La dimensión social de la fiscalidad: discapacidad, tercer sector y mecenazgo
| Autor | Rafael Calvo Ortega |
| Cargo | Catedrático de Derecho Financiero y Tributario |
| Páginas | 303-304 |
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AA.VV. (Dir.: Cabra de Luna, M.A.)
Ediciones CINCA, 2017.
La discapacidad es una situación que mueve los sentimientos de las personas. Tiene el dramatismo de las realidades no queridas, reduce las posibilidades de las personas que la sufren para resolver sus dificultades y extiende sus efectos negativos al círculo familiar de los discapacitados.
Los Poderes Públicos son cada vez más conscientes de esta realidad, aunque su reacción parezca insuficiente. Se arrastra mucho la idea de que la atención a las personas con discapacidad debe recaer de manera principal sobre los miembros de su familia. Una idea cada vez más superada. Hoy, felizmente, la idea de combatir la discapacidad de las personas se entiende como una obligación de todos y una responsabilidad de la sociedad.
Los Poderes Públicos asumen esta situación cada vez con mejor disposición e incluyen su compromiso entre sus objetivos preferentes en relación con el bienestar de los ciudadanos. La Constitución Española, artículo 49, constituye un ejemplo rotundo de lo que aquí se dice. No se puede redactar un precepto más completo y abrir más ventanas a la solidaridad que lo que hace nuestra Ley Fundamental. El Libro que tengo el honor de presentar estudia la preocupación y el interés del legislador de nuestros días por este gran tema de la dimensión social de la discapacidad; y, específicamente, por una de las herramientas que existen en nuestro ordenamiento para tratar de reducir algunos de sus efectos indeseables en la mayor medida posible. Se presentan las ayudas y beneficios que, de alguna manera, pueden beneficiar a las personas afectadas y a sus familias por esta situación de discapacidad. Y se hace desde el conocimiento de los preceptos y desde el alcance de sus contenidos.
Los autores han ido más allá de los planteamientos y efectos estrictamente impositivos y han extendido su estudio a situaciones y problemas colaterales que interesan a las personas con discapacidad y a sus familias (empleo, patrimonio protegido, actuación de determinadas fundaciones, imposición sobre sucesiones y donaciones y herramientas a disposición de los interesados y de sus familias) para tratar de contrarrestar, en la medida de lo posible, los efectos negativos que en el plano individual, familiar, social y económico producen las situaciones de discapacidad.
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