STS, 23 de Junio de 2006
| Ponente | PEDRO JOSE YAGÜE GIL |
| ECLI | ES:TS:2006:3828 |
| Número de Recurso | 4950/2003 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 23 de Junio de 2006 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
MARIANO DE ORO-PULIDO LOPEZPEDRO JOSE YAGÜE GILJESUS ERNESTO PECES MORATESEGUNDO MENENDEZ PEREZRAFAEL FERNANDEZ VALVERDEENRIQUE CANCER LALANNE
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a veintitrés de Junio de dos mil seis.
Visto el recurso de casación nº 4950/2003, interpuesto por la Procuradora Dª. María Soledad Castañeda González, en nombre y representación de DON Mauricio y DOÑA Lidia, contra la sentencia dictada en fecha 18 de febrero de 2003, y en su recurso nº 2328/01, por la Sección 8ª de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional , sobre inadmisión a trámite de solicitud de asilo en España, siendo parte recurrida la Administración General del Estado, representada por el Sr. Abogado del Estado. Es Magistrado Ponente el Excmo. Sr. D. Pedro José Yagüe Gil.
En el proceso contencioso administrativo antes referido, la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional dictó sentencia desestimando el recurso. Notificada dicha sentencia a las partes, por la representación de DON Mauricio y DOÑA Lidia se presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 2 de junio de 2003, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.
Emplazadas las partes, el recurrente compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, al tiempo que formuló en fecha 19 de junio de 2003, el escrito de interposición del recurso de casación, en el cual, tras exponer los motivos de impugnación que consideró oportunos, solicitó se declarara haber lugar al recurso, casando la sentencia recurrida y sustituyéndola por otra más ajustada a derecho.
El recurso de casación fue admitido por providencia de fecha 12 de mayo de 2005, y por providencia de 8 de septiembre de 2005 se ordenó entregar copia del escrito de formalización del recurso a la parte comparecida como recurrida (la Administración General del Estado) a fin de que en plazo de treinta días pudiera oponerse al recurso, lo que hizo en escrito presentado en fecha 11 de octubre de 2005, en el que expuso los razonamientos que creyó oportunos y solicitó se dictara sentencia declarando no haber lugar al recurso de casación y confirmando la sentencia recurrida, con imposición de costas a la parte contraria.
Se señaló para votación y fallo de este recurso de casación el día 20 de Junio de 2006, en que tuvo lugar.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Pedro José Yagüe Gil,
Se impugna en este recurso de casación nº 4950/2003 la sentencia que la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional (Sección 8ª) dictó en fecha 18 de febrero de 2003 y en su recurso contencioso administrativo nº 2328/01 , por medio de la cual se desestimó el interpuesto por DON Mauricio y DOÑA Lidia, nacionales de Cuba, contra sendas resoluciones del Ministerio del Interior de 6 y 7 de noviembre de 2001 por las que, respectivamente, se inadmitió a trámite su solicitud de asilo y se desestimó la petición de reexamen de dicha inadmisión.
El recurrente, en la solicitud de asilo, expuso:
"Que solicita el asilo por problemas económicos, dada la situación que vive en su país. Nunca ha sido detenido ni ha sufrido registros domiciliarios. No se siente perseguido políticamente. Hace extensiva su solicitud a Lidia. Que se sentía oprimido en su trabajo, al cobrar un sueldo muy bajo"
Luego, con motivo del reexamen, se ratificó en su petición en todos sus términos, añadiendo que
"trabajaba en una empresa de bebidas y licores ganando el mísero sueldo de 5 dólares al mes, pese a ser mi profesión de operador en refrigeración. Con este magro salario no puedo ni subsistir yo y menos aún puedo mantener a mi esposa, tanto que no puedo planificar tener hijos. En fin, que no tengo futuro, no me puedo realizar como persona"
La Administración basó su resolución en el siguiente argumento:
"al concurrir la circunstancia contemplada en la letra b) del art. 5.6 de la Ley 5/84, modificada por la Ley 9/94 , por cuanto la solicitante no alega en su petición ninguna de las causas previstas en la Convención de Ginebra sobre el Estatuto del Refugiado de 1951 y/o en la Ley 5/84, de 26 de marzo, reguladora del Derecho de Asilo y de la Condición de Refugiado, modificada por la Ley 9/94 de 19 de mayo , como determinantes para el reconocimiento de la protección solicitada, no siendo los motivos invocados suficientes para la concesión de la protección solicitada por no estar incluidos dentro de las causas de reconocimiento del derecho de asilo y el Estatuto del Refugiado señaladas en los mencionados textos legales, habida cuenta de que los mismos únicamente hacen referencia a alegaciones de contenido socio-económico como la causa generadora de la salida de su país, lo que no constituye por tanto una persecución ni es objeto de protección por la Convención de Ginebra de 1951."
Interpuesto contra aquellas resoluciones recurso contencioso administrativo, la Sala de la Audiencia Nacional lo desestimó. Razonó la Sala de instancia, en cuanto ahora interesa, lo siguiente:
"las razones motivadoras de la petición, aunque loables en cuanto encaminadas al progreso y bienestar del recurrente y su familia, no están contempladas en la Convención de Ginebra ni en la Ley española reguladora del Asilo y Refugio, siendo susceptibles, en su caso, de dar lugar a las correspondientes iniciativas dentro del marco general de la legislación sobre los extranjeros en España. No cambia las cosas la circunstancia de que tanto la solicitud de reexamen como la demanda hagan hincapié en la situación de falta de libertades que se vive en Cuba, dato que, siendo cierto, no es expresivo, si no vine acompañado de otros referidos a la situación personal del recurrente y su familia, de que éste padezca el temor fundado de ser perseguido por formar parte de alguno de los grupos políticos, religiosos o de cualquier otra clase, temor que ha de encontrar alguna justificación probatoria aunque no sea plena y absoluta, de conformidad con una constante jurisprudencia del Tribunal Supremo, pero que aquí brilla por su ausencia."
Contra esa sentencia ha formulado recurso de casación la parte actora, en el cual, bajo el epígrafe "motivos de casación", desarrolla diversas alegaciones que se dividen en trece apartados, citando como infringidos el artículo 5.6.b de la Ley de Asilo 5/84 (reformada por Ley 9/94 ), en relación con el art. 3.1 de la misma Ley , y el art. 13.4 de la Constitución .
No existen estas infracciones.
Ha de resaltarse, ante todo, que la parte recurrente, con deficiente técnica procesal, dice interponer el recurso de casación al amparo de los subapartados c) y d) del artículo 88.1 de la Ley de la Jurisdicción , sin diferenciar a cuál de estos subapartados refiere cada una de esas alegaciones en que se desenvuelve su escrito de interposición. De cualquier modo, resulta claro que dichas alegaciones no denuncian ningún quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia o de las que rigen los actos y garantías procesales, sino que se centran en la interpretación y aplicación por la Sala de instancia del Derecho sustantivo aplicable, por lo que, en definitiva, ha de entenderse que el recurso se ha interpuesto únicamente al amparo del subapartado d) .
Examinado, pues, el recurso desde la perspectiva de análisis propia de este motivo casacional , hemos de recordar que los hechos relevantes para decidir sobre la solicitud de asilo son los expuestos ante la Administración al solicitar asilo y, en su caso, al pedir el reexamen. Pues bien, los hechos descritos por los actores en la solicitud de asilo y en el reexamen, aunque fueran ciertos, no constituyen una persecución por alguno de los motivos a que se refiere el artículo 1º-2 de la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados de 28 de Julio de 1951 , es decir, una persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas. Aquellos se limitaron a manifestar que deseaban salir de Cuba por su mala situación socioeconómica y singularmente por los bajos salarios que ahí se perciben, pero esas razones no constituyen causa o motivo de asilo, siendo, como es, reiterada la jurisprudencia que ha declarado que el mero desacuerdo con el régimen político de Cuba, o el descontento no menos genérico hacia las condiciones de vida de aquel país no constituyen, por sí solos, causa suficiente para el reconocimiento de la condición de refugiado.
Al declararse no haber lugar al recurso de casación procede condenar a la parte recurrente en las costas del mismo ( artículo 139-2 de la L.J .); esta condena sólo alcanza, respecto de la minuta de Letrado, a la cantidad máxima de 200'00 euros (artículo 139.3) a la vista de las actuaciones procesales.
Por todo ello, en nombre de S.M. el Rey y en el ejercicio de la potestad que, emanada del pueblo español, nos concede la Constitución.
Que declaramos no haber lugar al presente recurso de casación nº 4950/2003 interpuesto por DON Mauricio y DOÑA Lidia contra la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional (Sección 8ª) en fecha 18 de febrero de 2003 y en su recurso contencioso administrativo nº 2328/01 . Y condenamos a la parte recurrente en las costas del presente recurso de casación, hasta una cifra máxima, respecto de la minuta de Letrado, de 200'00 euros.
Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la colección legislativa , lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Magistrado Ponente, Excmo. Sr. D. Pedro José Yagüe Gil, estando constituida la Sala en Audiencia Pública, de lo que certifico.
