La economía como herramienta en la evaluación legislativa: análisis de costes, coste-eficacia y coste-beneficio
| Autor | Íñigo Ortiz de Urbina Gimeno |
| Páginas | 79-105 |
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La economía como herramienta en la evaluación legislativa: Análisis de costes...
CAPÍTULO III
LA ECONOMÍA COMO HERRAMIENTA
EN LA EVALUACIÓN LEGISLATIVA: ANÁLISIS
DE COSTES, COSTE-EFICACIA Y COSTE-BENEFICIO
Íñigo ORTIZ DE URBINA GIMENO
1. POR QUÉ CALCULAR LOS COSTES (Y LOS BENEFICIOS)
DE LA POLÍTICA CRIMINAL
«Nos extrañaría un poco que alguien dijera: “este proyecto tiene pocos be-
neficios y muchos costes, ¡llevémoslo a cabo!” Nos sentiríamos con derecho a
preguntar, “¿por qué?” (o, de manera más rotunda, “¿por qué demonios?)”» 1.
Como bien encapsula la anterior cita del premio Nobel de Economía y
especialista en pobreza y desigualdad, Amartya Sen, la base común de los
distintos modos de análisis de costes y beneficios coincide con un principio
de racionalidad práctica de difícil refutación: si realmente decidimos hacer
algo (y no solo lo amagamos), parece por completo necesario verificar si
nuestras acciones realmente consiguen sus objetivos, y en qué medida (efi-
cacia). Adicionalmente, en un mundo de recursos escasos en que existe una
pluralidad de fines deseables, también tiene perfecto sentido indagar si los
recursos que empleamos para conseguir nuestros fines guardan proporción
con el éxito obtenido (eficiencia) 2 o si, por el contrario, deberíamos invertir-
los en otros empeños.
1 A. SEN, «The Discipline of Cost-Benefit Analysis», en Journal of Legal Studies 29, junio de
2000, p. 934.
2 La concepción de la eficiencia que se acaba de definir informalmente y que se utilizará a lo
largo del texto coincide con la eficiencia en sentido instrumental (medios-fines). Para una defini-
ción más técnica de la misma y su diferenciación de las nociones de eficiencia paretiana y eficiencia
en sentido Kaldor-Hicks, véase Í. ORTIZ DE URBINA GIMENO, «Análisis económico del Derecho y
política criminal», en Revista de Derecho Penal y Criminología, número especial 2, 2004, pp. 44-48.
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Dado que se trata de un principio básico de la racionalidad práctica, y
dado igualmente que en el caso de las políticas públicas estamos hablando
del empleo de recursos que no son realmente propios de quien los emplea,
sino de la ciudadanía, cada vez parece más claro que, ya como cuestión de
calidad democrática, el examen de costes y beneficios no es solo algo opor-
tuno, sino necesario. Y ha sido esta comprensión la que ha hecho que la
evaluación de costes y beneficios se haya venido desplegando desde hace
algunas décadas en unos pocos Estados y en los últimos años en un número
creciente. Debido a la existencia de este cada vez más amplio consenso sobre
la vinculación de la evaluación de costes y beneficios de las políticas públicas
con la democracia, parecería que la justificación de dicha evaluación en una
concreta área de las políticas públicas, como es la política criminal, no debe-
ría resultar problemática. Sin embargo, como cuestión de hecho, la política
criminal se encuentra entre las ramas de la política pública en las que menos
evaluación se ha producido, produciéndose un importante déficit incluso en
países en los que la evaluación de otras políticas públicas se lleva a cabo de
un modo rutinario, lo cual resulta peculiarmente llamativo cuando se consi-
dera los (relativamente) elevados costes de la política criminal 3. Lo peculiar
de la situación en el ámbito de la política criminal amerita por tanto un ulte-
rior esfuerzo argumentativo.
En tiempos de dificultad económica en el sector público se hacen más
evidentes dos circunstancias que en realidad se dan en todo momento y con
independencia del estado de las finanzas públicas:
— En primer lugar, el hecho de que, teniendo en cuenta las limitaciones
en los fondos públicos, los destinados a la política criminal rivalizan con los
que soportan otras políticas públicas igualmente necesarias o deseadas, lo
3 Esto es puesto de manifiesto en prácticamente todas las contribuciones a la materia. Véa-
se por ejemplo C. HENRICHSON/J. RINALDI, Cost-Benefit Analysis and Justice Policy Toolkit, New
York, Vera Institute of Justice, 2014, p. 12 (disponible en http://cbkb.org/publication/cost-bene-
fit-analysis-justice-policy-toolkit-2/); C. MCINTOSH/J. LI, An Introduction to Economic Analysis in
Crime Prevention: The Why, How and so What, National Crime Prevention Centre, Ottawa 2012,
p. 4 (disponible en http://www.publicsafety.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/cnmc-nlss/cnmc-nlss-eng.pdf);
D. SANSFAÇON, Cost-Benefit Studies and Crime Prevention: Handle with Care. Ponencia presentada
en el European Seminar on Costs and the Distribution of Costs of Crime and Disorder and Crime Pre-
vention (Helsinky, 1-2 de abril de 2004), p. 2 (disponible en http://www.rikoksentorjunta.fi/materi-
al/attachments/rtn/rtn/jseminaarit/6DE1BFjTq/Cost_of_Crime_seminar_-_Sansfacon_-_full_paper.
pdf); C. MCDOUGALL/M. COHEN/R. SWARAY/A. PERRY, «The Costs and Benefits of Sentencing:
A Systematic Review», en Annals of the American Academy of Political and Social Sciences, 587,
mayo de 2003, p. 174; S. AOS, «Cost and benefits of criminal justice and prevention programs», en
H. KURY/J. OBERGFELL-FUCHS (eds.), Crime Prevention. New Approaches, Mainz, Weisser Ring,
2003, p. 413; B. WELSH/D. FARRINGTON/L. SHERMAN, «Improving Confidence in What Works and
Saves Money in Preventing Crime» en los mismos (eds.): Costs and Benefits of Preventing Crime,
Boulder, Colorado, Westview Press, 2001, p. 4; M. A. COHEN, «Measuring the Costs and Benefits of
Crime and Justice», en Criminal Justice 2000, vol. 4: Measurement and Analysis of Crime and Justice,
Washington, US. Department of Justice. 2000, pp. 265-266 (disponible en http://www.ojp.usdoj.
gov/nij/criminal_justice2000/vol4_2000.html).
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