SAP Barcelona, 22 de Septiembre de 2006
| Ponente | JOSE MARIA PIJUAN CANADELL |
| ECLI | ES:APB:2006:10596 |
| Número de Recurso | 56/2006 |
| Procedimiento | PENAL - APELACION PROCEDIMIENTO ABREVIADO |
| Fecha de Resolución | 22 de Septiembre de 2006 |
| Emisor | Audiencia Provincial - Barcelona, Sección 10ª |
AUDIENCIA PROVINCIAL
SECCIÓN DÉCIMA
ROLLO APELACIÓN NÚM. 56/2006
PROCEDIMIENTO ABREVIADO NÚM. 96/2006
JUZGADO DE LO PENAL NÚM. 9 DE BARCELONA
S E N T E N C I A No.
Ilmos. Sres.
D. JOSE MARIA PIJUAN CANADELL
D. JOSÉ MARIA PLANCHAT TERUEL
D. SANTIAGO VIDAL MARSAL
En la ciudad de Barcelona, a veintidós de septiembre de dos mil seis.
VISTO, en grado de apelación, ante la SECCIÓN DÉCIMA de esta Audiencia Provincial, el presente rollo núm. 56/2006 dimanante del Procedimiento Abreviado núm. 96/2006 procedente del Juzgado de lo Penal núm. 9 de Barcelona, seguido por un delito contra la salud pública contra Ángel Daniel, que penden ante este Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por la representación procesal del referido acusado contra la sentencia dictada en los mismos el día veinte de marzo de dos mil seis por la Ilma. Sra. Juez del expresado Juzgado, habiendo comparecido en calidad de apelado el Ministerio Fiscal.
La parte dispositiva de la sentencia apelada, en lo que importa a los efectos del presente recurso, es del tenor literal siguiente:
Que debo condenar y condeno a Ángel Daniel como responsable criminal en concepto de autor de un delito contra la salud pública en su modalidad de sustancias que no causan grave daño a la salud, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de un año de prisión que se sustituyen por la expulsión del territorio nacional por diez años, contados desde la fecha de la expulsión, y en todo caso mientras no haya prescrito la pena, y multa de 40 euros, con privación de libertad de 30 días en caso de impago y al pago de las costas procesales.
Dese a la sustancia intervenida el destino legalmente establecido.
Esta sentencia se comunicará a la autoridad gubernativa.
Una vez firme la presente sentencia, deberá procederse a la ejecución de la pena privativa de libertad impuesta, hasta tanto la autoridad gubernativa proceda a materializar la expulsión. A estos efectos, la autoridad gubernativa deberá hacer efectiva la expulsión en el plazo más breve posible, y en todo caso, dentro de los treinta días siguientes, salvo causa justificada que lo impida, que deberá ser comunicada a la autoridad judicial.
Admitido el recurso, se dio traslado del mismo al Ministerio Fiscal que informó en el sentido de oponerse al recurso e interesar la confirmación de la sentencia recurrida, tras lo cual se remitieron los autos originales a este Tribunal, donde se designó Magistrado ponente y se señaló la deliberación, votación y fallo del recurso, sin celebración de vista por no haberla solicitado la parte apelante ni estimarla necesaria el Tribunal, quedando los autos pendientes de resolución.
VISTO, siendo Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado Don JOSE MARIA PIJUAN CANADELL, quien expresa el parecer del Tribunal.
SE ACEPTA el relato de hechos probados que se contiene en la sentencia recurrida.
Se aceptan asimismo y en su integridad los fundamentos que se recogen en la Sentencia apelada.
El recurso se fundamenta en dos motivos, la infracción del principio constitucional de la presunción de inocencia y un segundo motivo, alegado con carácter subsidiario para el caso de no ser estimado el primero, implícitamente referido a infracción de ley penal sustantiva por indebida aplicación del artículo 368 del Código Penal, por considerar la parte apelante que la falta de determinación del porcentaje de principio activo de la sustancia estupefaciente intervenida al acusado excluye la antijuricidad material de la conducta.
El derecho fundamental a la presunción de inocencia, reconocido, aparte de en nuestra Constitución, en los más caracterizados Tratados Internacionales, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 10 de diciembre de 1948 (artículo 11.1), el Convenio Europeo de 4 de noviembre de 1950 (artículo 6.2 ), y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 19 de diciembre de 1966 (artículo 14.2 ) y objeto de una detallada elaboración por la doctrina del Tribunal Constitucional SSTC 3/81, 80/83, 17/84, 174/85, 229/88, 138/92, 303/93, 182/94, 86/95, 34/96, 157/96, 148/97, 220/98, 111/99, 171/2000, 209/2001, 222/2001, 17/2002 ), y de esta Sala (SSTS de 31 marzo y 17 julio 1988, 19 enero y 30 junio 1989, 14 septiembre 1990, 15 febrero y 4 marzo 1991, 20 enero 1992, 8 febrero 1993, 30 septiembre 1994, 10 marzo 1995, 6 junio 1997, 26 junio 1998, 29 abril 1999, 11 diciembre 2000, 27 junio 2001, 8 y 15 febrero y 31 mayo 2002, 16 enero, 4 julio 2003), significa el...
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