Estado de la cuestión y propósito de la obra
| Autor | Rubén Pérez Trujillano |
| Páginas | 18-40 |
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La deuda que la historiografía jurídica tiene con la II República es demasiado grande para las alturas del siglo xxi en que nos encontramos. Este libro no la saldará, pero procurará realizar una contribución digna de comentario a uno de los grandes apartados pendientes. El estudio sobre las políticas de orden público ideadas e implementadas durante la II República ha sido significativo desde el punto de vista cuantitativo. Abundan menciones más o menos intensas en los relatos históricos desplegados a nivel general, esto es, con arreglo a los trabajos que engloban la historia del período 1931-1936. Pero son pocas las investigaciones que han tomado el asunto como objeto predilecto o principal de estudio. Pese a las indudables connotaciones jurídicas del tema, no parece que haya llamado un grado de atención correspondiente en la disciplina de la historia del derecho. Quizá, las razones de este atraso guarden relación con la historia reciente del estamento de los juristas, marcada por su participación activa en la construcción doctrinal de la dictadura y, por tanto, en la demolición de la democracia republicana1.
A la inversa, y como decía, la historiografía que ha abordado la etapa republicana en sus trazos globales no ha sido ajena a la cuestión. Ramón Tamames incluyó expresamente el orden público como uno de los siete problemas que se enquistaron en el primer bienio republicano2. Manuel Tuñón de Lara, por el contrario, lo anudó al problema estructural sobre la función del Ejército, que "había sido llamado con frecuencia a cumplir funciones de orden público ajenas a su naturaleza y estaba particularmente mentalizado por una guerra colonial"3. En una investigación pionera, indagó las complicaciones con que tropezó la construcción del Estado republicano en el seno de los propios aparatos de Estado, más allá de las determinantes económicas y sociales en las que la historiografía solía detenerse con ahínco a lo largo de la década de
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1970 y 1980. La conclusión de Tuñón de Lara apuntaba a un factor decisivo de "fragilidad" de la República: la renovación o democratización de los centros de decisiones no conoció un fenómeno semejante en el cuerpo periférico del Estado. Es más, Tuñón estudió tres sectores estatales que escaparon incluso a la política de democratización de sus respectivas cúpulas: uno de ellos era el Ejército 100 otros dos la Diplomacia y Hacienda)4.
Parecida era la mirada de Gabriel Jackson, que no incluía el problema de orden público en sí mismo, sino como efecto de otros: la crisis financiera, la reforma del Ejército, la necesidad de obras públicas, la reforma agraria, la posición beligerante de la Iglesia, el sistema educativo y la cuestión regional5. Otros, como Puddu, no dudaron que durante la República "[e]l problema de más difícil solución fue el del orden público"6. Según algunos autores como Julián Casanova, el orden público llegó a constituir una "obsesión con fundamentos" que lastró el régimen republicano desde el comienzo7. Las exposiciones panorámicas más recientes de la historia republicana han concedido bastante relevancia a dichas políticas, como ejemplifica la obra colectiva de González Calleja, Cobo Romero, Martínez Rus y Sánchez Pérez8. Es de entender, por tanto, que se hayan dado a conocer trabajos solventes acerca de la implementación de las medidas de orden público en espacios geográficos y cronológicos concretos9
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e, incluso, en el ámbito estatal10.
Además, no ha de olvidarse que un grupo nada desdeñable de dirigentes republicanos señaló que factores como la violencia sociopolítica y la incapacidad para resolver los problemas de orden público se hallaban entre las causas del derrumbe del régimen republicano. Por su parte, también el arsenal legitimador franquista encontró en el orden público lo más parecido a una fuente de legitimación jurídica y política. Se llegó a ella mediante una línea de denuncia seudojurídica basada en la "tesis de la radicalización revolucionaria" de la República, de la que se habría derivado la necesidad de un golpe de timón salvífico. Algo después, en la década de 1960 sobre todo, se desplegó otro discurso de legitimación de la dictadura, consistente en el uso de enfoques funcionalistas según los cuales izquierdas y derechas tendrían responsabilidades equivalentes en el desenlace bélico de la crisis del régimen republicano. El propósito doble -eludir la adopción de responsabilidades por los crímenes cometidos durante la guerra y castrar las tradiciones históricas y el potencial constructivo de la oposición democrática- entorpeció la iluminación histórica del asunto11.
Curiosamente, es en las fuentes memorialísticas en donde presenciamos
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una de las primeras réplicas a esta clase de interpretaciones. La cita es larga, pero merece la pena traerla a colación:
Con gran ligereza e injusticia los republicanos y algunos socialistas [por supuesto, los monárquicos], para cohonestar sus debilidades y torpezas políticas, han vertido la especie de que la sublevación militar de julio de 1936 fue causada por los extremismos de la clase obrera y la propaganda demagógica de sus líderes. Es tradicional (...) calumniar y difamar a los organismos más representativos de los trabajadores, echando sobre ellos la responsabilidad de las regresiones del capitalismo a fin de justificarse ante la historia.
Eso a modo de crítica moral y política. Como objeción histórica -con sólida base por cierto- leemos: "basta recordar que en España las guerras civiles y las sublevaciones militares han sido endémicas mucho antes de que los obreros se organizasen para defender sus intereses y sintieran el espíritu de clase". Quien censuraba la "falta de fundamento" de tales exégesis era Francisco Largo Caballero12, líder socialista y ministro de la República en tiempo de paz y de guerra. Argumentos históricos semejantes habían sido defendidos con anterioridad y con la misma perspicacia, en sede parlamentaria, por diputados como Marcelino Domingo13.
Investigaciones recientes han buceado en este tipo de testimonios en aras de diseccionar los distintos "discursos gubernamentales" que hubo en torno al orden público dentro del campo de las culturas políticas que en mayor o menor medida influyeron en el rumbo que la República adoptó en la materia. Se han distinguido, al menos, tres retóricas en los políticos que ostentaron puestos clave en la gestión del orden público: la "liberal" (derecha republicana, radicalismo de Lerroux, partido melquiadista...), la "reformista" (sectores izquierdistas del radicalismo, PRRS, AR, etc.) y la "contrarrevolucionaria" (familias derechistas del PRR)14.
La historiografía contemporánea más reciente ha dedicado singular inte-
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res a la violencia política desplegada durante los años treinta en España. Referida a la época republicana, autores como Linz o Payne han señalado que la crisis de autoridad y los desórdenes públicos se debieron ala disfuncionalidad del Estado y a la incapacidad de las fuerzas parlamentarias para resolver los problemas reales del país, que fueron abordados de tal manera que acabaron granjeando a los gobiernos republicano-socialistas y los partidos de izquierda la enemistad acérrima del Ejército, de la Iglesia y de las clases terratenientes15. Encuadres semejantes han motivado estudios que han tenido poca consideración hacia las variables explicativas que el análisis de la correlación de fuerzas políticas pudiera aportar16 y otros que, habiéndolos integrado en su metodología, han desoído, no obstante, el intrincado entramado de factores que perfilan la base coyuntural y estructural -socioeconómica, pero no sólo-en la que tienen lugar la violencia política y la coacción estatal características de los problemas de orden público17.
Detrás de este tipo de enfoques se esconde una inclinación teleológica, que parte del prejuicio peor o mejor disimulado según el cual la guerra civil era una consecuencia ineluctable del régimen republicano y democrático. Aparte de anudar casi ontológicamente régimen republicano y guerra, acostumbran
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a erigir el mito de la "equiviolencia" en la distribución de responsabilidades por la causación de la contienda civil, una de las premisas detectadas por Ricardo Robledo en la historiografía que él considera "revisionista" en su acepción peyorativa18.
Dentro de la misma, el caso de Tusell es palmario. Suyo es el planteamiento de "plano inclinado hacia la guerra civil" creado porque "todas las fuerzas políticas tomaron la parte de la sociedad española que estaba tras ellas por el todo y practicaron o toleraron la ilegalidad". Por ello "[r]esultaba inevitable que, a medio plazo, se pagaran las consecuencias de esta falta de respeto a las normas democráticas"19. Puede leerse una versión algo más tenue de este planteamiento finalista no exento de fatalismo en un número considerable de autores.
Cabe destacar el caso de Del Rey, cuando declara que su meta como investigador es explicar "cómo fue posible un desenlace en el que los vecinos de toda la vida en los pueblos se convirtieron en enemigos irreconciliables, dando pie a que corrieran ríos de sangre"20. Según este autor, las izquierdas fueron más responsables de la violencia que las derechas durante un tiempo más prolongado (de 1931 a 1934 y en el primer semestre de 1936). El déficit democrático habría sido congénito a la República, así como otros factores eminentemente políticos: la fragmentación del sistema de partidos, el comportamiento electoral, la incapacidad de los líderes y cuadros políticos, la incidencia del arraigo de los totalitarismos en el entorno europeo, etc.21 Puede acudirse a efectos ilustrativos a lo que dicho autor ha afirmado en otro lugar: la breve etapa del FP en el gobierno reprimió el ejercicio de las libertades in-
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dividuales "de forma más acusada que en los años previos", incluyendo en el cómputo el ciclo represivo que siguió a la Revolución de Asturias; antes de la guerra...
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