Conflictos sociales y paz
| Autor | Francisco José del Pozo Serrano/Jairo Alberto Martínez Idárraga/Ana Isabel Zolá Pacochá/Viviana Paola Ahumada Carriazo |
| Páginas | 61-81 |
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En este capítulo se analizan las problemáticas principales de la comunidad que afectan a las poblaciones e instituciones educativas vulnerables de la región caribe colombiana a partir de las percepciones del profesorado, las familias vinculadas a la institución educativa y algunos líderes y actores sociales claves en el proceso, teniendo en cuenta el conjunto de la muestra, así como el conjunto de registros cualitativos de los participantes en la investigación.
Es conveniente poner el acento, a partir de las tipologías de violencia establecidas por Galtung y las paces propuestas por Jiménez (2016), en la violencia estructural, puesto que las violencias que se generan en las sociedades contemporáneas forman parte principalmente de serie de carencias, frustraciones, desigualdades que son generadas fuertemente por las problemáticas sociales intervenidas por las políticas públicas (donde se dan intereses económicos, sociales, políticos, culturales de los grupos organizados, ciudadanía y gobierno); y su desarrollo (identificación, investigación, formulación, implementación, programas y proyectos, seguimiento y evaluación) (Arroyave, 2011).
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Al respecto, es conveniente aclarar que:
El término violencia estructural contiene una carga valorativa y explicativa determinante: la deprivación se define como el resultado de un conflicto entre dos o más partes en el que el reparto, acceso o posibilidad de uso de los recursos es resuelto sistemáticamente a favor de alguna de las partes y en perjuicio de las demás. Al calificar esta situación como violenta se descarta la posibilidad de buscar mecanismos de legitimización de la desigualdad en la insatisfacción de las necesidades. Como podría ocurrir cuando en lugar del término violencia se utiliza el término desigualdad social, ya que se abren (aunque no necesariamente) ventanas para la legitimización de una situación en la que un grupo de personas tiene insatisfechas sus necesidades básicas (La Parra y Tortosa, 2003:63).
Es en este sentido, que utilizamos la violencia estructural a nivel contextual, ya que es un nivel superior a la desigualdad apoyada o tolerada por el gobierno y/o los grupos organizados (especialmente al margen de la ley y/o grupos económicos).
En relación a las paces propuestas vinculadas por Jiménez (2016), la violencia estructural necesitaría el trabajo de la paz positiva, (políticas y acciones macroestructurales que favorecen la paz) paz Gaia (o paz medioambiental/ecológica) y paz intercultural (a partir de la relación y construcción de diversos grupos e identidades culturales), a fin de facilitar los procesos de mediación, acción y construcción de una nueva cultura de paz para Colombia desde y con las comunidades.
Como consecuencia de lo anterior, las políticas públicas, tras todos los avances normativos, políticos y sociales desde los acuerdos de la Habana (Alto comisionado para la paz, 2016), han permitido cambios estructurales en el país y priorizaron acciones para ser tenidas en cuenta en el conjunto de las problemáticas percibidas por la comunidad educativa.
Es conveniente señalar que todas las violencias intrafamiliares, como problemáticas de estas sociedades, quedan analizadas en el capítulo dedicado a las familias.
En este sentido, analizaremos las problemáticas principales teniendo en cuenta los siguientes fenómenos: desempleo, efectos del desplazamiento forzado, pobreza infantil severa, cobertura sanitaria, desigualdad social y problemas ambien-tales graves.
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a) Desempleo
Tal y como ha sido analizado por Del Pozo, Martínez, Manzanares y Zolá (2017), la problemática social principal asociada a las comunidades es el desempleo, con un 92% de las personas encuestadas que lo valoran como la problemática presente en sus territorios:
Gráfica 1
Desempleo
Fuente: Elaboración propia.
La situación problemática indica que se favorece y condiciona la desigualdad, la carencia económica, la delincuencia, así como otros riesgos y fenómenos asociados. Estos condicionamientos pueden estar vinculados a la gran inequidad entre riqueza y pobreza en el país, siendo la región del caribe colombiano, una de las más desiguales; igualmente, las actividades delincuenciales vinculadas al narcotráfico o las múltiples actividades de economía informal.
La tasa de desempleo en Colombia en el año 2017 fue del 9,4% (DANE, 2018) aumentando un 0,2% con respecto a las cifras del 2016, reflejo de la desigualdad, la vulnerabilidad social, la pobreza, la exclusión del sistema educativo y del mercado laboral formal; lo cual, convierte al desempleo en un factor de riesgo relacionado con otras problemáticas como la violencia intrafamiliar, la explotación y el uso abusivo de sustancias psicoactivas.
Teniendo en cuenta cifras relacionadas con personas empleadas, se puede resaltar que:
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En el 2017, el número de personas ocupadas en el total nacional fue 22,9 millones. Las ramas de actividad económica que concentraron el mayor número de ocupados fueron: comercio, hoteles y restaurantes; servicios comunales, sociales y personales y agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca. Estas tres ramas captaron el 62,9% de la población ocupada. Las ramas de mayor crecimiento, frente al período octubre-diciembre 2016, fueron agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca (5,0%) seguida por transporte, almacenamiento y comunicaciones (2,7%) y construcción (2,5%). La mayor contribución al crecimiento de la población ocupada se dio en las ramas de agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca; transporte, almacenamiento y comunicaciones; y construcción, estas contribuyeron en su conjunto con 1,2 puntos porcentuales (DNP, 2016, párr.11).
Otro de los grandes dramas respecto al desempleo, es que en Colombia, 1 de cada 2 jóvenes menores de 29 años está desempleado (DNP, 2016).
Este solo hecho ha originado que en el país y en la región caribe de manera especial crezca un mercado laboral informal, que se traduce en una cierta “cultura del rebusque”, en donde las personas tienen que recurrir a cualquier tipo de actividades para subsistir y poder llegar a casa con el mínimo para cubrir las necesidades básica; pero no siempre estas comunidades tan vulnerables encuentran una fuente de trabajo informal, y es por lo mismo que sin estigmatizar la pobreza, van surgiendo paralelo a esto estructuras delictivas que son el génesis para distintos conflictos sociales y violencias estructurales. A manera de ejemplo observamos la situación de la criminalidad juvenil, en donde toda la caracterización está centrada en una constante vulneración de derechos, y amenazas a la protección de la infancia y en la utilización de niños y adolescentes por estructuras criminales delictivas.
b) Efectos del desplazamiento forzado
No es nuevo indicar que Colombia ha sufrido una de las guerras más fuertes del continente con más de 50 años a partir de la cual se han gestado, distintas clases de violencia, generadas por los grupos subversivos al margen de la ley y la delincuencia común organizada; un reflejo fiel de esta violencia está centrado en la problemática del desplazamiento forzado.
Un 73% de las personas encuestadas de la región caribe, valora que los efectos del desplazamiento forzado están dentro de las situaciones más problemáticas que tiene su comunidad social (municipio-corregimiento) y es percibida como un aspecto que se presenta como: algo, bastante o completamente:
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Gráfica 2
Desplazamiento forzado
Fuente: Elaboración propia.
El desplazamiento forzado, es una situación existente desde tiempos remotos, y aunque solo ha empezado a ser realmente visible en el último siglo, ha estado presente desde el descubrimiento de América, pasando por el proceso de colonización y la conformación de la republica, durante el cual fueron víctimas pueblos aborígenes y grupos indígenas habitantes de aquella época (Cárdenas y Mora 2017), y que ha tenido consecuencias hasta la actualidad.
Es importante reconocer la magnitud que el desplazamiento forzado representa para Colombia, quien tiene una de las incidencias más elevadas del mundo, de hecho solo la supera el caso de Sudán (Zarama, 2009). Esta alarmante situación se ha presentado durante muchos años en el país y abarca: “entre 3 y 4,5 millones de personas, lo que significa que representa entre el 7,5% y el 10% del total de la población de Colombia” (Zarama, 2009:90). Estas cifras, son una alerta que invita al país a tomar cartas en el asunto, ya que si bien el 10% total de la población se ve afectada directamente, hay un porcentaje indirecto que es difícil de evidenciar pero que existe y termina ampliando los índices estadísticos.
El desplazamiento forzado tiene fuertes efectos a nivel individual y por lo tanto social, entre los primeros, se pueden destacar los mencionados por Díaz, Molina & Marín, (2015), quienes afirman que “El desplazamiento forzado causa múltiples pérdidas físicas y simbólicas. El dolor, la incertidumbre, la desconfianza, el miedo, las expresiones somáticas y las conductas de aislamiento son respuestas comunes frente a esta experiencia” (p.65). Estas conductas generalmente son adoptadas por grupos de desplazados, causando malestar físico y psicológico generalizado.
Este fenómeno es ocasionado por varios aspectos de corte político, económico y social, que a su vez reproducen esquemas de violencia. Al respecto Ibáñez y Velásquez afirman que “La violencia que lo causa obliga a los hogares a migrar intempestivamente, impidiendo a sus víctimas preparar la migración para mitigar
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sus impactos y proteger sus activos” (Ibáñez y...
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