STSJ Murcia 51/2008, 28 de Enero de 2008
| Ponente | ASCENSION MARTIN SANCHEZ |
| ECLI | ES:TSJMU:2008:190 |
| Número de Recurso | 428/2007 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Número de Resolución | 51/2008 |
| Fecha de Resolución | 28 de Enero de 2008 |
| Emisor | Sala de lo Contencioso |
T.S.J.MURCIA SALA CON/AD
MURCIA
SENTENCIA: 00051/2008
ROLLO DE APELACIÓN nº 428/07
SENTENCIA nº 51/08
LA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MURCIA
SECCIÓN SEGUNDA
compuesta por los Ilmos. Srs.:
-
Abel Ángel Sáez Doménech
Presidente
Dª. Ascensión Martín Sánchez
-
Joaquín Moreno Grau
Magistrados
ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
S E N T E N C I A nº 51/08
En Murcia a veintiocho de enero de dos mil ocho.
En el rollo de apelación nº 428/07 seguido por interposición de recurso de apelación contra la sentencia nº 212/07, de fecha trece de marzo del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº uno de Murcia dictada en el recurso contencioso administrativo nº. 235/06, en cuantía indeterminada, en el que figuran como parte apelante D. Luis, nacional de MARRUECOS, representado por la Procuradora Dª. Carmen Fortes Pardo, y dirigido por la Abogada Dª Mercedes Murcia Mazón, y como parte apelada la Delegación del Gobierno, representado y dirigida por el Sr. Abogado del estado, sobre expulsión y prohibición de entrada en España; siendo Ponente la Magistrada Iltma. Sra. Dª. Ascensión Martín Sánchez, quien expresa el parecer de la Sala.
ÚNICO.- Presentado el recurso de apelación referido, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº uno de Murcia, lo admitió a trámite y después de dar traslado del mismo a la Administración demandada para que formalizara su oposición, remitió los autos junto con los escritos presentados a Sala, la cual designó Magistrado ponente y acordó que quedaran los autos pendientes para dictar sentencia; señalándose para que tuviera lugar la votación y fallo el 18-01-08.
La sentencia apelada estima en parte el recurso contencioso administrativo formulado por el recurrente D. Luis, nacional de MARRUECOS, nacido el día 1-1-1983, titular del NUM000, con antecedentes policiales en Diligencias previas nº 5249/03, en el Juzgado de Instrucción nº 4 de ALMERÍA, por un delito contra la salud publica, y en situación de preso a fecha 14-2-2006, en la prisión de Sangonera de Murcia, contra la resolución de la Delegación del Gobierno de Murcia, recaída en el expediente NUM001, de fecha 23 de febrero de 2006, que acuerda la expulsión del mismo y la prohibición de entrada en España durante siete años, por infringir el art. 53 a) de la L.O. 4/2000, reformada por L. O. 8/2000, sobre derechos y libertades de los Extranjeros en España y su integración social, por encontrarse irregularmente en territorio español, por no haber obtenido o tener caducada más de tres meses la prórroga de estancia, la autorización de residencia o documentos análogos cuando fueren exigibles y siempre que el interesado no hubiera solicitado la renovación de los mismos en el plazo previsto reglamentariamente.
Rechaza el Juzgado los motivos de oposición alegados por la parte recurrente: que eran 1º) Defectos formales; 2º) Falta de motivación; y 3º) Falta de proporcionalidad de la supuesta infracción;
En cuanto al primer motivo de fondo, que los hechos constituyen una infracción grave a tenor del Art. 53,a de la ley 4/2000, en la redacción dada por Ley 8/2000, y se faculta a la administración sancionadora, para adoptar la medida de expulsión, y que el acuerdo esta motivado, que los funcionarios son los que realizan el atestado, el recurrente de nacionalidad marroquí, tiene antecedentes. Y que tanto el secretario como el instructor están identificados con sus carnes profesionales por motivos de seguridad, y en aplicación del art. 17 del Real Decreto 1484/1987, de 4 de diciembre. Y que no concurren los defectos formales aludidos, como se acredita al folio 7 del expediente, habiendo sido dictada por el Jefe de la policía de Murcia y que los policías nacionales, que aparecen como instructor y secretario están identificados por sus carnes profesionales. En cuanto a la falta de motivación, señala la sentencia que la resolución impugnada cumple los requisitos de motivación del art. 54,1 de la ley 30/92, de 26 de noviembre, por cita del tipo infringido, y preceptos aplicables, con la prueba aportada y que le constan antecedentes por delito contra la salud publica y actualmente cumple condena.
Y en cuanto a la medida de expulsión acordada estima que ha de considerarse correcta al venir autorizada en el art. 57.1º de la LO.4/2000, como medida sustitutoria de la sanción de multa, e igualmente es correcta la prohibición de entrada en España, al ser la situación del recurrente la mas grave de las contempladas en el art. 53.a, al carecer de autorización para encontrarse en nuestro país, y en cuanto a la falta de motivación la resolución sancionadora esta motivada y resulta respetuosa con las exigencias del Art. 54.1 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, toda vez consta en el mismo los hechos que se imputan, el precepto infringido y la sanción impuesta, así como los fundamentos de la decisión sancionadora, habiendo tenido pleno conocimiento el interesado de las razones de la decisión sancionadora, como lo evidencia su impugnación en la sede jurisdiccional, por lo que no puede apreciarse indefensión. Y que tiene antecedentes policiales. Y considera el Juzgador de instancia que la resolución de la Delegación del Gobierno, y la medida de expulsión es correcta y esta fundada y en cuanto a la duración de la medida de prohibición por siete años es correcta, y desestima la demanda de recurso contencioso administrativo interpuesta por el hoy recurrente.
Se aceptan los hechos y fundamentos de derecho de la sentencia apelada, en todo lo que no se oponga expresamente a esta sentencia, en todo lo que no se opongan a esta sentencia.
Es bien sabido que el recurso de apelación se centra en la sentencia apelada, que debe ser objeto de crítica.
El apelante estima que: 1º) No se aplica el principio de proporcionalidad- y alega la atipicidad de la conducta y subsidiariamente que debe aplicarse en lugar de la sanción de expulsión la sanción de multa., y que el art. 55,3, articula las condiciones que han de darse para graduación de la sanción de multa, como es el grado de culpabilidad, daño producido y riesgo derivado de la infracción y su trascendencia. Y que estas circunstancias no se han tenido en cuenta por el Juzgador.
Insiste la parte apelante en esta segunda instancia en que la sentencia confirma la sanción de expulsión y que se trata de una medida sustitutoria, conforme al art. 57,1º de la LO.4/2000, solo contesta parcialmente a sus pretensiones y que la resolución administrativa de expulsión, no esta motivada, ni se motiva la elección de la sanción de expulsión. Y señala diversa jurisprudencia.
El Sr. Abogado del Estado en la representación que ostenta se opone al recurso de apelación, que el apelante no ha desvirtuado la antijuricidad de su conducta, y debe desestimarse el recurso de apelación interpuesto.
En cuanto a los motivos del apelante y sobre la infracción del principio proporcionalidad, y tipicidad, la Sala no comparte la interpretación que hace la parte apelante del art. 53, 1 a) de la Ley 4/2000, reformado por L. O. 8/2000, que califica como infracción grave: "encontrarse irregularmente en territorio español, por no haber obtenido o tener caducada más de tres meses la prórroga de estancia, la autorización de residencia o documentos análogos, cuando fueren exigibles, y siempre que el interesado no hubiere solicitado la renovación de los mismos en el plazo previsto".
Basta encontrarse irregularmente en territorio español para que pueda apreciarse la infracción, con independencia de que dicha situación irregular provenga de no haber obtenido la prórroga de estancia, la autorización de residencia o documentos análogos (caso en el que cabe incluir el supuesto aludido por el apelante, del extranjero que entra en territorio español como turista o de forma irregular y se mantiene en el mismo sin pedir ninguno de dichos documentos que denomina como estancia irregular ordinaria); o de tener caducada la prórroga de estancia, la autorización de residencia o documento análogo, durante más de tres meses, siempre que el interesado no halla solicitado la renovación en el plazo previsto (supuesto denominado por el actor como estancia irregular sobrevenida. Y en este expediente la resolución de expulsión ha sido adoptada por el Delegado del gobierno, dentro de sus competencias y a tenor del Art. 55,2 de la Ley Orgánica 8/2000,de 22 de diciembre
En este caso la sentencia de instancia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº uno de Murcia, si bien es cierto, que no alude de forma pormenorizada a las circunstancias personales del recurrente, parte del hecho probado, señalado en la resolución impugnada, de que el actor en el momento de iniciarse el...
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