Editorial
| Autor | Tomás Fernández García |
| Cargo | Profesor Titular de Servicios Sociales y Trabajo Social (UNED) |
| Páginas | 9-13 |
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La aprobación de la Constitución Española en al año 1978 supuso una eclosión de derechos y libertades, que desembocaron en el desarrollo de nuevos derechos sociales, en el establecimiento de una política fiscal y una estructura de gasto público. El resultado inmediato fue el avance de la protección social y de los servicios públicos básicos, que condujeron en su conjunto, a la creación de lo que ya se conoce fuera de nuestras fronteras como el modelo de bienestar español, basado en criterios muy parecidos a los que se habían desarrollado en otros países de la Europa Occidental después de la Segunda Guerra Mundial. La seguridad en el empleo y el salario constituyeron históricamente la principal vía de acceso a los derechos de ciudadanía.
Atrás, dejábamos un país que si por algo se caracterizó, fue por la persecución de las libertades democráticas, la pobreza en la que se encontraba una parte muy importante de sus ciudadanos, el aislamiento económico del resto de las democracias occidentales y el paternalismo social como sucedáneo del reconocimiento de los derechos sociales. En aquellos años, el raquitismo social de la administración pública dejaba al descubierto a millones de personas que soportaban intolerables grados de desigualdad social y económica y grandes deficiencias en el terreno educativo, cultural y sanitario.
En los años ochenta, se pudieron reunir las condiciones políticas y económicas que permitieron desarrollar unos sistemas de protección social homologables a los países de nuestro entorno en cuanto a su diseño, basado en cuatro pilares fundamentales: El Sistema Público de Salud, el Educativo, el de Rentas y Pensiones y como cuarto pilar los Servicios Sociales. A esto se unía un conjunto de planes y programas integrales dirigidos a colectivos mas vulnerables que permitieron, en su conjunto y a través de las políticas públicas alcanzar cotas de bienestar aceptables para una parte muy importante de la población.
Treinta años después de aprobarse la Constitución Española, podemos decir que España es un país moderno en sus estructuras políticas, económicas y sociales. Nos hemos incorporado con pleno derecho a la Unión Europea, hemos acabado con una parte importante de la pobreza tradicional que estaba instalada en España desde hacía siglos. Se han reducido los déficit sociales, hemos alcanzado un nivel óptimo de formación de las generaciones más jóvenes, además de ser uno de los países con mayor esperanza de vida del mundo.
Sin embargo, conviene recordar que en Europa en los años ochenta se empezaron a producir grandes cambios en el mercado de trabajo. España no fue ajena a estos procesos: la globalizaciónPage 10 económica, el declive industrial, el aumento de la inestabilidad en los servicios dieron lugar a profundos cambios en las estructuras del mercado de trabajo. El pleno empleo que caracterizó al modelo de bienestar europeo entró en crisis, produciéndose una progresiva polarización entre los sectores centrales y los periféricos afectando a grandes sectores urbanos e industriales. Los Estados de bienestar tuvieron que enfrentarse al dilema de ofrecer una protección social igualitaria basada en altas contribuciones o incentivar la creación de empleo rebajando la presión impositiva. Las políticas públicas tuvieron un mayor protagonismo intentando ofrecer cobertura a grandes sectores de la población que se encontraban en situación de desempleo, con importantes déficit de formación y cualificación laboral.
El proceso trajo consigo que en Europa apareciera lo que se denominó en aquellos momentos, como la «nueva pobreza», enmarcada dentro de los procesos de dualización de la sociedad. Las instituciones políticas y sociales europeas denunciaron que una parte de sus sociedades estaban olvidadas por unos sistemas de protección social insuficientes creando ciudadanos dependientes. Intentaron darle una dimensión social a los sectores más desfavorecidos, acuñando un nuevo término que definía más certeramente a aquellos ciudadanos que padecían procesos de precariedad social: la exclusión social; que superaba el concepto tradicional de pobreza, unida hasta ese momento a la insuficiencia de ingresos económicos como uno de los indicadores tradicionales para medir la pobreza. Aunque existen múltiples interpretaciones del término, en distintos estamentos tanto políticos como académicos, casi todos coinciden en afirmar que la exclusión social es un fenómeno estructural, que tiene un cariz multidimensional, tanto en sus causas: desempleo, bajos ingresos, enfermedad, ruptura familiar... como en el acceso precario a los derechos que constituyen la ciudadanía. Por lo tanto, la exclusión social está indisolublemente unida al moderno sistema de ciudadanía y de bienestar, entendiendo este último como la combinación de oportunidades y apoyo que debe asegurar a todos los ciudadanos un estándar de vida aceptado por su comunidad, donde se deberían establecer las políticas públicas necesarias para su superación.
Aunque la cohesión social y el desarrollo sostenible han sido las referencias permanentes para que España siga progresando en la modernización de su modelo social, adecuando el crecimiento económico con el bienestar, con el fin de asegurar la reducción de las desigualdades y la prevención de la aparición de personas excluidas, actualmente debemos seguir afrontando los cambios sociales que se están produciendo, y a las nuevas necesidades que están emergiendo dentro de las familias españolas: jóvenes sin empleo, temporal o precario que tienen que prolongar su permanencia en el hogar de sus padres, no pudiendo conseguir su autonomía propia; familias monoparentales, mayoritariamente mujeres con cargas familiares y sin recursos económicos; niños y jóvenes que han fracasado en el sistema educativo y que se encuentran en el umbral de la exclusión social; aumento importante de la población anciana que vive en situación de soledad como consecuencia del cambio en la evolución demográfica, que ha afectado sobre todo al envejecimiento de la población; sin olvidar la precaria situación de los inmigrantes, donde claramente se pueden observar los grandes déficit económicos, educativos, sociales o de vivienda.
En el Consejo de Bruselas de marzo del año 2006, se llevó a cabo un importante avance en la racionalización e integración de los procesos existentes dentro de un método abierto de coordinación en materia de protección social e inclusión social, con el fin de hacer más eficientes la cooperación mutua, el seguimiento y la evaluación de los planes y estrategias nacionales, así como favorecer una mejor interacción con los Programas Nacionales de Reforma desarrollados en el marco de la estrategia de Lisboa revisada.
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Pasaron a integrarse en un proceso único los Planes Nacionales de Estrategia de Futuro y, como elemento más reciente, las Estrategias Nacionales de Asistencia Sanitaria y Cuidados de Larga Duración que dieron lugar a la reciente aprobación por parte del Pleno del Congreso de los Diputados de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia. Según este nuevo proceso aglutinador, los Estados miembros, siguiendo los objetivos comunes establecidos para toda la Unión, deberían presentar a la Comisión Europea un Informe Nacional de Estrategias para la protección social y la inclusión para el periodo 2006-2008.
A partir del análisis de la situación española se establecieron los desafíos, los objetivos prioritarios, las metas claramente definidas y cuantificadas situadas en el escenario del año 2010, dedicando una mayor concentración de esfuerzos en los procesos de inclusión que vienen desarrollándose desde la implantación de los objetivos de Lisboa y que definen la estrategia española concretada en el IV Plan Nacional para la Inclusión Social para el periodo 2006-2008, vinculados con el ámbito laboral, la política de rentas, la educación, la inclusión de los inmigrantes y las personas en situación de dependencia, además de una importante gama de medidas de acceso a los recursos, derechos y servicios necesarios para la participación en la sociedad, en la que se incluyen medidas agrupadas por áreas: salud, servicios sociales, vivienda, justicia, inclusión en la sociedad de la información-.
Aunque en estos años nuestro país ha dado un salto cuantitativo y cualitativo en su modelo económico y social, reduciendo significativamente el número de personas que sufrían procesos de exclusión a través de nuestros Sistemas de Protección Social y de los sucesivos Planes Nacionales de Acción para la Inclusión Social, creíamos necesario dedicarle el número de la revista por ser un tema de especial preocupación e importancia para la cohesión y el desarrollo de nuestro país. Por ello, hacemos en primer lugar un análisis genérico sobre la exclusión social, deteniéndonos posteriormente en los colectivos específicos, para terminar con una reflexión sobre la renta básica universal y la relación existente entre la situación de pobreza y ciertas características relacionadas con las situación laboral de las personas,
En el primer artículo introductorio, José Félix Tezanos, analiza la exclusión social como un concepto paralelo al de ciudadanía y democracia, como una necesidad de avanzar hacia una nueva fase de su desarrollo que permita superar el riesgo de exclusión social en la que todavía vive una parte de la población. Asimismo, nos apunta que debemos entender que la democracia es el resultado de un proceso complejo de construcciones y reelaboraciones sociales y políticas, que requieren una voluntad constante de superación de las necesidades sociales que surgen en cada momento histórico, en esa gran perspectiva de humanización que inspira el ideal armonizado y armonizador de la libertad de los iguales, el ideal de la dignidad humana socialmente reconocida y garantizada.
El segundo artículo, escrito por Almudena Moreno y Rafael Acebes, analizan la evolución que han tenido los indicadores de protección social en los diferentes países europeos, así como la incidencia de la pobreza y exclusión social en los grupos sociales más vulnerables como las personas mayores de 65 años, las familias monoparentales o el colectivo femenino, etc. El objetivo fundamental del trabajo es presentar los cambios experimentados por el sistema de protección social español en relación con el cambio familiar y la incidencia de la exclusión social a partir de los datos aportados por diferentes fuentes europeas. Finalmente, presentan propuestas de actuación a favor de la inclusión social de los ciudadanos y de las familias.
Pedro José Cabrera y María José Rubio, en el tercer artículo, realizan una reflexión sobre las personas sin hogar, sus causas, la cuantificación del problema, la situación familiar, el estudio por grupos de edad, por género, por nacionalidad y por áreas principales de interven-Page 12ción. Finalmente, apuntan que la etapa de recuperación e inserción social, supone un punto de anclaje central en los procesos de inclusión social al ser un factor esencial de estabilización personal el hecho de disponer de un alojamiento digno, adaptado a las necesidades de la persona y de estancia no limitada, como plataforma privilegiada desde la que trabajar la inserción sociolaboral, la mejora de la salud, la normalización de los hábitos y las relaciones cotidianas.
Los objetivos del cuarto articulo, escrito por Juan Sáez, Sacramento Pinazo y Mariano Sánchez, nos adentran en el fenómeno del envejecimiento en el escenario social contemporáneo, porque está provocando profundas modificaciones en las estructuras económicas, sociales y culturales a diferente nivel y grado de intensidad según países comunidades y hogares. También se detienen en el análisis del concepto de vulnerabilidad por considerarlo más dinámico que el de exclusión social, y por último, analizan los diferentes discursos, conceptos, teorías e influencias de las políticas relacionadas con el envejecimiento.
José Antonio Luengo, en el quinto articulo, antes de adentrarse en la problemática de los menores, nos apunta que la exclusión no es una vivencia extraña y desconocida, que esta circunstancia debería convertirse en motor de análisis y actuación por parte de cada uno de los ciudadanos que formamos parte de una sociedad que se denomina civilizada moderna y evolucionada. Posteriormente, realiza un exhaustivo análisis de la exclusión desde el nacimiento, las relaciones entre el fracaso y el absentismo escolar, indicándonos que hay que dotar a los sistemas sociales y educativos de los mecanismos suficientes para compensar, aprovechar las competencias y generar el éxito personal y relacional.
El sexto articulo, de Rubén Darío Torres, versa sobre asuntos tan importantes como la integración mutua entre los nuevos ciudadanos y las sociedades receptoras, la relación entre inmigración y cohesión social en el contexto español y europeo, la evolución de la normativa española, la visión reaccionaria y la visión progresista del fenómeno migratorio, los rasgos del flujo migratorio en el escenario español, la percepción y la actitud social ante la inmigración en España y la necesidad de implementar un proceso de integración de doble dirección, realizando finalmente un análisis sobre la evolución de la normativa española en una sintonía concordante con las leyes vigentes en los Estados de la Unión Europea.
El séptimo artículo, firmado por Alfredo Hidalgo, nos introduce en la renta básica universal como una herramienta importante para combatir la exclusión social económica, que garantice la cobertura de las necesidades más elementales independientemente del patrimonio o los ingresos. Analiza los pros y los contras de la implantación de una renta de ciudadanía universal, la ideonidad en el contexto económico y político actual y concluye con unas interesantes reflexiones, donde nos apunta que la universalidad autentica es la que se ejerce a modo de protección del ciudadano por medio de servicios y una intervención técnica profesionalizada.
Carlos García y Luís Toharia analizan, en el octavo artículo, la relación existente entre la situación de pobreza y ciertas características relacionadas con las situación laboral de las personas, presentando las variables relativas a la situación con respecto a la actividad económica que pueden construirse a partir de la información de la Encuesta de Condiciones de Vida el año 2006, también se examina la relación entre incidencia de la pobreza y la situación laboral, distinguiendo entre las tasas de riesgo de pobreza relativa y pobreza grave, y por último, realizan estimaciones multivariantes de las probalidades de que una persona se encuentre en situación de pobreza, lo que permitiría aislar el efecto de diferentes variables en dichas probabilidades manteniendo constante la influencia del resto de las variables.
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En el apartado Informes se recogen dos artículos. El primero de ellos, escrito por Antonio José Quesada, que se adentra en el patrimonio protegido de las personas con discapacidad, analizando si realmente se puede hablar de un patrimonio en sentido técnico jurídico o si existe un autentico patrimonio separado del discapacitado con todas sus consecuencias. La segunda parte la dedica a las ideas generales para tener una mejor comprensión del patrimonio.
El segundo Informe, escrito por Octavio Vázquez, Manuela Fernández, Mirian Fernández, Patricia Vaz y José Carlos León, refleja parte de los resultados obtenidos en una investigación desarrollada por el grupo Ágora de la Universidad de Huelva para el proyecto «Interculture Map», que se ha centrado en el estudio de las buenas prácticas interculturales en Europa con el propósito de definir cuáles son las características que debe de poseer una buena práctica intercultural que ilustre a futuras actuaciones y que sirva de referencia a posibles marcos legislativos en desarrollo.
La última parte de la revista recoge cuatro recensiones bibliográficas que han aparecido en el último año sobre exclusión social. Son libros de distintas temáticas: desde una reflexión exhaustiva de la consolidación de los derechos de ciudadanía, que nos permite dibujar los limites de la exclusión social en países como España y Ecuador, hasta los datos cuantitativos y cualitativos que recoge el Informe Anual de Vulnerabilidad, publicado en el 2007. También se recogen los datos de una investigación financiada por el IMSERSO, que nos permite conocer a las personas en situación de dependencia y los puntos álgidos del actual Estado del bienestar, sin olvidarnos de un libro que nos ilustra sobre el abordaje de la interculturalidad desde distintas disciplinas científicas. Por último, la revista se cierra con una bibliografía general y con el boletín legislativo que ha elaborado el Centro Estatal de Documentación e Información de Servicios Sociales (CEDISS).
