Editorial
| Autor | Tomás Fernández García |
| Páginas | 7-12 |
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La atención a las personas en situación de dependencia constituye un importante reto de las políticas sociales en los países desarrollados. En España, la atención pública se ha venido desarrollando desde los servicios de salud y desde los servicios sociales en los que son competentes las Comunidades Autónomas y, en algunas materias, las Corporaciones Locales. La atención mediante servicios ha tenido una cobertura insuficiente y con importantes diferencias territoriales.
Por su parte, la Seguridad Social ha atendido situaciones de gran invalidez, complementos de ayuda a tercera persona en pensión no contributiva de invalidez y de la prestación familiar por hijo a cargo de discapacidad, así como las prestaciones de servicios sociales en materia de reeducación y rehabilitación de personas con discapacidad y de asistencia a las personas mayores recogidas en el Art. 38 e de la Ley General de la Seguridad Social.
Las prestaciones se habían quedado insuficientes si las comparamos con las demandas y necesidades de las familias españolas, que han tenido históricamente una función fundamental en la atención de las personas más necesitadas de apoyo. Pero el proceso acelerado de envejecimiento y los cambios que se han producido en las dos últimas décadas dentro de las familias españolas han provocado un cambio sin precedentes en la historia sociológica de nuestro país: ha desaparecido el modelo tradicional de familia extensa, con un importante número de hijos, para pasar al modelo de familia nuclear con una drástica reducción de hijos dentro de la pareja. Sirva como ejemplo que España cuenta en estos momentos con una de las tasas de fecundidad más bajas del mundo (1,32 hijos por mujer). También se ha producido una pérdida en la estabilidad familiar: el modelo tradicional de las uniones mediante el matrimonio era, generalmente, de carácter permanente.
En la actualidad, los procesos de democratización de la sociedad y la consiguiente generalización del principio de libre elección en la formación y permanencia de las parejas han provocado un mayor número de separaciones, divorcios y formación de nuevas parejas; si a todo esto le unimos la movilidad y consiguiente separación geográfica de los miembros de la familia, debido a situaciones laborales o el incremento de los hogares unipersonales, mas la profunda transformación que se ha producido en los últimos años del rol social de las mujeres que han roto los moldes del patriarcado, determinando su incorporación plena en la vida, social, económica, cultural y política, ha facilitado que el apoyo informal que se venía realizando por parte de las familias a las personas dependientes hubiera entrado en crisis.
Los cambios han sido tan profundos que han influido en los modos de convivencia de las personas con discapacidad y en las personas mayores. Históricamente la atención a las personas Page 8 mayores se ha venido realizando, sobre todo, en el ámbito de la familia, y mayoritariamente en las mujeres (representan el 83% de los cuidados familiares) que, en gran parte de los casos, se han visto imposibilitadas de llevar a cabo cualquier actividad laboral. De hecho, y según el Libro Blanco de la Dependencia, solo uno de cada cinco familiares cuidadores tiene un empleo.
La llegada de la democracia y la implantación y consolidación del modelo del bienestar en nuestro país se ha asentado en cuatro pilares básicos: el derecho a la salud, el derecho a una pensión digna, el derecho a la educación y a los servicios sociales. Estos pilares, junto con un aumento del poder adquisitivo, unos mejores hábitos de alimentación y un importante incremento de nuestra calidad de vida, han conseguido que hayamos incrementado la esperanza de vida de forma espectacular. En España, la esperanza de vida al nacer en el año 2002 en varones era de 76,4 y en mujeres de 83,0 años (INE, 2006).
La población mayor comienza a ser un segmento muy importante de nuestra sociedad, representando a un 16,7% del total de la población. Según el último Padrón Municipal de 2006, había contabilizadas en España 7.484.392 personas que habían superado el umbral de los 65 años. Las proyecciones del INE señalan que en el año 2050 habrá en España 16.387.874 de personas mayores, lo que se corresponderá con el 30,8% de la población. En la actualidad, tenemos 1.974.823 personas que superan los 80 años, representando el 4,4% de la población mayor. En el año 2050, este porcentaje se habrá incrementado hasta el 11% de la población total. Estos datos conforman una nueva realidad de la población mayor que conlleva problemas de dependencia en las últimas etapas de su vida para un colectivo de personas que cada día se está ampliando.
Diversos estudios ponen de manifiesto la clara correlación que existe entre la edad y las situaciones de discapacidad, como muestra el hecho de que más del 32% de las personas mayores de 65 años tenga algún tipo de discapacidad; a esta realidad se le añade la dependencia por razones de enfermedad, que se ha incrementado en los últimos años por los cambios que se han producido en las tasas de supervivencia de determinadas enfermedades crónicas y congénitas. La atención a los mayores se había convertido en un reto ineludible para los poderes públicos, que han requerido una respuesta firme y adaptada al actual modelo de nuestra sociedad, haciendo imprescindible una revisión del sistema tradicional de atención para asegurar una adecuada capacidad de prestación de cuidados a aquellas personas que más lo necesitan. La necesidad de garantizar a los ciudadanos y a las Comunidades Autónomas un marco estable de recursos y servicios para la atención a la dependencia ha llevado, con buen criterio, al Estado a intervenir en este ámbito con la regulación contenida en la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, que la configura como una nueva modalidad de protección social que amplía y complementa la acción protectora del Estado y el Sistema de la Seguridad Social, dando un importante paso en nuestro Estado del Bienestar.
El número de la revista está dedicado a analizar cuantitativa y cualitativamente la situación de los mayores, como asimismo la repercusión que tendrá la nueva Ley para el conjunto de la sociedad: familias, organizaciones de mayores, sector privado y tercer sector.
En el primer artículo introductorio, Maite Sancho, Rosa Díaz, Penélope Castejón y Elena del Barrio, realizan un análisis del envejecimiento y la dependencia, ofreciendo una panorámica muy interesante sobre las personas mayores en España. A continuación, se adentran en cuestiones más concretas de la dependencia. Una parte importante de esta aportación analiza las respuestas que en estos momentos están recibiendo los mayores a sus necesidades, haciendo especial énfasis en los recursos sociales disponibles a partir de los cuales debe construirse la Page 9 red de servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). Finalmente se realizan algunos comentarios sobre conceptos y principios que están presentes en esta iniciativa legislativa y que suponen retos importantes en el buen hacer cotidiano en el desarrollo de la Ley.
El segundo artículo, firmado por Mª Fernanda Moretón, se dedica al análisis de los derechos que les corresponde a las personas mayores según la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, que supone un cambio cualitativo en el sistema de protección y de atención pública de quienes se encuentren en circunstancias especiales. Dedica una especial atención a los mayores que, adicionalmente al hecho cronológico de la edad, se encuentren en situación de dependencia teniendo en cuenta, en primer lugar, que se trata de un nuevo derecho de ciudadanía, y, en segundo, las particularidades del elenco de derecho y obligaciones previstos en su artículo cuarto. En este sentido, algunas de sus previsiones reiteran y refuerzan el sistema protector ya existente, y otras, recogen novedades de especial interés como es el derecho a decidir libremente sobre el ingreso en un centro residencial.
Luis Martín, como vicepresidente del Consejo Estatal de las Personas Mayores, en el tercer artículo, señala que la nueva Ley es un derecho reclamado hacía mucho tiempo por los colectivos de mayores. Es una Ley importante que nace del consenso y fruto de un pacto político ampliamente mayoritario entre las distintas fuerzas parlamentarias sociales. En estos momentos, una tarea clave es desplegar e implantar unos estándares de calidad en el sistema para que toda la red de centros que se implanten ofrezcan unos servicios equivalentes al margen de la titularidad o territorio. Unas normas de calidad que eviten que un 27% de las personas mayores en situación de dependencia que viven en residencias estén inmovilizadas. Finalmente, pone a disposición a las organizaciones sociales el reto de su implantación y desarrollo.
En el cuarto artículo, Antonio Gutiérrez nos dice que en la nueva Ley de Dependencia son los Servicios Sociales Comunitarios los que mejor pueden hacer frente al reto de coordinar-suministrar las prestaciones que requieren familia y mayores. La mayoría de los usuarios de los Servicios Sociales Comunitarios son personas que demandan, sobre todo, Apoyo a la Unidad Convivencial (Respiro/Cargas familiares) y Ayuda a Domicilio (SAD). Es tan importante aumentar los efectivos materiales y humanos de la red de Servicios Sociales Comunitarios como definir con la máxima claridad la disponibilidad y tramitación de la demanda según criterios claros y al mismo tiempo flexibles: rápidos, no excluyentes, con control razonable, para situaciones dentro de la normalidad, con compromiso público, con control de calidad, con participación comunitaria, con utilización de las nuevas tecnologías, entre otros.
Patricia López, en el quinto artículo nos manifiesta que uno de los problemas de las sociedades modernas ha sido que han entrado en crisis los modos de atender tradicionalmente a las personas que no pueden valerse por sí mismas, generando indirectamente que las situaciones de desamparo de las personas mayores hayan experimentado un incremento en los últimos tiempos. Aunque los poderes públicos españoles se manifiesten muy sensibles sobre estas situaciones de desprotección, y configuren fórmulas diversas para protegerlas, resulta evidente la conveniencia que las personas que dispongan de algún patrimonio tengan facilidad para poder utilizarlo para su propio apoyo existencial. El objetivo de este trabajo es analizar las fórmulas privadas existentes en España de financiación, haciendo referencia a las más novedosas de la hipoteca inversa y el seguro de dependencia, que actualmente aún no tienen regulación específica.
El objetivo del sexto capítulo, escrito por Mª Carmen Sánchez, es hacer una reflexión de la Ley de Dependencia desde la óptica de la calidad, pero sobre todo de las diferentes perspectivas Page 10 que tienen sobre la calidad los múltiples agentes implicados: políticos, directivos, gestores, profesionales y usuarios (personas dependientes y sus familias). Se analizan las implicaciones que esta exigencia va a tener en las diferentes prestaciones y servicios que establece la nueva Ley en el Sistema de Servicios Sociales. También hace una reflexión sobre la implantación y desarrollo de sistemas de calidad en los ámbitos públicos (en sus diferentes niveles administrativos) y privado (tanto en el tercer sector, como en la iniciativa mercantil).Otro aspecto considerado es la relación entre calidad y financiación. Finalmente, profundiza en la tan demandada calidad de los servicios, al tiempo que promueve la reflexión sobre el quehacer profesional.
En el apartado de Informes, se recogen dos artículos: Esther Raya presenta los resultados de un proyecto de investigación realizado entre los años 2003-2005 sobre los indicadores de medición de los procesos de exclusión y de incorporación social. Para ello, realiza un análisis comparativo de los estudios realizados en España en el periodo 1996-2005, detectando los ámbitos vitales relativos a la exclusión social. El análisis del conjunto de los datos le permite plantear las líneas básicas para la elaboración de una herramienta de trabajo que sirve de base para la realización de diagnósticos de exclusión social.
El segundo informe, escrito por Antonio José Quesada, se adentra en uno de los principales problemas que tienen las personas mayores: la vivienda y la accesibilidad a la misma, sobre todo, para personas con problemas de movilidad. Los problemas se acrecientan sobre todo en los edificios antiguos, donde los portales y las escaleras suelen estar poco predispuestos para su correcto uso por las personas con dificultades físicas. Hace un recorrido por la Ley de Propiedad Horizontal, Ley 49/1960, de 21 de julio y Ley 3/1990, de 21 de junio que modifica la anterior, con la intención de fifacilitar la adopción de acuerdos que tengan por finalidad la adecuada habitabilidad de minusválidos en el edificio de su viviendafl.
La última parte de la revista recoge seis recensiones sobre la bibliografía que ha aparecido en los últimos meses sobre las personas mayores. Son libros que nos introducen en distintas áreas: desde los requisitos necesarios para intervención profesional con las personas mayores, hasta el estrés en el que se ven inmersos los cuidadores; sin olvidar ni la situación de dependencia, desde tres disciplinas distintas: demografía, economía y la sociología, ni la nueva concepción para entender y afrontar el envejecimiento. También se recogen los derechos de las personas mayores y un estudio sobre el perfeccionamiento de los servicios sociales con ocasión de la aprobación de la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia. La revista se cierra con una bibliografía general y con el boletín legislativo que ha elaborado el Centro Estatal de Documentación e Información de Servicios Sociales (CEDISS).
