Editorial
El reciente episodio de las "vacas locas" ha puesto de manifiesto, de forma brutal, las insuficiencias del sistema agro-alimentario europeo. Es tiempo ya de restaurar la confianza de los consumidores y de tranquilizarlos en cuanto a la seguridad de los alimentos. La Comisión Europea ha respondido a esta necesidad definiendo nuevas líneas de actuación política a este respecto. Este número especial del IPTS Report aborda algunos de estos temas.
Paradójicamente, mientras que la producción de alimentos se hace cada vez más sofisticada gracias a la innovación tecnológica (véase el artículo sobre los nuevos polisacáridos, en este número), el grado de seguridad no parece haber evolucionado. Al mismo tiempo, los "alimentos funcionales" (véase el artículo sobre las tendencias de su mercado), a medio camino entre medicamentos y alimentos, se desarrollan con fuerza para responder a las preocupaciones de salud de los consumidores. La pérdida de confianza en los alimentos "clásicos" no hace sino reforzar esa tendencia.
Encuestas a escala europea realizadas estos últimos años por organizaciones europeas de consumidores han demostrado que, para varios productos alimenticios, el grado de seguridad dista de ser óptimo, y que la salud de los consumidores podría incluso correr peligro. Este tema se ha abordado en el número especial del IPTS Report sobre la política sanitaria (nº 17, septiembre 1997). Uno de los artículos de dicho número trataba de los sistemas de alerta rápida y de las tecnologías de prevención de enfermedades de origen alimentario. Ello justifica que la seguridad de los productos alimenticios se encuentre pues, más que nunca, en el centro de las nuevas orientaciones de la política alimentaria que se define a nivel comunitario.
Desde esta perspectiva, el Presidente de la Comisión Europea, en su intervención ante el Parlamento Europeo el 18 de febrero de 1997, ha abogado por la puesta en práctica progresiva de una auténtica política alimentaria europea, centrada esencialmente en la protección y la salud de los consumidores. Se deducen tres principios generales:
- la separación entre las responsabilidades legislativas y las científicas;
- la separación entre las responsabilidades legislativas y las de control;
- el refuerzo de la transparencia y de la difusión de información en todo el proceso de decisión y de control.
Estos principios han sido reafirmados por la Comisión, en su Comunicación sobre la salud de los consumidores y la seguridad alimentaria del 30 de abril de 1997 (COM(97) 183 final).
Sabemos que, más allá de la preocupación de los consumidores, la seguridad alimentaria es vital para el buen funcionamiento del mercado. Por tanto, no sólo es esencial para la protección del consumidor, sino que también permite garantizar el buen funcionamiento económico de la cadena de producción, transformación y comercialización de los productos alimenticios y los productos agrícolas.
Así pues, la consulta científica se constituye en elemento determinante de la nueva política alimentaria europea, a fin de mejorar permanentemente las disponibilidades de productos seguros y sanos, garantizando que los productos agrícolas primarios, los productos acabados y el conjunto de productos y procesos intermedios se evalúen en cuanto a sus posibles riesgos para la salud.
Las nuevas orientaciones de la Comisión en esta materia se basan en tres principios:
- El principio de excelencia: el asesoramiento científico debe ser de la mayor calidad posible.
- El principio de independencia: las personalidades científicas designadas para los órganos científicos no deben estar ligadas por intereses que puedan interferir con su misión.
- El principio de transparencia: todas las partes interesadas deben tener acceso fácil a la información sobre los métodos de trabajo de los comités y a sus dictámenes.
El análisis del riesgo es también un elemento esencial de las nuevas orientaciones de la política europea. Se trata de un enfoque sistemático, que abarca la evaluación científica de los riesgos y sus probabilidades de aparición en un contexto dado (evaluación del riesgo); la apreciación del conjunto de medidas que permitan alcanzar el máximo nivel de protección del consumidor (gestión del riesgo); y el intercambio de información con todas las partes interesadas, para explicar y justificar las medidas propuestas (comunicación del riesgo). Hay que recordar que el concepto "riesgo cero" no existe y que la información sobre el nivel de riesgo es, por tanto, esencial para el consumidor. El Centro Común de Investigación (CCI) tiene un importante papel que desempeñar a este respecto.
Un tercer elemento consiste en definir un nuevo enfoque, en materia de inspección y control. En el sector veterinario y fitosanitario, la aplicación de las reglas comunitarias es responsabilidad de los estados miembros. Por lo tanto, es necesario desarrollar en la medida de lo posible los métodos oficiales europeos de auditoría para evaluar la acción de las autoridades competentes, y esforzarse en garantizar un nivel de seguridad satisfactorio en toda la Unión.
Para el control de los productos alimenticios, se mantendrán los procedimientos existentes, basados en auditorías para vigilar y evaluar los sistemas de control oficiales de los estados miembros. También se mantendrá, como hasta ahora, el control de la aplicación de las reglas de prevención del fraude económico (por ejemplo, información inexacta sobre la calidad o etiquetado inadecuado).
La cuestión del control plantea un problema a nivel de la Unión. Los controles oficiales de los productos alimenticios son competencia de los estados miembros, pero éstos no poseen todos los mismos recursos ni la misma capacidad para ponerlos en práctica. Por ello, y a fin de garantizar al consumidor europeo un nivel mínimo de control en toda la Unión sobre parámetros prioritarios, sería deseable establecer programas coordinados de control. Un organismo científico europeo de coordinación, como el CCI, podría facilitar esta tarea.
La política alimentaria debe expresarse mediante una legislación eficaz, que siga una jerarquía de objetivos. Esto no sucede hasta ahora: las iniciativas legislativas comunitarias en el sector alimentario se han elaborado a partir de diversas bases jurídicas definidas por el Tratado, para responder a distintos objetivos, como poner en marcha y hacer funcionar las organizaciones comunes del mercado de productos agrícolas, en el marco de la Política Agraria Común, y garantizar la libre circulación de productos alimenticios en el mercado único. La protección de la salud, de la seguridad y de la calidad ha sido sólo una referencia al establecer criterios definidos por la armonización, con vistas a eliminar las trabas a la libre circulación. La seguridad es más bien un tema de tipo "transversal", del que se encuentran aspectos diferentes en diversas partes de la legislación.
Por esta razón, la Comisión ha lanzado una gran consulta pública, a través de un Libro Verde sobre los principios generales de la legislación alimentaria en la Unión Europea.
Una política alimentaria que trate de restablecer la confianza de los consumidores pasa por la investigación de soluciones alternativas, principalmente en lo que respecta a los productos agrícolas y al modo en que se producen, así como por un esfuerzo de información, en respuesta a las nuevas expectativas de los consumidores.
De modo general, durante los últimos diez años, el consumidor ha tomado conciencia de la necesidad de seguir un modelo de desarrollo sostenible, que se caracteriza por tener en cuenta el respeto al medio ambiente en las actividades de producción y consumo, en relación con la preservación de la salud.
En este contexto, los consumidores manifiestan un interés creciente por los métodos de producción de alimentos que se les proponen. Cada vez son más los que quieren asegurarse de que los alimentos que consumen se producen según métodos respetuosos con el medio ambiente y con el bienestar de los animales de cría. Estos temas se abordan en dos artículos de este número especial, que tratan de las necesidades de cambio de la política alimentaria y de la gestión integrada de la producción de alimentos. El primero de estos dos artículos describe la evolución del concepto de alimento "orgánico" o "ecológico" hacia productos alimenticios transformados, y las necesidades de adaptación de la política alimentaria, para responder a las expectativas de los consumidores. El segundo artículo trata de la aplicación creciente de los balances ecológicos a la producción agrícola y alimentaria, a fin de disminuir su impacto sobre el medio ambiente.
En el mismo orden de ideas, está abierto el debate sobre las implicaciones éticas y ecológicas de los nuevos avances científicos, como la aplicación de la ingeniería genética a la producción de alimentos (utilización de organismos modificados genéticamente) o la aplicación de técnicas de clonación. El artículo sobre los nuevos alimentos desarrolla los aspectos de seguridad y de información al consumidor en este tema. Dados los temores de los consumidores respecto a los alimentos, toda novedad se recibe con mucho escepticismo. Se precisan, pues, esfuerzos de comunicación importantes para tranquilizar al consumidor y convencerlo de las ventajas de estos nuevos alimentos.
Esperamos que este número especial proporcione un respuesta a alguna de estas preocupaciones.
