SAN, 17 de Noviembre de 2004
| Ponente | JOSE LUIS SANCHEZ DIAZ |
| Emisor | Audiencia Nacional. Sala Contencioso Administrativo, Sección 8ª |
| ECLI | ES:AN:2004:7230 |
| Número de Recurso | 1311/2002 |
ELISA VEIGA NICOLEJOSE ALBERTO FERNANDEZ RODERAMARIA ISABEL PERELLO DOMENECHCARLOS LESMES SERRANOJOSE LUIS SANCHEZ DIAZ
SENTENCIA
Madrid, a diecisiete de noviembre de dos mil cuatro.
Vistos los autos del recurso contencioso administrativo nº 1311/2002, que ante esta Sala de lo
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, ha promovido la Procuradora Dª CAYETANA
DE ZULUETA LUCHSINGER, en nombre y representación de PROMAR IBERIA, S.L., frente a la
Administración General del Estado, representada por el Sr. Abogado del Estado, contra la
desestimación presunta del recurso interpuesto el 7 de Marzo de 2002 que fue posteriormente
inadmitido por Resolución del Subsecretario del Ministro de Fomento, emitida por delegación, de
fecha 2 de Abril de 2003. (que después se describirá en el primer fundamento de Derecho) siendo
Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. D. JOSE LUIS SANCHEZ DIAZ.
Por el recurrente expresado se interpuso recurso contencioso-administrativo, mediante escrito presentado en fecha 6 de Septiembre de 2002, formulado contra la desestimación del recurso interpuesto contra liquidación practicada por la Autoridad Portuaria de Tarragona por la Tarifa T-3 e importe total de 118.756,43 euros (19.759.407 pesetas), acordándose su admisión por Providencia de fecha 14 de Enero 2003.
En el momento procesal oportuno, la parte actora formalizó demanda, mediante escrito presentado el 10 de Julio de 2003, en el cual, tras alegar los hechos y fundamentos de derecho que estimó oportunos, terminó suplicando la estimación del recurso, con la consiguiente anulación de la liquidación practicada por importe total de 118.756,43 euros (19.759.407 pesetas) por basarse en Ordenes Ministeriales nulas y en consecuencia se proceda a la devolución del importe controvertido más los intereses legales correspondientes.
También solicita que en el supuesto de considerar fundamentados los motivos expuestos en el recurso, plantee el Tribunal la cuestión de inconstitucionalidad de la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 14/2000, ante el Tribunal Constitucional.
El Sr. Abogado del Estado contestó a la demanda mediante escrito presentado el 10 de Noviembre de 2003, en el cual, tras alegar los hechos y fundamentos jurídicos que estimó aplicables, terminó solicitando la desestimación del recurso.
Por Providencia de esta Sala, se señaló para votación y fallo de este recurso el 10 de Noviembre de 2004, en el que se deliberó y votó.
Se impugna la desestimación presunta del recurso presentado con fecha 7 de Marzo de 2002, y que fue posteriormente inadmitido por resolución expresa del Subsecretario del Ministro de Fomento, emitida por delegación, de fecha 2 de Abril de 2003 contra liquidación por un importe total de 118.756,43 euros, (19.759.407 pesetas) practicada por la Autoridad Portuaria de Tarragona por Tarifa T-3, carga y descarga de mercancías, según el siguiente detalle:
NOMBRE BUQUE NºLIQUIDACIÓN PUERTO IMPORTE
BALKAN (CA) 101.292/2002 TARRAGONA 15.466,57
AURELIA 101.309/2002 TARRAGONA 25.639,12
RILA 101.632/2002 TARRAGONA 24.299,94
CRIMSON NEPTUNE (I) 101.323/2002 TARRAGONA 53.350,80
TOTAL EUROS 118.756,43
TOTAL PESETAS 19.759.407
Para enjuiciar las cuestiones que se plantean en este recurso es preciso analizar previamente los presupuestos procesales de competencia y jurisdicción de este Tribunal.
La competencia en nuestro sistema jurisdiccional contencioso-administrativo está en función del órgano administrativo que dictó la resolución y la naturaleza de la actuación recurrida.
Este Tribunal en precedentes Sentencias se ha declarado competente para resolver los recursos interpuestos en materia de tarifas portuarias, habida cuenta de que el acto impugnado emanaba del Ministro y además el motivo por el que se había acudido al Ministro de Fomento era la ilegalidad de la Orden en la que se basaba la liquidación. La posibilidad de utilizar esta vía está precisamente en el expresado artículo 107 de la Ley 30/1992 en el que el legislador permite utilizar la impugnación directa de un acto singular ante el Ministro únicamente, si la impugnación se basa en la ilegalidad de una disposición general; como ha ocurrido en la casi totalidad de los recursos resueltos por este Tribunal.
Quedaban fuera del ámbito del artículo 107 por tanto los casos en los que la fundamentación del recurso se basa en otros motivos no contemplados en el artículo 107 de la Ley...
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