio de 16 de viviendas y 26 garajes en la C/ Marina nº 12, concedida por resolución de fecha 17 de marzo de 1992. En dicha condición se dispuso el deber de ingresar en el Ayuntamiento la cantidad de 54.011.309 pesetas en concepto de compra del aprovechamiento urbanístico que excede del susceptible de apropiación privada.
Según se resume en el segundo fundamento de derecho de la sentencia recurrida, la cuestión debatida se limita a determinar si a la actuación urbanística contemplada en estos autos le era, o no, de aplicación el deber de cesión previsto en el art. 9.1b) de la Ley 8/90 en cuanto dispone el deber de ceder el porcentaje de aprovechamiento que en cada caso se establece. Dicho precepto tiene su correlativo en el artículo 16.1, disposición transitoria primera, apartados 1 y 2, apartado 4 de la disposición transitoria tercera y la disposición transitoria sexta de esa propia ley.
La sentencia recurrida, reconocía que sobre la citada problemática, suscitada por la parte recurrente, existe discrepancia en diversos pronunciamientos judiciales y en la doctrina, inclinándose por la exigibilidad de la obligación del quince por ciento, tal como había venido reconociéndolo la Sala "a quo" en sentencias anteriores, manteniendo así el principio de unidad de doctrina. Pero, la cuestión ha quedado ahora replanteada, en virtud de la sentencia del Tribunal Constitucional núm. 61/1997 de 20 de marzo, que en definitiva declaraba la inconstitucionalidad de la Ley 8/90 de 25 de julio.
Los motivos del recurso de casación, formulados al amparo del art. 95.1.4 de la Ley Jurisdiccional Contencioso Administrativo, se basan en la infracción de las previsiones del artículo 16.1 y la disposición transitoria primera , apartado segundo, de la Ley 8/90, habiéndose ahora de enjuiciar tales motivos, en base a la referida declaración de inconstitucionalidad.
La temática así planteada, ha sido ya resuelta por esta Sala --sentencias de 17 de julio de 2000 y 23 de noviembre de 2000-- en el sentido de reconocer la inaplicabilidad del límite del 85 por ciento del aprovechamiento concedido a virtud del artículo 16 de la Ley 8/90, --con el 15 por ciento de cesión--, toda vez que para la decisión del recurso de casación planteado, lo que resulta relevante no es si la interpretación de las disposiciones transitorias de la Ley 8/90, es acertada, o no, sino que como consecuencia de la citada sentencia del Tribunal Constitucional, ha de considerarse inaplicable el artículo 16 de esta Ley, habiéndose pues de entender que la licencia de obras solicitada se rige por lo dispuesto en el texto refundido de la Ley del suelo de 1976, constituyendo la aplicación del régimen contenido en esta ley de 1976 consecuencia inevitable de la sentencia del Tribunal Constitucional 61/1997 de 20 de marzo, extensible a la Ley 8/1990, derogada en la misma medida en que es sustituida por el texto refundido de 1992, que como tal texto refundido carece técnicamente de capacidad innovadora, respecto de la Ley 8/90.
El acto administrativo impugnado no podría ajustarse a la Ley 8/90, puesto que tal normativa nunca existió en todo aquello que fue declarado inconstitucional, tal cual acontece en los preceptos aplicados.
Por ello, procede, estimar este motivo y el recurso planteado, con la revocación de la sentencia recurrida, declarando, pues, la improcedencia de la cesión del aprovechamiento urbanístico del quince por ciento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 83 de la Ley del Suelo de 1976, sin perjuicio de las facultades que pudiera corresponder a la administración municipal, según la normativa urbanística aplicable.
No procede hacer expreso pronunciamiento sobre las costas causadas en la instancia, al no apreciarse temeridad o mala fe, en ninguna de las partes, debiendo satisfacer cada una de ellas las costas de esta casación, causadas a su respectiva instancia, a tenor de lo dispuesto en el artículo 102.2 de la Ley Jurisdiccional Contencioso Administrativo, al proceder declarar haber lugar al recurso.
Que declaramos haber lugar al recurso de casación nº 8817/96 interpuesto por Viviendas y Contratas Sociedad Cooperativa Limitada (VICON, SCOOP) contra la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, el 26 de Septiembre de 1996, en su recurso núm. 2712/93, y en consecuencia:
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- Revocamos dicha sentencia.
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- Estimamos el recurso contencioso administrativo y anulamos los actos impugnados.
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- No hacemos condena ni en las costas de instancia ni en las del presente recurso de casación.
Así por esta nuestra sentencia, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos
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