De la reforma educativa a la evaluación de programas: los escenarios de la política educativa española entre 1982 y 1996
| Autor | Ester García Sánchez |
| Páginas | 69-87 |
Page 69
El delicado consenso alcanzado por el grupo parlamentario de Unión de Centro Democrático (UCD) y el grupo parlamentario socialista durante el proceso de elaboración del texto constitucional1en torno al que sería el artículo 27, aquel que consagraba el derecho a la educación, tuvo efectos aparentemente contradictorios sobre las posiciones de estos grandes grupos políticos en los años siguientes.
Por un lado, la necesidad de diferenciarse ante el electorado les llevó a polarizar sus posturas lo que, a su vez, provocó la parálisis de casi todas las iniciativas legislativas de UCD en materia de educación2. De todas ellas, la única que llegó a prosperar, y no sin dificultades, fue la Ley Orgánica del Estatuto de Centros Escolares (LOECE), norma principal de desarrollo del artículo 27. Por supuesto, la situación de minoría en que se encontraba UCD en el Congreso de los Diputados3y las disensiones internas que afectaban a este partido no dibujaban tampoco un escenario muy favorable para sacar adelante sus propuestas4.
Page 70
Por otro, el acuerdo en torno al artículo 27 sirvió para moderar las propuestas programáticas con las que el PSOE se presentaría a las decisivas elecciones de 1982 (Fernández Mellizo-Soto 2001). Si en los años previos a la aprobación de la Constitución las propuestas socialistas se orientaban a la «extinción progresiva de la enseñanza privada subvencionada y (la) absorción paulatina del alumnado por la escuela estatal o pública», a partir del 78 la pretensión esencial pasó a ser «la consecución de un sistema educativo integrado, aunque plural (...); concebido como servicio público, aunque no monopolizado por los poderes públicos; no discriminatorio, a la vez que respetuoso con las convicciones personales y las preferencias de los padres; racionalizado en su diseño, al tiempo que abierto a la participación y extremadamente democrático» (Maravall 1984: 29).
Sobre la base de la revisión de los presupuestos ideológicos de partida, el Partido Socialista planteó en su programa electoral de 1982 dos grandes objetivos: garantizar en la práctica el derecho a la educación -lo cual exigía corregir las desigualdades existentes e incrementar la oferta de puestos escolares, en el marco de una política de escolarización plena- y mejorar la calidad de la enseñanza.
Ver nota 5
El compromiso de hacer efectivo el derecho a la educación se convirtió en la principal seña de identidad de la política del primer ministerio socialista, fuertemente liderado por José María Maravall y en el que la presencia de miembros de MRP y de profesores -sobre todo de enseñanzas medias vinculados a organizaciones sindicales, especialmente a la Unión General de Trabajadores (UGT)- era muy destacada6. A tal fin, se entendió imprescindible:
(i) Poner en marcha un conjunto de medidas de promoción educativa, tendentes a hacer efectivo el principio de igualdad en la educación. Estas medidas se concretaron en una serie de programas que comenzaron a implantarse paulatinamente, en algunos casos de forma experimental, a partir de 1983.
Page 71
(ii) Proceder al desarrollo legislativo del artículo 27 de la Constitución, en una línea que superase las deficiencias de la LOECE y fuera más acorde con lo defendido tradicionalmente por el Partido Socialista. Ello se traduciría en la elaboración de la futura Ley Orgánica del Derecho a la Educación (LODE).
(iii) Acometer la reestructuración del sistema educativo en sus distintos ciclos, niveles y etapas, así como la redefinición de sus contenidos y metodologías. La Ley de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE) y su desarrollo reglamentario constituyeron los instrumentos clave de esta reestructuración.
Las medidas de promoción educativa se centraron en ámbitos de actuación muy diversos:
(i) El programa de educación compensatoria7surgió con el propósito de atender las necesidades educativas de aquellos grupos de población que se hallaban en condiciones económicas y sociales más desfavorables. Este programa se concretó en diversos proyectos, como el de «Escuelas Viajeras», el de creación de centros de recursos en zonas rurales, el de atención a minorías culturales o el de formación ocupacional.
(ii) La ampliación de la oferta de puestos escolares -llevada a cabo especialmente en los niveles posobligatorios en los que la demanda era mucho mayor-, contribuyó a disminuir de modo sensible la ratio profesores/alumnos.
Así, la evolución del número de centros por nivel educativo fue, durante los años ochenta, claramente favorable a los centros públicos. El incremento en enseñanzas medias fue constante, mientras que en preescolar y en Educación General Básica (EGB) se produjeron fluctuaciones a lo largo de ese período. Entre los cursos 1982-83 y 1989-90 el número de centros públicos en BUP (Bachillerato Unificado Polivalente) y COU (Curso de Orientación Universitaria) se incrementó en un 55 por ciento. Mientras, el aumento en Formación Profesional (FP) fue de solo un 14,8 por ciento.
(iii) En lo relativo a la educación de adultos, concebida hasta entonces como un simple paso hacia la obtención del título de Graduado Escolar, se empezó a impulsar una concepción integral, que contribuyera a «la inserción productiva del adulto en el mundo laboral y a su eventual
Page 72
reciclaje; a su promoción cultural, a su maduración y autodeterminación personal» (Maravall 1984: 61 y 62).
Cuadro III.1
Evolución del número de centros por nivel educativo y titularidad (cursos 1979-80 a 1989-90)
| Preescolar | EGB | BUP y COU | FP | |||||
| Curso | Púb. | Priv. | Púb. | Priv. | Púb. | Priv. | Púb. | Priv. |
| 1982-83 | 1.178 | 1.930 | 14.779 | 5.218 | 1.033 | 1.462 | 994 | 1.372 |
| 1983-84 | 1.292 | 1.884 | 14.026 | 5.196 | 1.073 | 1.474 | 978 | 1.419 |
| 1984-85 | 1.386 | 1.865 | 14.785 | 5.162 | 1.110 | 1.485 | 1.043 | 1.291 |
| 1985-86 | 1.382 | 1.720 | 14.613 | 4.863 | 1.246 | 1.389 | 1.030 | 1.218 |
| 1986-87 | 1.291 | 1.465 | 14.577 | 4.716 | 1.302 | 1.357 | 1.073 | 1.121 |
| 1987-88 | 1.252 | 1.458 | 14.468 | 4.565 | 1.420 | 1.363 | 1.081 | 1.149 |
| 1988-89 | 1.036 | 1.051 | 15.003 | 4.774 | 1.526 | 1.133 | 1.157 | 1.096 |
| 1989-90 | 1.028 | 1.038 | 14.540 | 4.528 | 1.606 | 1.400 | 1.142 | 1.116 |
Fuente: Elaboración propia a partir de cobo suero (1995: 1118).
(iv) En el ámbito de la educación especial, uno de los espacios de atención preferente en estos años, se apostó por la integración plena de los «alumnos con necesidades educativas especiales« en el sistema educativo ordinario y se abandonó la idea de su escolarización en centros especiales, con el fin de evitar situaciones de segregación social. El concepto de integración pasaría a convertirse en el eje de las actuaciones en materia de educación especial a raíz de la puesta en marcha del programa del mismo nombre8.
(v) En los niveles posobligatorios, el principal instrumento fue el programa de becas9, que tuvo como consecuencia un incremento en el número de beneficiarios y de las dotaciones globales efectuadas. Entre los cursos 1982-83 y 1991-92, el número de becarios en enseñanzas medias y universitarias se incrementó en cerca de 600.000 personas. En ese mismo período, el coste de las convocatorias de becas del Ministerio de Educación y Ciencia sufrió un aumento de casi un 1.000 por cien.
Page 73
Cuadro III.2
Evolución del número de becarios y de las inversiones en becas en enseñanzas medias y universitarias (cursos 1982-83 a 1991-92)
| Curso | Número de becarios | Coste total (MM ptas.) |
| 1982-83 | 162.269 | 6.879 |
| 1983-84 | 218.456 | 8.631 |
| 1984-85 | 251.595 | 11.844 |
| 1985-86 | 381.248 | 17.863 |
| 1986-87 | 473.487 | 29.586 |
| 1987-88 | 565.166 | 38.904 |
| 1988-89 | 626.738 | 49.687 |
| 1989-90 | 640.243 | 55.044 |
| 1990-91 | 708.037 | 64.989 |
| 1991-92 | 748.037 | 73.273 |
Fuente: cobo suero (1995: 1261).
Las innovaciones que la administración socialista pretendía introducir en el sistema educativo requerían de un marco legal más sustantivo que el diseñado por las medidas de promoción educativa a las que nos hemos referido en el apartado anterior. Se trataba, en definitiva, de disponer de una ley que, desde una perspectiva progresista, desarrollara los contenidos del artículo 27 de la Constitución.
A pesar de que el Partido Socialista disponía de mayoría absoluta en el Congreso10, el proyecto de ley orgánica del derecho a la educación encontró una fuerte oposición tanto dentro como fuera del Parlamento11. Las asociaciones profesionales y de padres de alumnos, los sindicatos y la Iglesia Católica, hasta entonces representadas y parcialmente eclipsadas por el protagonismo de UCD y PSOE, comenzaron a cobrar fuerza y a participar activamente en el debate. El acercamiento de posturas entre los sectores conservadores y los progresistas, que había permitido el pacto constitucional, comenzó a quebrarse de nuevo (al
Page 74
igual que había sucedido con ocasión de la LOECE) a raíz de la presentación, por parte del Ministerio de Educación y Ciencia, del anteproyecto de ley ante los medios de comunicación, en junio de 1983.
Los principales puntos de la polémica fueron la financiación de la enseñanza privada y el control del ideario de los centros por parte de los poderes públicos. Las críticas de las asociaciones vinculadas a la Iglesia...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba