STS, 22 de Julio de 2005
| Ponente | MARIANO DE ORO-PULIDO LOPEZ |
| ECLI | ES:TS:2005:5149 |
| Número de Recurso | 6603/2002 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 22 de Julio de 2005 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
MARIANO DE ORO-PULIDO LOPEZPEDRO JOSE YAGÜE GILJESUS ERNESTO PECES MORATESEGUNDO MENENDEZ PEREZRAFAEL FERNANDEZ VALVERDEENRIQUE CANCER LALANNE
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a veintidós de Julio de dos mil cinco.
Visto el recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento de La Oliva, representado por el Procurador D. Adolfo Morales Hernández San Juan, bajo la dirección de Letrado promovido contra la sentencia dictada el 28 de noviembre de 2000 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Las Palmas de Gran Canaria, del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Canarias; en recurso 473/97 sobre prorrateo y requerimiento de pago de cuotas de urbanización.
Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Las Palmas de Gran Canaria, del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, se ha seguido el recurso número 473/97 promovido por D. Iván, y en el que ha sido parte recurrida el Ayuntamiento de La Oliva, sobre prorrateo y requerimiento de pago de cuotas de urbanización.
Dicho Tribunal dictó sentencia con fecha 28 de noviembre de 2000 con la siguiente parte dispositiva: "FALLAMOS: Que debemos estimar y estimamos el recurso contencioso administrativo interpuesto por la Procuradora Dña Ana Isabel Santana Grimm en nombre y representación de don Iván contra el requerimiento hecho por la Urbanizadora Corralejo Play para pago en concepto de cuota provisional de urbanización como propietario de 1/100 del Polígono J4 en la urbanización Corralejo Playa en el ámbito del Plan Parcial Corralejo Playa, así como contra la desestimación del recurso interpuesto ante la Alcaldía contra dicho requerimiento, y, en consecuencia, declaramos la nulidad de pleno derecho de ambas resoluciones. Sin hacer pronunciamiento sobre las costas del proceso.-"
Contra dicha sentencia se preparó recurso de casación por el Ayuntamiento de La Oliva, y elevados los autos y el expediente administrativo a este Alto Tribunal, por el recurrente se interpuso el mismo, y una vez admitido por la Sala, se sustanció por sus trámites legales.
Acordado señalar día para la votación y fallo, fue fijado a tal fin el día 20 de julio de 2005, en cuya fecha tuvo lugar.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Mariano de Oro-Pulido y López, Magistrado de Sala
Se impugna, mediante este recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento de La Oliva, la sentencia de 28 de noviembre de 2000, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Las Palmas de Gran Canaria, del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Canarias, por la que se estimó el recurso contencioso-administrativo número 473/97 por medio de la cual se estimó el formulado por D. Iván, contra resolución de 10 de diciembre de 1996 del Ayuntamiento de La Oliva por la que se desestimó el recurso de reposición interpuesto contra la notificación remitida por la Urbanizadora Corralejo Playa, S.A. relativa a la fijación de la primera cuota de urbanización como propietario del 1/110 del polígono J4 de la Urbanización Corralejo Playa.
Impugnada esa resolución en vía contencioso administrativa, la Sala de Las Palmas de Gran Canaria estimó el recurso contencioso administrativo y la anuló, declarando la improcedencia de la cuota.
Lo hizo con base en cuatro argumentos fundamentales, ya expuestos por el Tribunal en sentencias anteriores, y que eran los siguientes: 1º).- Que lo que el Ayuntamiento llama "presupuesto" es absolutamente inconcreto en cuanto a las obras de urbanización ya ejecutadas y sufragadas por los propietarios, cuyos costes no pueden ser incluidos como gastos del proyecto de urbanización litigioso y 2º).- Que la posibilidad de colaborar con el Ayuntamiento mediante el cobro de las cuotas de urbanización con el sistema de cooperación (artículo 193-c) del Reglamento de Gestión Urbanística) la concede nuestro ordenamiento jurídico a las asociaciones administrativas de cooperación mencionadas en el artículo 131.3 de la Ley del Suelo y 191 y siguientes del Reglamento de Gestión Urbanística, mientras que la sociedad anónima que está reclamando las cuotas de urbanización "Corralejo-Playa" no es una de estas asociaciones sino una de las personas jurídicas mercantiles a que se refieren los artículos 21 y siguientes del Reglamento y entre cuyas competencias no se encuentra la de reclamar el pago de cuotas de urbanización.
Contra esta sentencia ha formulado el Ayuntamiento de La Oliva recurso de casación, articulado en cuatro motivos que son idénticos a los resueltos por esta Sala en sentencias de 17 y 22 de septiembre de 2003 -recursos de casación nº 4453/01 y 7905/00- por lo que en base al principio de unidad de doctrina debe ser resuelto de idéntica forma. A tal efecto será suficiente con reproducir lo dicho en el fundamento tercero de dichas sentencias:
"Todos esos motivos deben ser rechazados por su inutilidad, ya que parten (como es lógico) de la alegada conformidad a Derecho de los actos administrativos recurridos, lo que ahora ya no puede sostenerse, como veremos, con independencia del acierto o desacierto de los motivos que aquí se esgrimen.
En efecto, por sentencia de la Sala de instancia de fecha 19 de Noviembre de 1999 (recurso contencioso administrativo nº 581/97) se anuló el acto del que trae causa el aquí impugnado, y que era el de prorrateo de cuotas aprobado por el Ayuntamiento de La Oliva en fecha 10 de Febrero de 1996. Esa sentencia quedó firme, al haberse inadmitido por auto de fecha 25 de Octubre de 2002 el recurso de casación nº 4165/2001, formulado contra ella.
Esto quiere decir que, anulado el acto del que derivan los concretos requerimientos del pago de cuotas, estos carecen de apoyatura jurídica y se convierten, por eso sólo, en disconformes a Derecho, ello con independencia de que sean o no acertados los argumentos que en aquella sentencia de 19 de Noviembre de 1999 fundaron la decisión anulatoria, (y que son los mismos que ahora utiliza la Sala de instancia), puesto que, siendo aquella decisión firme, no pueden ser ya discutidos.
Tal como dice nuestra sentencia de 19 de Mayo de 2003 (casación 5449/98), "este Tribunal ha recordado en sus recientes sentencias de fechas 19 y 21 de Mayo de 1999, 25 de Septiembre de 2000, 19 de Marzo y 10 de Mayo de 2001 y 10 de Febrero y 5 del corriente mes y año, que la desaparición del objeto del recurso ha sido considerada, en muchas otras, como uno de los modos de terminación del proceso contencioso administrativo; tanto cuando lo impugnado eran disposiciones generales, en que la ulterior derogación de éstas, o su declaración de nulidad por sentencia anterior, ha determinado la desestimación del recurso, no porque en su momento no estuviere fundado, sino porque la derogación sobrevenida de la norma priva a la controversia de cualquier interés o utilidad real, (así sentencias de 24 de Marzo y 28 de Mayo de 1997 o 29 de Abril de 1998); como en recursos dirigidos contra resoluciones o actos administrativos singulares, en los que se ha considerado que desaparecía su objeto cuando circunstancias posteriores les privaban de eficacia, hasta el punto de determinar la desaparición real de la controversia, (así en sentencias de 31 de Mayo de 1986, 25 de Mayo de 1990, 5 de Junio de 1995 y 8 de Mayo de 1997)".
En el mismo sentido se ha pronunciado esta Sala en sus Sentencias de 17 de septiembre de 2003 (recurso de casación 4453/2001), 19 de septiembre de 2003 (recurso de casación 6838/2001), 20 de septiembre de 2003 (recurso de casación 3790/2001, 22 de septiembre de 2003 (recursos de casación 5365/2000 y 7468/2000), 15 de enero de 2004 (recursos de casación 4485/01, 5177/01 y 381/02), 28 de junio de 2004 (recurso de casación 6968/01), 27 de octubre de 2004 (recurso de casación 2926/02), 20 de diciembre de 2004 (recurso de casación 5282/02) y 28 de febrero de 2002 (recurso de casación 1999/2002). CUARTO.- Teniendo en cuenta la razón que utilizamos para desestimar este recurso de casación, y a la vista de lo dispuesto en el artículo 139-2 de la Ley Jurisdiccional 29/98, de 13 de Julio, procede no hacer condena en costas.
Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento de La Oliva, contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Las Palmas de Gran Canaria, del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, de 28 de noviembre de 2000, recaída en el recurso contencioso-administrativo número 473/97; no se hace expresa imposición de las costas en ambas instancias.
Así por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia, en audiencia pública, por el Excmo. Sr. D. Mariano de Oro-Pulido y López, Magistrado Ponente en estos autos; de lo que como Secretaria, certifico.
