SAP Baleares 343/2005, 19 de Julio de 2005

PonenteCATALINA MARIA MORAGUES VIDAL
ECLIES:APIB:2005:1013
Número de Recurso230/2005
ProcedimientoCIVIL
Número de Resolución343/2005
Fecha de Resolución19 de Julio de 2005
EmisorAudiencia Provincial - Baleares, Sección 3ª

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 3

PALMA DE MALLORCA

SENTENCIA: 00343/2005

Rollo: RECURSO DE APELACION 0000230 /2005

S E N T E N C I A Nº 343

ILMOS. SRES.

PRESIDENTE:

DON CARLOS GOMEZ MARTINEZ

MAGISTRADOS:

DON GUILLERMO ROSSELLÓ LLANERAS

DOÑA CATALINA MORAGUES VIDAL

En PALMA DE MALLORCA, a diecinueve de Julio de dos mil cinco.

VISTOS por la Sección Tercera de esta Audiencia Provincial, en grado de apelación, los presentes autos de juicio Verbal, seguidos ante el Juzgado de 1ª Instancia nº 1 de Eivissa, bajo el número 193/04, Rollo de Sala nº 230/05, entre partes, de una como actora-apelante Dª Marí Juana, representado por el Procurador D. Juan José Pascual Fiol, de otra, como demandados- apelados Dª Carmela y D. Miguel, representado por el Procurador D. Antonio Colom Ferrá, ambas partes asistidas de sus respectivos Letrados.

ES PONENTE la Ilma. Sra. Magistrada Dª CATALINA MORAGUES VIDAL.

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO

Por el Ilmo. Sr. Magistrado Juez del Juzgado de 1ª Instancia nº Uno de Ibiza, se dictó sentencia en fecha 28 de Octubre de 2004, cuyo Fallo es del tenor literal siguiente: "Que desestimando íntegramente la demanda formulada por la Procuradora Dª Vicenta Jiménez Ruiz, en nombre y representación de Marí Juana, contra D. Miguel y Dª Carmela, debo declarar y declaro no haber lugar a ninguno de los pedimentos contenidos en el suplico de la demanda, absolviendo a los demandados de todas las pretensiones contra ellos deducidas, todo ello con expresa condena a las costas causadas en este litigio a la actora".

SEGUNDO

Contra la expresada sentencia, y por la representación de la parte actora, se interpuso recurso de apelación, que fue admitido y seguido el recurso por sus trámites por esta sala se acordó el señalamiento para la votación y fallo el día 6 de julio de 2005.

TERCERO

En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

Se aceptan los de la sentencia apelada en lo que no se opongan a los que siguen.

PRIMERO

La sentencia que concluye la primera instancia resuelve desestimar la demanda interpuesta por Dña. Marí Juana contra Dña. Carmela y D. Miguel, sobre desahucio de la vivienda sita en la CALLE000 nº NUM000, NUM001-NUM002 de la ciudad de Eivissa, por causa de expiración de término del arriendo, concertado verbalmente el 30 de enero de 1988, al no haberse pactado prórroga forzosa y hallarse en tácita reconducción, acumulando a la antedicha acción de desahucio la de indemnización de daños y perjuicios que se cuantificaban por la demandante en 1.081,84 euros. La meritada resolución luego de desestimar la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por la codemandada Dña. Carmela, así como la complejidad del litigio que, a juicio de la parte demandada, impediría su resolución en el presente juicio verbal de desahucio, estima que en el contrato de arrendamiento de autos las partes acordaron implícitamente la sumisión al régimen de prórroga forzosa en base a las circunstancias que se relatan en el fundamento de derecho CUARTO de dicha resolución por lo que no se acoge la causa resolutoria deducida en la demanda.

La parte actora muestra su disconformidad con la antedicha resolución, solicitando de este Tribunal su revocación y el dictado de otra, en su lugar, por la que se estime la demanda en su integridad, esgrimiendo en apoyo de tal pretensión los siguientes motivos: 1º) error en la valoración de la prueba, ya que, a su juicio, de las circunstancias concurrente en el presente caso no puede deducirse que los contratantes quisieran someter el arriendo a prórroga forzosa; 2º) infracción de los artículos 1565, 1566, 1581 y 1569.1 del Código Civil así como del artículo 9 del RDL 2/1985, habiendo declarado la jurisprudencia menor que en los contratos concertados con posterioridad a la entrada en vigor del RDL 2/1985, en los que no se ha pactado el plazo del arriendo ni el sometimiento a la prórroga forzosa, es de aplicación el artículo 1581 del Código Civil, salvo que en el caso concreto pudiera deducirse de las pruebas practicadas que la voluntad de las partes era someterse a dicha prórroga, prueba inexistente en el presente caso.

La parte demandada en su escrito de oposición al recurso de apelación alega, en primer lugar, la inadmisibilidad del recuso ya que la parte contraria no le dio traslado mediante procurador de la copia de su escrito de preparación del recurso, por lo que dicho escrito debió ser inadmitido, sin que sea óbice para ello que no impugnara la providencia de día 13 ya que contra la misma no cabe recurso alguno tal como se dispone en el artículo 457 de la LEC,

SEGUNDO

Habiéndose alegado por la parte demandada hoy apelada la improcedente admisión del recurso de apelación, procede analizar dicha cuestión en primer lugar, ya que, de ser estimada, resultaría superfluo entrar a conocer de aquel. Se alega al respecto por la parte apelada que al no haberse dado traslado mediante procurador de la copia de preparación del recurso de apelación, dicho escrito debió ser inadmitido de conformidad con lo dispuesto en el artículo 277 de la LEC 1/2000. Dicha cuestión ha sido objeto de la reciente sentencia del Tribunal Constitucional de 9 de mayo de 2005, en la que se estima el recurso de amparo interpuesto contra sendas resoluciones, del Juzgado de Primera Instancia y de la Audiencia Provincial de Madrid, que habían inadmitido el recurso de apelación por no haberse dado traslado de la copia del escrito de preparación mediante procurador, declarando el Tribunal Constitucional que es subsanable el citado defecto procesal, por lo que los jueces y tribunales deberían haber otorgado a la parte la posibilidad de subsanación. En el presente caso, el juzgado admitió el escrito de preparación mediante providencia de 13 de diciembre sin observar el defecto al que se alude por la parte demandada, y, lo cierto es, que con la misma fecha aparece el justificante de haberse dado traslado, y así se observa al folio 115 de los autos, por lo que deberá concluirse que aún en el supuesto de que no se hubiera realizado la entrega de copia al procurador de la contraparte con posterioridad a la presentación del escrito, el Juzgado debía haber dado, en el caso de que hubiera advertido el defecto, la posibilidad de subsanarlo, con lo que el resultado sería la admisibilidad del escrito de preparación del recurso. En consecuencia, el motivo de inadmisibilidad deducido en esta alzada deberá ser rechazado.

TERCERO

El contrato de arrendamiento de autos se concertó verbalmente el 30 de enero de 1998, por tanto es posterior al Decreto de 30 de abril 1985, conocido por el "Decreto Boyer". Se dice en la Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de Junio de 1993 que, "repetidamente ha dicho esta Sala (vid. SsTS 12-5-89 y 16-7-91) que el decreto citado, entre las varias medidas de política económica que contiene, una de ellas es la que suprime la prórroga forzosa de los arrendamientos urbanos sujetos a la legislación especial. Así lo expresa paladinamente el título que acompaña al artículo 9 del Decreto, que reza «Supresión de la prórroga forzosa en los arrendamientos urbanos» cuando fácilmente habría podido decir «De la renuncia al derecho de prórroga forzosa». Así se desprende del texto del artículo, según el cual «los contratos de arrendamiento de viviendas o locales de negocio que se celebren a partir de la entrada en vigor del...

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