La contract clause en la constitución de los Estados Unidos
| Autor | Francisco Fernández Segado |
| Cargo | Catedrático de Derecho Constitucional Facultad de Derecho. Universidad Complutense de Madrid |
| Páginas | 1-45 |
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Los incisos finales del párrafo primero de la Sección 10 del Artículo I de la Constitución norteamericana prevén que: “No state shall.... pass.... ex post facto law, or law impairing the
obligation of contracts...” (“Ningún Estado.... aprobará leyes ex post facto o leyes que menoscaben
las obligaciones que derivan de los contratos”). Esta última disposición enuncia la famosa contract clause o “cláusula de los contratos”.La contract clause, aunque pueda resultar sorprendente, se convirtió en el siglo XIX, o por lo menos en una buena parte del mismo, en la disposición constitucional de mayor relevancia, hasta el extremo de que, como escribe Siegel1, la comprensión de esta cláusula en el siglo XIX es central para el entendimiento de la historia constitucional americana, y en el marco de la misma, según otros autores, para el propio desarrollo del federalismo2. No ha de extrañar que así aconteciere, y en tal sentido se pronuncia gran parte de la doctrina3, por cuanto la cláusula en cuestión pronto iba a devenir el arma principal con la que la Marshall Court iba a restringir la frecuente interferencia legislativa estatal sobre los derechos de propiedad.
Aunque nos ocuparemos de ello con mayor detalle más adelante, es conveniente desde este mismo momento ser conscientes de los frecuentes abusos que las legislaturas estatales iban a cometer sobre los derechos de propiedad en el período que media entre la Independencia y la aprobación de la Constitución en 1787. Para Beard, “dos pequeñas cláusulas” constitucionales encarnan las principales demandas de los propietarios de bienes muebles frente al “agrarismo” (“agrarianism”): la interdicción de la emisión estatal de papel moneda (recogida en el mismo párrafo que la contract clause) y la prohibición de menoscabar los compromisos dimanantes de los contratos. En tales cláusulas, Beard no sólo visualiza la recepción de un principio de profundo significado, sino que, más allá de ello, considera que, “the economic history of the states between the Revolution and the adoption of the Constitution is compressed in them”4. Y al margen de ello, aunque también volveremos al tema más adelante, no puede caber duda de que para los Framers, esto es, para quienes redactaron la Constitución, la contract clause encerraba una gran importancia. En el famoso caso de Ogden v. Saunders (1827), un no menos célebre abogado, Daniel Webster, se haría eco de ello en sus alegatos ante la Corte Suprema:
“The constitution ---aduciría en el mencionado caso el gran jurista nacido en Salisbury (New Hampshire) en 1782---was intended to accomplish a great political object. Its design was not so much to prevent injustice or injury in one case, or in successive cases, as it was to make general salutary provisions, which, in their operation, should give security to all contracts”5.
En el Nº. 7 de los Federalist Papers, Hamilton se iba a hacer eco de la relevancia de la “cláusula de los contratos”, al identificar las “laws in violation of private contracts” como una de las posibles causas de disputas entre los Estados de la Unión, incluso de la hostilidad entre ellos, por cuanto tales leyes vendrían a equivaler a “agressions on the rights of those states, whose
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citizens are injured by them”6. Ello añadiría una explicación adicional a la constitucionalización de esta cláusula. Por lo demás, aunque desde el punto de vista hamiltoniano, la contract clause podía servir los mismos fines que otras disposiciones económicas de la Constitución, y de modo particular que la commerce clause, una y otra cláusulas operaban de un modo completamente diferente. Mientras la cláusula de comercio, por sus propios términos, se aplica tan sólo al comercio interestatal, la cláusula de los contratos se aplica a todos los contratos, no sólo a aquéllos con partes provenientes de diferentes Estados7.
La paternidad de la vertebración de esta cláusula y de la concreción de su contenido se ha atribuido a Marshall, y ello es absolutamente cierto. Sin embargo, conviene no olvidar, que incluso con anterioridad a la Constitución federal, y en mayor medida aún, como es lógico, con posterioridad a la misma, hubo autores relevantes que se anticiparon a Marshall en su defensa de una amplia interpretación de esta cláusula o del principio equivalente, tan arraigado en el common law, de la “sanctity of contracts”, como también del que podríamos denominar “sanctity of charters”. Así, tras crearse durante la etapa de la Confederación el “Bank of North America”, cuyos estatutos (“charters”) fueron aprobados tanto por el Congreso (el Continental Congress) como por la Legislatura de Pennsylvania, en 1785 se intentó en este Estado derogar la “charter” otorgada por el propio Estado. Entre quienes acudieron en defensa del Banco estaban Thomas Paine, figura intelectual harto conocida, y James Wilson, un jurista de primerísima fila que sería nombrado Juez de la Corte Suprema en 1789. Wilson defendería que la ley aprobando los estatutos del Banco era un contrato entre el Estado y la corporación bancaria. Para Wilson, “the compact cannot, consistently with the rules of good faith, be departed from on other”8. Paine, a su vez, en sus “Dissertations on Government, the Affairs of the Bank, and Paper Money”, dejaría inequívocamente claro que, a su juicio, una “charter” era un contrato, y como tal no podía ser derogado unilateralmente. Uno y otro autores se anticipaban de esta forma a la doctrina de Marshall en unos cuantos lustros, aunque es dudoso que Marshall tuviera conocimiento de estas posiciones, o por lo menos, es algo que no ha podido ser verificado.
Como antes decíamos, Marshall y el Tribunal que presidía iban a prestar una atención preferente a la cláusula que nos ocupa. Para el Chief Justice la cláusula encarnaba una Constitución cuya verdadera naturaleza residía en la limitación de los poderes estatales y en la subsiguiente concesión de poderes al gobierno federal. De ahí la importancia que adquirirá esta norma, que durante los primeros ochenta años de vida constitucional generará más casos ante la Supreme Court que cualquier otra disposición constitucional9, y que no sólo servirá, particularmente durante la Chief Justiceship de Marshall, como el principal vehículo para la defensa en sede judicial de la propiedad frente a las infracciones estatales, producidas a través de una gran variedad de actuaciones legislativas10, sino que, más allá de ello, durante el siglo XIX,
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operará como la fuente fundamental de derechos federalmente protegidos11. Se ha dicho12 que Marshall iba a mostrar a través de esta actuación de la Corte que presidía su aspecto más madisoniano, pues por intermedio de ella iba a intentar llevar a cabo lo que Madison, el padre primigenio de la Carta fundamental, pensaba que era el propósito esencial de la Constitución: impedir los abusos flagrantes de los derechos privados cometidos por los legisladores estatales, tan extendidos en la década de 1780. En cualquier caso, de lo que no debe caber la más mínima duda es de que la cláusula de la “obligación de los contratos” fue la principal fuente de los casos que cuestionaban la validez de la legislación estatal, como Corwin, el gran estudioso de la judicial review, corroboró en su día13.
El rampante activismo judicial de la Marshall Court iba efectivamente a hacer devenir la cláusula que nos ocupa en la base de una sorprendente expansión de la judicial review. La contract clause iba a convertirse en el depósito de la doctrina judicial de los “derechos adquiridos” (“vested rights”), de las ya referidas limitaciones judicialmente deducidas de la “higher law” sobre el poder legislativo estatal, e incluso, en términos de Levy14, en “the link between constitutionalism and capitalism”. En el corto espacio de una década, Marshall, con su conocida habilidad y su incontrastable lógica, había extraído la contract clause de sus oscuros orígenes y hecho de ella una de las normas más vitales de toda la Constitución. En ello se vería ciertamente favorecido por el principio de la santidad de los contratos (“sanctity of contracts”) celebrados entre individuos en el ejercicio de los derechos que el common law les reconocía; tal principio, profundamente arraigado en el natural law, conformaría una de las normas centrales del pensamiento liberal a lo largo de todo el siglo XIX. Tras la entrada en vigor de la Constitución, el principio en cuestión quedó asimismo anclado en la...
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