Claves de la emergente política medioambiental española: sostenibilidad, gobernanza y europeización
| Autor | Manuel Arias Maldonado/Ángel Valencia Sáiz |
| Cargo | Profesor Contratado Doctor de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad de Málaga/Profesor Titular de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad de Málaga |
| Páginas | 23-39 |
Page 23
Toda reflexión acerca de la política medioambiental debe enfrentarse a una paradoja nada aparente, pero decisiva para la redefinición contemporánea de su sentido: la de que su normalización en el ámbito de las políticas públicas no ha suprimido la excepcionalidad que inevitablemente la distingue de otras políticas estatales. En principio, la política medioambiental designa al conjunto de actividades públicas y privadas que tienen como objetivo la protección del medio ambiente humano en el bien entendido de que no se trata tanto de la conservación de las formas naturales, cuanto de procurar una relación equilibrada entre protección y desarrollo socioeconómico. Habida cuenta de la heterogeneidad de las actividades aquí incluidas, que abarcan desde la limitación de la contaminación a la preservación de la flora y la fauna, en ocasiones se ha preferido una definición pragmática, que incluye en la política medioambiental al conjunto de tareas de que se ocupan los ministerios de Medio Ambiente. Sin embargo, esta clase de aproximaciones dejan a un lado, precisamente, aquello que es singular en la política medioambiental: la imposibilidad de un enfoque parcial y la necesidad de un tratamiento integral de la dimensión ecológica de la sociedad. Esta necesidad de deriva directamente de su objeto, que es el medio ambiente y los problemas que produce la interacción de la sociedad con el mismo, son los rasgos de los problemas medioambientales los que prestan su cualidad a la política que los aborda, de acuerdo con el más elemental prurito de racionalidad administrativa.
Page 24
En ese sentido, podemos destacar, como aspectos esenciales para la comprensión de la política medioambiental, un conjunto de características intrínsecas a los problemas medioambientales a los que aquélla se enfrenta. Estas notas dominantes no sólo condicionan el tipo de política pública que puede llevarse a cabo; también los actores llamados a protagonizarla y los problemas principales que plantea en un contexto democrático.
-
Complejidad. El medio ambiente constituye un objeto caracterizado por su complejidad: los problemas medioambientales están vinculados a densas redes biológicas y sociales, que cruzan fronteras territoriales y acerca de cuyo funcionamiento poseemos un conocimiento limitado (Lafferty y Meadowcroft 1996: 4-5). La deter-minación de su secuencia causal se enfrenta a dificultades que se trasladan a la elaboración y aplicación de las políticas públicas que los abordan. Son, igualmente, problemas exponenciales, cuyo efecto puede terminar siendo mucho más grave de lo previsto inicialmente. Esta imposibilidad de prevenir con exactitud la magnitud de un problema medioambiental está igualmente relacionada con su difusa temporalidad: hay procesos que sólo se manifiestan después de un largo período de incubación, otros acelerados por el ritmo del avance tecnológico, y prácticas cuyas consecuencias no pueden ponderarse por proyectarse en el muy largo plazo. La dificultad para la predicción y el tratamiento se ve agravada por la interdependencia de estos problemas: la resolución de uno no implica la del resto, que incluso pueden agravarse. En consecuencia, las soluciones parciales no son suficientes –es necesario adoptar un enfoque interdisciplinar, en todas las fases de la política pública, que incida sobre el conjunto de los actores sociales.
-
Dimensión técnica. Aunque todas las políticas públicas poseen un componente técnico, el medio ambiente constituye un área de intervención pública donde la dependencia del conocimiento experto es, a fortiori, muy elevada. Estamos hablando de problemas complejos y de soluciones inciertas. Se trata de procesos naturales y sociales cuya comprensión y análisis requiere a menudo de un alto grado de sofisticación científica; en esa medida, puede afirmarse que los problemas medioambientales sólo son científicamente constatables y mensurables, así como sólo científicamente resolubles. El corolario es que la política medioambiental constituye un área de gestión en la que los expertos juegan un papel determinante; a riesgo de resultar ineficaz o incluso contraproducente, debe ser una política científicamente informada y evaluada, como el propio movimiento verde se ha avenido a admitir (Porritt 2000).
-
Dimensión social. Los problemas medioambientales no son problemas objetivos, sino socialmente creados y mediados. Esto no quiere decir que sean problemas intangibles o que puedan determinarse caprichosamente; pero, al igual que no todo problema social es definido como un problema público a efectos de la elaboración de políticas, tampoco los problemas medioambientales pueden definirse con independencia de su contexto social y político. Pensemos en que, la mayor parte de las veces, se trata de problemas invisibles, que sólo la información convierte en socialmente visibles, como ocurre con el deterioro de la capa de ozono. Dependemos así de los medios de detección y difusión para conocer una realidad socialmente mediada (Beck 1995; Lupton 1999). Igualmente, son problemas que resultan de la interacción de la sociedad con el medio; sus causas, por lo tanto, suelen ser prácticas y estructuras sociales, antes que fenómenos naturales. Y se trata de problemas colectivos, en los que interviene un gran número de actores, y en los que, por tanto, la acción aislada o individual no produce efectos de ningún tipo, o los produce negativos (Dryzek 1987: 31). Este carácter colectivo es, igualmente, reflejo de la condición pública o común de muchos de los bienes medioambientales en cuestión.
-
Transnacionalidad. Aunque siempre ha sido así, se ha extendido por fin la conciencia de que los problemas medioambientales son irreductibles a un ámbito determinado –ya sea local, nacional o regional. El medioambiente es una realidad global, cuyas transformaciones se dejan sentir también globalmente. Aunque existen problemas que se manifiestan sólo localmente, los grandes problemas medioambientales del nuevo siglo sólo pueden resolverse mediante un enfoque global; basta citar el calentamiento global o el desarrollo industrial de los
Page 25
países del hemisferio sur. De ahí que la política medioambiental esté sujeta a un importante e irreversible proceso de internacionalización, por ser los temas que caen bajo su jurisdicción, cada vez más, objetivos preferentes de organizaciones supranacionales; la política medioambiental europea y su incidencia sobre las legislaciones nacionales es el mejor ejemplo de esta alteración de la soberanía tradicional, soberanía que se pierde a cambio de obtener una mayor capacidad de control y acción sobre esos problemas (Elliott 2004).
Aunque sea discutible que el conjunto de los problemas medioambientales sea constitutivo, como quiere el movimiento ecologista, de una crisis ecológica global, no cabe duda de que conforman un objeto de difícil aprehensión y tratamiento –tanto desde el punto de vista científico, como desde el político. Dificultad a la que contribuye también la necesidad de aproximarse a ellos de dos maneras distintas, pero complementarias, si se pretende la aplicación de políticas mínimamente eficaces: si, por una parte, la multiplicidad de los problemas y de sus derivaciones exige un tratamiento diferenciado y particular, por otra su conjunción apunta hacia una red de interrelaciones que reclama un tratamiento integral, dado que la suma de soluciones particulares no equivale necesariamente a una solución global. Esta dicotomía quedaría expresada, administrativamente, en la diferencia entre las políticas sectoriales y la más general orientación impresa a su conjunto desde una instancia superior. Y sin embargo, son precisamente estas singularidades de la política medioambiental las que provocan tensiones con el contexto mismo en que están llamadas a elaborarse y aplicarse: el marco estatal y el marco democrático. Todo intento de redefinir las políticas medioambientales tiene que tomar en consideración estas dos tensiones estructurales.
-
En primer lugar, se ha discutido la capacidad de las prácticas administrativas tradicionales para abordar eficazmente unos problemas medioambientales cuya naturaleza es ajena a la lógica estatal clásica. Desde este punto de vista, la racionalidad administrativa estaría reñida con la racionalidad ecológica, siendo aquélla incapaz de producir resultados eficaces en relación a la segunda. La razón es que las especiales características de los problemas ecológicos son subordinadas a la lógica uniformizadora de la racionalidad administrativa, cuyo pathos de control y eficacia le impide mostrarse flexible y adaptativa (Dryzek 1987; Paehlke y Torgerson 1990). Las singularidades, ya descritas, que ofrecen los problemas medioambientales, y que se refieren a las discrepancias entre las condiciones ideales y las reales que resultan de las interacciones entre los sistemas naturales y los humanos, impone especiales demandas a los métodos humanos de resolución de problemas cuando a ellos se enfrentan (Dryzek 1987: 26). La racionalidad ecológica de la práctica administrativa depende, entonces, de la capacidad de ésta para adaptar su funcionamiento a la peculiar naturaleza de esta clase de problemas. Tampoco el contexto en que se desarrolla esa función administrativa facilita el incremento de la racionalidad ecológica, ya que junto a la subrepresentación sistemática de los intereses medioambientales se encuentra un conjunto de constricciones impuestas por la lógica de una economía de mercado donde esos intereses se enfrentan a los de la industria. En...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba