SAN, 13 de Marzo de 2001
| Emisor | Audiencia Nacional. Sala Contencioso Administrativo, Sección 2ª |
| ECLI | ES:AN:2001:1602 |
SENTENCIA
Madrid, a trece de marzo de dos mil uno.
Vistos los autos del presente recurso nº 02 / 001081 / 1.997 que ante esta Sala de lo
Contencioso administrativo de la Audiencia Nacional, ha promovido el Letrado D. Carlos
Garmendia Sanz, en nombre y representación de D. Jose Carlos . con asistencia
letrada, frente a la Administración General del Estado, representada por el Sr. Abogado del
Estado, contra dos resoluciones del Tribunal Económico Administrativo Central de fecha 11
de junio de 1.997 en relación al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas,
ejercicios 1.987 y 1.988, siendo Magistrado Ponente, el Ilmo Sr. D. Ramón Castillo Badal.
Por la recurrente se interpuso recurso contencioso administrativo mediante escrito presentado el día 27 de agosto de 1.997, contra las resoluciones antes mencionadas, acordándose su admisión por providencia de fecha 8 de septiembre de 1.997, la publicación por edictos en el B.O.E. del anuncio prevenido por la Ley, la reclamación del expediente administrativo ( y la formación de la pieza separada de suspensión ).
En el momento procesal oportuno la parte actora formalizó la demanda mediante escrito presentado el día 20 de febrero de 1.998 en el cual, tras alegar los hechos y fundamentos de derecho que estimó procedentes, terminó suplicando " la estimación del recurso, con la consiguiente anulación de la resolución recurrida. "
El Sr. Abogado del Estado contestó la demanda mediante escrito presentado el día 30 de julio de 1.998, en el cual, tras alegar los hechos y fundamentos jurídicos que estimó aplicables, terminó suplicando " la desestimación del presente recurso."
Dado traslado a las partes, por su orden, para conclusiones, las evacuaron en sendos escritos, reiterándose en sus respectivos pedimentos.
Conclusos los autos se señaló para votación y fallo de éste recurso el día 8 de marzo de 2.001 en que se deliberó y votó, habiéndose observado en la tramitación las prescripciones legales.
Se impugnan en el presente recurso contencioso administrativo dos acuerdos del Tribunal Económico Administrativo Central de 11 de junio de 1.997 en relación a los ejercicios 1.987 y 1.988 del impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas..
La parte recurrente pretende la anulación de las resoluciones recurridas argumentando la prescripción del derecho de la Administración a determinar la deuda tributaria, la caducidad del expediente y la improcedencia de la sanción y d e la exigibilidad d e los intereses de demora.
El Abogado del Estado se opone en su escrito de contestación a la demanda y defiende la legalidad de la resolución recurrida con fundamento en los propios razonamientos de ésta.
Del expediente administrativo resulta que el 25 de enero de 1.993 la Inspección de los Tributos del Estado, incoó Acta impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente a los ejercicios 1.987 y 1.988 haciendo constar que " el sujeto pasivo llevaba los libros y registros suficientes para estimar la base imponible por el régimen de estimación directa. Que la actividad desarrollada por el interesado era la venta al por menor de ferretería. Que en relación con la declaración presentada proceden determinados ajustes por rendimientos de capital mobiliario y sus retenciones a cuenta, y por rendimientos de sus actividades empresariales y proponía una deuda tributaria de 4.571.455 pesetas para el ejercicio 1.987 y 4.019.301 pesetas para 1.988.
Presentadas alegaciones por el interesado, el 13 de julio de 1.993 se dicta acuerdo por el Inspector Jefe aprobando la liquidación que fue notificada el 20 de septiembre de 1.993.
En efecto, acerca de la posibilidad de la declaración de caducidad del expediente, al amparo de las normas citadas por la recurrente, esta Sala, en sentencia de fecha 25 de febrero de 1997, se pronunció sobre la cuestión relativa a la caducidad del expediente administrativo por el transcurso de seis meses sin que se produjera actuación administrativa alguna. En dicha resolución se declaraba en el Fundamento Jurídico Sexto: Ciertamente la caducidad del procedimiento por el transcurso de más de seis meses, no se contempla en nuestras normas tributarias como causa de terminación de los procedimientos administrativos. Al transcurso del tiempo, unido a una inactividad injustificada de la actividad inspectora, el art. 31.4 del Reglamento sólo anuda la consecuencia de tener por no interrumpido el cómputo de la prescripción. No obstante, sin desconocer la singularidad de las normas tributarias, incluso en el ámbito de los procedimientos administrativos tal y como determina la Disposición Adicional 50 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, Ley 30/92, no puede admitirse una interpretación de las normas tributarias al margen de los principios y garantías constitucionales que definen los derechos de los ciudadanos y la posición institucional de las Administraciones Públicas en un Estado de Derecho.
En esta sentencia, tras diferenciar la figura de la prescripción y de la caducidad, se señalaba que: A la caducidad, en la nueva Ley del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Común, a diferencia de la antigua Ley de Procedimiento Administrativo de 1958, se proyecta tanto sobre la posición institucional de las Administraciones Públicas que, según el art. 43.4, cuando se trate de procedimientos iniciados de oficio no susceptibles de producir efectos favorables para los ciudadanos -supuesto en el que se incluyen las actuaciones de la Inspección-, se entenderán caducados y se procederá al archivo de las actuaciones, a solicitud de cualquier interesado o de oficio por el propio órgano competente para dictar la resolución.
Estos razonamientos junto a la regulación del Real Decreto 803/1993, de 28 de mayo, por el que se modifican determinados procedimientos tributarios, en relación con la Disposición Adicional Quinta de la Ley 30/92, llevaron a la Sala a la consideración de que la aplicación de estos principios a las singularidades que ofrece la Administración tributaria es permisible en nuestro ordenamiento jurídico, pues Ala Administración Tributaria no puede ser ajena a las garantías básicas que la Constitución -la seguridad jurídica y la interdicción de la arbitrariedad- y las Leyes generales como la Ley 30/92 ofrecen a los ciudadanos.
Por último, se estimaba la caducidad solicitada por el interesado, matizándose: Así bien, como determina el art. 92.3 de la Ley 30/92 y el art. 109.2 del nuevo Reglamento de Procedimiento Económico-Administrativo de 1 de marzo de 1996, esta caducidad no producirá por sí sola la prescripción de las acciones que puede ejercer la Administración, si bien los procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de prescripción.
Sin embargo, la Sala consideró ya (entre otras, en su sentencia de 29 de octubre de 1998) que la anterior interpretación jurídica de la figura de la caducidad en el ámbito tributario, en el estado legislativo actual, había de ser abandonado por las razones que a continuación se exponen.
En primer lugar, se ha de matizar que la institución de la caducidad tiene su razón de ser en la previa fijación de un plazo, al que queda supeditada la actuación al que se refiere, en el que inicio y finalización de dicha actuación aparecen fatalmente unidas. La consecuencia jurídica de la inactividad durante dicho plazo es el decaimiento del derecho no accionado.
En la materia que nos ocupa, procedimientos de comprobación e investigación tributaria, como declarábamos en la sentencia citada, la ley no fija un plazo de duración a dichas actuaciones; incluso, el Real Decreto 803/1993, de 28 de mayo, de modificación de determinados procedimientos tributarios, en el Anexo 3 contempla los procedimientos de comprobación e investigación tributaria, como procedimientos que no tienen plazo prefijado para su terminación. Por otra parte, el art. 10 de la Ley General Tributaria, precisa que se regularán, en todo caso, por Ley: Ad) Los plazos de prescripción o caducidad y su modificación.
En consecuencia, ante la inexistencia de la fijación de la duración del plazo para los procedimientos de comprobación e investigación por disposición legal, no procede la aplicación de la caducidad a los mismos, sin que ello sea óbice a la aplicación de la prescripción.
En segundo lugar, es cierto que el art. 87 de la Ley 30/1992 de 26 de diciembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, contempla la declaración de caducidad como causa de terminación del procedimiento administrativo, pero la inactividad subyacente no se predica de la Administración, sino del interesado, y en procedimiento iniciado la solicitud del interesado, conforme dispone el art. 92, de la citada Ley.
Esta caducidad es distinta a la caducidad prevista en el art. 43.4 de la Ley 30/92, inserta en el Titulo IV, de rúbrica de la actividad de las Administraciones Públicas, circunscrita a la obligación de resolver, y de forma más concreta al vencimiento del plazo para resolver, en relación con los Actos presuntos. Este precepto establece: cuando se trate de procedimientos iniciados de oficio no susceptibles de producir actos favorables para los ciudadanos, se entenderán caducados y se procederá al archivo de las actuaciones, a solicitud de cualquier interesado o de oficio por el propio órgano competente para dictar la resolución, en el plazo de treinta días desde el vencimiento del plazo en que debió ser dictada, excepto en los casos en que el procedimiento se hubiera paralizado por causa imputable al interesado, en los que se interrumpirá el cómputo del plazo para resolver el procedimiento.
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