STS, 27 de Septiembre de 2006
| Ponente | RAMON TRILLO TORRES |
| ECLI | ES:TS:2006:5805 |
| Número de Recurso | 4986/2004 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 27 de Septiembre de 2006 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
RAMON TRILLO TORRES JUAN JOSE GONZALEZ RIVAS NICOLAS ANTONIO MAURANDI GUILLEN PABLO MARIA LUCAS MURILLO DE LA CUEVA JOSE DIAZ DELGADO
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a veintisiete de Septiembre de dos mil seis.
Visto por la Sección Séptima de la Sala Tercera del Tribunal Supremo el recurso de casación nº 4986/ 2004 interpuesto por el Abogado del Estado contra los Autos de 16 de febrero de 2004 y 24 de marzo de 2004 sobre reconocimiento de extensión de efectos a la sentencia dictada con fecha 16 de enero de 2002 por la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, no habiendo comparecido en forma la parte recurrida.
Por escrito fechado de entrada en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 13 de enero de 2003 , don Luis Carlos , don Isidro , don Pedro Jesús y don Rafael solicitaron la extensión de los efectos de la sentencia de fecha 16 de enero de 2002 dictada en el recurso nº 206/98 por la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
El fallo de la sentencia cuya extensión se pretende dispuso literalmente: "Que debemos estimar y estimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por D. Enrique , en su propio nombre y representación, contra la resolución del Ministerio de Defensa de 30 de septiembre de 1997, y por lo tanto, se reconoce al recurrente la consideración social de Suboficial con el correspondiente derecho de acceso a la asistencia sanitaria, residencial, y atención social y recreativa en la misma consideración que los suboficiales, sin que se le conceda ningún derecho económico, dejando sin efecto la mencionada resolución por ser contraria a derecho en lo que a este recurso se refiere. No se hace pronunciamiento sobre costas".
El Abogado del Estado interpuso recurso de casación contra los Autos de 16 de febrero de 2004 y 24 de marzo de 2004 de extensión de efectos de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de fecha 16 de enero de 2002 . No habiéndose personado la parte recurrida.
Cumplidas las prescripciones legales, se señaló para votación y fallo el día veinte de septiembre de 2006.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Ramón Trillo Torres,
El Abogado del Estado promueve el recurso de casación invocando la infracción del artículo 110.1.a) de la LJCA , al amparo de los artículos 87.2 y 88.1.d) de la LJCA.
En el caso examinado señalan los autos recurridos:
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En el Auto de 16 de febrero de 2004 se indica: "Aplicando la norma expuesta al caso litigioso, la Sala entiende que procede la extensión de efectos interesada toda vez que D. Luis Carlos , D. Isidro , D. Pedro Jesús , D. Rafael se encuentran en la misma situación que el funcionario militar don Enrique , demandante en el RCA nº 206/ 98.
En efecto, los solicitantes de la extensión son Cabo Primero que tiene la consideración de militar profesional y que realizaron funciones de suboficial por lo que, según la doctrina que dimana de la sentencia recaída en el RCA 206/ 98, el solicitante de la extensión tienen derecho a disfrutar de la consideración de Suboficial en materia de acción social, recreativa y cultural mientras realice funciones de Suboficial."
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En el Auto de 24 de marzo de 2004 se rechaza la impugnación en súplica del Abogado del Estado con los siguientes argumentos: "En primer lugar, obra en la presente pieza la constatación documental de que el recurrente realizaba funciones de suboficial, lo que determina la identidad de situaciones exigida por el artículo 110 de la LJCA para la extensión de efectos de la sentencia.
En segundo término, la motivación del Auto recurrido se satisface mediante la manifestación de la concurrencia de ese hecho determinante de la identidad de situaciones jurídicas, sin que sea precisa la transcripción de los concretos documentos o el análisis particularizado de los elementos probatorios en que el Tribunal funda su decisión.
Por último, la alegación con que el recurrente en súplica finaliza su argumentación carece de eficacia alguna tras la Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de julio de 2003 ."
El recurso de casación interpuesto al amparo del artículo 88.1 d) de la Ley de la Jurisdicción contiene dos motivos. En el primero de ellos se invoca la infracción de su artículo 110.1 a ), porque considera el Abogado del Estado que "la sentencia de 16 de octubre de 2000 cuyos efectos se tratan de extender, se limita en su fallo a anular la resolución del Subsecretario de Defensa de fecha 9 de diciembre de 1997, sin contener un expreso y concreto reconocimiento de situación jurídica individualizada que pudiera ser objeto de extensión".
Este motivo carece manifiestamente de fundamento, y debió ser inadmitido en su momento pues en él, el Abogado del Estado denuncia la infracción de jurisprudencia limitada a un único Auto de fecha 21 de diciembre de 2001 , que cita, siendo así que, para sostener la infracción de la Jurisprudencia como motivo de casación, es necesario, según reiterada doctrina de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, la existencia de al menos dos resoluciones judiciales, tal y como se desprende de las sentencias de 29 de enero de 2003, Rec. 7564/99 y 23 de marzo de 2005, Rec. 802/02 . Por otra parte, el Abogado del Estado se refiere a una sentencia y resolución administrativa distintas de las que motivaron los Autos recurridos y, por último, la sentencia de 16 de enero de 2002 , cuyos efectos extiende la Sala de instancia, reconoce efectivamente, una situación jurídica individualizada al allí recurrente, en concreto, la consideración social de Suboficial a efectos de acceder a la asistencia sanitaria, residencial y atención social que corresponde a éstos y prueba de ello es el recurso de casación en interés de ley que, frente a la misma, interpuso el Abogado del Estado al considerar que la situación reconocida, caso de generalizarse, podría generar un grave daño para los intereses generales.
En un segundo motivo, al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley 29/98 , señala el Abogado del Estado que el incidente de extensión de efectos ha de ser objeto de interpretación restrictiva limitado a los actos administrativos dictados en masa excluyendo así, los casos que para acreditar la similitud de situaciones precisan de una actividad probatoria que debería llevarse a cabo en un procedimiento ordinario y, en ningún caso, en un incidente de ejecución de sentencia como es el previsto en el artículo 110 de la Ley de la Jurisdicción . Entiende el Abogado del Estado, que no hay la imprescindible identidad de situaciones jurídicas entre la del Cabo Primero al que se refiere la Sentencia de 16 de enero de 2002 de la Sala de Madrid y la de los Sres. Luis Carlos , Isidro , Pedro Jesús y Rafael .
Sobre este punto, el artículo 110 de la Ley 29/1998 establece respecto de las cuestiones de personal al servicio de la Administración Pública la extensión de los efectos de una sentencia firme que hubiera reconocido una situación jurídica individualizada cuando concurra como primera circunstancia que los interesados se encuentren en idéntica situación jurídica que los favorecidos en el fallo, teniendo en cuenta que la disposición transitoria cuarta de la Ley 29/1998 establece que la ejecución de las sentencias firmes dictadas después de la entrada en vigor de dicha Ley se llevarán a cabo según lo dispuesto en ella.
Así, la Ley se preocupa de advertir que, en ningún caso, se podrá reconocer una situación jurídica distinta a la definida en la sentencia firme, pues lo contrario supondría desvirtuar la naturaleza de esta forma de entender la ejecución de la sentencia, ya que no se trata de una extensión automática de los efectos de la sentencia, teniendo en cuenta el principio de seguridad jurídica.
En las precedentes sentencias de esta Sala y Sección de 12 de enero, 25 de mayo y 13 de septiembre de 2004, 21 de diciembre de 2005 y 8 de febrero de 2006 se subraya como el artículo 110.1 a) de la Ley 29/98 es terminante a este respecto y exige que sean, no semejantes, ni parecidas, similares o análogas, sino idénticas las situaciones respecto de las que se pretende la extensión de efectos de la sentencia. Por tanto, es preciso operar con extremo cuidado a la hora de comprobar si existe o no esa identidad y tal requisito debe entenderse en sentido sustancial. Es decir, la Ley de la Jurisdicción está pidiendo que sean las mismas las circunstancias de hecho y las pretensiones jurídicas que sobre ellas se fundamentan en un caso y en el otro, pues lo único que estamos haciendo es cumplir lo que en dicho precepto, concretamente, en su apartado 1 a) se establece: que sólo cabe esa extensión cuando las situaciones jurídicas sean idénticas.
En éste sentido debe entenderse la alegación del Abogado del Estado, que esta Sala comparte pues, con independencia de que el incidente de extensión de efectos se refiera o no a los llamados actos masa, (el art. 110 de la Ley Jurisdiccional no dice nada al respecto) lo que sí resulta preciso es que la identidad de situaciones debe revelarse como evidente eludiendo la necesidad de realizar un análisis de la prueba que así lo confirme, por tratarse de la actividad propia de un procedimiento ordinario o abreviado, extremo que resulta improcedente en el recurso de casación.
Sin embargo, la Abogacía del Estado, en los motivos del recurso de casación, a la hora de combatir la apreciación de la Sala de Instancia respecto de la existencia de "identidad de situación jurídica" entre el solicitante de la extensión y el Cabo Primero don Enrique , se limita a cuestionar aquella conclusión por no existir tal identidad, sino una simple "similitud" o mayor o menor "igualdad" que haría imposible acudir, en este supuesto, a la figura de la extensión de efectos de sentencias.
En realidad, en este caso, lo determinante para la apreciación de la circunstancia de la que dependía el reconocimiento de la extensión de efectos no era la naturaleza material del trabajo realizado, sino verificar que el Cabo Primero desempeñaba con habitualidad tareas propias de Sargento, circunstancia que fue la tomada en consideración por la Sala de instancia en la sentencia cuyos efectos se pretenden extender a partir de la certificación acreditativa de la realización de aquellas, al igual que sucede con los Autos ahora recurridos.
En consecuencia, acreditado que el solicitante de la extensión de efectos reunía las mismas condiciones analizadas por la sentencia cuya extensión de efectos se pretende, ha de afirmarse la concurrencia del requisito de la plena identidad de situación jurídica, pues ni el Abogado del Estado justifica, ni esta Sala aprecia que los Autos impugnados consideren otra razón de decidir que la indicada.
Los razonamientos expuestos conducen a declarar no haber lugar al recurso de casación interpuesto por el Abogado del Estado, con imposición de costas a dicha parte recurrente.
Por todo lo expuesto, en nombre de su Majestad el Rey y por la autoridad que nos confiere la Constitución,
Debemos desestimar y desestimamos el recurso de casación 4986/2004 interpuesto por la Abogacía del Estado contra los Autos de 16 de febrero de 2004 y 24 de marzo de 2004, dictados en la pieza separada de extensión de efectos, seguido ante la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, con imposición de costas a la parte recurrente.
Así por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando , lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACION.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Magistrado Ponente, el Excmo. Sr. D. Ramón Trillo Torres, en audiencia pública, celebrada en el mismo día de su fecha, lo que Certifico. Rubricado.
