STS, 24 de Junio de 2004
| Ponente | Juan García Ramos Iturralde |
| ECLI | ES:TS:2004:4470 |
| Número de Recurso | 92/2003 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 24 de Junio de 2004 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
D. FERNANDO LEDESMA BARTRETD. ENRIQUE CANCER LALANNED. JUAN GARCIA-RAMOS ITURRALDE
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a veinticuatro de Junio de dos mil cuatro.
Visto por la Sección Primera de la Sala Tercera de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, compuesta por los Magistrados expresados al margen, la cuestión negativa de competencia suscitada entre la Sala de lo Contencioso-administrativo (Sección Primera; recurso 603/03) del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, y la Sala de lo Contencioso-administrativo (Sección 4ª; recurso 614/02) de la Audiencia Nacional para conocer del recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de D. Alonso contra la desestimación, por silencio administrativo, de la reclamación efectuada ante la Delegación Territorial en Valladolid del Instituto Nacional de la Salud, con fecha 9 de abril de 2001, sobre responsabilidad patrimonial de la Administración por deficiente prestación de asistencia sanitaria. Ha sido parte en este incidente el expresado recurrente, representado por la Procuradora de los Tribunales Dª Aurora Esquivias Yustas.
Trabada cuestión de competencia entre los órganos jurisdiccionales antes referidos para conocer del recurso asimismo antes expresado, se remitieron las actuaciones a esta Sala, y una vez recibidas, se pasaron a dictamen del Ministerio Fiscal, que lo ha emitido en el sentido de entender que la competencia discutida corresponde a la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional. El antes indicado recurrente dejó transcurrir el plazo que le fué concedido sin hacer alegaciones.
Por Providencia de 1 de junio de 2004, se señaló para la correspondiente votación y fallo el pasado día 17 de los corrientes, fecha en la que el expresado trámite tuvo lugar.
La presente cuestión negativa de competencia se plantea entre la Sala de lo Contencioso-administrativo, con sede en Valladolid, del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y la Sala de igual orden jurisdiccional de la Audiencia Nacional para conocer del recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de D. Alonso contra la desestimación, por silencio administrativo, de la reclamación efectuada ante la Delegación Territorial en Valladolid del Instituto Nacional de la Salud, con fecha 9 de abril de 2001, sobre responsabilidad patrimonial de la Administración por deficiente prestación de asistencia sanitaria.
La Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, ante la que se planteó, con fecha 24 de julio de 2002, el recurso contencioso-administrativo en cuestión, declaró su incompetencia al tener en cuenta, entre otros extremos, que el expediente administrativo de que se trata, "cuya tramitación era competencia del INSALUD, y que se hallaba en tramitación sin haber recaído resolución administrativa el día 1 de enero de 2002, pasó en el ámbito administrativo y en esta fecha a ser competencia de la Comunidad Autónoma de Castilla-León, u órgano de esta Administración que asuma la competencia, en aplicación, a falta de disposición expresa, del artículo 20 de la Ley 12/1983, de 14 de octubre, del Proceso Autonómico (...)". Dice también la indicada Sala que tratándose de un expediente administrativo que desde el día 1 de enero de 2002 era competencia de la Administración Autonómica, y con posterioridad resulta impugnado en vía contenciosa, es la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-León la que resulta competente para conocer, a tenor del artículo 10.1.a) y 14.1.1 de la Ley de esta Jurisdicción.
Por su parte, esta Sala de Castilla y León ha rechazado la competencia para enjuiciar el asunto en cuestión al considerar, en síntesis, que si el acto presunto se produjo el día 9 de octubre de 2001, fecha en la que no era efectivo el traspaso de competencias (que lo fué el 1 de enero de 2002), la competencia para conocer del proceso de que se trata, siendo el acto presunto del Ministro de Sanidad, corresponde a la Sala de la Audiencia Nacional por imperativo del artículo 66 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 11 de la Ley 29/98.
Son datos, que resultan de lo hasta ahora actuado, relevantes en orden a la resolución de la presente cuestión de competencia los siguientes: a), con fecha 9 de abril de 2001, el interesado formuló, ante la Delegación Territorial en Valladolid del Instituto Nacional de la Salud (INSALUD), reclamación sobre indemnización de daños y perjuicios por deficiente asistencia sanitaria; b), en oficio, de fecha 31 de enero de 2002, de la Dirección Territorial del INSALUD de Valladolid, se comunicó al recurrente que había concluido la fase de instrucción del procedimiento y que procedía pasar al trámite de audiencia, trámite que no fué cumplimentado por aquél; c), el recurso contencioso-administrativo de que se trata se interpuso, como ya se ha indicado anteriormente, el 24 de julio de 2002; d), el expediente administrativo correspondiente al indicado recurso fué remitido a la Audiencia Nacional, con oficio de fecha 20 de septiembre de 2002, por la Gerencia de Salud de las Areas de Valladolid de la Junta de Castilla y León; y e), en escrito presentado el 6 de noviembre de 2002, el recurrente formuló su escrito de demanda ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional.
Conviene, ante todo, recordar el contenido del artículo 20 de la Ley 12/1983, de 14 de octubre, reguladora del proceso autonómico, que distingue, en orden a la transferencia de servicios, los expedientes en tramitación correspondientes a los servicios o competencias pendientes de resolución definitiva antes de la efectividad de la transferencia, de aquellos otros expedientes en los que no obstante haber recaído resolución definitiva se encuentran pendientes de recursos administrativos, atribuyendo los mismos, en el primero caso, a la Comunidad Autónoma para su decisión, y en el segundo, a la Administración del Estado para la resolución del recurso, y asignando, finalmente, las consecuencias económicas a una u otra Administración en función "de quien hubiere adoptado la resolución definitiva" -el subrayado es nuestro-. A este criterio responde, como no podía ser de otra forma, el Real Decreto 1480/2001, de 27 de diciembre, sobre traspaso a la Comunidad Autónoma de Castilla y León de las funciones y servicios del Instituto Nacional de la Salud, con efectos de 1 de enero de 2002, aplicable al presente caso.
La cuestión, pues, se traslada a la determinación de la subrogación en los derechos y deberes de la Administración estatal por parte de la Comunidad Autónoma en los supuestos, como el presente, en que con anterioridad a la fecha del traspaso de competencias se ha podido producir el juego del silencio administrativo negativo. Obligado será recordar, de una parte, que tal desestimación produce "los solos efectos" -en expresión textual del artículo 43.3 de la L.R.J.A.P. y P.A.C.- de permitir a los interesados la interposición del recurso que resulte procedente, y de otra, que tal situación no libera a la Administración de dictar resolución expresa -artículo 42.1 de la misma Ley-. Hasta tal punto es ello así, que se establece un régimen distinto según se trate de un supuesto de estimación por silencio, cuya resolución expresa necesariamente deberá ser confirmatoria del acto de que se trata, o de un supuesto de desestimación por silencio, cuya resolución expresa no queda vinculada al sentido del silencio -artículo 43.4-. Y es ésta resolución expresa la que se corresponde con la resolución definitiva a que se refiere el citado artículo 20 de la Ley 12/83, de 14 de octubre.
De los preceptos examinados se deduce que, una cosa es que la ficción del silencio permita al administrado la interposición del recurso correspondiente, mitigándose así los perniciosos efectos que, en otro caso, se podrían derivar de la inactividad de la Administración en decidir, y otra distinta la persistencia de la obligación de esta última de resolver. El administrado podrá, pues, optar entre entender desestimada su petición, a los "solos efectos" de la interposición del pertinente recurso, o esperar la resolución expresa, -o "definitiva", en expresión del artículo 20 de la Ley 12/83- pero tal elección no puede condicionar las obligaciones derivadas de una subrogación de competencia, impuesta, primero por la Ley y, después, por el Decreto de transferencia -en este caso, el ya citado 1480/2001, de 27 de diciembre-.
La presente cuestión de competencia debe, pues, resolverse en favor de la Sala de lo Contencioso-administrativo, con sede en Valladolid, del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, toda vez que en la fecha de transferencia del servicio correspondiente no se había producido aún la resolución definitiva del expediente.
Al razonar en los términos que se han indicado en los anteriores fundamentos y decidir en el sentido que ha quedado asimismo expresado, esta Sala reitera lo argumentado y resuelto al enjuiciar, en su Sentencia de 19 de febrero del presente año, la cuestión de competencia 174/02, cuya doctrina se ha seguido, entre otras, en dos sentencias de 17 de marzo del indicado año.
En materia de costas no procede hacer pronunciamiento condenatorio al no apreciarse la concurrencia de ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 139.1 de la Ley de esta Jurisdicción.
Que debemos declarar y declaramos que la competencia para conocer del recurso contencioso- administrativo referido en el primer fundamento de esta resolución corresponde a la Sala de lo Contencioso-administrativo, con sede en Valladolid, del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, al que deberán remitirse las actuaciones, y no se hace imposición de costas en este incidente.
Póngase esta resolución en conocimiento de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso- administrativo de la Audiencia Nacional.
Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la Colección Legislativa , lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fué la anterior Sentencia, en audiencia pública, por el Excmo. Sr. D. Juan García-Ramos Iturralde, Magistrado Ponente en estos autos; de lo que como Secretaria, certifico.-
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